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CONCILIACIÓN JUDICIAL

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Consejo de Estado Providencia

El procedimiento para el trámite de la conciliación judicial puede consistir en una audiencia con el objeto

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-07-18 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 05001233300020180198001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El procedimiento para el trámite de la conciliación judicial puede consistir en una audiencia con el objeto de escuchar a las partes y estructurar fórmulas de acercamiento entre ellas? Sí
El juez puede establecer un procedimiento para la conciliación judicial en ausencia de normas específicas, consistente en una audiencia para escuchar a las partes y estructurar fórmulas de acercamiento, siempre y cuando se respeten los principios de la Ley 2213 de 2022 y la intervención del Ministerio Público. Sin embargo, para que un acuerdo de conciliación judicial sea válido, debe contar con la participación de un tercero neutral y calificado, como el juez o el procurador, y no solo ser una manifestación de interés en conciliar, como lo fue el documento denominado “ACUERDO PRELIMINAR BASE DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN JUDICIAL”. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para la aprobación de un acuerdo de conciliación judicial, lo que implica que la mera intención de conciliar no es suficiente para que el acuerdo sea válido y obligatorio para las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿Del documento suscrito se desprende que las partes únicamente consignaron una manifestación de interés en conciliar judicialmente las diferencias en el marco del proceso judicial de la referencia?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Luego no puede pasar por alto, en esas condiciones, la ausencia de este agente especial.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 44001234000020220001801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Dados los antecedes que rodean el caso concreto, debe revocarse el auto mediante el cual el Tribunal Administrativo de la Guajira no aprobó el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes, con el ánimo de lograr la participación de la Procuraduría General de la Nación a través de su delegado para el Despacho que conoció la primera instancia y revestir el asunto de legalidad, legitimidad y garantías para el ejercicio de la revisión de la conciliación judicial que se somete a estudio y, con ello, de la protección del erario y la preservación del ordenamiento jurídico? Sí
El contratista debe solicitar la intervención del Ministerio Público en la conciliación judicial para garantizar la legalidad, legitimidad y protección del erario, ya que este órgano es crucial para determinar si la conciliación cumple con los requisitos legales y constitucionales y no resulta lesiva para el patrimonio público. En este caso, la Procuraduría General de la Nación no tuvo la oportunidad de conocer el acuerdo final de conciliación, lo que implica una falta de garantías para el ejercicio de la revisión de la conciliación judicial. La Sala revoca el auto que no aprobó el acuerdo conciliatorio, devolviendo el asunto al Tribunal Administrativo de la Guajira para que comunique al Procurador 154 Judicial II para Asuntos Administrativos la fórmula conciliatoria lograda y este, a partir de los antecedentes del caso y la fórmula lograda, conceptúe y defina si el asunto es conciliable y cumple con los requisitos legales. Esta decisión implica que en casos similares, la participación del Ministerio Público es esencial para garantizar la legalidad y la protección del patrimonio público en la conciliación judicial.síntesis automática
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No debe aprobarse el acuerdo de conciliación judicial al que llegaron las partes del presente proceso

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-04-28 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233300020220136401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe aprobarse el acuerdo de conciliación judicial al que llegaron las partes del presente proceso de controversias contractuales, cuando se observa que el incumplimiento contractual alegado en la demanda se basa en dos supuestos de hecho que no están probados, esto es, en la culpa grave de la demandada EPM y en un supuesto constreñimiento para firmar la suspensión mutua del contrato? No
El contratista no puede obtener la aprobación de un acuerdo de conciliación judicial cuando los supuestos de hecho que fundamentan el incumplimiento contractual, como la culpa grave de la entidad estatal y el constreñimiento para firmar la suspensión mutua del contrato, no están debidamente probados. Además, la Sala establece que los perjuicios reconocidos en el acuerdo no cuentan con el respaldo probatorio necesario, ya que las pruebas presentadas no demuestran la existencia y magnitud de los daños reclamados. Esta decisión reitera la importancia de la prueba en la conciliación judicial y limita la aprobación de acuerdos que carecen de sustento probatorio, lo que implica que las partes deben presentar evidencia sólida para respaldar sus reclamaciones en procesos de controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe aprobarse el acuerdo de conciliación judicial al que llegaron las partes del presente proceso de controversias contractuales… ¿Resulta procedente el decreto de pruebas de oficio en el presente trámite de conciliación judicial, con el objeto de acreditar el incumplimiento contractual y la causación de perjuicios derivados de… ¿Resulta procedente el decretó de la prueba pedida en el documento de 1 de abril de 2024 consistente en la declaración de la Profesional B Gestión Proyectos, adscrita a la Unidad Montajes Ituango…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La conciliación y la transacción son mecanismos jurídicos diferentes

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-11-11 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020180102302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La conciliación y la transacción son mecanismos jurídicos diferentes en cuanto a su naturaleza, procedimiento e intervención de terceros? Sí
El contratista y la entidad estatal deben distinguir entre la conciliación y la transacción, mecanismos que aunque buscan resolver conflictos de manera consensuada, difieren en su naturaleza y procedimiento. La conciliación requiere la intervención de un conciliador o un agente del Ministerio Público, y su objetivo es extinguir la obligación en conflicto mediante la mediación de un tercero. En contraste, la transacción es un contrato bilateral en el que las partes realizan concesiones recíprocas para poner fin a un litigio pendiente o potencial sin la intervención de un tercero. La Sala reitera que la conciliación prevalida debe contar con la intervención de un conciliador, y que la transacción celebrada por entidades públicas debe cumplir con los requisitos contractuales y contar con la autorización previa de la autoridad competente, lo que implica que un acuerdo suscrito sin dicha intervención o autorización no puede ser considerado como una conciliación válida y debe ser tratado como una transacción, cuya aceptación depende de la legalidad y procedencia de los requisitos y autorizaciones respectivas.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede calificarse como conciliación un acuerdo suscrito entre entidades y particulares sin la intervención de un agente del Ministerio Público o de un juez? ¿Debe una transacción cumplir requisitos contractuales y contar con autorización previa de la autoridad competente cuando es celebrada por entidades públicas?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La jurisdicción competente para conocer de los procesos de repetición es la contenciosa administrativa

Sentencia — Sentencia 2022-08-22 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100020020284701 ACCION DE REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente para resolver en segunda instancia la acción de repetición interpuesta por el DAS contra un funcionario suyo, cuya pretensión es el reembolso de lo pagado en virtud de una conciliación judicial? Sí
La segunda instancia de la acción de repetición corresponde al Consejo de Estado cuando el tribunal de primera instancia es el mismo que aprobó la conciliación judicial de la que surgió la obligación de pago de la entidad. La regla se apoya en tres razones. Primera, la jurisdicción contencioso administrativa conoce de los procesos de repetición según el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, y el artículo 7 inciso 1 de la Ley 678 de 2001 se aplica solo en sus aspectos procedimentales, porque los hechos de la condena son anteriores a esa ley. Segunda, el artículo 7 inciso 3 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del CCA atribuyen la competencia en segunda instancia cuando el tribunal que decidió en primera instancia aprobó la conciliación. Tercera, el juez de segunda instancia, aun siendo apelante único el demandante, debe pronunciarse de oficio sobre la acción procedente, la caducidad y la legitimación en la causa. En consecuencia, el asunto se resuelve en esta instancia. El documento reitera la jurisprudencia sobre la competencia en la acción de repetición que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve: ¿El término de caducidad de la acción de repetición empezó a contar desde el día siguiente al pago de lo acordado en la conciliación judicial como monto de la indemnización de perjuicios a la familia… ¿La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está legitimada en la causa por activa en virtud de la sucesión procesal del extinto DAS… ¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva ante la falta de prueba del vínculo laboral entre el demandado y el DAS?
Consejo de Estado Providencia

Procede negar las pretensiones de repetición contra el rector de la Universidad

Sentencia — Sentencia 2024-05-31 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020180009100 LEY 1437 REPETICION
¿Procede negar las pretensiones de repetición contra el rector de la Universidad, al acreditarse que el pago de la diferencia salarial reconocida al trabajador en la conciliación judicial, no constituyó una afectación patrimonial? Sí
Cuando el pago de una diferencia salarial reconocida al trabajador en una conciliación judicial corresponde a funciones efectivamente prestadas, no hay detrimento del patrimonio público y la acción de repetición contra el funcionario que dio lugar al acuerdo no prospera. La regla se sostiene en tres razones: la repetición es una acción prevista para proteger el patrimonio público, de modo que sin afectación patrimonial no hay objeto que restablecer; el pago de la diferencia no fue un gasto sin contraprestación, pues la entidad recibió el servicio de un cargo de mayor grado; y el monto pagado corresponde a lo que el trabajador debió percibir por las funciones asignadas. En el caso, se negaron las pretensiones de repetición porque la diferencia pagada en la conciliación remuneró las funciones de un asesor de grado superior, sin que se afectara el patrimonio de la universidad. La caducidad se contó desde el pago, que ocurrió dentro del plazo de diez meses, por lo que la demanda fue oportuna. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la repetición exige demostrar un perjuicio patrimonial efectivo y no solo el pago de una condena.síntesis automática
También resuelve: ¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago del acuerdo conciliatorio logrado por las partes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? ¿Se acreditaron los presupuestos de condena, pago y calidad de agente del Estado para la procedencia del medio de control de repetición? ¿El pago realizado en virtud del acuerdo conciliatorio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ordenó el reconocimiento de la diferencia salarial al trabajador…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Debe aplicarse al caso sub examine, la Ley 678 de 2001 porque el hecho dañoso origen de la condena ocurrió el 12 de noviembre

Sentencia — Sentencia 2023-10-04 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 18001233300020170011401 LEY 1437 REPETICION
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la Ley 678 de 2001 porque el hecho dañoso origen de la condena ocurrió el 12 de noviembre de 2009, por lo que, el demandante tiene que especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuye responsabilidad al servidor o ex servidor público demandado? Sí
En la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 rige el análisis del dolo o de la culpa grave solo respecto de los hechos ocurridos desde su vigencia y hasta su derogatoria, por el principio de irretroactividad. Si los hechos que originaron la condena son anteriores, continúa aplicándose la normativa previa, y si son posteriores, la ley rige la valoración del agente en lugar de las nociones generales del régimen anterior. La primera razón es la irretroactividad, que constituye la regla general. La segunda es la excepción de efectos retroactivos, que opera de manera excepcional. La tercera es la exigencia de precisar la presunción concreta que fundamenta la responsabilidad del servidor o exservidor demandado, lo que impide un análisis genérico de la conducta. La providencia confirma la decisión de primera instancia y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. En la práctica, cuando el hecho dañoso ocurre después de la vigencia de la ley, el demandante debe identificar la presunción que invoca desde la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede probarse el dolo o la culpa grave del funcionario público con la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado… ¿El demandado en condición de patrullero de la Policía Nacional incurrió en una conducta gravemente culposa por desconocimiento del manual de uso de las armas con sujeción a los principios de… ¿Las sentencias judiciales pueden probar los hechos que le sirvieron de fundamento?
CONFIRMA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Caducidad de la acción

2017_25000-23-26-000-2005-00177-01_53239 2017-10-12 Sección Tercera
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL,RESPONSABILIDAD,CONCILIACIÓN JUDICIAL,INTERESES,CADUCIDAD DE LA ACCIÓN,PERJUICIOS,DAÑO – Responsabilidad de los contratistas,Prescripción de las acciones,Alcance Ley 80 de 1993,Desarrollo jurisprudencial,Reiteración jurisprudencial,Diferencias,Naturaleza,Plazo,Ley 23 de 1991,Trámite especial,Liquidación de perjuicios – Mes: octubre – Año: 2017…
También resuelve: Responsabilidad contractual: responsabilidad de los contratistas, prescripción de las acciones, alcance Ley 80 de 1993, desarrollo jurisprudencial Responsabilidad: alcance Ley 80 de 1993, reiteración jurisprudencial Caducidad de la acción y prescripción: diferencias
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Conciliación judicial

2016_25000-23-26-000-2003-01660-03_37456_A_37456_A 2016-05-02 Sección Tercera
Controversias contractuales,Procedencia,Acuerdo conciliatorio,Aprobación,Requisitos,Nulidad y restablecimiento del derecho – Mes: mayo – Año: 2016…
También resuelve: Conciliación judicial: controversias contractuales, procedencia, acuerdo conciliatorio, aprobación Consejo de estado Sala de lo contencioso administrativo
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2023-01-26 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233100020100166501 ACCION DE REPETICION
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
En un proceso de repetición, la apelación contra la sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo se resuelve en segunda instancia por esta corporación, conforme al inciso 2 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y al artículo 129 del C.C.A., modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. En el caso analizado, la sentencia negó las pretensiones porque no se acreditó el pago de la suma que la entidad debía cancelar por una conciliación judicial, por lo que el tribunal no estudió los demás elementos de la acción. Respecto de las costas, la Sala confirmó que no existían elementos para condenar a la entidad, porque el estudio de primera instancia se limitó a la verificación del pago y el recurso no cuestionó otro aspecto. Además, la Sala se abstuvo de condenar en costas en segunda instancia al no evidenciar temeridad ni mala fe. La consecuencia práctica es que la ausencia de pago impide estudiar los demás elementos de la repetición. La providencia reitera la competencia vigente sobre la materia.síntesis automática
También resuelve: ¿El juez de primera instancia debió condenar en costas al Invías? ¿Se acreditó temeridad o mala fe en el actuar de las partes que conlleve a la condena en costas en segunda instancia?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del medio de control de repetición

Sentencia — Sentencia 2023-08-08 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 11001032600020150014500 LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del medio de control de repetición? Sí
En la acción de repetición, la jurisdicción administrativa conoce de los procesos contra agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, y el Consejo de Estado conoce en única instancia de estas demandas cuando el demandado es un servidor de alto nivel. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 142 del CPACA y el inciso primero del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 atribuyen el conocimiento de la repetición a la jurisdicción contencioso administrativa. Segunda, el numeral 13 del artículo 149 del CPACA fija la competencia en única instancia del Consejo de Estado para ese tipo de demandas. En el caso, la providencia concede el recurso y reconoce que la controversia corresponde a esta corporación. En la práctica, la demanda de repetición contra un servidor de alto nivel debe presentarse ante el Consejo de Estado en única instancia, y no ante un tribunal administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de repetición es procedente para buscar establecer la responsabilidad patrimonial del agente que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya generado una condena contra el… ¿El término para la presentación de la demanda en el medio de control de repetición se empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago efectuado por la entidad? ¿El demandado está legitimado en la causa al desempeñarse como director del DAS en el momento de la ocurrencia del hecho dañoso que derivó en la condena de esa entidad?
CONCEDE
Consejo de Estado Providencia

La conciliación, en materia de lo contencioso administrativo, requiere de la asistencia de un agente del Ministerio Público.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-04-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020240010801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La conciliación, en materia de lo contencioso administrativo, requiere de la asistencia de un agente del Ministerio Público? Sí
El contratista debe cumplir con la conciliación como requisito de procedibilidad en materia de lo contencioso administrativo, la cual requiere la asistencia de un agente del Ministerio Público para elaborar el acta y verificar que el acuerdo no resulte lesivo para el patrimonio público, debido a que la conciliación tiene características específicas como el mérito ejecutivo y la trascendencia a cosa juzgada, en contraste con la mediación que no es requisito de procedibilidad y no tiene estas características. La entidad estatal, en casos donde los extremos en la litis son entidades públicas, debe agotar la conciliación previa a interponer una demanda, conforme a la Ley 2220 de 2022 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que implica que la falta de cumplimiento de este requisito puede llevar al rechazo de la demanda. Además, la condena en costas no procede si no se ha trabado la litis, según el artículo 365 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿La mediación tiene el carácter de requisito de procedibilidad en la jurisdicción contenciosa administrativa? ¿Era necesario agotar la conciliación como requisito de procedibilidad porque los extremos en la litis son entidades públicas? ¿Es improcedente la condena en costas porque no se ha trabado la litis?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La competencia para resolver un desistimiento de las pretensiones de la demanda corresponde al juez de primera instancia.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-03-26 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020170213202 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La competencia para resolver un desistimiento de las pretensiones de la demanda corresponde al juez de primera instancia? Sí
El juez de primera instancia es el competente para resolver sobre el desistimiento de las pretensiones formuladas en la demanda dentro de los procesos de doble instancia. En este auto interlocutorio que resuelve una apelación incidental relacionada con un acuerdo conciliatorio fallido, la Sala señala que carece de competencia funcional para pronunciarse sobre solicitudes de desistimiento que corresponden al a quo, confirmando la providencia recurrida por cuanto el acuerdo no cumplió los requisitos legales sustanciales exigidos, sin que proceda analizar en esta oportunidad los riesgos de condena en costas invocados por los recurrentes.síntesis automática
También resuelve: ¿Está facultado el Comité de Defensa Judicial y Conciliación de una entidad pública para proponer el desistimiento de las pretensiones como fórmula conciliatoria dentro de un proceso judicial? ¿Está facultado el juez para pronunciarse, en una etapa procesal previa al fallo, sobre la existencia de salvedades en una liquidación bilateral del contrato estatal?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversia contractual del Fonade

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-04-28 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 66001233300020190068401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversia contractual del Fonade que corresponde a su giro ordinario? No
Las controversias contractuales de las empresas industriales y comerciales del Estado de carácter financiero que corresponden a su giro ordinario no son de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino de la jurisdicción ordinaria, conforme a lo previsto en el artículo 105 del CPACA. Esta conclusión se apoya en la naturaleza de la entidad, pues el artículo 1 del Decreto 288 de 2004 la define como empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, vigilada por la Superintendencia Bancaria, y en que la controversia recae sobre su actividad ordinaria. La falta de jurisdicción conduce a declarar la nulidad de lo actuado, incluso de la audiencia en la que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio. En el caso concreto, el despacho declaró la falta de jurisdicción, anuló lo actuado y adoptó medidas para continuar el trámite en la jurisdicción ordinaria. Como consecuencia práctica, las controversias contractuales de este tipo deben tramitarse ante la jurisdicción ordinaria y no ante la de lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿Hay lugar a declarar la nulidad de lo actuado, incluso de la audiencia inicial de 1 de diciembre de 2021 en la que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado Providencia

Cabe reiterar que dicha codificación no es aplicable a los procesos iniciados en vigencia del CCA

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020230023201 LEY 1437 REPETICION
¿El término de caducidad del medio de control de repetición inició al vencimiento del plazo con el que contaba la entidad para pagar la condena impuesta en la acción de grupo, sin que sea relevante para tal efecto el acuerdo conciliatorio celebrado por los acreedores en el marco de un proceso ejecutivo? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición si presenta la demanda después del término de caducidad, que comienza al vencimiento del plazo que la entidad tenía para pagar la condena impuesta en una acción de grupo, independientemente de un acuerdo conciliatorio posterior en un proceso ejecutivo. La entidad tenía 18 meses para pagar la condena, no 10, debido a que el proceso se tramitó bajo el Código Contencioso Administrativo, y el acuerdo conciliatorio no modificó el término de caducidad. Además, la notificación del auto que rechaza la demanda por caducidad debe hacerse mediante estado electrónico, no por correo electrónico, y el plazo para impugnar la providencia corre desde la fijación del estado, no desde la recepción del mensaje de datos, evitando así la inducción al error por parte del tribunal.síntesis automática
También resuelve: ¿La presentación del recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda por caducidad, se hizo fuera de término por la imprecisión del Tribunal al ordenar la notificación por correo…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La competencia sobre este asunto está a cargo de esta Corporación

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020160015000 LEY 1437 REPETICION
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer, en única instancia, de una acción de repetición promovida por una universidad contra sus exrectores y exvicerrectora, por hechos ocurridos en ejercicio de sus funciones? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de la acción de repetición que promueve una entidad pública contra sus exservidores cuando resulta condenada al pago de perjuicios causados por actuación dolosa o gravemente culposa, y en los procesos de única instancia la competencia del Consejo de Estado depende del factor subjetivo y del factor objetivo. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 142 del CPACA y el inciso primero del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 adscriben a esta jurisdicción la repetición para obtener el reintegro de lo pagado; los artículos 149, 152 y 155 de la Ley 1437 de 2011, vigentes al presentarse la demanda, introdujeron el factor subjetivo para los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado y el factor objetivo para los demás; y la acción de repetición de una universidad contra sus exdirectivos se enmarca en la función pública que ejercieron. Por ello, la competencia para conocer de la acción se determina conforme a esas reglas. La providencia niega la pretensión de competencia contraria.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda de repetición se interpuso dentro del término legal? ¿La legitimación en la causa por activa en el medio de control de repetición recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva recae sobre los… ¿Es aplicable la Ley 678 de 2001, sin modificaciones posteriores, al medio de control de repetición cuando los hechos que motivaron la acción ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 2195 de 2022?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

El consejo de Estado tiene la competencia para conocer del recurso de apelación contra el auto

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-09-13 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 76001233300020170128601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consejo de Estado tiene la competencia para conocer del recurso de apelación contra el auto que decide sobre la aprobación del acuerdo conciliatorio? Sí
Corresponde al Consejo de Estado conocer de la apelación contra el auto que decide sobre la aprobación de un acuerdo conciliatorio cuando el proceso se refiere a un contrato en el que intervienen entidades públicas. Esta competencia se apoya en el numeral 2 del artículo 104 del CPACA, vigente al presentarse la demanda, y en el artículo 150 del mismo código, que atribuye a esta corporación los recursos de apelación contra los autos de primera instancia de los tribunales administrativos. También existe competencia por cuantía, porque el valor de la pretensión mayor superaba los quinientos salarios mínimos exigidos por el numeral 5 del artículo 152 del CPACA para la época de la demanda. En el caso concreto la sala confirmó el auto que aprobó el acuerdo. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión mayor, fijada al presentar la demanda, determina la competencia en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Las personas de derecho público, a través de sus representantes legales o de sus apoderados, pueden conciliar conflictos de carácter particular y de contenido económico que se puedan conocer a… ¿Para la aprobación de un acuerdo conciliatorio, este debe estar previamente avalado por los comités de conciliación de las entidades que hacen parte del acuerdo? ¿Los Comités de Conciliación del Ministerio y del Departamento aceptaron incluir dentro del acuerdo conciliatorio que la Fundación tendría un plazo de doce meses para ejecutar las actividades del…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de 2 años

Sentencia — Sentencia 2024-03-04 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000232600020090088501 ACCION DE REPETICION
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de repetición? Sí
La acción de repetición caduca al vencimiento de dos años contados desde el día siguiente al pago total efectuado por la entidad, y que, cuando el pago se realiza antes del vencimiento del plazo para cumplir la condena, el término se cuenta desde ese pago. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo fija el término bienal desde el pago total. Segunda, el término empieza a correr desde la fecha efectiva del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo previsto en el artículo 177 del mismo código, lo que ocurra primero. Tercera, el término se suspende mientras transcurre la conciliación extrajudicial, y en el caso la demanda se presentó dentro del término así computado. La providencia revoca la decisión que había declarado la caducidad y, con ello, resuelve el examen de fondo sobre la culpa grave del agente. La consecuencia práctica es que la oportunidad de la demanda de repetición se verifica con la fecha exacta del pago y con las suspensiones que la ley reconoce, y no con la fecha de la condena.síntesis automática
También resuelve: ¿La actuación del agente que causó el daño por el cual se condenó al Estado fue cometida con culpa grave? ¿Procede la condena contra el agente demandado por el total del capital pagado por la entidad en el proceso de reparación directa?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado para conocer, de un proceso de repetición

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 54001233100020020093501 ACCION DE REPETICION
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer, en segunda instancia, de un proceso de repetición cuando la apelación se interpone contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo? Sí
El contratista es competente para interponer un proceso de repetición ante el Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo en primera instancia, ya que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos casos, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y las modificaciones introducidas por las leyes 446 de 1998 y 678 de 2001. La entidad pública que resulta condenada en un proceso de reparación directa puede ejercer la acción de repetición contra el servidor público responsable del daño, siempre que el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición se inicie desde el pago de la conciliación judicial o la condena, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. La legitimación en la causa por activa recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva sobre el agente que dio lugar al daño, y la acción de repetición se rige por el régimen de responsabilidad estatal previsto en los artículos 90 de la Constitución y 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, independientemente de la fecha en que ocurrieron los hechos, siempre y cuando la Ley 678 de 2001 esté vigente al momento del ejercicio de la acción.síntesis automática
También resuelve: ¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición inició con el pago de la conciliación judicial celebrada dentro del proceso de reparación directa? ¿La legitimación en la causa por activa en el medio de control de repetición recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva recae sobre el agente… ¿Es aplicable el régimen de responsabilidad estatal previsto en los artículos 90 de la Constitución y 77 y 78 del C.C.A. para la acción de repetición cuando los hechos ocurrieron antes de la entrada…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

¿El recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión que ordenó la vinculación de Acerías Paz del Río en calidad de litisconsorte necesario sí resultaba procedente?

Auto interlocutorio — Auto que deja sin efecto providencia 2024-09-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020070062902 ACCION CONTRACTUAL
¿El recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión que ordenó la vinculación de Acerías Paz del Río en calidad de litisconsorte necesario sí resultaba procedente? Sí
En el caso objeto de estudio, a través de auto del 29 de agosto de 2018 se vinculó a la sociedad Acerías Paz del Rio en calidad de litisconsorte necesario, puesto que el Tribunal a quo consideró indispensable su presencia en el proceso para integrar el contradictorio. Como consecuencia, se ordenó la notificación de la decisión y del auto admisório de la demanda, con la exigencia adicional de enviar copia de las piezas procesales pertinentes.… En ese orden de ideas, este Despacho observa que, contrarío a lo considerado por el juzgador de primer grado, el recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión que ordenó la vinculación de Acerías Paz del Río sí resultaba procedente, de manera que el auto que lo rechazó por improcedente y adecúo este medio impugnativo al recurso apelación comporta una irregularidad procesal.
También resuelve: ¿Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el “régimen jurídico anterior”, que corresponden a las consagradas en el CCA y el CPC? ¿El legislador previó dentro de los autos de naturaleza apelable el que integra el contradictorio, en aplicación de la figura del litisconsorcio necesario? ¿Al momento de que el operador judicial integra al proceso un sujeto en virtud de la figura del litisconsorcio necesario, este adquiere el tratamiento…
DEJA SIN EFECTO