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¿La cesión del crédito es un negocio jurídico mediante el cual el acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor? Sí
El acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor mediante un negocio jurídico de cesión de crédito que otorga al cesionario la posición de sujeto activo y la legitimación para reclamar el cumplimiento de la obligación. En este caso, la Sala examina los requisitos consagrados en el artículo 666, el artículo 1959 y el artículo 1960 del Código Civil sobre la entrega del título y la oponibilidad, concluyendo que el pago efectuado por la entidad al cedente no tuvo efectos liberatorios, toda vez que el conflicto derivado del acuerdo de cesión entre particulares no corresponde resolverlo a esta jurisdicción, confirmando así la sentencia impugnada.síntesis automática
También resuelve:¿En ausencia de conocimiento sobre la transferencia del derecho de crédito, el deudor se libera válidamente pagando al cedente?¿La demandante no está legitimada para solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal en el que se originó el derecho de crédito que le fue cedido?¿Antes de que se hiciera el pago, la entidad demandada, no solo fue notificada de la cesión de los derechos sino que ella misma manifestó su aceptación?
¿La entidad demandante presentó el medio de control de repetición con el lleno de los requisitos exigidos legalmente para su procedencia? No
La conducta del agente calificada como dolosa o gravemente culposa no implica automáticamente la declaración de responsabilidad en el medio de control de repetición, porque el demandado puede aportar pruebas que desvirtúen la presunción legal. La regla se sostiene en tres razones: la Ley 678 de 2001 regula los aspectos sustanciales de la repetición, define el dolo y la culpa grave y establece presunciones legales que inciden en la carga probatoria; la acción de repetición tiene naturaleza eminentemente resarcitoria y carácter público, dirigida a proteger el patrimonio y la moralidad pública; y el demandante debe acreditar los requisitos de procedencia de la acción, sin que la sola calificación de la conducta baste. Por ello, el medio de control solo prospera cuando la entidad demuestra el dolo o la culpa grave del agente y el nexo con el pago efectuado, y no cuando la presunción queda desvirtuada en el proceso. La decisión de primera instancia se confirma en lo que corresponde a la prueba del requisito subjetivo.síntesis automática
¿Obra prueba en el expediente que le permita concluir a la Sala que el Departamento estaba obligado a pagar una actividad de obra según una especificación técnica distinta a la que estableció en la etapa precontractual? No
El contratista no puede modificar la especificación técnica del contrato de obra pública establecida en la etapa precontractual sin prueba documental que lo permita, ya que la entidad estatal dejó claro durante el proceso de selección que la especificación aplicable era la del Departamento, no la del INVIAS. La Sala establece que el Interventor puede corregir o modificar las actas parciales en actas posteriores según lo pactado en el contrato, y que no existe incumplimiento del contrato por parte del Departamento al no pagar según una especificación técnica distinta a la pactada. Esta decisión revoca la sentencia de primera instancia y reitera que la obligación del contratante frente al pliego de condiciones debe respetarse, matizando la interpretación de la buena fe contractual en este contexto.síntesis automática
También resuelve:¿De conformidad con las cláusulas del contrato de obra, el Interventor podía hacer correcciones o modificaciones de las actas parciales en actas posteriores?¿La especificación del INVIAS no era aplicable al ítem de “Terraplenes” pues la entidad durante el proceso de selección dejó claro que la especificación aplicable era la del Departamento?¿La Sala revocará el fallo de primera instancia y negará las pretensiones porque el Tribunal desconoció la forma de pago establecida en el contrato de obra?
¿Probó la parte demandante que el dempartamento del Quindío incumplió el contrato de suministro de alimentación escolar al no pagar por las raciones que no fueron servidas y consumidas? No
La entidad contratante solo está obligada a pagar las raciones que el contratista efectivamente sirvió y que fueron certificadas por los rectores y verificadas por el interventor, de modo que las raciones programadas según los cupos asignados que no fueron servidas ni consumidas no generan obligación de pago. Una razón es que el departamento pagó las raciones de almuerzos y refrigerios que solicitó y que fueron certificadas por los rectores como consumidas, y la comparación entre los registros de asistencia, los certificados y los informes de interventoría no mostró diferencias entre lo consumido y lo certificado. Otra razón es que lo probado es que los cupos asignados superaron las raciones servidas, por causas como la inasistencia a clases y la no prestación del servicio educativo, de modo que las raciones no servidas no se deben pagar. En el caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, porque el incumplimiento no quedó demostrado. Su consecuencia práctica es que el contratista de suministro de alimentos debe probar la certificación de cada ración servida, pues la asignación de cupos no genera derecho de pago.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta posible determinar si el descuento realizado por concepto del incumplimiento en el gramaje de los refrigerios fue desproporcionado?¿Debe condenarse en costas a la parte demandante cuyo recurso le fue resuelto de manera desfavorable?
¿Cómo no se advierte alguna configuración de causal de nulidad que invalide lo actuado y, evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales, es procedente decidir la segunda instancia de la presente litis? Sí
El contratista no puede invalidar lo actuado por la administración al no evidenciarse configuración de causal de nulidad alguna, y la entidad estatal puede decidir la segunda instancia de la litis siempre que se cumplan los presupuestos procesales, incluyendo la jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda y legitimación en la causa por activa y pasiva. Además, para que el pago por consignación de sentencias judiciales se entienda realizado en forma válida, la entidad debe demostrar que previo a la consignación notificó al beneficiario el acto administrativo que ordenaba su pago y que dejaba el dinero a su disposición, y que en caso de renuencia o no comparecencia del destinatario, formuló la oferta de pago mediante la constitución del depósito judicial remitido al despacho que tenía el trámite del proceso a su cargo. La entidad no puede solicitar la práctica de pruebas de oficio para suplir su carga probatoria, ya que dicha facultad del juez se limita a esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda.síntesis automática
También resuelve:¿Para que el pago por consignación de sentencias judiciales se entienda realizado en forma válida, la entidad tiene que demostrar, entre otras cosas, que, previo a la consignación…¿El artículo 169 del Código Contencioso Administrativo permite ejercer la facultad oficiosa para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda…¿Los documentos aportados resultan insuficientes para demostrar el pago de la condena impuesta en la sentencia del 27 de agosto de 1999, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado…
Sentencia — Sentencia2026-06-24SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)DESPACHO 09 SEC3-SUB C TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCARad. 11001334306320230032601ACCION DE REPETICION
¿Se configura la caducidad del medio de control de repetición cuando se pretende repetir lo pagado como consecuencia de una sentencia que fue proferida y cobró ejecutoria antes de la entrada de los artículos 42 y 43 de la Ley 2195 de 2022 (18 de enero de 2022), [que ampliaron el termino de caducidad de dos años previsto inicialmente en el Artículo 164, numeral 2, literal l del CPACA a cinco años], cuando el pago se efectúa dentro de los dos años del plazo legal para hacerse (diez meses desde la ejecutoria), y la demanda se presenta dos años después de puesto el dinero del pago a disposición de su acreedora pero dentro de los dos años siguientes a que fue reclamado? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición cuando el pago de una condena judicial se efectúa dentro del plazo legal de dos años desde que la sentencia cobró ejecutoria, y la demanda se presenta después de que el dinero quedó a disposición del acreedor, aunque dentro del nuevo plazo de cinco años establecido por la Ley 2195 de 2022. La entidad estatal considera que el plazo para la repetición comienza cuando el dinero queda a disposición del acreedor, no cuando éste lo retira, por lo que si la demanda se presenta después de este plazo, se configura la caducidad del medio de control. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición, lo que implica que los contratistas deben ser cuidadosos con los plazos legales para presentar sus demandas desde el momento en que el pago queda a disposición del acreedor.síntesis automática
¿La declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho del apelante? Sí
El demandante solicita el restablecimiento del derecho y el reintegro de dineros pagados tras obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos sancionatorios. La parte apelante fundamenta su inconformidad en que la declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho consecuenciales a esta. La sociedad aseguradora pretendió, además de la nulidad de la multa, el restablecimiento del derecho consistente en que se declare que no estaba obligada a pagarlas y, en caso de haber pagado le sea reintegrado el monto. En ese contexto, la sentencia que dispuso la nulidad de los actos administrativos de imposición de multas tiene efectos erga omnes en los términos del artículo 189 del CPACA, aunque se examinan las renuncias y exclusiones específicas de los consorciados para confirmar la decisión apelada.síntesis automática
También resuelve:¿Se puede establecer que la aquí demandante asumió el valor de la multa impuesta mediante los actos administrativos anulados?¿En forma previa al perfeccionamiento de la cesión del contrato, se suscribió el acta de acuerdo, que incluyó renuncia a reclamaciones económicas por parte del cedente?¿El consorcio cedente renunció a cualquier reclamación económica en contra del IDU, razón que impone confirmar la sentencia apelada?
Auto interlocutorio — Auto que inadmite demanda2025-10-01Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 11001032600020250007800LEY 1437 REPETICION
¿El consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición formulada contra el Representante a la Cámara por hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones, atendiendo al factor subjetivo de competencia y a la garantía de la doble conformidad? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de repetición contra el Representante a la Cámara por hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones, ya que la competencia del Consejo de Estado para conocer de estos casos está limitada a servidores públicos específicamente enlistados en la legislación, y el Representante a la Cámara no se encuentra en dicha lista. Además, la demanda de repetición debe cumplir con los requisitos formales como la legitimación en la causa, la acreditación de la calidad de agente del Estado, la condena judicial, la conciliación, la constancia del pago total de la indemnización y la oportunidad en la presentación del medio de control. En este caso, la falta de acreditación de la calidad de agente público del demandado en su condición de Representante a la Cámara llevó a la inadmisión de la demanda, lo que implica que el contratista no podrá obtener el reembolso de las sumas pagadas por cuenta de una condena judicial en contra del Representante a la Cámara.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de repetición debe cumplir con los presupuestos procesales, en lo relativo a la legitimación en la causa, la acreditación de la calidad de agente del Estado, una condena judicial…¿A pesar de encontrarse acreditada la legitimación en la causa por activa del Congreso de la República, debe inadmitirse la demanda por falta de acreditación de la legitimación en la causa por…¿Se encuentran acreditados los presupuestos procesales para la admisión de la demanda de repetición, consistentes en la existencia de una condena judicial contra un entidad del Estado y la prueba del…
¿El medio de control de repetición es procedente para perseguir las sumas reconocidas por la Nación – Ministerio de Educación Nacional, a favor de la docente (...), como consecuencia de una sanción legal por presunta mora atribuida a un servidor público? No
El contratista no puede utilizar el medio de control de repetición para perseguir las sumas reconocidas por la Nación a favor de un docente como consecuencia de una sanción legal por presunta mora atribuida a un servidor público, ya que este medio solo es procedente cuando se persigue el pago de una indemnización por daño antijurídico causado por el actuar doloso o gravemente culposo de un servidor público, y no cuando se trata de una obligación legal de la entidad pública incumplida. La Sala establece que el elemento objetivo para la procedencia del medio de control no se cumple en este caso, por lo que no procede continuar con el examen de los demás elementos de la repetición. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la naturaleza y procedencia del medio de control de repetición en el contexto de la responsabilidad extracontractual del Estado.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-09-19Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 68001233300020250018601LEY 1437 REPETICION
¿El recurso de apelación cumplió los presupuestos para su procedencia? Sí
El juez contencioso administrativo computa el término de caducidad de la acción de repetición a partir del día siguiente a la fecha del pago o desde el vencimiento del plazo legal con que cuenta la administración para efectuarlo. De conformidad con el artículo 164 del CPACA, numeral 2, literal l, la demanda debe presentarse dentro del plazo de dos años contados desde dichos momentos, sin que resulte admisible contabilizar la caducidad únicamente desde el pago efectivo si este excede los plazos legales, pues ello contraviene la norma y genera inseguridad jurídica para los administrados.síntesis automática
También resuelve:¿Debe confirmarse la declaratoria de caducidad del medio de control de repetición cuando la demanda se presentó transcurridos más de dos años desde la fecha del pago o del vencimiento del plazo legal…¿Debe contarse el término de caducidad de la acción de repetición desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del CCA para el pago de la condena…¿Debe aplicarse el término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, y no el ampliado por la Ley 2195 de 2022, cuando la condena que dio origen a la acción de repetición quedó ejecutoriada…
¿Debe mantenerse el reconocimiento de perjuicios por mayor permanencia en obra cuando dicha situación fue regulada mediante modificaciones contractuales que contemplaron sus efectos económicos, ya que la parte demandante actúa como apelante único, lo que impide revocar lo concedido en primera instancia? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por perjuicios adicionales derivados de una mayor permanencia en obra cuando dicha situación fue previamente regulada mediante modificaciones contractuales que contemplaron sus efectos económicos, especialmente si la entidad demandante actúa como apelante único, lo que impide revocar lo concedido en primera instancia. La Sala establece que las prórrogas y adiciones celebradas entre las partes, que regularon los efectos económicos de la mayor permanencia en obra, deben ser respetadas, evitando así desconocer los negocios jurídicos celebrados para superar dificultades durante la ejecución del contrato. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, reforzando la autonomía de la voluntad en la contratación estatal y la irrevocabilidad de la sentencia cuando hay apelante único, lo que implica que los valores reconocidos en primera instancia por estos conceptos deben mantenerse.síntesis automática
También resuelve:¿Vulnera la Superintendencia los derechos contractuales de la Unión Temporal al negarse al pago de las facturas por obras ejecutadas, con base en la expiración de la vigencia presupuestal…¿Resulta procedente modificar la liquidación judicial del contrato reconociendo un saldo a favor de la Unión Temporal por concepto de obras ejecutadas no pagadas…¿Impide la prosperidad parcial de los recursos de apelación en segunda instancia la imposición de condena en costas, conforme al artículo 188 del CPACA y al numeral 1 del artículo 365 del CGP?
¿Se debe confirmar la sentencia de primera instancia toda vez que el recurrente no desvirtuó los fundamentos de la sentencia de primera instancia, en concreto que no se comprobó que la demandada hubiere actuado con dolo o culpa grave? Sí
Sí se debe confirmar la sentencia de primera instancia toda vez que el recurso no desvirtúa los fundamentos de la primera instancia, esto es, que dentro del proceso no se demostró una conducta culposa o gravemente culposa de la demandada. Además, dado que este fue el punto de reproche, no es pertinente ahondar en los demás elementos del litigio, toda vez que la competencia del a quem está limitada a los argumentos expuestos por el apelante, de conformidad con el artículo 328 del CGP.
¿Los medios de prueba obrantes en el expediente acreditan que la señora (...), quien fungió como secretaria de Educación de Cundinamarca, incurrió en culpa grave por omisión de sus funciones para garantizar el pago oportuno del auxilio de cesantías a la docente (...) demora que causó el pago por vía administrativa de la sanción moratoria a cargo del FOMAG? No
… Es tesis de la Sala que operó la caducidad de la demanda de repetición radicada el 24 de enero de 2023, pues, la fecha de contabilización del plazo para presentar la demanda se realiza desde que la entidad demandante, Nación – Ministerio de Educación realizó el pago, esto es, el 20 de enero de 2021, fecha en la cual quedó a disposición el dinero a favor de la señora… … . … Así las cosas, los 2 años para presentar la demanda de repetición se contabilizan, entre el 21 de enero de 2021 y el 21 de enero de 2023. Como la demanda fue presentada el 24 de enero de 2023, se radicó por fuera del término de ley.
¿Es procedente que en un contrato de obra pública se pacte el pago anticipado con garantías sin necesidad de constituir una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable, y en caso de que sea exigida puede indicarse el sustento jurídico?
En el pago anticipado de un contrato de obra pública no es exigible constituir una fiducia mercantil o un patrimonio autónomo para administrar los recursos. El concepto explica que el pago anticipado es un adelanto del pago de una obligación, y que, en lugar de la fiducia, debe exigirse el amparo de devolución del pago anticipado. La fiducia o el patrimonio autónomo irrevocable tiene su fundamento en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, que determina los casos en que el contratista debe constituirlos para administrar los recursos del anticipo, entre ellos los contratos de obra, de concesión y de salud, y los derivados de licitación. Por ello, esa figura se asocia al anticipo y no al pago anticipado. La consecuencia práctica es que la entidad que pacte un pago anticipado en un contrato de obra debe respaldarlo con el amparo de devolución del pago anticipado y no con una fiducia.síntesis automática
También resuelve:Anticipo: definición jurisprudencialPago anticipado: definición, características, amparo de la devolución del pago anticipadoPago anticipado y/o anticipo: límites, aplicación
¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato? No
En los contratos regidos por el derecho privado, no son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y que la excesiva onerosidad sobreviniente solo puede reclamarse, conforme al artículo 868 del Código de Comercio, respecto de prestaciones de futuro cumplimiento. Una razón es que aunque en el contrato se pactaron cláusulas excepcionales, el desequilibrio alegado por el contratista no deriva del ejercicio de esas cláusulas, sino de supuestas fallas en la planeación contractual. Otra razón es que el régimen de derecho privado no admite la aplicación automática del estatuto de contratación estatal en este punto. En el caso, la sentencia de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda de reconvención, y la Sala confirmó esa decisión en cuanto a esas pretensiones. La providencia reitera el criterio de la Sala sobre el régimen exceptuado; su consecuencia práctica es que el contratista que alega desequilibrio en un contrato de derecho privado no puede invocar el restablecimiento previsto en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:¿La aseguradora garantizó el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales razón por la cual hay lugar a declarar ocurrido el siniestro?¿Existía un porcentaje menor de materiales de obra que era entregado por EPM y que el contratista debía reintegrar mediante un procedimiento previamente establecido?¿Los acuerdos transaccionales corresponden a acreencias laborales derivadas del contrato materia de la litis que el contratista dejó de pagar?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-12-10Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 85001233300020240000501LEY 1437 REPETICION
¿Debe rechazarse la demanda de repetición por caducidad del medio de control, dado que el término aplicable es el contenido en el CPACA sin la ampliación introducida por el artículo 42 de la Ley 2195 de 2022, y considerando que debe computarse a partir del momento en que se venció del plazo para pagar la condena y no desde que se hizo efectivo el pago del mismo, ya que éste último fue posterior? Sí
El contratista debe rechazar la demanda de repetición por caducidad del medio de control, dado que el término aplicable es el contenido en el Código Contencioso Administrativo (CPACA) sin la ampliación introducida por el artículo 42 de la Ley 2195 de 2022, y debe computarse a partir del momento en que venció el plazo para pagar la condena y no desde que se hizo efectivo el pago del mismo, ya que este último fue posterior. En este caso, la sentencia que dio lugar a la acción de repetición fue proferida y ejecutoriada antes de la entrada en vigencia de la Ley 2195 de 2022, por lo que no resulta aplicable la ampliación del término de caducidad a cinco años. Además, el plazo para el pago de la condena venció el 7 de agosto de 2021, y el pago efectivo se realizó el 31 de julio de 2023, lo que implica que el término de caducidad comenzó a correr desde el 8 de agosto de 2021. A pesar de las suspensiones de términos judiciales por la pandemia de COVID-19, la demanda fue radicada el 24 de enero de 2024, cuando ya había operado la caducidad del medio de control, por lo que el Tribunal Administrativo de Casanare rechazó la demanda por caducidad, decisión que fue confirmada por la Sala.síntesis automática
¿Procede negar las pretensiones de repetición contra el rector de la Universidad, al acreditarse que el pago de la diferencia salarial reconocida al trabajador en la conciliación judicial, no constituyó una afectación patrimonial? Sí
Cuando el pago de una diferencia salarial reconocida al trabajador en una conciliación judicial corresponde a funciones efectivamente prestadas, no hay detrimento del patrimonio público y la acción de repetición contra el funcionario que dio lugar al acuerdo no prospera. La regla se sostiene en tres razones: la repetición es una acción prevista para proteger el patrimonio público, de modo que sin afectación patrimonial no hay objeto que restablecer; el pago de la diferencia no fue un gasto sin contraprestación, pues la entidad recibió el servicio de un cargo de mayor grado; y el monto pagado corresponde a lo que el trabajador debió percibir por las funciones asignadas. En el caso, se negaron las pretensiones de repetición porque la diferencia pagada en la conciliación remuneró las funciones de un asesor de grado superior, sin que se afectara el patrimonio de la universidad. La caducidad se contó desde el pago, que ocurrió dentro del plazo de diez meses, por lo que la demanda fue oportuna. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la repetición exige demostrar un perjuicio patrimonial efectivo y no solo el pago de una condena.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago del acuerdo conciliatorio logrado por las partes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Se acreditaron los presupuestos de condena, pago y calidad de agente del Estado para la procedencia del medio de control de repetición?¿El pago realizado en virtud del acuerdo conciliatorio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ordenó el reconocimiento de la diferencia salarial al trabajador…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de corrección de providencias2024-06-28Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020140022401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las providencias judiciales en las que se hubiese incurrido en error aritmético, por omisión, cambio de palabras o de alteración de éstas, son corregibles por el juez que las dictó de oficio o a petición de parte? Sí
Al tenor de lo dispuesto por el artículo 286 [CGP], las providencias judiciales en las que se hubiese incurrido en un error puramente aritmético, por omisión, cambio de palabras o de alteración de éstas, son corregibles por el juez que las dictó de oficio o a petición de parte, en cualquier tiempo, siempre que la falencia se encuentre en la parte resolutiva o influya en esta. La Sala encuentra que no se cometieron errores en los literales a y c del ordinal segundo de la resolutiva primera de la sentencia, pues [se expuso] con claridad que la Unión Temporal tenía derecho a percibir $8.667’304.573, por haber ejecutado el 55% del contrato; no obstante, recibió $12.474’593.560 por concepto de anticipos y pagos parciales; por eso era procedente que devolviera la suma que recibió y no ejecutó, es decir, $3.807’288.987.
También resuelve:¿La obligación a cargo de La Previsora S. A. surge como consecuencia de la ocurrencia del siniestro por la cobertura del pago amparado por la póliza de seguro?
¿Debe dársele prelación de fallo al asunto de la referencia, en razón a su naturaleza, por corresponder a una repetición en contra de unos exfuncionarios públicos? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de repetición contra exfuncionarios públicos por el pago de cánones de administración a una copropiedad, pero sí por los intereses moratorios y costas procesales generados por el pago tardío, debido a que la acción de repetición requiere la concurrencia de cuatro presupuestos: la condena al Estado por un daño antijurídico, el pago efectivo a la víctima, la calidad de agente estatal de los demandados y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa. La jurisprudencia establece que la repetición no es procedente para cuestionar la validez de las cuotas de administración, sino solo para reclamar los intereses y costas generados por su pago tardío, lo que implica que la entidad estatal debe asumir la obligación de pagar las cuotas en tiempo y forma para evitar costos adicionales.síntesis automática
También resuelve:¿La responsabilidad de un agente estatal demandado en repetición requiere la constatación de la concurrencia de cuatro presupuestos, a saber…¿El medio de control de repetición resulta procedente para demandar el pago de los intereses moratorios y costas procesales asumidas por la demandante en un proceso ejecutivo adelantado por el pago…¿Los documentos aportados al proceso son suficientes para acreditar el pago efectivo de la condena que se demanda en repetición?
¿Incurre en incumplimiento contractual la entidad estatal que se abstiene de pagar el precio de un contrato de suministro, pese a que el contratista acreditó la radicación oportuna de los documentos exigidos para la ratificación y legalización del pago, conforme a la modalidad de pago pactada? Sí
La entidad estatal no incurre en incumplimiento contractual al abstenerse de pagar el precio de un contrato de suministro, si el contratista ha acreditado la radicación oportuna de los documentos exigidos para la ratificación y legalización del pago, conforme a la modalidad de pago pactada. La entidad estatal debe cumplir con su obligación de pago, y su retraso no constituye incumplimiento si el contratista ha cumplido con sus obligaciones previas.síntesis automática
También resuelve:¿La orden de proveeduría expedida por una entidad estatal con fundamento en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 constituye una oferta comercial que, una vez aceptada por su destinatario…¿Procede mantener la condena en costas impuesta en primera instancia a la UNGRD, por haber sido la parte vencida, aunque alegue que no se acreditó su causación?¿Procede condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada cuyo recurso de apelación se desestima?