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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-11-07Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000232600020120023302ACCION CONTRACTUAL
¿Deben declararse saneadas las presuntas irregularidades procesales advertidas por la demandada IDRD, debido a que la parte interesada actuó sin señalar oportunamente la existencia de las anomalías y no formuló recursos contra las providencias que decidieron continuar con el trámite? Sí
El contratista no puede alegar oportunamente las irregularidades procesales que no fueron impugnadas en su momento, conforme al artículo 144 del Código Contencioso Administrativo, que establece que la nulidad se considerará saneada si la parte interesada no la señala oportunamente. Además, el artículo 140, parágrafo 1, del mismo código indica que las irregularidades procesales se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente. En este caso, la entidad demandada no señaló la existencia de las anomalías ni formuló recursos contra las providencias que decidieron continuar con el trámite, por lo que las presuntas irregularidades se consideran saneadas. Esto implica que las partes deben actuar con diligencia en la identificación y oposición de las irregularidades procesales para evitar que estas sean consideradas subsanadas por omisión.síntesis automática
También resuelve:¿Compete al Consejo de Estado conocer del recurso de apelación interpuesto contra las providencias de los tribunales administrativos que resuelven sobre la liquidación de las condenas?¿La indexación es un instrumento para hacer frente a los efectos de la inflación en el campo de las obligaciones dinerarias, es decir…¿Debe realizarse la indexación de las condenas impuestas en la sentencia hasta la fecha de expedición del auto que resolvió el incidente de liquidación y, en este caso…
¿Es procedente repetir lo pagado por indexación? No
El contratista no puede repetir lo pagado por indexación ya que esta actualización monetaria representa el mismo valor que se pagó originalmente, y la pérdida de capacidad adquisitiva debe ser asumida por la entidad estatal como una forma de compensación por haber tenido el capital a su disposición durante un tiempo. En este caso, la Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga no sufrió una afectación patrimonial al pagar la indexación, lo que implica la ausencia de uno de los presupuestos esenciales para ejercer el medio de control de repetición. La Sala consideró que la repetición es una acción subsidiaria para proteger el patrimonio público, y dado que no hubo detrimento patrimonial, las pretensiones del medio de control de repetición son improcedentes. Esto implica que el contratista no puede exigir la restitución de sumas pagadas por indexación, ya que no se ha producido un detrimento patrimonial del Estado que pueda ser imputado a la conducta del agente estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El pago de la indexación por parte de la corporación autónoma demandante no le representó una afectación patrimonial?¿El medio de control de repetición solo se activa cuando ocurre un detrimento patrimonial del Estado que puede ser imputable a la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes?¿La restitución del dinero adeudado por el Estado a un ciudadano que no tenía la obligación legal de asumir patrimonialmente una contribución por valorización…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2026-02-27Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020170045901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez puede emitir una aclaración cuando la parte solo expresa inconformidades con la decisión sin señalar un punto de la sentencia que cause duda real o afecte su cumplimiento, conforme al principio de inmutabilidad? No
El juez niega la solicitud de aclaración o adición de una providencia cuando la parte interesada se limita a expresar inconformidades con la decisión adoptada sin demostrar la existencia de frases dudosas o puntos litigiosos omitidos. Conforme al principio de seguridad jurídica y de inmutabilidad consagrado en el Código General del Proceso, las sentencias son irreformables por el mismo funcionario judicial que las profiere, y los mecanismos de aclaración y adición tienen un carácter restrictivo que impide de manera absoluta reabrir el debate procesal ya decidido en el litigio.síntesis automática
¿Se acredita el incumplimiento del contrato por parte del contratista demandado? Sí
El contratista no cumple con sus obligaciones contractuales si no presenta los informes mensuales de sus actividades en los términos acordados, lo cual puede ser considerado un incumplimiento grave que genera mora y un perjuicio patrimonial para la entidad estatal, especialmente cuando el contratista no demuestra que la intervención administrativa de la entidad haya impedido el cumplimiento de sus obligaciones. En este caso, el contratista no radicó informes mensuales durante el período estipulado, y la entidad estatal no pudo verificar su cumplimiento, lo que llevó a la Sala a declarar el incumplimiento del contrato. Además, la Sala determinó que la actualización de la cláusula penal y del valor no ejecutado del pago anticipado no es procedente hasta que no se declare el incumplimiento del contrato, y que la indexación del valor no ejecutado del pago anticipado debe hacerse desde la fecha de su entrega al contratista hasta la ejecutoria de la sentencia, pero no puede superar el valor asegurado en la póliza.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la actualización de la cláusula penal y del valor no ejecutado del pago anticipado?
¿El demandando cuenta con legitimación en la causa por pasiva en el presente proceso de repetición, considerando que, pese a que no profirió el oficio que fue debatido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad demandante le atribuyó la causación del daño a su conducta dolosa o gravemente culposa? Sí
El demandado cuenta con legitimación en la causa por pasiva en un proceso de repetición cuando la entidad demandante le atribuye la causación del daño a su conducta dolosa o gravemente culposa, independientemente de que no haya sido el responsable directo del acto administrativo cuestionado. En este caso, a pesar de que el demandado no profirió el oficio en cuestión, la entidad demandante le atribuyó la responsabilidad por el pago de la diferencia salarial y prestacional debido a que le asignó las funciones que dieron lugar a ese pago. La Sala estableció que la legitimación en la causa por pasiva no requiere que el demandado haya sido el autor del acto administrativo, sino que su conducta haya causado el daño. Sin embargo, la Sala también determinó que el pago realizado por concepto de reajustes salariales, prestaciones sociales y aportes a seguridad social no constituye un daño en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, ya que estos pagos corresponden a la remuneración legítima por los servicios prestados, y por lo tanto, no hay lugar a condenar en repetición. Esto implica que la entidad estatal no puede recuperar el valor de estas sumas a través de la acción de repetición, ya que no se consideran un daño causado por la conducta del agente estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a condenar en repetición al agente del Estado demandado, por el pago realizado por la entidad demandante por concepto de reajustes de salarios…¿La indexación de las sumas pagadas por concepto de diferencias de salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social, constituye un daño que deba ser reintegrado en sede de repetición?
¿Debe declararse el incumplimiento de las obligaciones del contratista, al no presentar todos los documentos requeridos para adelantar el cierre ambiental del contrato de obra? Sí
El contratista incumple el contrato de obra al no presentar todos los documentos necesarios para el cierre ambiental, incluyendo una certificación de no inicio de procesos administrativos por incumplimiento ambiental, lo que impide el cierre ambiental del contrato. La entidad contratante puede declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria con cargo a la póliza de cumplimiento, sin necesidad de acreditar la afectación patrimonial, ya que la cláusula penal se pactó como estimación anticipada de perjuicios. Además, la prolongación del incumplimiento no constituye una agravación del riesgo asegurado que obligue a notificar a la aseguradora, sino el acaecimiento del siniestro amparado. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la efectividad de la cláusula penal y la obligación de informar cambios en el riesgo asegurable, facilitando la aplicación de sanciones en casos de incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria con cargo a la póliza que ampara el contrato de obra, por el incumplimiento de las obligaciones del contratista…¿Resulta procedente la graduación del monto de la cláusula penal pecuniaria por el cumplimiento proporcional de las obligaciones a cargo del contratista…¿La condena de primera instancia impuesta por el incumplimiento del contrato de obra, sobrepasó los límites de la póliza de cumplimiento…
¿Procede la acción de repetición en casos en los que la entidad estatal pretende recuperar el valor de la reparación patrimonial que tuvo que asumir por la conducta dolosa o gravemente culposa cometida por uno de sus agentes? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de repetición para recuperar el valor de la reparación patrimonial que la entidad estatal tuvo que asumir por la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes, ya que estas sumas no constituyen un daño en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, sino que corresponden a la remuneración por los servicios prestados y no implican una alteración de las condiciones preexistentes. Además, la indexación o actualización monetaria de las sumas pagadas no se considera un daño, sino un reconocimiento basado en la equidad para mantener la capacidad adquisitiva del dinero en el tiempo. La pretensión de repetición debe fijarse según el valor total y neto de la condena impuesta al Estado, sin incluir los intereses causados después de la ejecutoria de la sentencia. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, estableciendo criterios precisos para determinar la procedencia de la acción de repetición en casos de responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Las sumas de dinero que se paguen por concepto de diferencia salarial, prestacional y de aportes a seguridad social corresponden a la remuneración por los servicios que prestó a la entidad el…¿La indexación o actualización monetaria que se realiza a las sumas pagadas no constituye un daño, al contrario, es un reconocimiento que se funda en la equidad…¿La pretensión de repetición debe fijarse según el valor total y neto de la condena que se impuso al Estado, sin tomar en cuenta los intereses que se lleguen a causar?
¿Es procedente que la Sala se pronuncie en segunda instancia sobre los recursos interpuestos contra la sentencia de primer grado cuando no se configura ninguna causal de nulidad procesal y se verifican los presupuestos procesales? Sí
El juez de segunda instancia se pronuncia sobre los recursos interpuestos contra la sentencia de primer grado cuando se verifica el cabal cumplimiento de los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda y legitimación en la causa por activa y por pasiva, y no se advierte la configuración de ninguna causal de nulidad procesal. En este litigio derivado de un contrato interadministrativo suscrito entre un municipio y una empresa industrial y comercial del Estado, se evaluaron las obligaciones recíprocas y equivalentes de carácter conmutativo y oneroso.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo celebrado entre el municipio y la empresa pública puede calificarse integralmente como un contrato interadministrativo…¿Puede considerarse que el contrato interadministrativo es nulo por objeto ilícito cuando, aunque no exista una prohibición de subcontratar…¿Debe ordenarse la restitución total de los recursos entregados en un contrato declarado nulo por objeto ilícito cuando no se demuestra que las prestaciones ejecutadas hayan generado un beneficio…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-11-25Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000232600019990115504ACCION CONTRACTUAL
¿El ánimo de poseer del inmueble de buena fe cesaba con la notificación a la demandada del libelo en el que se solicitó la resolución de la compraventa? Sí
El contratista de buena fe pierde su ánimo de poseer el inmueble con la notificación a la entidad estatal del libelo que solicita la resolución del contrato de compraventa, según establece la Sala. Esta regla se fundamenta en que únicamente las mejoras realizadas antes de dicha notificación son reconocidas, conforme a la fecha límite de la buena fe del poseedor. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, lo que implica que en casos futuros, el cálculo de mejoras y el reconocimiento de la posesión de buena fe se ajustarán a esta nueva interpretación, afectando directamente la valoración de los derechos del contratista en relación con el bien inmueble.síntesis automática
También resuelve:¿El valor histórico de la condena en abstracto no podía ser uno indexado ya, pues ello infringe la sentencia de condena y la norma aplicable?¿La compensación de los totales aquí indicados arroja un saldo a cargo de la Fiscalía General de la Nación y a favor de la sociedad demandada?¿La posesión de buena fe deja de existir si el poseedor alega en juicio la resolución de la compraventa bajo la cual comenzó a poseer?
¿Procede la prelación de fallo en razón de la naturaleza del asunto, por ser una repetición en contra de un exfuncionario público? Sí
En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el turno estricto en el cual pasaron los expediente al despacho, no obstante, el artículo 18 también autoriza la modificación de la cronología de turno según “la naturaleza del asunto”, de igual manera, el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 permitió que las denominadas altas cortes y los tribunales elaboraran un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia.
También resuelve:¿La responsabilidad de un agente estatal demandado en repetición requiere la constatación de la concurrencia de cuatro presupuestos, a saber: la obligación resarcitoria a cargo del Estado…¿La condena judicial impuesta en una acción de controversias contractuales en contra de la entidad pública demandante y por la cual ahora se repite…
¿Se configura la falta de legitimación en la causa por activa de la Superintendencia de Notariado y Registro por presentar la demanda con posterioridad a los 6 meses siguientes al pago total de la condena? No
El contratista no pierde la legitimación en la causa por activa para presentar un medio de control de repetición simplemente por haberlo hecho después de los seis meses siguientes al pago total de la condena, ya que este no es un término de caducidad, sino que únicamente determina una falta disciplinaria según el artículo 8, parágrafo 2, de la Ley 678 de 2001. Además, la entidad no demostró que la condena impuesta en el proceso primigenio fuera indemnizatoria, sino que se trató del reconocimiento de una prima técnica de origen legal, lo que no es suficiente para activar el medio de control de repetición. Por último, la condena en costas en el medio de control de repetición es procedente, ya que la Ley 1437 de 2011 establece un criterio objetivo para su fijación, independiente de la conducta procesal del contratista. Esto implica que las entidades estatales pueden ejercer el medio de control de repetición sin restricciones temporales, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales y demuestren la naturaleza indemnizatoria de la condena.síntesis automática
También resuelve:¿La condena impuesta mediante sentencia judicial contiene un reconocimiento indemnizatorio para que sea procedente el medio de control de repetición?¿Procede la condena en costas en el medio de control de repetición?
¿La prescripción de los derechos derivados del contrato de seguro dispone una consecuencia extintiva derivada de la inactividad del interesado en hacer efectivos sus derechos, mediante un término ordinario y otro extraordinario, cuya aplicación dependerá del tipo de sujeto que la alega, que para el caso del beneficiario, cuando se trata de una entidad estatal, será la ordinaria? Sí
Según lo dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio la acción derivada del contrato de seguro prescribe ordinaria o extraordinariamente para lo cual, en el primer caso, el término de prescripción será de dos (2) años contados desde el momento en que el interesado haya tenido o debió tener conocimiento del hecho que origina la acción, y en el segundo, tal término será de cinco (5) años, que correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.… Ahora bien, en cuanto a la posición sobre la aplicación de la prescripción ordinaria y extraordinaria en cada caso esta Sección Tercera ha tenido varias posiciones en las subsecciones A y B; sin embargo, en el presente asunto realmente el tema radica en el momento en que sucedió el siniestro y/o cuando el beneficiario o víctima conoció de ello.… Contrario al entendimiento del tribunal de primera instancia…
También resuelve:¿Debe decretarse la nulidad de los actos administrativos demandados, mediante los cuales se hizo efectivo el amparo de cumplimiento de la póliza de seguros suscrita respecto de un contrato de obra…¿Dada la nulidad de los actos mediante los cuales se hizo efectivo el amparo de cumplimiento de la póliza de seguros del contrato estatal…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en única instancia de los procesos de repetición iniciados contra representantes de entidades del orden nacional? Sí
Los procesos de repetición iniciados contra representantes de entidades del orden nacional se conocen en única instancia por la corporación que señala el numeral 13 del artículo 149 del CPACA, vigente para la fecha de presentación de la demanda. La regla se apoya en que la acción de repetición está adscrita a la jurisdicción contenciosa, conforme al artículo 142 del CPACA y al inciso primero del artículo 7 de la Ley 678 de 2001, de modo que el factor de competencia se determina por la calidad del demandado. Esta atribución se fija por la norma vigente al presentarse la demanda, lo que delimita el juez competente desde ese momento. En el asunto, la Sala asumió la competencia en única instancia para conocer de la acción de repetición y negó las pretensiones de la demanda. En la práctica, la competencia única instancia depende de que el demandado sea representante legal de una entidad del orden nacional en el momento de presentar la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa…¿El término para formular el medio de control de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad…¿La Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga se encuentra legitimada en la causa por activa en el presente proceso de repetición…
¿Procede la declaratoria de incumplimiento del contrato ante la falta de acreditación del contratista del cumplimiento de la obligación contractual? Sí
El contratista no puede evitar la declaratoria de incumplimiento del contrato al no acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ya que la carga de la prueba recae sobre él para demostrar el cumplimiento de las mismas. Además, la falta de expedición de la póliza de garantía contractual por parte de las aseguradoras no exime al contratista de su responsabilidad si la demora en solicitarla fue por su cuenta. En caso de incumplimiento, la entidad estatal tiene derecho a la restitución de los dineros aportados para la ejecución del contrato, especialmente si el contratista no demuestra la inversión de dichos fondos en la destinación específica pactada. Asimismo, aunque las entidades sin ánimo de lucro no pueden deducir intereses por la no ejecución del contrato, el reconocimiento del lucro cesante no está excluido en estos casos. Estas reglas reiteran y matizan precedentes existentes, reforzando la importancia de la acreditación del cumplimiento contractual y la responsabilidad del contratista en la correcta gestión de los recursos.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura el incumplimiento ante la no expedición de la póliza de garantía contractual por parte de las aseguradoras por la demora de la parte contractual en solicitarlas?¿Ante el incumplimiento de la entidad en la ejecución del contrato procede la restitución de los dineros aportados para la ejecución de este?¿Procede el reconocimiento del lucro cesante por la no ejecución de un contrato en el caso de entidades sin animo de lucro?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en única instancia de la demanda de repetición iniciada contra los miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, dentro de los que se encuentra su representante legal? Sí
La competencia para conocer en única instancia de la demanda de repetición contra los miembros de un órgano colegiado de una entidad del orden nacional cuando entre ellos figura su representante legal, para asegurar unidad de criterio frente a una misma conducta, corresponde al Consejo de Estado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el numeral 13 del artículo 149 del CPACA, en su redacción original, atribuye a esta corporación las demandas contra representantes legales de órganos y entidades del orden nacional. Segunda, el artículo 14 de la Ley 182 de 1995 precisa que la representación legal corresponde al director de la junta directiva, de modo que el director responde en esa calidad. Tercera, el parágrafo 2 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 dispone que, si la acción se dirige contra varios funcionarios, es competente el juez del de mayor jerarquía. La providencia precisa que, aunque no todos los demandados eran representantes legales, la competencia recae en la corporación. La consecuencia práctica es que la demanda contra los miembros de un órgano colegiado que actuó con una misma conducta se tramita en única instancia ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición, derivado de la condena patrimonial impuesta contra la Comisión Nacional de Televisión mediante laudo arbitral…¿La Autoridad Nacional de Televisión se encuentra legitimada en la causa por activa por ser la persona jurídica de derecho público que asumió las funciones como autoridad de la Comisión Nacional de…¿Los demandados en repetición se encuentran legitimados en la causa por pasiva al ser miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión…
¿Se configura la excepción de pago y compensación alegada por la entidad ejecutada, por haber dado cumplimiento a la sentencia que ordenó la reliquidación pensional? No
… La ejecutada alegó de pago, fundamentando la excepción en que por Resolución SUB 137710 de 26 de junio de 2020 dio estricto cumplimiento a la sentencia… … a fin de dar cumplimiento a las órdenes impartidas, la accionada emitió Resolución… en el cual contrario a ordenar reconocimiento alguno, le declaró deudor… … se debe a una incorrecta interpretación de COLPENSIONES, quien de la sentencia de segunda instancia entendió que la mesada para 2012 correspondía a un valor de $2.195.025… cuando el Consejo de Estado lo que indicó es que la mesada… actualizada al año 2012, sería igual a $2.747.609… … por tanto no podía… únicamente verificar la mesada pensional devengada en mayo de 2012, sino que debió… liquidar la primera mesada pensional a mayo de 2007… … Con lo anterior se descartan las excepciones de pago y compensación…
¿Procede la liquidación del contrato estatal en sede judicial ante la no liquidación del mismo ni bilateral ni unilateralmente? Sí
La liquidación de los contratos estatales se define como aquella actuación posterior a la terminación normal o anormal del contrato, mediante la cual se busca determinar si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo o en favor de cada una de las partes, para, de ésta forma, realizar un balance final o un corte definitivo de las cuentas derivadas de la relación negocial, definiéndose quién le debe a quién y cuanto, es decir, que con dicha actuación se finiquita y se obtiene el paz y salvo de la relación negocial. La liquidación judicial es así el balance o corte de cuentas económico que realiza el juez sobre un determinado contrato estatal dentro de un proceso judicial y, que sólo resulta procedente en tanto no se haya realizado la liquidación bilateral, ni unilateral del respectivo contrato estatal celebrado.
También resuelve:¿Procede el reintegro de dineros correspondiente a un mayor valor devuelto y que no hacia parte del contrato interadministrativo?¿Procede la compensación entre las partes ante un saldo insoluto que no proviene de la obligación contractual?
¿Resulta procedente la nulidad de los actos administrativos por medio de la cuales se declaró incumplido del contrato, la ocurrencia del siniestro del contrato de compraventa y se ordenó la liquidación del mismo, al observarse falsa motivación por haberse desconocido el contrato modificatorio donde se acordó entre las partes el precio de las unidades que el contratista debía entregar? Sí
Los actos que declaran el incumplimiento de un contrato y ordenan su liquidación son nulos por falsa motivación cuando recalculan el precio de las unidades desconociendo el contrato modificatorio en el que las partes lo fijaron. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la entidad volvió a tasar el valor de los vehículos para 2009 pese a que las partes habían firmado un modificatorio para ese efecto. La segunda es que el cálculo de 2010 no aplicó el valor pactado en ese modificatorio. La tercera es que, si la entidad consideraba que el contratista la indujo en error con la guía de valores, debía demandar la nulidad del contrato modificatorio y no recalcular los precios. En el caso concreto, la Sala confirma la nulidad de los actos. Respecto de la prueba pericial, el dictamen no debía considerarse para calcular la condena, porque el perito no explicó el origen de sus cifras ni aportó soporte alguno. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El dictamen pericial debió considerarse para¿Resulta procedente hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y reconocer intereses moratorios a los interesados, cuando se observa que la cláusula penal perdió vigencia por la declaratoria de…¿Resulta procedente que en el cruce de cuentas que se realiza en la liquidación judicial del contrato, se excluya del pago a cargo de la demandada el abono que hizo al contratista…
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad los actos a través de las cuales se decretó el incumplimiento parcial del contrato de obra 2717 de 2003, y se hicieron efectivas la cláusula penal pecuniaria y la garantía de cumplimiento? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de controversias contractuales para demandar la nulidad de los actos administrativos que declaran el incumplimiento parcial del contrato y hacen efectivas la cláusula penal pecuniaria y la garantía de cumplimiento, siempre que la demanda se presente dentro del término de dos años contados desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado. En este caso, la Resolución 071 de 2005, notificada por edicto el 28 de julio de 2005, fue declarada firme el 11 de agosto de ese año, por lo que el término de caducidad corrió desde el 12 de agosto de 2005 hasta el 12 de agosto de 2007, fecha en la cual la demanda fue presentada oportunamente. La Sala reitera la jurisprudencia sobre la oportunidad de la acción de controversias contractuales, lo que implica que los contratistas deben ser conscientes del plazo de dos años para presentar sus demandas desde la notificación del acto impugnado.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna la acción de de controversias contractuales respecto de las pretensiones de incumplimiento del contrato de obra 2717 de 2003 por parte del municipio…¿Se satisface la carga argumentativa del recurso de apelación con la simple reiteración de las razones expuestas en la contestación de la demanda, esto es…¿Aunque el extremo actor no formuló reparos en contra de la decisión del a quo, resulta procedente actualizar el monto de la condena pecuniaria…
¿Se acreditaron los presupuestos de mayor permanencia en obra a causa de suspensiones contractuales? No
La reclamación de mayor permanencia en obra derivada de suspensiones contractuales exige acreditar el alcance específico de las obligaciones del contratista, para lo cual deben aportarse el pliego de condiciones del contrato y la matriz de riesgos o el acta de asignación de estos, pues sin ellos no es posible establecer cómo las partes distribuyeron las obligaciones y las consecuencias de las circunstancias ocurridas durante la ejecución. Además, cuando el contratista renuncia a reclamar esos reconocimientos al momento de pactar las prórrogas del contrato, esa renuncia no puede desconocerse después, porque los actos propios de quienes suscribieron las prórrogas no pueden ser desconocidos sin que hayan sido anulados por la jurisdicción. En el caso concreto, el contratista había planteado reclamaciones durante las tratativas, pero renunció a cobrarlas al suscribir las prórrogas, de modo que se mantuvo la negativa del reconocimiento por ese concepto. La sentencia modificó la decisión de primera instancia en lo relativo a la mayor permanencia derivada de las suspensiones. Como consecuencia práctica, el contratista que pretenda ese reconocimiento debe probar con los documentos contractuales el alcance de sus obligaciones, y debe tener presente que la renuncia expresa al cobro al suscribir prórrogas tiene efectos que se mantienen.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el reconocimiento económico por mayor permanencia en obra derivados de las prórrogas del contrato, pese a que el contratista renunció a reclamar en el momento de pactarlas?¿Procede reconocer al contratista el pago del saldo final del precio cuyo pago quedó diferido para el momento de la liquidación del contrato, suma que el IDU reconoce deber?¿Es procedente descontar el valor de las retenciones en la fuente practicadas a los pagos recibidos por el contratista?