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Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2024-09-13Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000233600020190062901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se ordena oficiar a la Procuraduría General de la Nación, para que remita copia de los expedientes de los procesos disciplinarios que haya o esté adelantando con ocasión de la licitación pública? Sí
La Sala, previo a resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, en ejercicio de sus facultades oficiosas en materia probatoria -artículo 213 de la Ley 1437 de 2011-, ordenará oficiar a la Procuraduría General de la Nación, para que, de existir, remita copia de los expedientes de todos los procesos disciplinarios que haya o esté adelantando en contra de cualquier sujeto, con ocasión de la licitación pública… , que se surtió para la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de Chía.
También resuelve:¿Se discute si el contrato de concesión que surgió de la licitación adjudicada fue celebrado con desviación o abuso de poder?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2024-07-03Sala Consulta y Servicio CivilMARIA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020240017700CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 6 Primera para la Contratación Estatal, es la autoridad competente para continuar conociendo de la actuación disciplinaria iniciada por la Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA, por las posibles irregularidades en que pudieron incurrir servidores públicos y contratistas de esa misma entidad en la ejecución de varios contratos de obra e interventoría? Sí
Así las cosas, se evidencia que el proceso disciplinario que generó el presente conflicto de competencia administrativa, según lo afirma la Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA, involucra a determinados servidores públicos de dicha autoridad y a particulares disciplinables, «bajo su condición de contratistas y/o interventores».
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2022-07-15Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 13001233100020080071201ACCION CONTRACTUAL
¿La Sala considera que es necesario decretar pruebas de oficio? Sí
Cuando el proceso se encuentra en apelación y el esclarecimiento de la verdad lo exige, la Sala puede decretar pruebas de oficio, de acuerdo con el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 37 del Decreto 2304 de 1989. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la decisión de la Procuraduría que finalizó el proceso disciplinario sobre los contratos de urgencia, y los soportes de los pagos realizados por la entidad contratante, son necesarios para verificar la ejecución del contrato. La segunda es que, como la fundación demandada está representada por un curador ad litem, los gastos de la práctica de la prueba deben asumirlos la parte actora. En el caso concreto la Sala decretó esas dos pruebas, pero no llegaron al proceso, porque no se consignó el valor de las copias requeridas a la Procuraduría y tampoco se aportó la constancia ni los soportes del pago. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Se estima necesario decretar algunos medios de prueba documental?¿Se aportó al proceso la constancia y los soportes del pago realizado por el Departamento de Bolívar?
¿La parte actora debió probar que los demandados en repetición actuaron de forma grosera, negligente, despreocupada o temeraria? Sí
En la acción de repetición, la parte actora debe probar la conducta del agente que reprocha como gravemente culposa, pues incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. La regla se apoya en el artículo 167 del Código General del Proceso y en que las decisiones adoptadas en otros procesos no bastan por sí solas para acreditar el elemento subjetivo del agente. Por ello, la ausencia de medios que demuestren irregularidades en la planeación y ejecución de la operación impide determinar la culpa grave. En el asunto, la actora aportó decisiones de otros procesos, pero no probó que los militares al mando actuaran de forma grosera, negligente, despreocupada o temeraria, y la Sala confirmó la sentencia de primera instancia. En la práctica, la entidad que repite debe aportar pruebas directas de la conducta del agente y no solo decisiones previas que la condenaron.síntesis automática
También resuelve:¿La imputación de la conducta gravemente culposa de los demandados, formulada por la parte actora, se basa en las decisiones adoptadas en el marco de los procesos disciplinario y de reparación…¿La acción de repetición es autónoma e independiente del proceso que le dio origen, razón por la que deben ser allegadas las pruebas que logren demostrar el actuar culposo de los demandados?¿No cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, ni cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir la responsabilidad pues debe comprobarse la gravedad de la…
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso de repetición en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
Cuando se trata de un proceso de repetición, el Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación en segunda instancia por el factor objetivo de la cuantía de la pretensión, conforme a los artículos 149, 152 y 155 de la Ley 1437 de 2011. La regla se sostiene en tres razones: el código regula de manera expresa la competencia funcional de la repetición; derogó el criterio de conexidad del artículo 7 de la Ley 678 de 2001; y, junto al factor subjetivo para los procesos de única instancia, introdujo el factor objetivo por cuantía para los de doble instancia. En el caso, la pretensión de repetición superó la cuantía fijada en la norma, por lo que la sala asumió la competencia para decidir la alzada contra el fallo de primera instancia. El documento aborda también la caducidad de la repetición, pero no fija una regla distinta; la consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión de repetición determina la instancia en que se resuelve.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad para el medio de control de repetición?¿Las pruebas practicadas en el proceso disciplinario adelantado contra el demandado cumplen los requisitos para ser valoradas en el proceso contencioso administrativo?¿En la demanda del medio de control de repetición procede la doble atribución de la conducta del demandado a través de la culpa grave y dolo?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2024-12-05Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000232600020080013402ACCION CONTRACTUAL
¿El impedimento manifestado por la Conjuez, esto es, haber representado legalmente al director de la entidad demandada en un proceso que se adelantó con fundamento en los mismos hechos que dieron origen a este proceso, encuadra en una de las circunstancias descritas en la causal 12 del artículo 141 del Código General del Proceso? Sí
El impedimento de un conjuez debe declararse fundado cuando este hubiera representado legalmente al director de la entidad demandada en un proceso adelantado con fundamento en los mismos hechos que dan origen al litigio, pues esa situación encuadra en la causal 12 del artículo 141 del Código General del Proceso, que corresponde al numeral 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil. En este caso, la conjuez manifestó su impedimento porque había representado legalmente al director de la entidad, quien fue sancionado mediante decisión disciplinaria de la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal en un proceso que se basó en los mismos hechos de la controversia contractual. La providencia verificó que la manifestación obedecía a una de las circunstancias descritas en la ley y, en consecuencia, declaró fundado el impedimento. La decisión aplica la causal sin introducir matices y confirma que la representación judicial previa en hechos idénticos configura el impedimento.síntesis automática
2018_11001-03-25-000-2012-00355-00_1356-122018-09-20Sección Segunda
PROCESO DISCIPLINARIO,ACTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS,CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL,FALTA DISCIPLINARIA – Principio de legalidad,Presunción de inocencia,Control de legalidad,Parámetros del control judicial,Integralidad,Apropiación presupuestal,Disponibilidad,Libre afectación,Inexistencia de partidas o disponibilidades presupuestales – Mes: septiembre – Año: 2018…
¿El cómputo del término de la acción de repetición inicia desde el dia siguiente a la realización del pago de la condena por parte de la entidad del Estado? Sí
El término de caducidad de la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al pago de la condena cuando este se efectúa antes del vencimiento del plazo de dieciocho meses que tiene la administración desde la ejecutoria de la sentencia, y si el último día cae en vacancia judicial, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el pago ocurrió antes de que venciera el plazo de dieciocho meses, de modo que los dos años corren desde el día siguiente al pago. La segunda es que, al vencerse el término, la Rama Judicial se encontraba en vacancia, por lo que la demanda se presentó el primer día hábil, con lo cual resultó oportuna. En el mismo caso, el régimen aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la condena, por lo que las presunciones de la Ley 678 de 2001 no se aplican cuando los hechos ocurrieron antes de su vigencia. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que la Sala analiza el elemento subjetivo de culpa grave o dolo.síntesis automática
También resuelve:¿Las previsiones de la Ley 678 de 2001 se aplican para hechos ocurridos a partir de su vigencia?¿Se acredito en debida forma la condena contra el Estado para la procedencia de la acción de repetición?¿Se acredito en debida forma el pago de la condena en favor de la víctima del daño antijurídico?
2019_11001-03-25-000-2012-00340-00_1338-122019-01-24Sección Segunda
AGRO INGRESO SEGURO,CIENCIA,TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,DELEGACIÓN,CONTRATACIÓN ESTATAL,CONTRATO ESTATAL,INTERVENTORÍA,FUNCIÓN ADMINISTRATIVA,PROCESO DISCIPLINARIO,VERSIÓN LIBRE,LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO,CONTROVERSIAS CONTRACTUALE – Finalidad,Objetivo,Convenios,Tipologías,Convenios de la administración,Definición,Propósito,Fundamento normativo,Decreto 393 de 1991,Contratación directa,Causal,Convenio especial de cooperación,Estatuto general de contrataci – Mes: enero – Año: 2019…
También resuelve:Agro ingreso seguro: finalidad, objetivoCiencia, tecnología e innovación: convenios, tipologías, convenios de la administración, definiciónDelegación: concepto, normativa, acto, solemnidad
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2026-05-28Sala Consulta y Servicio CivilANA MARÍA CHARRY GAITÁNRad. 11001030600020260012300CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado debe abstenerse de resolver ante la inexistencia de un conflicto de competencias, pues existen dos actuaciones administrativas particulares y concretas, en las que no se materializó un reclamo o rechazo de competencia en forma simultánea o sucesiva respecto de la misma actuación administrativa? Sí
El juez administrativo resuelve declarar la inexistencia de conflicto de competencias administrativas cuando concurren actuaciones disciplinarias independientes y distintas sobre un mismo contrato. La entidad competente determina que, si bien las investigaciones se originan en la ejecución del contrato núm. 792 de 2021, cada una investiga una conducta disciplinaria autónoma y distinta, sin que exista un reclamo o rechazo simultáneo o sucesivo frente a una actuación única. En consecuencia, conforme a la Ley 1437 de 2011, la Ley 1952 de 2019 y la Ley 2080 de 2021, la autoridad administrativa archiva el falso conflicto al constatar la plena independencia de las actuaciones disciplinarias adelantadas.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2025-03-25Sala Consulta y Servicio CivilJUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZRad. 11001030600020250001700CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿El Fondo Nacional del Ahorro, a través de la Secretaría General - Gerencia de Instrucción Disciplinaria, es la autoridad competente para conocer y asumir la investigación disciplinaria iniciado en contra de los funcionarios que fungieron como vicepresidentes de riesgo y vicepresidentes de gestión humana y administrativa de la entidad, para la época en que fungieron como supervisores de un contrato? Sí
La Sala encuentra que la Gerencia de Instrucción Disciplinaria del Fondo Nacional del Ahorro es la autoridad competente para continuar con el proceso disciplinario iniciado en contra de los funcionarios que ejercieron los cargos de vicepresidentes de riesgo y, de gestión humana y administrativa del FNA para la época en que fungieron como supervisores del contrato núm. 64 del 30 de abril de 2018, por las siguientes razones: De conformidad con los manuales de funciones y de competencias laborales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del FNA, el secretario general de la entidad dirige la gestión de control interno disciplinario y, mediante la Gerencia de Instrucción Disciplinaria se ejecuta la instrucción de los procesos disciplinarios en primera instancia.
¿La no presentación de la demanda de repetición dentro de los seis meses siguientes al pago total de la condena no implica que la entidad pública pierda legitimación para demandar en acción de repetición, sino, que habilita para que otras autoridades públicas lo hagan? Sí
El contratista no pierde legitimación para demandar en acción de repetición por no presentar la demanda dentro de los seis meses siguientes al pago total de la condena, sino que esta omisión habilita a otras autoridades públicas, como el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, para ejercer dicha acción. Esta interpretación se basa en la lectura adecuada del artículo 8 de la Ley 678 de 2001, que establece los plazos y requisitos para la acción de repetición, sin implicar la pérdida de legitimación del contratista. La regla reitera la jurisprudencia existente y permite que otras entidades interpongan la acción de repetición en caso de incumplimiento por parte del contratista original, manteniendo así la efectividad de la acción en beneficio del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Para que proceda la acción de repetición, deben cumplirse o configurarse ciertos presupuestos, el primero de ellos, es que exista una condena al Estado por motivo de reparación de un daño…¿Para dar aplicación a la presunción del numeral 1 de la Ley 678 de 2001, la cual hace referencia a la violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho…¿La versión libre no se trata de un medio de prueba de obligatoria declaración y como derecho que es del investigado, este puede optar por guardar silencio y es de estricto cumplimiento solamente…
[D]eterminar si los actos administrativos demandados transgreden los artículos 6.°, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política, los artículos 3.°, 6.° y 137 de la Ley 1437 de 2011, y los artículos 5.° y 7.° del Acuerdo 002 de 2011, por cuanto la entidad demandante otorgó título profesional de abogado a un estudiante que incumplió los requisitos de grado “[…] esto es, sin haber presentado y/o aprobado todos los exámenes preparatorios o pruebas de suficiencia en idioma extranjero, contemplados en la ley y en los reglamentos internos de dicho ente universitario […]” Sí
El contratista no puede obtener el título de abogado si incumple los requisitos establecidos por la universidad en sus reglamentos internos, como la aprobación de exámenes preparatorios, ya que estos son vinculantes para toda la comunidad educativa y aseguran la calidad de la formación académica. La universidad debe demostrar que el estudiante no cumplió con todos los requisitos para optar por el título, y en este caso, la entidad no presentó suficiente evidencia de que el estudiante hubiera aprobado los exámenes preparatorios requeridos, lo que implica que el acto administrativo que otorgó el título es nulo. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la autonomía universitaria y la obligación de cumplir con los requisitos académicos establecidos por las universidades para la obtención de títulos profesionales.síntesis automática
¿Puede la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado modificar el orden cronológico de fallo y otorgar prelación a un proceso de repetición, con fundamento en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 y la decisión interna adoptada en sesión y acta 15 del 5 de mayo de 2005? Sí
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado puede modificar el orden cronológico de fallo y otorgar prelación a un proceso de repetición, conforme al artículo 18 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, así como a la decisión interna adoptada en sesión y acta 15 del 5 de mayo de 2005, que considera la naturaleza del asunto para determinar un orden temático preferente. La Sala confirma que el juez de segunda instancia puede limitar su competencia al análisis de los reparos concretos formulados por el apelante, conforme al artículo 320 del Código General del Proceso, y confirmar la decisión de primera instancia cuando no se presentaron cuestionamientos específicos. Además, la condena en costas es procedente en el medio de control de repetición, incluso cuando la parte demandada está representada por un curador ad litem, ya que las costas y gastos procesales no se refieren a la labor del curador sino a los costos incurridos durante el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez de segunda instancia limitar su competencia al análisis de los reparos concretos formulados por el apelante, conforme al artículo 320 del Código General del Proceso…¿Procede la condena en costas en el medio de control de repetición cuando la parte demandada está representada por un curador ad litem, conforme a la normativa del Código General del Proceso?
Determinar si los actos administrativos demandados transgreden los artículos 6°, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política, los artículos 3°, 6° y 137 de la Ley 1437 de 2011, los artículos 5° y 7° del Acuerdo 002 de 2011, por cuanto la entidad demandante otorgó título profesional de abogado a un estudiante que incumplió los requisitos de grado “[…] esto es, sin haber presentado y/o aprobado todos los exámenes preparatorios o pruebas de suficiencia en idioma extranjero, contemplados en la ley y en los reglamentos internos de dicho ente universitario […]”. Sí
El contratista no puede obtener el título de abogado si incumple los requisitos de grado establecidos por la universidad, como la aprobación de exámenes preparatorios y pruebas de suficiencia en idioma extranjero, ya que estos son componentes obligatorios del currículo académico y la universidad tiene la facultad de exigirlos para garantizar la calidad de la formación de sus egresados. La entidad universitaria debe acreditar que el estudiante no cumplió con todos los requisitos, y el sistema de registro de notas SIMCA no es el único mecanismo para verificar la información académica, ya que existen archivos físicos y contables que sirven como soporte. La Sala anuló el acto administrativo que otorgó el título profesional, reiterando la jurisprudencia sobre la autonomía universitaria y la obligación de cumplir con los requisitos académicos establecidos.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2022-09-28Sala Consulta y Servicio CivilOSCAR DARIO AMAYA NAVASRad. 11001030600020220011500CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿Procede declarar la falta de competencia de todas las autoridades involucradas en el presente conflicto, para adelantar un proceso disciplinario en contra de tres contratistas de prestación de servicios de la Alcaldía Municipal de Villagómez, toda vez que estos últimos no son sujetos disciplinables al ser particulares que no ejercen funciones públicas? Sí
Son sujetos disciplinables los particulares que ejerzan de manera permanente o transitoria funciones públicas, administren recursos públicos o cumplan labores de interventoría o supervisión. Por lo tanto, no todo contratista estatal tiene la calidad de sujeto disciplinable, pues, como ya se señaló, lo que lo hace sujeto de dicha acción es que, en virtud del contrato celebrado, el particular desarrolle dichas funciones.… Frente al caso concreto, se advierte que… los objetos de los contratos de apoyo a la gestión no se enmarcan dentro de los supuestos exigidos por la ley para que los contratistas sean considerados sujetos de la acción disciplinaria, pues, se insiste, solamente cuando el particular ejerza funciones públicas, administre recursos públicos o cumpla labores de interventoría o supervisión puede considerarse sujeto disciplinable en los términos del estatuto disciplinario vigente, lo cual no se advierte en el presente caso.
¿El demandado está obligado a reembolsar al Ejército Nacional el valor de la conciliación celebrada, por cuanto su actuación fue dolosa? Sí
La presunción de dolo del numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 no se estructura cuando no obra en el proceso prueba de que el agente haya sido condenado a título de dolo, penal o disciplinariamente, de modo que la aprobación de una conciliación no suple esa condena ni valora la culpabilidad del agente. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presunción depende de una decisión previa que declare el dolo del servidor, y el auto que aprueba el acuerdo conciliatorio no se pronuncia sobre su comportamiento ni sobre su culpabilidad. Segundo, la ausencia de esa condena no excluye que el dolo se demuestre por otros medios, pues de las pruebas del proceso puede colegirse que el agente obró con móviles personales y con la intención de causar un daño. La providencia confirma la condena de repetición, al concluir que el dolo se acredita con los medios de prueba del proceso; en la práctica, la entidad puede demostrar el dolo con elementos propios del proceso aunque no pueda invocar la presunción.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de repetición debe presentarse en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena?¿La condena en costas es procedente en la acción de repetición porque en esta se ventilan intereses patrimoniales de las entidades públicas?
¿La caducidad de la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha del pago de la condena? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de repetición más allá de los dos años contados a partir del día siguiente al pago de la condena, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses para que la entidad efectúe el pago, según lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 136 y el inciso 4 del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se mantiene consistente con precedentes anteriores y refuerza la seguridad jurídica al establecer un plazo definido para el pago y la demanda, evitando indefinición y asegurando que la administración no pueda prolongar indefinidamente el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la caducidad de la acción de repetición al haber transcurrido más de dos años desde el pago de la sentencia condenatoria proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del…
¿En el plenario del medio de control de repetición, existe prueba sobre la materialización de la imputación subjetiva contra los demandados a título de culpa grave? No
Cuando se pretende la repetición contra miembros de la fuerza pública, las sentencias disciplinarias y las de reparación directa no prueban por sí solas la culpa grave, pues el dolo y la culpa grave son presupuestos de carácter personal que deben establecerse respecto de cada agente. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el fallo de reparación directa es un elemento de juicio insuficiente para valorar la conducta del agente. Segunda, la parte actora no solicitó la práctica de otros elementos de juicio idóneos para acreditar el elemento subjetivo. Tercera, los antecedentes administrativos aportados por la entidad se refieren a un informativo sobre pérdida de material de guerra y no tienen relación directa con los daños por los que el Estado fue condenado. En consecuencia, como no se aportaron pruebas idóneas, las pretensiones debían negarse y se confirmó la sentencia apelada. El documento reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el valor limitado del fallo de reparación directa.síntesis automática
También resuelve:¿La parte actora asumió que el elemento de la culpa grave se desprendía de la sentencia proferida dentro de la reparación directa?¿El demandante tiene la carga de indicar qué conductas específicas son atribuibles al demandado?¿La parte actora tenía la carga de acreditar que los demandados actuaron con culpa grave en los hechos?
¿Corresponde a la Sala conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en un proceso de control de repetición cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado en un proceso de control de repetición cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en los artículos 142, 150 y 152 numeral 9 de la Ley 1437 de 2011. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo confirma que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer estos recursos, ya que el medio de control de repetición es una acción patrimonial que busca reembolsar al Estado por daños causados por actos dolosos o gravemente culposos de servidores públicos. La caducidad del medio de control de repetición se rige por el régimen jurídico vigente al inicio del proceso, según el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que implica que el cómputo del plazo para el pago de la condena se ajusta a las disposiciones del Decreto 01 de 1984. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para conocer estos casos y establece las reglas sobre caducidad aplicables, lo que garantiza la seguridad jurídica en la interposición de recursos de apelación en procesos de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente interponer el medio de control de repetición contra un servidor público o particular que, actuando con dolo o culpa grave…¿Son aplicables al presente asunto las disposiciones procesales sobre caducidad previstas en el Código Contencioso Administrativo…¿Es procedente la acción de repetición cuando se presenta la demanda dentro del plazo de los dos años contados a partir del pago realizado por la administración?