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DERECHOS FUNDAMENTALES

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Consejo de Estado Providencia

No es posible concluir que se presentara un estudio probatorio contraevidente a las pruebas aportadas

Sentencia — Sentencia 2024-08-12 Sección Segunda (Subsección B) JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Rad. 11001031500020240107800 ACCIONES DE TUTELA
¿El Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró los derechos fundamentales de la Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. con ocasión de la providencia proferida del 28 de junio de 2023, a través de la cual, en segunda instancia, se le declaró responsable de pagar al municipio de Rondón el valor de los dineros pagados por este con ocasión a la condena en abstracto que se le impuso en el expediente de reparación directa (...), con cargo a la póliza de responsabilidad civil extracontractual (...), con lo cual incurrió, presuntamente, en defecto fáctico? No
El juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica que el juez natural hace de un contrato y de la cláusula penal pactada, y no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas dentro de la órbita de competencia de ese juez, salvo que resulte palmaria la vulneración de un derecho fundamental. Esta regla se apoya en que el defecto fáctico exige un estudio probatorio contraevidente, es decir, una decisión que desconozca de manera manifiesta las pruebas aportadas. Por ello la tutela no puede convertirse en una tercera instancia para rediscutir la valoración del contrato. En el caso concreto la decisión del tribunal de segunda instancia fue concordante con el texto de la cláusula penal y con las pretensiones de la demanda, y su interpretación se consideró razonable y ajustada a derecho. Por ello la acción de tutela fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la tutela contra una sentencia de reparación por incumplimiento contractual no prospera si la interpretación del contrato es razonable.síntesis automática
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

El 21 de febrero de 2024 se dispuso correr traslado a las partes del dictamen pericial rendido por el señor

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición 2024-06-26 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233100020090103001 ACCION CONTRACTUAL
¿El dictamen pericial que incluyó el dispositivo de almacenamiento óptico fue trasladado a las partes y estuvo a su disposición en la Secretaría de la Sección Tercera para su revisión de manera física, por tratarse de un documento sometido a reserva y con cadena de custodia? Sí
El juez debe garantizar que el dictamen pericial, incluyendo el dispositivo de almacenamiento óptico sometido a reserva bancaria y cadena de custodia, sea trasladado a las partes de manera física y segura en la Secretaría de la Sección Tercera, asegurando que solo las partes autorizadas puedan acceder a él para preservar su cadena de custodia y autenticidad. Este procedimiento se justifica por la necesidad de proteger la información reservada y el derecho fundamental a la protección efectiva de los derechos, sin que la digitalización sea obligatoria cuando pueda comprometer la integridad de la prueba. La Sala reitera que el juez debe cumplir con el procedimiento adecuado para proteger la prueba, lo que implica que el acceso a documentos sensibles debe realizarse de manera presencial y controlada, evitando su modificación o alteración.síntesis automática
También resuelve: ¿Es deber del juez cumplir con el procedimiento para la protección de la prueba, y salvaguardar la autenticidad de la misma?
NO REPONE
Consejo de Estado Providencia

No se configura el defecto fáctico invocado

Sentencia — Sentencia 2026-09-24 Sección Segunda (Subsección A) LUIS EDUARDO MESA NIEVES Rad. 11001031500020260698200 ACCIONES DE TUTELA
¿Determinar si la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir la providencia del 27 de febrero de 2026, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al incurrir en los defectos fáctico y sustantivo, dentro del proceso de controversias contractuales? No
El contratista no puede impugnar la providencia judicial que resuelve controversias contractuales basándose en defectos fácticos o sustantivos, ya que la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado valoró adecuadamente el acta de cierre y balance mutuo acuerdo y consideró las salvedades y declaraciones de las partes, sin omitir pruebas relevantes ni desconocer disposiciones legales como los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio. La Sala establece que no se configura un defecto fáctico cuando el juez ordinario examina y valora pruebas de manera razonable, y que no se evidencia un defecto sustantivo cuando la interpretación de la cláusula penal es coherente con la ejecución del contrato. Esta decisión reitera la autonomía judicial y limita la intervención del juez constitucional en la valoración de pruebas y la interpretación de normas en procesos contractuales, protegiendo así la integridad del proceso judicial y el debido proceso.síntesis automática
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

En tal circunstancia no se hace uso de facultades excepcionales según el derecho común

Sentencia — Sentencia 2024-03-22 Sección Segunda (Subsección B) JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Rad. 11001031500020240075200 ACCIONES DE TUTELA
¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B vulneró los derechos fundamentales de La Previsora S.A. Compañía de Seguros con ocasión de la providencia proferida del 14 de julio de 2023, a través de la cual, en segunda instancia, negó las súplicas de la demanda y declaró la responsabilidad de Centurión por el incumplimiento del Contrato (...), concedió a favor de Ecopetrol la pretensión de condena subsidiaria contenida en la demanda de reconvención y declaró responsable a La Previsora S.A. del pago de dichos valores amparados en las pólizas de seguro de cumplimiento 3002464 y 3002465? No
El contratista no puede acudir a la acción de tutela para impugnar una decisión judicial que declara su responsabilidad por el incumplimiento de un contrato estatal y condena al seguro de cumplimiento a pagar la cláusula penal, ya que la Sala determinó que la providencia fue debidamente fundamentada y ajustada a derecho, sin vulnerar los derechos fundamentales del contratista ni desconocer la jurisprudencia existente. La decisión judicial se basó en un adecuado análisis probatorio y en la interpretación razonable de la cláusula penal del contrato, sin incurrir en defectos fácticos o procedimentales. La Sala reitera que la tutela no puede convertirse en una tercera instancia para revisar la valoración de pruebas o la interpretación jurídica del juez natural, salvo que se demuestre una vulneración manifiesta de derechos fundamentales.síntesis automática
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica 2025-10-24 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 25000233600020200032902 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La solicitud de la prueba cumple con los requisitos para ser decretada en segunda instancia? No
El contratista no puede solicitar pruebas en segunda instancia si no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 212 del Código Procesal Administrativo, como ser solicitadas de común acuerdo por las partes, no haber sido negadas o dejadas de practicar en primera instancia, o no versar sobre hechos posteriores a la oportunidad para pedirlas en primera instancia. La Sala confirmó la negativa del decreto de pruebas en segunda instancia, rechazando argumentos que buscaban desvirtuar la condena en costas impuesta por la sentencia de primera instancia, al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales del recurrente y que la condena en costas es una contingencia previsible y legalmente establecida. Asimismo, se reitera que el juez no está obligado a decretar pruebas de oficio en segunda instancia cuando las partes lo soliciten, salvo que las considere necesarias para esclarecer dudas sobre el fondo del asunto.síntesis automática
También resuelve: ¿Con la negación del decreto de pruebas se vulneraron los derechos fundamentales del recurrente? ¿Puede considerarse como un hecho nuevo, para efectos probatorios en sede de apelación, la condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia? ¿Está obligado el juez de segunda instancia a decretar pruebas de oficio cuando las partes lo soliciten?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

Sentencia — Sentencia 2022-05-16 Sección Primera ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES Rad. 11001031500020220003701 ACCIONES DE TUTELA
¿Se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, respecto del defecto por desconocimiento del precedente? No
El desconocimiento del precedente como defecto de la acción de tutela contra providencia judicial no supera el requisito de relevancia constitucional cuando el actor se limita a enlistar las sentencias presuntamente desconocidas, sin identificar las reglas y subreglas jurisprudenciales, los supuestos fácticos y los problemas jurídicos análogos. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que no basta citar las providencias: la parte debe demostrar que las reglas fijadas en ellas son aplicables a un caso análogo, según el criterio de la Sección de 19 de abril de 2021. La segunda es que, en este caso, el actor no cumplió esa carga argumentativa mínima. Por el contrario, en lo relativo a los defectos fáctico y sustantivo, la Sala concluye que no se configuran, pues la cláusula penal del acuerdo marco fija una suma equivalente al diez por ciento del valor de las órdenes de compra y su valoración no fue irrazonable. En consecuencia, la Sala no comparte la decisión de primera instancia en cuanto a esos defectos, aunque concluye que no se configuran. La providencia reitera el criterio de la Sección de 2021, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Se configura el defecto fáctico por la incorrecta valoración de la cláusula 17 del Acuerdo Marco de Precios número CCE-134-1-AMP-2014…
Consejo de Estado Providencia

En la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-12-11 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 68001233300020180005101 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve: ¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal? ¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban? ¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Procede la Sala Plena de la Sección Tercera

Sentencia Unificación — FALLO 2014-08-28 Sección Tercera (Subsección A) Rad. 68001233100020020254801 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿En el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió? Sí
Procede la Sala Plena de la Sección Tercera, con el fin de unificar la jurisprudencia en relación con I) los parámetros que se deben tener en cuenta para la tasación de los perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y II) los criterios para reconocer indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro cesante a la persona que fue privada injustamente de su libertad… . El demandante [víctima] fue privado de su Derecho Fundamental a la Libertad desde el 1 de diciembre de 1998 hasta el 18 de agosto de 1999, sindicado como autor del delito de peculado por apropiación en provecho propio; sin embargo, en el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió.
También resuelve: ¿La Fiscalía impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual se hizo efectiva el 1 de diciembre de 1998? ¿La Sala se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada? ¿El término de caducidad debe contabilizarse a partir de la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se precluyó o se absolvió al procesado?
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-04-24 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 25000232600020100006601 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve: ¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos? ¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos? ¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020090044701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve: ¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama? ¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática? ¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público.

Sentencia — Sentencia 2023-07-19 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 50001233100020120009201 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público? Sí
El contratista no puede cometer los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ya que estos son delitos de sujeto activo calificado y solo pueden ser cometidos por servidores públicos, según el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, que equipara a los contratistas con la calidad de servidor público en el ámbito de la responsabilidad penal. La Fiscalía encontró indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos mediante el cobro de facturas de un contrato de suministro celebrado sin cumplir los requisitos legales, lo que configuraba las conductas punibles por las que fue vinculada. Sin embargo, la medida restrictiva de privación de la libertad no fue desproporcionada, ya que la demandante permaneció bajo privación de la libertad durante un año y tres meses, y fue absuelta por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias, lo que implica que no existe responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve: ¿La Fiscalía encontró que existían indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos? ¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto la demandante consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario… ¿La interpretación que acogió la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento encuadraba dentro de la tipificación endilgada?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No puede ser tomado como prueba determinante para arribar a la hipótesis que se plantea en la demanda.

Sentencia — Sentencia 2023-09-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233300020120022304 LEY 1437 REPETICION
¿La desviación de poder consiste en el vicio de ilegalidad de los actos administrativos por cuya virtud la autoridad decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la prerrogativa de poder que le ha sido asignada? Sí
No sería correcto asumir que el ex Director Operativo de C.A.L.I, fue declarado insubsistente por sostener una simple amistad con los presuntos adversarios políticos del nominador, cuando es claro que tal funcionario no hacía parte de la estructura política de aquellos y si bien era amigo de uno de los concejales que votó en contra del proyecto promovido por el alcalde, lo cierto es que también sostenía relaciones amistosas en común con quien declaró su insubsistencia. A la luz de tal situación, el hecho de sostener una relación personal de amistad con los adversarios o aliados del actual gobernante, no puede ser tomado como prueba determinante para arribar a la hipótesis que se plantea en la demanda.
También resuelve: ¿Se confirma la decisión adoptada por el Tribunal a quo en tanto no está acreditado el vicio de desviación de poder? ¿Se puede colegir que la declaratoria de insubsistencia del funcionario se hubiere dado como consecuencia de la votación negativa que obtuvo el proyecto de reestructuración de Emcali? ¿En la culpa grave se halla inmersa una conducta en que su autor ha obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

¿La medida de aseguramiento era procedente, por cuanto al ser adoptada se contaba con más de un indicio en la investigación penal en contra de los sindicados?

Sentencia — Sentencia 2023-04-24 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 05001233100020090045701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La medida de aseguramiento era procedente, por cuanto al ser adoptada se contaba con más de un indicio en la investigación penal en contra de los sindicados? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por privación injusta de la libertad cuando la medida de aseguramiento fue procedente y ajustada a derecho, ya que se contaba con más de un indicio en la investigación penal y la medida cumplía con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. A pesar de que el proceso penal cesó en favor de los sindicados por aplicación del principio in dubio pro reo, esto no desvirtúa la legalidad de la medida de aseguramiento, la cual fue impuesta por el delito de abandono del puesto y se basó en la declaración de un testigo y la prueba de alcoholimetría que demostró el incumplimiento del deber funcional de los agentes de policía. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la privación de la libertad no fue injusta.síntesis automática
También resuelve: ¿La medida de aseguramiento de detención preventiva que se impuso estuvo ajustada a derecho, fue legal, proporcional y razonable? ¿El fiscal cesó el procedimiento en contra de los sindicados, en aplicación del principio in dubio pro reo? ¿Los agentes de la policía se encontraban en un establecimiento de comercio en el horario en que debían estar prestando el servicio de vigilancia de los alumbrados navideños?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se encuentra configurada la causal de anulación de laudo arbitral

Sentencia — Sentencia 2022-11-21 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 11001032600020220013000 RECURSO DE ANULACION LAUDO ARBITRAL
¿Se encuentra configurada la causal de anulación de laudo arbitral, prevista en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012? No
El contratista no puede invocar la causal de anulación del laudo arbitral prevista en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 cuando el tribunal de arbitramento ha asumido competencia y no se ha interpuesto el recurso de reposición correspondiente, como exige la causal 2ª del mismo artículo. Además, el agente del Ministerio Público y el apoderado del municipio no están legitimados para alegar la nulidad por indebida representación del apoderado de la parte convocante, según lo establece el artículo 135 de la Ley 1564 de 2012. Asimismo, los recursos extraordinarios de anulación fueron interpuestos dentro del plazo legal de treinta días, conforme al artículo 40 de la Ley 1563 de 2012. Esta sentencia reitera que las personas jurídicas deben comparecer al proceso y ejecutar los actos procesales por medio de su representante legal, y que la indebida representación y falta de notificación o emplazamiento son causales de anulación del laudo arbitral según el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, con lo que se refuerza la necesidad de cumplir con los requisitos de procedibilidad y legitimación para interponer recursos de anulación.síntesis automática
También resuelve: ¿Tanto el agente del Ministerio Público como el apoderado del municipio de Becerril, alegaron la nulidad de la actuación arbitral por indebida representación del apoderado de la parte convocante? ¿Los recursos extraordinarios de anulación fueron interpuestos dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del laudo arbitral o la de la providencia que resolvió sobre su aclaración… ¿Las personas jurídicas, ya sean estas de naturaleza pública o privada, deben comparecer al proceso y ejecutar los actos procesales respectivos por medio de su representante legal?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

No se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020060207701 ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista? No
La vulneración del derecho al debido proceso alegada contra un acto administrativo sancionatorio del contratista debe ser probada por quien la invoca, porque el supuesto de hecho del vicio requiere prueba cuya omisión impide su reconocimiento. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, conforme a la regla de la carga de la prueba, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Segunda, en el caso no se probó la infracción del debido proceso del contratista, y el cargo no tiene vocación de prosperar. Tercera, la sentencia constató que no operó la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro y que los actos no adolecen de incompetencia temporal ni de infracción de la Constitución. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el contratista que alega el desconocimiento de su debido proceso en la sanción debe aportar las pruebas que lo demuestren, y no basta con invocar la vulneración.síntesis automática
También resuelve: ¿Se encuentra acreditado que hubiera operado la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro? ¿Los cargos alegados por la aseguradora y la contratista relacionados con la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y la incompetencia temporal tienen vocación de prosperar? ¿Es deber de los contratistas constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 17001233100020110006002 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La causa adecuada del daño, accidente de tránsito entre particulares, provino de una conducta ajena al Estado? Sí
El contratista no puede imputar al Estado la responsabilidad por lesiones físicas causadas en un accidente de tránsito entre particulares, ya que la causa adecuada del daño provino de una conducta ajena al Estado, específicamente del conductor de un vehículo que actuó imprudentemente al no respetar la prelación de paso y no tomar las precauciones debidas al cruzar una intersección, lo que resultó en un choque con una motocicleta. La entidad estatal no incurrió en ninguna omisión que contribuyera a la ocurrencia del accidente, y el hecho del tercero fue tanto imprevisible como irresistible para la Administración, por lo que no se configura la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado en casos de accidentes de tránsito, estableciendo que el daño debe ser consecuencia directa de una falla del servicio o de una omisión estatal para que se configure la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿Se probó la falla del servicio imputada al municipio de Villamaría? ¿El accidente se produjo por el hecho del tercero consistente en el actuar del conductor de la camioneta? ¿Los reductores de velocidad son señales preventivas que deben instalarse en zonas en donde se requiera detener completamente el vehículo o disminuir la velocidad?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 20001233900320140032501 LEY 1437 REPETICION
¿Debe aplicarse el CPACA —con remisión al CGP— para el trámite de la acción de repetición presentada el 13 de junio de 2014 y la Ley 678 de 2001 para resolver la responsabilidad del agente estatal por hechos ocurridos el 24 de agosto de 2007, incluidas sus presunciones de dolo o culpa grave? Sí
El contratista debe aplicar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el Código General del Proceso (CGP) para el trámite de la acción de repetición presentada el 13 de junio de 2014, mientras que la responsabilidad del agente estatal por hechos ocurridos el 24 de agosto de 2007 se rige por la Ley 678 de 2001, incluyendo sus presunciones de dolo o culpa grave. La Sala modifica la interpretación anterior, estableciendo que el CPACA es aplicable a los procedimientos iniciados después de su entrada en vigencia, mientras que la Ley 678 de 2001 regula los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición para hechos ocurridos en su vigencia. Esta regla implica que los procesos de repetición deben seguir rigurosamente la normativa vigente al momento de los hechos y la presentación de la demanda, afectando la aplicación de la ley y el procedimiento a seguir en casos similares.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe considerarse competente al Consejo de Estado para conocer en segunda instancia este medio de contro de repetición, atendiendo los factores de competencia por materia (repetición)… ¿Debe considerarse procedente la acción de repetición como medio de control para declarar la responsabilidad patrimonial del agente cuyo dolo o culpa grave originó la condena o conciliación contra la… ¿Debe considerarse presentada en tiempo la acción de repetición interpuesta el 13 de junio de 2014, al haberse radicado dentro de los dos años siguientes al pago efectuado el 13 de junio de 2012…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El referido artículo actúa como «un límite a la autorización que se otorga al Juez para que analice los hechos, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o ‘prejuzgamiento’ de la causa».

Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar 2026-06-01 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 76001233300020230055901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo cuando la demanda invoca normas superiores y del cotejo inicial con el acto acusado surge violación clara, además el demandante acredita sumariamente perjuicio dentro del medio de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 231 del CPACA? Sí
El juez contencioso administrativo evalúa la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional mediante el cotejo inicial entre el acto acusado y las normas superiores invocadas en la demanda. La facultad del juez administrativo para suspender los efectos de los actos administrativos es una potestad de rango constitucional consagrada en el artículo 238 de la Constitución Política, concebida con el propósito de proteger el ordenamiento superior cuando los actos administrativos incurren en violación de las normas en que deben fundarse. Bajo este contexto, el artículo 231 del CPACA previó condiciones especiales para la procedencia de las medidas cautelares, exigiendo que la ilegalidad surja del análisis inicial sin que resulte procedente prejuzgar sobre actuaciones administrativas no demandadas ante la jurisdicción.síntesis automática
También resuelve: ¿Desconoce la ANI el debido proceso con la liquidación unilateral sin agotamiento de la reversión prevista en la cláusula 129, pese a su regulación para la liquidación bilateral? ¿Desconoce la ANI el debido proceso cuando ejerce la liquidación unilateral del contrato sin sometimiento previo a la cláusula compromisoria pactada… ¿Desconoce la ANI el debido proceso al liquidar unilateralmente el contrato sin agotamiento de la reversión prevista en la cláusula 129…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

En la parte resolutiva de esta providencia se revocará la sentencia

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 18001233100020080008301 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión? ¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas? ¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
REVOCA