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Sentencia — Sentencia2026-02-19ADMINISTRATIVOHECTOR ENRIQUE REY MORENORad. 50001233300020140029400REPETICION
¿Le asiste responsabilidad patrimonial a la señora ANA MARÍA CALDERÓN TRASLAVIÑA, en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Inírida, Guainía, por la condena que impuso esta colegiatura, en segunda instancia, a la Nación – Rama Judicial en sentencia del 21 de marzo de 2012, con ocasión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Nelsy Muñoz Muñoz? No
La responsabilidad patrimonial del Estado se estructura sobre el daño antijurídico que le sea imputable, mientras que la responsabilidad personal del agente estatal exige dolo o culpa grave, elementos subjetivos que deben probarse en el proceso. La regla se sostiene en tres razones: la condena contra el Estado no traslada automáticamente la responsabilidad al funcionario que suscribió el acto anulado, pues son dos títulos de imputación distintos; la conducta del agente debe demostrarse como premeditada, negligente o imprudente, según el estándar de dolo o culpa grave, y no basta con la anulación del acto; y la sentencia de nulidad no analizó la conducta de quien suscribió el acto, de modo que no existe prueba del elemento subjetivo en el proceso de repetición. Por ello, la pretensión de repetición contra el agente no prospera, y la decisión se niega en esa medida. La regla aplica a los actos administrativos anulados que generaron condenas patrimoniales contra el Estado y cuyo autor no fue examinado en su conducta.síntesis automática
¿Deben responder los demandados en repetición, a título de culpa grave, por el despido de una trabajadora de la Superintedencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual ocurrió en un proceso de reestructuración que implicó la reducción de cargos, en el marco de una política pública generalizada de reorganización de la administración pública a nivel nacional? No
El agente estatal no incurre en culpa grave por el despido de trabajadores en procesos de reestructuración de la administración pública cuando la supresión de cargos se fundamenta en estudios técnicos y en una política generalizada de reorganización. La valoración de la conducta exige verificar si el comportamiento constituye una omisión o extralimitación inexcusable, de modo que la demostración de estudios técnicos previos y la sujeción a los actos administrativos de reestructuración desvirtúan la presunción de culpa grave y descartan la responsabilidad patrimonial del servidor en acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Procede condenar en costas a la parte vencida en este proceso?
¿Es procedente la condena en costas contra la entidad demandante cuando no se acredita dolo o culpa grave de los ex funcionarios en la expedición de un acto administrativo anulado judicialmente? No
El contratista no es condenado en costas cuando no se acredita dolo o culpa grave de los ex funcionarios en la expedición de un acto administrativo anulado judicialmente, ya que la Sala considera que la entidad demandante no actuó con temeridad ni mala fe, elementos necesarios para la condena en costas. La Sala reitera que la acción de repetición no es un proceso ejecutivo, sino declarativo, donde se debate la responsabilidad de los agentes del Estado, y en este caso, la parte recurrente no logró demostrar la existencia de dolo o culpa grave. Por lo tanto, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandante, lo que implica que en casos similares, si no se acredita la mala fe o temeridad, no procederá la condena en costas.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿Resulta procedente condenar patrimonialmente al exgobernador de Boyacá demandado en repetición, por declarar el abandono del cargo de un funcionario el cual fue reintegrado y beneficiario de un indemnización ordenada mediante condena judicial, considerando que, dada la fecha de ocurrencia de los hechos, al caso sub lite no se le aplican las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001? No
El contratista no puede ser condenado patrimonialmente por el exgobernador de Boyacá en un medio de control de repetición, cuando el exgobernador declaró el abandono del cargo de un funcionario que fue posteriormente reintegrado y beneficiado con una indemnización judicial, debido a que la fecha de los hechos antecede a la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, por lo que la valoración de la conducta del agente estatal debe hacerse conforme al artículo 63 del Código Civil. Además, la sentencia que ordenó el reintegro y la indemnización no es prueba suficiente del elemento subjetivo de la acción de repetición, ya que no fue oponible al demandado ni examinó los elementos propios de la responsabilidad personal del agente estatal. Por lo tanto, la Sala confirma la decisión del tribunal que negó las pretensiones de la demanda, al no demostrarse el elemento subjetivo de la repetición.síntesis automática
¿Se acreditó la conducta dolosa o gravemente culposa de los exagentes del Estado como presupuesto de procedencia del medio de control de repetición? No
El demandante en el medio de control de repetición debe acreditar la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal como presupuesto de procedencia de la pretensión. En este caso, la Sala constata que en el escrito inicial se omitió describir el comportamiento de cada uno de los demandados y su incidencia particular en los hechos, lo que conduce a negar las pretensiones de la demanda. Adicionalmente, de conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no hay lugar a condenar en costas por tratarse de un proceso en el que se ventila un interés público para la protección del patrimonio público.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la calidad de ex agentes del Estado de los demandados?¿Procede la condena en costas en segunda instancia en el medio de control de repetición?
¿Cuenta con legitimación en la causa por pasiva el soldado conscripto a quien se le imputó el daño objeto de la constroversia, al considerar que desempeñó una función pública con características especiales? Sí
El soldado conscripto cuenta con legitimación en la causa por pasiva al ser considerado un agente del Estado que desempeña una función pública con características especiales, conforme a los artículos 6 y 90 de la Constitución Política y la Ley 678 de 2001, lo que le permite ser responsable en procesos de repetición siempre que se cumplan los requisitos legales y se acrediten los elementos necesarios. La demanda de repetición se presenta de forma oportuna al contar el término de caducidad desde la fecha efectiva del pago de la condena o el vencimiento del plazo para tal fin, según la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, el Consejo de Estado en segunda instancia no tiene competencia para conocer de un argumento nuevo que no fue presentado en la demanda y que cambia la causa petendi de la misma, ya que la sentencia está abocada a resolver sobre la responsabilidad de la administración con base en los antecedentes fácticos descritos en la demanda original.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna la demanda de repetición al contar el término de caducidad desde la fecha efectiva del pago de la condena o del vencimiento del plazo para tal fin?¿Tiene competencia el Consejo de Estado, en segunda instancia, para conocer de una argumento nuevo, no presentado en la demanda donde no se cuestionó un caracter intencional, eso es, doloso…¿Tienen valor probatorio las copias simples de documento?
¿Se acreditó que el demandado actuó con dolo o culpa grave? No
El contratista no acredita la existencia de dolo o culpa grave del agente estatal en una acción de repetición, ya que debe demostrar específicamente que el servidor público actuó con intencionalidad o negligencia grave que determinó la condena al Estado, y no basta con transcribir generalidades sobre presunciones. En este caso, la parte actora no identificó conducta alguna revestida de culpa grave o dolo que el demandado pudo desplegar en la condición de servidor público y, que además hubiera sido determinante en la condena impuesta al Estado, limitándose a transcribir de manera general y simultánea las presunciones de dolo y culpa grave, lo cual desconoce el derecho de defensa y debido proceso del demandado; además, tampoco se acreditaron los supuestos de hecho para que operaran las presunciones alegadas. Por lo tanto, se confirma la decisión que negó las pretensiones de la demanda porque a la demandante le correspondía acreditar que el demandado actuó con dolo o culpa grave y no lo hizo.síntesis automática
También resuelve:¿La Subsección se encuentra habilitada para emitir el fallo de repetición de manera anticipada?¿La prosperidad de la acción de repetición requiere que haya una condena, conciliación u otro acuerdo que implique la terminación de un conflicto…¿El régimen aplicable al medio de control de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-12-09Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 25000233600020230045801LEY 1437 REPETICION
¿En el medio de control de repetición para la procedencia de una medida cautelar se debe aportar prueba sumaria sobre el actuar que se le reprocha al demandado? Sí
El contratista debe aportar prueba sumaria sobre el actuar que se le reprocha al demandado para que procedan las medidas cautelares en el medio de control de repetición, ya que estas medidas buscan garantizar la efectividad del derecho en litigio y proteger el patrimonio público. La prueba sumaria debe demostrar el elemento subjetivo de la culpa grave del agente estatal, sin prejuzgar el fondo del asunto, y debe ser conducente, útil y pertinente para establecer la situación fáctica o acto jurídico en cuestión. La falta de acreditación de esta prueba sumaria implica la improcedencia de la medida cautelar solicitada. Además, la naturaleza del proceso de repetición como un asunto de interés público implica que la condena en costas no es procedente cuando la entidad actúa en defensa del erario público, independientemente de la vocación de prosperidad de los cargos presentados.síntesis automática
También resuelve:¿Se cumplió con el requisito de aportar prueba sumaria sobre la culpa grave del agente para la procedencia de la medida cautelar solicitada?¿En el medio de control de repetición procede la condena en costas?
¿Para probar el elemento subjetivo de la repetición -dolo o culpa grave- del agente del Estado, resulta suficiente aportar solo la copia de las sentencias que condenan al Estado a reparar el daño? No
El contratista no puede acreditar el elemento subjetivo de la repetición -dolo o culpa grave- del agente estatal únicamente con la copia de las sentencias que condenan al Estado a reparar el daño, ya que estas pruebas no individualizan la conducta y la gravedad de la responsabilidad del agente estatal. El juez debe valorar y calificar las pruebas conducentes, pertinentes y útiles que se aporten dentro de la oportunidad procesal establecida para tal fin, sin poder suplir la carga probatoria de las partes desequilibrando la relación jurídico procesal. En un proceso de repetición, el juez no puede atarse a la responsabilidad del Estado determinada en un juicio previo, sino que debe analizar la conducta del agente estatal de manera autónoma e independiente. Si el contratista no aporta pruebas adicionales que demuestren la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, la sentencia será confirmada, reforzando la necesidad de una prueba directa y completa para la prosperidad del medio de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Procede condenar en costas en el medio de control de repetición cuando es un asunto donde se ventila un interés público?
¿La Ley 678 de 2001 resulta aplicable al medio de control de repetición originado en los hechos del 20 de junio de 2006? Sí
El contratista está sujeto a la Ley 678 de 2001 para el medio de control de repetición originado en hechos ocurridos después de su entrada en vigencia, el 4 de agosto de 2001, ya que esta ley desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución y estableció las presunciones legales para calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público. La entidad estatal que pagó la condena por daños causados por un servidor público tiene legitimación en la causa por activa para promover la acción de repetición, mientras que los demandados deben contar con la calidad de agentes vinculados al momento de los hechos para tener legitimación en la causa por pasiva. La Sala reitera que la acción de repetición procede contra los agentes de la fuerza pública, salvo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adopte expresamente la renuncia a la persecución penal, lo que no se demostró en este caso. Esto implica que la entidad estatal puede ejercer su derecho constitucional de acudir a la jurisdicción para subsanar el desmedro patrimonial causado por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes.síntesis automática
También resuelve:¿La Nación–Ministerio de Defensa, Ejército Nacional tiene legitimación en la causa por activa para promover el medio de control de repetición y los demandados cuentan con legitimación en la causa por…¿Procede la repetición contra los agentes de la fuerza pública demandados cuando no se acredita su sometimiento a la JEP ni la adopción de medidas que excluyan dicha acción por conductas vinculadas…¿Las providencias judiciales aportadas al proceso permiten acreditar los hechos que les sirvieron de fundamento?
¿Procede la acción de repetición como medio judicial idóneo para el recobro contra agentes estatales cuando se acredita la existencia de una condena judicial, la calidad de servidor público y el pago de la indemnización, aun cuando los hechos ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001? Sí
El contratista no puede fundar una acción de repetición contra la entidad estatal para el recobro de una indemnización cuando los hechos que dieron origen a la condena judicial ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001, a menos que se acrediten la existencia de la condena, la calidad de servidor público del agente estatal y el pago de la indemnización. La Sala confirma que la acción de repetición es el medio judicial idóneo para el recobro, siempre y cuando se cumplan los presupuestos procesales y la demanda sea oportuna. Sin embargo, si el demandado no fue vinculado a las actuaciones penales, disciplinarias o de reparación directa, no se puede trasladar el juicio de valor realizado sobre su conducta para sustentar la responsabilidad patrimonial del Estado. Además, la culpa o imprudencia del agente estatal debe ser grave para que se declare su responsabilidad patrimonial, y no basta con acreditar una conducta culposa o imprudente. Si el demandado estuvo representado por un curador ad litem, la condena en costas es improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿Puede fundarse la responsabilidad del agente estatal en una acción de repetición en decisiones proferidas dentro de procesos penales…¿Es procedente declarar la responsabilidad patrimonial de un agente estatal en una acción de repetición cuando se acredita una conducta culposa o imprudente…¿La condena en costas es improcedente al acreditarse que el demandado estuvo representado por curador ad litem?
¿Se demostraron los tres elementos objetivos de la responsabilidad personal de los agentes del Estado? Sí
El contratista no puede obtener la repetición contra los agentes del Estado si no demuestra el elemento subjetivo de la responsabilidad personal, que requiere probar dolo o culpa grave, y no basta con acreditar la existencia de la condena al Estado y el pago efectivo del daño. La entidad demandante debe demostrar que la actuación de los agentes fue consciente y deliberada o negligente en grado sumo, lo que no ocurrió en este caso, ya que la única prueba presentada no evidencia tal comportamiento. La presunción de inocencia protege a los agentes del Estado, y la carga de desvirtuarla recae sobre quien alega el dolo o la culpa grave. Por tanto, la Sala confirma la sentencia que denegó la repetición, estableciendo que la responsabilidad del Estado no se traslada automáticamente a sus agentes sin acreditarse la conducta dolosa o gravemente culposa.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad demandante demostró el elemento subjetivo de la responsabilidad personal del agente?
¿En caso de no ser aplicables las presunciones en materia de repetición, el laudo arbitral por sí solo es prueba suficiente para demostrar la culpa grave de los demandados? No
Cuando la acción de repetición no puede apoyarse en las presunciones de dolo o culpa grave, el laudo arbitral ejecutoriado no basta por sí solo para demostrar la culpa grave del agente, y la entidad debe probar una conducta gravemente culposa o dolosa. La regla se sostiene en tres razones: la existencia del laudo, la calidad de agente y el pago pueden acreditarse, pero el elemento subjetivo exige analizar la conducta del demandado; cuando la demanda se limita a citar las presunciones legales sin la carga de argumentación mínima para aplicarlas, el juez debe analizar el elemento subjetivo desde el régimen común; y del laudo no se desprende un juicio de reproche contra el agente. En el caso, no se demostró que la conducta de los demandados fuera gravemente culposa ni dolosa, por lo que se confirmó la negativa de las pretensiones. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la demanda de repetición debe identificar y argumentar la presunción legal que invoca.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un Tribunal Administrativo?¿Procede la condena en costas a la parte vencida en el proceso?
¿La repetición solo opera en la medida en que se pueda imputar culpa grave o dolo al agente o ex agente estatal? Sí
La repetición solo opera en la medida en que pueda imputarse al agente o exservidor estatal culpa grave o dolo, pues no cualquier equivocación, error de juicio o actuación contraria al ordenamiento permite deducir responsabilidad patrimonial. La regla se apoya en el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución, que condiciona el reembolso a esa imputación subjetiva, y en que la calificación de la conducta debe analizarse conforme a la normativa vigente al momento de la actuación u omisión que determinó el pago cuya recuperación se pretende. Este criterio ofrece garantías en el ejercicio de la función pública, porque reconoce que no cualquier error del servidor puede ser fuente suficiente de responsabilidad patrimonial. En el asunto, la Sala confirmó la decisión de primera instancia que resolvió la acción de repetición. En la práctica, la entidad que pretende recuperar un pago debe demostrar la gravedad de la falla del servidor y no solo la existencia de un error.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante probó el dolo consistente en la desviación de poder de la ex Gerente de Empresas Públicas de Medellín E.S.P en la adopción de la decisión que declaró insubsistente un…¿No procede la condena en costas en aquellos procesos en los que se ventila un interés público porque se busca la protección del patrimonio público?
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las demandas promovidas por entidades públicas condenadas al pago de perjuicios por actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores o exservidores públicos, con el fin de obtener el reembolso de los dineros pagados conforme al artículo 129 del CCA, el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En el presente proceso, la corporación determinó su competencia funcional en segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el tribunal administrativo dentro de la acción de repetición, confirmando la decisión denegatoria de las pretensiones de la demanda al no acreditarse los requisitos de responsabilidad.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición es procedente para que la entidad pública busque la recuperación de las sumas de dinero a las que fue condenada por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes?¿La demanda fue presentada dentro del término para la acción de repetición?¿Las partes se encuentran legitimadas para acudir al proceso?
¿Se presentó de forma oportuna la presente acción de repetición, cuando se observa que el pago de la condena se realizó antes del vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del CCA? Sí
Cuando el pago de la condena se realiza antes del vencimiento del plazo de dieciocho meses del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, el término de dos años para presentar la demanda de repetición se cuenta desde la fecha del pago, según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. La razón es que el pago se efectuó antes de que venciera ese plazo, de modo que la caducidad corre desde esa fecha, y la demanda, presentada dentro de los dos años siguientes, fue oportuna. En el caso, la sentencia penal absolutoria, que declaró la legítima defensa del agente que disparó con su arma de dotación contra un civil, hizo tránsito a cosa juzgada. Por esa razón, la Sala concluyó que no se acreditó el elemento subjetivo de la repetición, revocó la condena contra el agente y negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que, en pagos anteriores al plazo, la caducidad corre desde el pago, pero la absolución penal por legítima defensa impide la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial del agente estatal demandado en repetición por disparar a un civil con su arma de dotación oficial…
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de repetición? Sí
La acción de repetición caduca al vencimiento de dos años contados desde el día siguiente al pago total efectuado por la entidad, y que, cuando el pago se realiza antes del vencimiento del plazo para cumplir la condena, el término se cuenta desde ese pago. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo fija el término bienal desde el pago total. Segunda, el término empieza a correr desde la fecha efectiva del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo previsto en el artículo 177 del mismo código, lo que ocurra primero. Tercera, el término se suspende mientras transcurre la conciliación extrajudicial, y en el caso la demanda se presentó dentro del término así computado. La providencia revoca la decisión que había declarado la caducidad y, con ello, resuelve el examen de fondo sobre la culpa grave del agente. La consecuencia práctica es que la oportunidad de la demanda de repetición se verifica con la fecha exacta del pago y con las suspensiones que la ley reconoce, y no con la fecha de la condena.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación del agente que causó el daño por el cual se condenó al Estado fue cometida con culpa grave?¿Procede la condena contra el agente demandado por el total del capital pagado por la entidad en el proceso de reparación directa?
¿El demandado está obligado a reembolsar al Ejército Nacional el valor de la conciliación celebrada, por cuanto su actuación fue dolosa? Sí
La presunción de dolo del numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 no se estructura cuando no obra en el proceso prueba de que el agente haya sido condenado a título de dolo, penal o disciplinariamente, de modo que la aprobación de una conciliación no suple esa condena ni valora la culpabilidad del agente. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presunción depende de una decisión previa que declare el dolo del servidor, y el auto que aprueba el acuerdo conciliatorio no se pronuncia sobre su comportamiento ni sobre su culpabilidad. Segundo, la ausencia de esa condena no excluye que el dolo se demuestre por otros medios, pues de las pruebas del proceso puede colegirse que el agente obró con móviles personales y con la intención de causar un daño. La providencia confirma la condena de repetición, al concluir que el dolo se acredita con los medios de prueba del proceso; en la práctica, la entidad puede demostrar el dolo con elementos propios del proceso aunque no pueda invocar la presunción.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de repetición debe presentarse en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena?¿La condena en costas es procedente en la acción de repetición porque en esta se ventilan intereses patrimoniales de las entidades públicas?
¿El régimen aplicable a la acción de repetición se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena y el tiempo en el que estos acaecieron? Sí
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, en garantía del derecho al debido proceso, contenido en el artículo 29 constitucional, es necesario definir la norma sustancial vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos. En concreto, el reconocimiento de la mora se causó desde el 06 de abril de 1999 hasta el 18 de julio de 2001, precisando que la Ley 678 de 2001 entró en vigencia el 04 de agosto de 2001.
También resuelve:¿Los demandados incurrieron en culpa grave al incumplir de forma inexcusable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995…¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿La entidad demandante acreditó que los agentes estatales demandados obraron con dolo o culpa grave en la expedición de una licencia de construcción, cuya nulidad fue declarada por el Tribunal Administrativo de Boyacá? No
En la acción de repetición, la entidad demandante debe probar que los agentes estatales obraron con dolo o culpa grave al expedir el acto cuya nulidad se declaró, y que las consideraciones de las sentencias dictadas en otro proceso no son oponibles a agentes que no fueron parte de él, por lo que no sirven para probar el elemento subjetivo. Una razón es que los medios de prueba aportados no evidenciaron intención de causar el daño ni una negligencia extrema que permitiera presumir la culpa grave; las pruebas documentales solo acreditaron que los demandados participaron en el trámite administrativo, pero no que hubieran omitido notificar a los vecinos o motivado deficientemente el permiso por un comportamiento negligente o malintencionado. Otra razón es que el acta del comité de conciliación solo acredita la decisión de iniciar la repetición y sus consideraciones sobre la culpa grave no permiten demostrar ese presupuesto. En el caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones, al considerar acreditados los elementos objetivos. Su consecuencia práctica es que el dolo o la culpa grave deben demostrarse con la conducta propia de cada agente y no con las decisiones tomadas en procesos en los que no intervino.síntesis automática
También resuelve:¿Procede condenar en costas al demandante vencido en el proceso de repetición y al cual se le resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación?