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Sentencia — Sentencia2023-01-26Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 11001032600020220004400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Ninguno de los argumentos planteados por el recurrente se enmarca en los supuestos que ha identificado la Sala para la procedencia de la causal? Sí
La Sala negará la procedencia del recurso. En oportunidades anteriores se ha indicado que la causal 7, sobre el laudo en conciencia o equidad, se configura cuando el laudo carece realmente de motivación probatoria. Ninguno de los argumentos planteados por el recurrente se enmarca en los supuestos que ha identificado la Sala para la procedencia de la causal. Por una parte, no argumenta que el laudo haya ignorado el acervo probatorio. Por la otra, tampoco señala que la decisión adoptada en el laudo no esté soportada en las pruebas del proceso arbitral.
También resuelve:¿El argumento que tuvo en cuenta el tribunal para asignar la responsabilidad al contratista fue el alcance del principio de planeación?¿Las conclusiones a las que arribó el tribunal se sustentan en las pruebas?¿Cuando se declare infundado el recurso de anulación se condenará al recurrente al pago de las costas?
¿El desequilibrio económico del contrato es un eximente de responsabilidad y excusa a las partes del cumplimiento del contrato? No
El contratista no puede excusarse del cumplimiento del contrato alegando desequilibrio económico, ya que esta situación no es un eximente de responsabilidad, sino una garantía para la continuada ejecución del contrato, incluso en presencia de dificultades económicas. La Sala establece que la ruptura del equilibrio económico no libera al contratista del deber de cumplir sus obligaciones contractuales. Además, para que una fuerza mayor excuse el incumplimiento, debe acreditarse la imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad del hecho, lo cual no ocurrió en este caso, ya que el contratista no presentó pruebas suficientes ni argumentos jurídicos que justifiquen su falta de cumplimiento. La Sala reitera que la modificación del contrato, como la adición de plazos, no implica la configuración de una fuerza mayor, y que la indisponibilidad de los bienes no fue acreditada como causa eximente. Esta decisión matiza la interpretación de que el desequilibrio económico puede ser utilizado como excusa para el incumplimiento contractual, enfatizando la necesidad de cumplir con las obligaciones contractuales a menos que se acrediten las circunstancias excepcionales que eximen de responsabilidad, como la fuerza mayor.síntesis automática
También resuelve:¿Es necesario que el juez reporte y comente el contenido de cada una de las pruebas que obran en el expediente para entender que su decisión cumplió con los principios y obligaciones relacionados con…¿Las causas extrañas, entre las cuales se encuentran la fuerza mayor, el caso fortuito o el hecho de un tercero eximen de responsabilidad al deudor?¿Procede la condena en costas en esta instancia a la parte demandante?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-09-20Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 54001233300020190028401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para la protección del derecho objeto del litigio? Sí
El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para proteger el derecho objeto del litigio, asegurando que se cumplan los requisitos legales como la acreditación del perjuicio material y la necesidad de la medida cautelar. La Sala revoca la medida cautelar de suspensión provisional dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al no encontrar acreditados los elementos que permitan apreciar la ilegalidad en el proceder de la entidad demandada ni la necesidad de la medida cautelar. La regla reitera la importancia de que la solicitud de medida cautelar esté debidamente sustentada y que el juez evalúe rigurosamente la legalidad del acto administrativo acusado, lo que implica que las partes deben presentar pruebas suficientes para demostrar la necesidad de la medida cautelar y la existencia de un perjuicio material.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación desplegada por la entidad demandada se revela arbitraria o abiertamente contraria al derecho de defensa de la accionante?¿La solicitud de medida cautelar debe estar debidamente sustentada, expresando los motivos por los cuales se debe acceder a dicha medida?¿La medida cautelar de suspensión provisional es una figura excepcional y restrictiva, derivada del principio de legalidad?
¿El Tribunal Administrativo de Risaralda omitió correr traslado a las partes para alegar de conclusión? No
El contratista no puede alegar que el tribunal omitió correr traslado para presentar alegatos de conclusión si ya se había ordenado previamente y las partes tuvieron la oportunidad de pronunciarse, como ocurrió en este caso donde el tribunal ordenó el traslado el 20 de agosto de 2019, y el demandante presentó recurso de reposición sin alegar la falta de traslado, y el tribunal confirmó la decisión. Además, el tribunal no incurrió en defectos de valoración probatoria al analizar integralmente las pruebas que demostraban la legalidad del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato, y el demandante no demostró cómo la valoración de las pruebas habría variado la decisión del tribunal, por lo que la apelación no prospera. Este precedente reitera que el tribunal debe cumplir con los trámites procesales y analizar las pruebas de manera integral, pero también establece que el demandante debe utilizar oportunamente los recursos procesales para alegar cualquier irregularidad.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal incurrió en defectos de valoración probatoria que condujeron a negar la pretensión de nulidad del acto administrativo de caducidad del contrato?¿El ad quo realizó un análisis integral de las pruebas que obran en el plenario que demuestran la legalidad del acto acusado?¿El ad quo debía pronunciarse respecto de la pretensión relativa al reconocimiento de $106’328.139,00 por concepto de mayor valor deducido sobre el saldo a su favor con base en la aplicación de la…
Auto interlocutorio — Auto para mejor proveer2025-08-11Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 15001233100020070013602ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente que la Sala decrete prueba de oficio por considerarla necesaria para esclarecer puntos oscuros suscitados en el proceso para el esclarecimiento de la verdad? Sí
La autoridad judicial, en cualquiera de las instancias, puede decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para esclarecer la verdad, y entre ellas se encuentra el auto de mejor proveer, que procede cuando las etapas probatorias ya han fenecido. La regla se apoya en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, que faculta al juez para decretar pruebas de oficio junto con las pedidas por las partes, y en la distinción jurisprudencial entre las pruebas de oficio propiamente dichas, decretadas durante las oportunidades probatorias, y el auto de mejor proveer, que se adopta antes de la decisión cuando persisten puntos oscuros. En el caso, la Sala decreta pruebas de oficio por considerarlas necesarias para esclarecer puntos oscuros que subsisten en el proceso. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la Sala puede decretar pruebas de oficio para esclarecer puntos oscuros del proceso, incluso en una etapa posterior a la probatoria, siempre que sea necesaria para la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente que la Sala decrete prueba de oficio para esclarecer y analizar los presupuestos procesales y proferir una decisión de fondo?
¿El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 5 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas , cumple con todos los presupuestos procesales? Sí
El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 5 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas cumple con todos los presupuestos procesales, incluyendo la jurisdicción, competencia, ejercicio oportuno de la acción y legitimación en la causa, lo que permite a la Sala resolver el recurso presentado por la entidad territorial, el consorcio demandado y la aseguradora llamada en garantía. Además, la Sala confirma que la interventoría es obligatoria en los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso licitatorio y debe estar a cargo de una persona independiente de la entidad contratante, según lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, y que la sentencia de primera instancia no vulneró el principio de congruencia al no analizar obligaciones contractuales no cuestionadas en la demanda, lo que implica que la entidad estatal debe asegurar el cumplimiento de las obligaciones del interventor en relación con el seguimiento y control de los contratos de obra.síntesis automática
También resuelve:¿La interventoría es obligatoria en los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso licitatorio, y debe estar a cargo de una persona independiente de la entidad contratante?¿Con la sentencia de primera instancia se vulneró el principio de congruencia, al referirse a obligaciones contractuales no cuestionadas en la demanda?¿Las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen?
¿Cómo no se advierte alguna configuración de causal de nulidad que invalide lo actuado y, evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales, es procedente decidir la segunda instancia de la presente litis? Sí
El contratista no puede impugnar aspectos que no fueron objeto de debate en el recurso de apelación, ya que la competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos específicos presentados por el recurrente, salvo situaciones que deban ser analizadas de oficio. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirma la procedencia de la segunda instancia siempre que se demuestre el cumplimiento de los presupuestos procesales, incluyendo jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por activa y pasiva, y el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial. Esto implica que el juez de segunda instancia debe respetar el marco argumentativo del recurso de apelación, lo que garantiza la eficacia del proceso y la protección de los derechos de las partes.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia del juez de segunda instancia al resolver un recurso de apelación se encuentra limitada por los precisos argumentos esgrimidos por el recurrente…¿Los pliegos de condiciones regulan el procedimiento de selección y deben contener reglas claras, objetivas y completas para la elección del contratista?¿Teniendo en cuenta que el artículo 167 del Código General del Proceso, indica que la carga probatoria corresponde al demandante en relación con los supuestos de hecho que alega…
Sentencia — Sentencia2025-07-18Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020230011900LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia, en el entendido de que el juez contencioso administrativo no funge como superior de los árbitros, sino que, le corresponde efectuar un control fundado en la verificación del acatamiento de las causales precisas prestablecidas en la ley para ese fin? Sí
El contratista no puede utilizar el recurso extraordinario de anulación como una segunda instancia, ya que el juez contencioso administrativo no actúa como superior de los árbitros, sino que realiza un control basado en la verificación del acatamiento de las causales precisas establecidas en la ley. Este control se limita a detectar posibles falencias procedimentales o sustanciales, sin invadir la independencia y autonomía del tribunal arbitral. La Corporación reitera que el recurso no permite continuar, reabrir o replantear el debate sobre el fondo del proceso, lo que implica que el juez debe abstenerse de revisar los razonamientos jurídicos del tribunal de arbitramento para dilucidar si son o no errados, y se centra exclusivamente en los errores in procedendo.síntesis automática
También resuelve:¿La causal del fallo en conciencia o en equidad opera cuando el tribunal de arbitramento profiere el laudo apartándose del sistema jurídico, normativo o probatorio?¿La competencia de la autoridad jurisdiccional en sede del recurso extraordinario de anulación, se limita al examen de errores in procedendo?¿El laudo arbitral objeto del recurso extraordinario de anulación se profirió en conciencia y no en derecho, dado que la declaración sobre incumplimiento del INVÍAS de la obligación de entrega de…
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2024-02-19Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 85001233300020190004601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La solicitud de pruebas en segunda instancia del demandante se adecua a algunas de las causales previstas en el artículo 212 del CPACA? No
Las pruebas solicitadas en segunda instancia solo pueden decretarse en los supuestos taxativos del artículo 212 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, y que la prueba decretada en primera instancia que no se practicó sin culpa de la parte no habilita, por sí sola, su práctica en apelación. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las causales son de carácter taxativo, de modo que la parte debe encuadrar su solicitud en una de ellas. Segunda, la causal de prueba decretada y no practicada sin culpa de quien la pidió exige demostrar que la omisión no le es imputable. Tercera, en el caso los dictámenes periciales fueron decretados oportunamente, sus autores los aportaron en los términos ordenados y los sustentaron en audiencia, de modo que no se acreditó que la práctica se hubiera frustrado sin culpa de la parte. La providencia niega la solicitud probatoria. La consecuencia práctica es que la parte que no logra la práctica de un dictamen en primera instancia debe demostrar que la falta de práctica no le es atribuible si pretende reabrirla en apelación.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-10Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020200029601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Están las partes obligadas a probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones? Sí
El contratista está obligado a probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones, ya que el ordenamiento jurídico garantiza el derecho a presentar pruebas y establece la carga de la prueba ("onus probandi") para acreditar los hechos que fundamentan las normas que persiguen. La declaración de terceros debe cumplir con los requisitos formales para ser conducente, pertinente y útil, y el juez debe decretar únicamente aquellas pruebas que resulten conducentes para esclarecer los hechos controvertidos definidos en la etapa de fijación del litigio. Además, el juez puede rechazar la práctica de testimonios cuando estos no guardan relación con el objeto del litigio, lo que implica que las pruebas deben estar directamente relacionadas con el problema jurídico determinado y no ser objeto de otros procesos. Esto asegura un acceso justo a la justicia y garantiza los derechos al debido proceso, la contradicción y defensa, así como la resolución justa de conflictos.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez rechazar la práctica de declaraciones de terceros si la solicitud no cumple con los requisitos formales que permitan verificar su conducencia, pertinencia y utilidad?¿Debe el juez decretar únicamente aquellas pruebas que resulten conducentes para esclarecer los hechos controvertidos que fueron definidos en la etapa de fijación del litigio?¿Debe el juez rechazar la práctica de testimonios cuando estos no guardan relación con el objeto del litigio?
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, conforme al artículo 150 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso. Esta competencia se fundamenta en la cuantía de la pretensión y en la naturaleza del medio de control de repetición, que es el adecuado para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando un agente público ha originado una condena por culpa grave o dolo. Además, la demanda se interpuso en tiempo, ya que el término de caducidad corre desde la fecha del pago de la condena, según la exequibilidad condicionada dictada por la Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002. La entidad que pagó la condena, en este caso la Policía Nacional, está legitimada para ejercer la acción de repetición contra los servidores públicos responsables, conforme al artículo 8 de la Ley 678 de 2001.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda se interpuso en tiempo porque la sentencia condenatoria se notificó a las partes oportunamente y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al pago de la condena?¿La entidad que pagó la condena por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público está legitimada para el ejercicio…¿Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y los hechos procesales?
¿Al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las controversias relativas a la legalidad de actos administrativos que imponen multas en el marco de contratos de concesión celebrados con entidades públicas según lo dispuesto expresamente en el artículo 104 del CPACA. En este caso judicial, el Consejo de Estado resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia y se abstiene de imponer condena en costas de segunda instancia al no prosperar las impugnaciones presentadas por ambas partes, entendiéndose las costas debidamente compensadas entre los extremos procesales.síntesis automática
También resuelve:¿Las resoluciones demandadas, mediante las cuales se impuso una multa al contratista, en el marco del contrato de concesión…¿Para determinar si se vulneró el debido proceso del concesionario resultan aplicables las disposiciones del manual de contratación del ICBF?¿Cuando la administración ejerce su potestad sancionadora, si bien se efectúa unilateralmente, debe estar precedida de un procedimiento mínimo que preserve las garantías del debido proceso del…
Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada2022-11-08Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 11001032600020150014500LEY 1437 REPETICION
¿Corresponde determinar si el demandado es responsable por la suma que debió pagar el DAS por la condena impuesta? Sí
La parte demandante adujo que el demandado… era director del DAS y fue condenado penalmente como autor mediato del homicidio de [la víctima]. Los familiares de [la víctima] demandaron en reparación directa al DAS y el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró responsable a esa entidad y condenó al pago de perjuicios, en sentencia del 12 de octubre de 2012. Solicitan que se declare que [el demandado] es responsable de la condena [impuesta]. De conformidad con el artículo 182A CPACA, el Despacho fijará el litigio de la siguiente forma: Corresponde a la Sala determinar si [el demandado] es responsable por la suma que debió pagar el DAS, por la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-02-18Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 41001233300020200076303LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el decreto de pruebas que no cumplen con los requisitos de conducencia y utilidad? Sí
El juez debe rechazar las pruebas que no cumplan con los requisitos de conducencia y utilidad, conforme a lo dispuesto por los artículos 164, 167 y 168 del Código General del Proceso, que establecen la necesidad de la prueba y la carga de probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que las partes persiguen. La prueba debe ser conducente, es decir, que informe al juez sobre hechos o circunstancias relevantes para el asunto en litigio, y útil, en el sentido de que no sea superflua o inútil, ya que ya estén probados los hechos o porque el hecho esté exento de prueba. En consecuencia, el juez debe negar el decreto de pruebas que no cumplan con estos requisitos, lo que reitera la jurisprudencia de la corporación y tiene implicaciones importantes en la admisión de medios de prueba en el proceso contractual estatal.síntesis automática
Sentencia — Sentencia2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020240001400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se configuró la causal séptima de nulidad del laudo arbitral, sobre fallo en conciencia, al haberse negado la nulidad del contrato objeto del litigio con base en la inexistencia de desequilibrio financiero del contrato? No
El contratista no puede configurar la causal séptima de nulidad del laudo arbitral al negar la nulidad del contrato por la inexistencia de desequilibrio financiero, ya que el laudo debe fundamentarse en el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, no en un análisis probatorio que exceda las facultades del juez de anulación. En este caso, el Tribunal Arbitral analizó cada una de las posibles causales de alteración de la ecuación económica del contrato y concluyó que no había pruebas que demostraran la ocurrencia de ninguna de ellas. Además, el juez de anulación no puede revivir un debate probatorio, ya que su función es limitada a verificar la existencia de fundamentación jurídica y probatoria en el laudo. La Sala declaró infundado el recurso de anulación, reafirmando que el juez de anulación no es un juez de segunda instancia del laudo arbitral y que su análisis debe estar basado en la existencia de fundamentación jurídica y probatoria clara y manifiesta en el laudo.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de inexistencia de lesión enorme fue una decisión tomada en derecho cuya fundamentación jurídica y probatoria estuvo sustentada normativamente?¿La causal contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 habilita al juez a estudiar si en el Laudo se exponen los fundamentos que sustentan la decisión…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-09-10Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 05001233300020220092201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente el decreto de las pruebas documentales solicitadas en esta instancia, al tener origen en hechos sobrevinientes que no existían para la fecha en la que culminó la última oportunidad para pedir pruebas? Sí
Las pruebas documentales que se aportan en segunda instancia son procedentes cuando versan sobre hechos sobrevinientes, es decir, cuando los documentos no existían al vencerse la última oportunidad para pedir pruebas en primera instancia. Esta regla se apoya en el artículo 212 del CPACA, que permite decretar en apelación las pruebas que la parte no pudo aducir por esa razón. Para aplicarla es necesario precisar cuándo se agotó esa última oportunidad, que en el caso fue la reforma de la demanda, pues el plazo de reforma venció antes de la existencia de los documentos. Por ello la prueba se decreta si el documento surgió después de esa fecha, no si la parte solo tardó en aportarlo. En el caso concreto el despacho revocó la decisión que había negado la prueba, porque los documentos no existían cuando venció la última oportunidad probatoria de primera instancia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el momento de la última oportunidad probatoria define la admisibilidad de los documentos sobrevinientes en apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el recurso de apelación contra el auto que niega el decreto de pruebas en primera instancia?¿Excepcionalmente, el juez podrá decretar pruebas fuera de las oportunidades legales previstas, cuando se trate de pruebas sobrevinientes…¿Procede decretar como prueba en esta instancia, los expedientes administrativos del Convenio Interadministrativo y el Contrato Interadministrativo de Interventoría…
Sentencia — Sentencia2024-06-28Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001032600020230013300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿En el recurso de anulación se pueden revisar los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de arbitramento para dilucidar si son o no errados? No
El contratista no puede revisar en el recurso de anulación los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de arbitramento para determinar si son errados, ya que este recurso no está instituido para calificar el análisis de fondo de la controversia ni para corregir la interpretación jurídica ni la valoración probatoria realizada por los árbitros. La Sala declara infundado el recurso de anulación cuando la recurrente cuestiona la valoración probatoria del tribunal, argumentando que dicha acción no se enmarca en la causal de anulación de fallo en conciencia y que no es competencia del Consejo de Estado revisar la interpretación y valoración de pruebas efectuadas por los árbitros, lo que implica que los reproches formulados por la parte recurrente no tienen vocación de prosperidad.síntesis automática
También resuelve:¿En el recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral no es posible corregir la interpretación jurídica ni la valoración probatoria realizada por los tribunales de arbitraje?¿Al Consejo de Estado no le es posible calificar la valoración probatoria ni la interpretación expuesta en el laudo arbitral?¿En los argumentos de la recurrente se evidencia un cuestionamiento a la valoración probatoria y a la interpretación que los árbitros hicieron del clausulado del contrato?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2022-08-16Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 25000233600020200015001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al consejero de Estado ponente, conocer del recurso de apelación dirigido contra el auto que niegue el decreto de una prueba pedida oportunamente? Sí
La apelación contra el auto que niega el decreto de una prueba pedida oportunamente es competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y su trámite corresponde al consejero ponente, de acuerdo con los artículos 150, 243 numeral 7 y 125 del CPACA, este último con la modificación del artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. La regla descansa en dos razones. La primera es que el artículo 150 atribuye a la Corporación los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos. La segunda es que el auto que niega una prueba solicitada en tiempo es expresamente apelable y se resuelve por el ponente. A ello se suma que, por remisión del artículo 306 del CPACA, el juez debe rechazar mediante providencia motivada las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles, pues la prueba debe tener clara relación con el objeto de la controversia y ser eficaz para acreditar los hechos. La providencia no indica que modifique un precedente; su nota de relatoría remite a un pronunciamiento de 2007 sobre los requisitos de los medios de prueba.síntesis automática
También resuelve:¿Debe el juez de la causa rechazar, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles?¿Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades…¿Resulta procedente el decreto de la prueba trasladada del proceso penal, que no tiene relación con el objeto de la controversia y la excepciones propuestas en el proceso?
¿La parte demandante incumplió con su carga probatoria toda vez que no demostró el daño? Sí
En la acción de nulidad y restablecimiento frente a un acto precontractual, el demandante debe probar el daño para obtener la indemnización, y no basta con demostrar que la entidad se apartó del deber de buena fe o de los principios de la función administrativa. Una razón es que el demandante debía acreditar los costos asociados a la etapa precontractual, que corresponden al interés negativo, y no los pidió ni los probó. Otra razón es que si se analizara el interés positivo, es decir, la utilidad esperada del contrato frustrado, tampoco se acreditó su valor. En el caso, la Sala reconoció que la entidad no actuó de buena fe durante la invitación y la adjudicación, pero concluyó que de ese comportamiento no puede predicarse un daño, porque el daño no se acreditó, y confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita precedente sobre el interés positivo; no indica si reitera, unifica o cambia precedente, y su consecuencia práctica es que la irregularidad precontractual solo genera indemnización si el proponente prueba el perjuicio con soportes concretos.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante debía demostrar que con motivo de la elaboración y presentación de la oferta se le causaron perjuicios que debían ser indemnizados?¿En la sentencia impugnada el juez decidió no darle valor al dictamen pericial por presentar inconsistencias e imprecisiones que afectaban su credibilidad?¿Se evidencia que el Instituto de Seguros Sociales faltó al deber de buena fe en la etapa precontractual y contravino los principios de igualdad e imparcialidad?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer el recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en virtud de la cuantía del asunto conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala confirma el incumplimiento del contrato por parte de la Unión Temporal, basándose en pruebas adicionales al informe de auditoría, y estima procedente la condena por la cláusula penal pactada, que tiene una función meramente compensatoria y no sancionatoria, por lo que no se aplica el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Se corrige el monto de la cláusula penal a un 10% del valor del contrato, y se revoca la condena a la devolución del pago de servicios adicionales por falta de pruebas suficientes presentadas por la entidad. La Sala no condena en costas al considerar que el recurso prosperó parcialmente.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento del contrato respecto de la oferta de vehículos de reposición realizada por la Unión Temporal?¿Es procedente la condena por la cláusula penal ante la acreditación del incumplimiento de algunas obligaciones contractuales a cargo de la contratista?¿ Procede la modificación del monto de la cláusula penal porque el tribunal condenó por un mayor valor al pactado en el contrato?