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Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación2022-05-13Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 25000232600020100075001ACCION CONTRACTUAL
El Honorable Consejero ponente Martín Bermúdez Muñoz decide y se pronuncia sobre la admisión, o no, del recurso de apelación elevado por la parte actora -Framing Ltda-, contra la sentencia del 24 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se negaron las pretensiones de la demanda. Sí
El 24 de noviembre de 2021 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia en la que negó las pretensiones de la demanda.… El 15 de diciembre de 2021 Framing Ltda. interpuso recurso de apelación contra la sentencia.… El 14 de febrero de 2022 el tribunal concedió el recurso de apelación.… [Para el despacho], se admite el recurso de apelación interpuesto por Framing Ltda.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre intervención de terceros2025-08-04Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 76001233300020170042101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las solicitudes que exigen actuaciones judiciales de jueces, partes o intervinientes se rigen por las normas procesales y no por el derecho de petición? Sí
El contratista no puede presentar solicitudes que exigen actuaciones judiciales de jueces, partes o intervinientes bajo el amparo del derecho de petición, ya que estas deben regirse por las normas procesales correspondientes. El derecho de petición ante autoridades judiciales es procedente solo respecto de las solicitudes que se realicen en virtud de las funciones administrativas que estas desempeñen, no en casos que requieren una actuación judicial. Además, la intervención en un proceso contencioso administrativo debe efectuarse a través de un apoderado judicial, por lo que la participación directa de personas naturales no representadas por un profesional en derecho es improcedente. Asimismo, la vinculación de nuevos sujetos procesales en segunda instancia, cuando el litigio ya fue integrado y la solicitud se realizó fuera del término legal, no es admisible, ya que las normas procesales establecen plazos específicos para la intervención de terceros. Esta decisión reitera y matiza la competencia de la autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones, limitando la intervención de sujetos que no cumplen con los requisitos legales, lo que implica una mayor rigurosidad en el cumplimiento de los trámites procesales.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden intervenir directamente en un proceso contencioso administrativo personas naturales que no estén representadas por apoderado judicial?¿Es procedente la vinculación de nuevos sujetos procesales en segunda instancia, cuando el litigio ya fue integrado y la solicitud de intervención de terceros se realizó por fuera del término legal?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición2024-03-11Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233100020080125501ACCION CONTRACTUAL
¿Los jueces tienen la obligación de respetar el orden de llegada de los expedientes para proferir sentencia? Sí
Los jueces deben respetar el orden de llegada de los expedientes para proferir sentencia, y que la solicitud de impulso de un proceso judicial no se tramita como derecho de petición. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 impone a los jueces el deber de respetar el orden para proferir sentencia. Segunda, la actividad judicial se rige por los códigos procesales de cada jurisdicción, y los procesos contencioso administrativos siguen el CCA o el CPACA según la fecha de inicio, conforme al artículo 308 del CPACA. Tercera, la jurisprudencia citada ha precisado que el derecho de petición regulado en la Ley 1755 de 2015 es improcedente ante las autoridades judiciales en desarrollo de su actividad judicial. La providencia ordena estarse a lo resuelto e informar a la solicitante que el proyecto de sentencia se redactará en su turno. La consecuencia práctica es que el reclamo sobre la demora en el fallo se resuelve dentro del turno del despacho y no mediante derecho de petición.síntesis automática
También resuelve:¿La actividad de las autoridades judiciales está regulada en los códigos procesales de las respectivas jurisdicciones y especialidades?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja2025-02-03Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 73001233300020180058001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿SAMAI es el canal tecnológico obligatorio para el trámite y gestión de los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Sí
El contratista no puede emplear medios electrónicos distintos a SAMAI para la recepción de memoriales y actuaciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que desde el 1° de agosto de 2023, SAMAI es el canal tecnológico obligatorio para el trámite y gestión de los procesos, según el artículo 131 del Acuerdo PSCJA23-12068 del 16 de mayo de 2023. La entidad estatal no debe considerar válidos los documentos enviados a correos electrónicos distintos a los establecidos en SAMAI, incluso si estos estaban activos antes de la implementación de la plataforma, ya que la obligación de utilizar SAMAI es clara y los sujetos procesales deben conocer y cumplir con dicha obligación. Esta decisión reitera la importancia de utilizar los canales tecnológicos oficiales para garantizar la efectividad y la legalidad de los trámites judiciales.síntesis automática
También resuelve:¿Puede tenerse como válido un correo electrónico empleado antes de la entrada en funcionamiento del SAMAI para la recepción de memoriales y actuaciones ante la jurisdicción de lo contencioso…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-06-17Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020220030101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El ordenamiento jurídico contempla medidas de cautela de carácter preventivas, conservativas o anticipativas? Sí
Cuando se solicita una medida cautelar en un proceso contractual, el ordenamiento contempla medidas preventivas, conservativas o anticipativas, que deben tener una relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, según el artículo 230 del C.P.A.C.A. La regla exige que concurran tres elementos: el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, el periculum in mora o perjuicio de la mora, y la ponderación de intereses, sin que su decreto implique prejuzgamiento. Las razones que la sostienen son tres: la medida es un instrumento provisional que no decide el fondo del litigio, debe justificar la urgencia del daño que pretende evitar, y su necesidad depende de que el objeto de la medida siga vigente. En el caso, la solicitud de suspender un procedimiento administrativo sancionatorio perdió objeto, porque la entidad decidió por sí misma terminar y archivar la investigación, por lo que se confirmó el auto que negó la medida. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la medida cautelar debe solicitarse mientras el acto cuya suspensión se pide siga produciendo efectos.síntesis automática
También resuelve:¿La petición de la medida cautelar de suspensión del procedimiento administrativo sancionatorio carece en la actualidad de objeto?
Auto interlocutorio — Auto que ordena seguir adelante con la ejecución2024-07-08Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001032600020140019200LEY 1437 REPETICION
¿Se concluye que el ejecutado no cumplió con su obligación de pago ni presentó excepciones de mérito dentro del término previsto por la ley? Sí
El ejecutado no cumple con su obligación de pago ni presenta excepciones de mérito dentro del término previsto por la ley, lo que implica que el tribunal debe seguir adelante con la ejecución, condenar en costas al ejecutado y pronunciarse sobre la liquidación del crédito. En este caso, el término para cumplir con la orden impartida en el auto que libró mandamiento de pago o para formular las excepciones de mérito empezó a correr a partir del 26 de octubre de 2023, venciendo el plazo para efectuar el pago el 1° de noviembre y el de proponer excepciones el 9 de noviembre de 2023. Posterior a la notificación del auto de mandamiento ejecutivo, las partes guardaron silencio, lo que llevó a la conclusión de que el ejecutado no cumplió con su obligación ni presentó excepciones dentro del plazo legal. Según los artículos 440 y 446 del Código General del Proceso, el tribunal procede a seguir con la ejecución y condena en costas al ejecutado.síntesis automática
También resuelve:¿Si las obligaciones exigidas versan sobre una cantidad líquida de dinero se deberá ordenar su pago en el término de cinco días?¿Se fijan las agencias en derecho a favor de la universidad demandante correspondiente al 3% del valor por el cual se libró mandamiento de pago?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja2023-09-21Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 44001234000020210007201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los procesos adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso de apelación procede contra el auto que rechaza la contestación de la demanda? Sí
En los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso de apelación procede contra el auto que rechaza la contestación de la demanda. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no contempla de manera expresa esa restricción, de modo que existe un vacío normativo que debe llenarse con el sistema general de recursos. Segunda, la igualdad de las partes en la relación jurídica procesal exige que la parte demandada tenga el mismo acceso a la apelación que la demandante frente a los autos que la afectan. Por ello, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada no debió denegarse, y la queja que se resuelve prospera. La providencia reitera que la negativa del recurso no es procedente en ese caso. En la práctica, la parte demandada que vea rechazada su contestación debe interponer la apelación contra ese auto y, si le es denegada, acudir al recurso de queja ante la misma jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:¿Se pueden integrar las normas del estatuto procesal administrativo con las del CGP?¿En la nueva redacción no se restringe textualmente la posibilidad de integrar el artículo 243 del CPACA con las normas que le sean complementarias?¿Este despacho es competente para pronunciarse sobre el recurso de queja interpuesto por la parte demandada?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2024-07-08Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001032600020240004900LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se advierte que una de las partes del presente asunto sea un particular en ejercicio de funciones administrativas? No
El contratista no es considerado un particular en ejercicio de funciones administrativas cuando el objeto del contrato es la prestación de servicios profesionales a cambio de una contraprestación económica, y no se relaciona con funciones propias del Estado. La Sala determina que, al no acreditarse la calidad de entidad pública o de particular en ejercicio de funciones públicas, el Consejo de Estado no cuenta con jurisdicción para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral, remitiendo el asunto a la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar donde funcionó el tribunal de arbitraje, conforme al artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y los numerales 7º del artículo 104 y 149 del CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿Esta Corporación cuenta con jurisdicción para decidir el asunto objeto de estudio al tratarse de un conflicto entre particulares?¿Corresponde al Consejo de Estado conocer de los recursos contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de…
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-11-27Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 25000233600020240005502LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿A un proceso iniciado el 1 de febrero de 2024 le resultan aplicables las disposiciones del CPACA —con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021— así como las reglas del Código General del Proceso, conforme a la integración normativa prevista en el artículo 306 del CPACA? Sí
El contratista no puede ejercer la representación judicial de una entidad estatal en un proceso contencioso administrativo cuando el contrato en cuestión es entre particulares y no involucra directamente a una entidad pública, lo que implica que la jurisdicción contencioso administrativa carece de competencia para conocer de la demanda de reconvención presentada por el contratista contra un particular, debiendo remitirse el asunto a la jurisdicción civil ordinaria. Esta decisión reitera la necesidad de que exista un vínculo directo con una entidad pública para que opere el fuero de atracción en la jurisdicción contencioso administrativa, y matiza la interpretación de que la mera gestión de negocios por cuenta de una entidad pública en un contrato de administración delegada confiere al contratista la representación judicial necesaria para actuar en nombre de la entidad estatal en dicha jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:¿Es incompetente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer la demanda de reconvención presentada por el Consorcio El Retiro contra SRC Ingenieros Civiles S.A.…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-09-01Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 08001233100020060184703ACCION CONTRACTUAL
¿Los procesos promovidos ante esta jurisdicción con anterioridad al 2 de julio de 2012, seguirán rigiéndose por las normas procesales del CCA y el CPC? Sí
El contratista sigue rigiendo sus procesos promovidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo con anterioridad al 2 de julio de 2012 por las normas procesales del Código Contencioso Administrativo y del Código de Procedimiento Civil, conforme al artículo 308 del Código Procesal Administrativo Contencioso Actualizado. Además, el magistrado ponente tiene competencia para resolver el recurso de reposición y el auto que niega la nulidad procesal, siempre que se cumplan los requisitos de procedencia, oportunidad y sustentación. Asimismo, la notificación por estado se considera surtida con la inserción de la providencia en el estado electrónico, sin necesidad de constancia física del sello o fecha del estado, conforme a los artículos 9 del Decreto 806 de 2020 y 9 de la Ley 2213 de 2022. Por último, el plazo para interponer el incidente de liquidación de condena comienza desde el momento en que se efectúa la notificación por estado, y la nulidad se considera saneada si el actor presenta recurso sin proponer la nulidad que ahora alega. El recurso de apelación no es procedente en contra del auto que niega la nulidad procesal, reiterando la competencia del magistrado ponente para resolver estos trámites.síntesis automática
También resuelve:¿En la providencia a notificar no tenía que constar el sello o la mención de la fecha del estado, ya que este último se fijaba de manera virtual con el contenido de la providencia?¿Desde el momento en que se efectuó la notificación por estado es cuando comenzó el plazo de 60 días para interponer el incidente?¿El recurso de apelación no resulta procedente en contra el auto que niega la nulidad procesal?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-08-19Sección Tercera (Subsección B)DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIARad. 66001233300020240047801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se debe determinar si la caducidad del medio de control de controversias contractuales se suspende durante el trámite de un proceso arbitral que terminó por el no pago de los honorarios y gastos del tribunal? Sí
El contratista no puede suspender el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales durante el trámite de un proceso arbitral que termina por falta de pago de los honorarios y gastos del tribunal, independientemente de la normativa aplicable, ya que la caducidad es una norma de orden público que no puede ser alterada por los acuerdos de las partes. La entidad estatal no incumple sus obligaciones al rechazar la demanda presentada por el contratista si esta se interpuso fuera del plazo establecido, ya que la falta de pago de los honorarios arbitrales no interrumpe el cómputo del término de caducidad. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que la caducidad del medio de control no se suspende por el no pago de honorarios en un proceso arbitral, lo que implica que el contratista debe cumplir rigurosamente con los plazos procesales para ejercer sus derechos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad demandante radicó demanda arbitral por este mismo conflicto ante la Cámara de Comercio de Pereira, y dicho trámite culminó porque las partes no pagaron los honorarios y gastos del…¿Las partes quedan en libertad de acudir a la jurisdicción ordinaria una vez terminado el trámite arbitral por falta de pago de los honorarios?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 05001233300020180175701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Tribunal dio por terminado el proceso al haber advertido el incumplimiento del requisito de procedibilidad? Sí
El Tribunal puede dar por terminado el proceso al advertir el incumplimiento del requisito de procedibilidad, conforme a lo establecido en el artículo 175 parágrafo 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En este caso, el Tribunal Administrativo de Antioquia dio por terminado el proceso al no haberse agotado el requisito de procedibilidad, es decir, la conciliación extrajudicial, lo que fue confirmado por la Sala. La conciliación es un requisito previo para ejercer el medio de control de controversias contractuales, y su no cumplimiento lleva a la terminación del proceso. La Sala reitera la importancia de cumplir con los requisitos de procedibilidad antes de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, lo que implica que cualquier entidad estatal o contratista que no cumpla con estos requisitos puede enfrentar la terminación del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El requisito de procedibilidad se debe agotar previo acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para ejercer el medio de control de controversias contractuales?¿El medio de control en que se agotó el requisito de procedibilidad era en el marco de un proceso ejecutivo, y la demanda se presentó por controversias contractuales?¿La adecuación del medio de control de controversias contractuales a una demanda ejecutiva en este caso resultaba abiertamente improcedente?
¿Para que el juez de lo contencioso administrativo resuelva la pretensión de liquidación judicial del contrato, esta debe tener como causa un conflicto o litigio entre las partes en torno al balance de cuentas de la relación negocial? Sí
El contratista no puede solicitar la liquidación judicial del contrato ante el juez de lo contencioso administrativo si no existe un conflicto o litigio entre las partes relacionado con el balance de cuentas de la relación negocial, ya que la jurisdicción contenciosa administrativa no puede intervenir en casos donde la administración no ha agotado sus facultades unilaterales previstas en la ley para resolver controversias y liquidar contratos. La entidad estatal tiene la obligación de ejercer sus potestades consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, y su omisión en este sentido genera una consecuencia jurídica que puede ser objeto de control judicial. La Sala reitera que el juez puede pronunciarse de oficio sobre los presupuestos necesarios para proferir una decisión de fondo, lo que implica que debe verificar si la administración ha agotado sus facultades antes de someter el caso a la jurisdicción. Esto limita la intervención judicial en casos donde la administración no ha cumplido con sus obligaciones legales.síntesis automática
También resuelve:¿Las entidades públicas tienen potestades unilaterales consagradas en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 de 2011…¿El legislador dotó a las entidades públicas de diversas prerrogativas, les otorgó la facultad de interpretar, modificar y terminar unilateralmente los contratos cuando la prestación del servicio…¿Procede la condena en costas en eventos en los cuales se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
¿El Consejo de Estado es competente para decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la demandante, por tratarse de un proceso con vocación de doble instancia? Sí
El contratista debe cumplir con el trámite de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en acciones de controversias contractuales, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009. Si la reforma de la demanda incluye nuevas pretensiones, el cumplimiento de este requisito debe analizarse de forma independiente respecto a las nuevas pretensiones, sin considerar la fecha de presentación de la demanda inicial, conforme a la regla de unificación jurisprudencial. La Sala modifica la decisión de primera instancia para inhibirse de fallar de fondo respecto de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho que no cumplieron con el requisito de conciliación, lo que implica que los contratistas deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos de procedibilidad antes de presentar reformas a sus demandas.síntesis automática
También resuelve:¿Para la fecha en que la accionante radicó su reforma de la demanda, la norma vigente exigía como requisito de procedibilidad el trámite de la conciliación extrajudicial para las acciones de…¿Si la reforma de la demanda incluye nuevas pretensiones, el cumplimiento del requisito de procedibilidad debe analizarse respecto de las nuevas pretensiones de forma independiente sin tener en…¿La legitimación por activa supone que quien demanda tenga la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate…
¿La cuestión objeto del recurso de apelación se circunscribe exclusivamente a determinar si el Tribunal incurrió en una omisión al abstenerse de analizar la posible aplicación del artículo transitorio 26 del Acto Legislativo 01 de 2017, pese a que dicho precepto podría ser relevante tratándose de exintegrantes de la Fuerza Pública cuyas conductas punibles habrían sido cometidas con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, y siendo ello el único aspecto susceptible de control en segunda instancia dada la delimitación competencial fijada por los argumentos del recurrente? Sí
Cuando el recurso de apelación se contrae a una omisión del tribunal de primera instancia, el juez de segunda instancia solo puede pronunciarse sobre los aspectos que el recurrente cuestiona, pues el marco de competencia está dado por los reparos formulados contra la decisión, y los demás aspectos quedan excluidos del debate salvo que deban resolverse de oficio. La regla se apoya en que, al no haberse cuestionado la condena impuesta, el pago efectivo, la calidad de exagentes estatales de los demandados ni la conducta dolosa, estos elementos quedan demostrados. Así, la discusión se reduce a determinar si el tribunal debió analizar la aplicación del artículo transitorio 26 del Acto Legislativo 01 de 2017 a exintegrantes de la Fuerza Pública cuyas conductas se habrían cometido con ocasión o en relación con el conflicto armado interno. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, si el recurrente no plantea esa omisión dentro de los reparos, el juez de segunda instancia no puede abordarla y debe confirmar la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿Para que proceda la exclusión del medio de control de repetición respecto de miembros de la Fuerza Pública por conductas cometidas con ocasión…¿Resultan aplicables a los demandados las disposiciones transitorias previstas en el Acto Legislativo 01 de 2017 respecto de la exclusión del medio de control de repetición, y, de no ser así…¿Debe abstenerse el juez de imponer condena en costas en los procesos de repetición, al tratarse de asuntos en los que se ventila un interés público orientado a la protección del patrimonio estatal…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-12-04Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 17001233300020220025001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La conciliación extrajudicial es un requisito previo que se debe cumplir para la interposición de la presente demanda? Sí
La conciliación extrajudicial en derecho es un requisito de procedibilidad que debe agotarse antes de presentar la demanda contencioso administrativa, conforme al numeral 1 del artículo 161 del CPACA, y que el rechazo de la demanda procede cuando el demandante no subsana los defectos advertidos en el auto inadmisorio, en los casos previstos por los artículos 169 y 170 del mismo código. Estas causales de rechazo son taxativas. Las razones son dos. Una razón es que la constancia de no conciliación no aparece en el expediente, pues el documento aportado con la subsanación contenía únicamente correos electrónicos internos y no la constancia expedida por el agente del Ministerio Público. Otra razón es que la parte demandante no corrigió los defectos que el magistrado advirtió en el auto de inadmisión, por lo que la omisión de las cargas mínimas de admisión justificó el rechazo. En el caso, el tribunal había otorgado un plazo para subsanar, y la decisión se confirmó. La providencia no señala que reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que la constancia de agotamiento de la conciliación debe estar en el expediente y aportarse dentro del término de subsanación.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad actora cumplió con el deber de subsanar los defectos advertidos en el auto inadmisorio?¿Los requisitos para la admisión de la demanda son normas procesales que son de orden público y de obligatorio cumplimiento?¿Los requisitos que la demanda debe observar para que proceda su admisión están relacionados con el cumplimiento de los presupuestos encaminados a que la litis pueda resolverse de fondo?
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer la demanda instaurada contra los actos administrativos expedidos por la Aeronáutica Civil con ocasión de la ejecución y liquidación de un contrato estatal? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer las demandas instauradas contra los actos administrativos expedidos por las entidades estatales con ocasión de la ejecución y liquidación de los contratos estatales, de conformidad con el artículo 104 del CPACA. En este proceso, dicha jurisdicción conoció sobre la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial y definitivo de un contrato de obra, se impusieron multas, se hizo efectiva la cláusula penal y se liquidó unilateralmente el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de controversias contractuales para obtener la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la Aerocivil impuso multas, declaró el incumplimiento contractual…¿Concurre legitimación en la causa por activa y por pasiva entre las partes de la relación contractual de la cual surgieron los actos administrativos contractuales objeto de demanda?¿Impone el principio de congruencia al juez contencioso administrativo, en sede de apelación, el deber de resolver únicamente los motivos de inconformidad propuestos por la parte recurrente y los…
¿Se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista? No
La vulneración del derecho al debido proceso alegada contra un acto administrativo sancionatorio del contratista debe ser probada por quien la invoca, porque el supuesto de hecho del vicio requiere prueba cuya omisión impide su reconocimiento. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, conforme a la regla de la carga de la prueba, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Segunda, en el caso no se probó la infracción del debido proceso del contratista, y el cargo no tiene vocación de prosperar. Tercera, la sentencia constató que no operó la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro y que los actos no adolecen de incompetencia temporal ni de infracción de la Constitución. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el contratista que alega el desconocimiento de su debido proceso en la sanción debe aportar las pruebas que lo demuestren, y no basta con invocar la vulneración.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentra acreditado que hubiera operado la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro?¿Los cargos alegados por la aseguradora y la contratista relacionados con la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y la incompetencia temporal tienen vocación de prosperar?¿Es deber de los contratistas constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento?
¿El negocio jurídico estuvo gobernado por el derecho privado y los instrumentos expedidos por la contratante no tienen la connotación de actos administrativos? Sí
El contratista no puede emplear la vía contenciosa para sustituir a la administración en el cumplimiento de sus deberes, ya que el negocio jurídico celebrado para la vigilancia de las obras afectadas por el fenómeno de La Niña está gobernado por el derecho privado, y los instrumentos expedidos por la contratante no tienen la connotación de actos administrativos. La entidad contratante puede perseguir por vía judicial el cierre financiero del contrato si el balance definitivo no se ha producido pese al interés reiterado de la contratante y el plazo convencional ha expirado, siempre que no pueda practicar la liquidación de forma unilateral. Además, las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación son inadmisibles en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo límites claros para el uso de la jurisdicción contenciosa en casos de liquidación de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Existe causa suficiente para que la entidad hiciera uso de la pretensión de perseguir por vía judicial el cierre financiero del negocio…¿Son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia…¿La sociedad contratista detenta la condición de extremo pasivo de la relación jurídico procesal, por lo cual no se encuentra habilitada para formular pretensiones que introduzcan cuestiones…
¿En eventos en que el acta de liquidación bilateral del contrato fue suscrita después del término autorizado para ello, el cómputo de la caducidad del medio de control de controversias contractuales se empieza a contabilizar desde el día siguiente que finiquitó el tiempo para realizar la liquidación unilateral? Sí
El juez contencioso administrativo cuenta con facultad oficiosa, incluso en segunda instancia, para declarar la caducidad del medio de control de controversias contractuales en contratos de obra civil. Cuando el acta de liquidación bilateral del contrato estatal se suscribe después del término autorizado para ello, como los cuatro meses pactados tras el vencimiento del plazo contractual y sus prórrogas, el cómputo de la caducidad inicia desde el día siguiente a aquel en que finiquitó el tiempo de dos meses para realizar la liquidación unilateral. Adicionalmente, conforme al artículo 104 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo aplica un régimen mixto que conjuga el criterio material —controversias originadas en actividad contractual o extracontractual sujeta al derecho administrativo— y el criterio orgánico —entidades públicas o particulares en función administrativa—, salvo las excepciones del artículo 105, careciendo de atribuciones como juez natural si la disputa no está sometida al derecho de la administración pública.síntesis automática
También resuelve:¿El objeto de esta jurisdicción gravita en torno a las controversias con origen en cualquier actividad –contractual o extracontractual– sujeta al derecho administrativo…¿Los contratos sujetos al derecho administrativo, celebrados por FONADE en vigencia del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y hasta la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011…¿Procede la condena en costas en ambas instancias contra la parte vencida en el proceso cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior?
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