Titulación de la relatoría 27.943 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / JUEZ NATURAL / DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / PUBLICIDAD / PRINCIPIO DE PUBLICIDAD / PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / IMPUGNACIÓN / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD / LEGALIDAD DE LA PRUEBA / COMPETENCIA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONDUCTA PUNIBLE / PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM / DILACIÓN INJUSTIFICADA DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿La vulneración de las garantías que componen el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo constituye causal de nulidad del acto administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
El debido proceso es un principio y derecho fundamental que se entrelaza con el de legalidad. En su alcance, las autoridades administrativas deben adelantar sus actuaciones con arreglo al procedimiento definido previamente en la ley, con aplicación del principio de juez natural y con respeto de los derechos de defensa y contradicción, garantizando la posibilidad de aportar y controvertir pruebas, la publicidad de las actuaciones y decisiones proferidas en el curso de tales procedimientos, y concediendo la oportunidad de impugnarlas. Tratándose del ámbito administrativo, este derecho debe desarrollarse bajo los principios orientadores de la función administrativa. El artículo 29 constitucional compendia el contenido de tal derecho y garantía, y del mismo se desprende que el debido proceso se compone de las prerrogativas a: (i) ser juzgado con base en normas previas a la conducta que se endilga, (ii) solo ser condenado por hechos previstos como delito o infracción al momento de su comisión, (iii) ser juzgado en atención a las formas previstas para cada juicio, previa determinación legal, (iv) ser juzgado por una autoridad competente, independiente e imparcial, (v) no desconocer la presunción de inocencia, (vi) no ser juzgado dos veces por la misma conducta, (vii) aplicar el principio de favorabilidad, (viii) aportar y controvertir las pruebas que se aduzcan en contra del procesado, (ix) el proceso debe sustentarse en pruebas legalmente obtenidas y, (x) se debe lograr la resolución de las controversias jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas y con respeto de los principios procesales. La ausencia de cualquiera de estas garantías, con impacto real al derecho nuclear del debido proceso, se estatuye como motivo apto para pedir la nulidad del acto según preceptivas contenidas en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138
NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO / INDEFENSIÓN / LEY 658 DE 2001 / CADUCIDAD DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / OPONIBILIDAD FRENTE A TERCEROS / INOPONIBILIDAD / ACTO ADMINISTRATIVO / DERECHO DE DEFENSA / JUSTICIA MATERIAL
Problema jurídico:
¿La existencia de una irregularidad en la notificación de un acto administrativo configura, por sí sola, una vulneración del debido proceso que conlleve su nulidad?
Respuesta al problema jurídico: No
Los reproches del apelante por “indebida notificación” no describen, en estricto sentido, una restricción material a sus garantías frente a la actuación administrativa, sino una disputa formal sobre el régimen normativo que debía regir la comunicación de los actos (Código de Minas o CPACA), pese a que lo decisivo para el debido proceso no es la etiqueta normativa, sino si el administrado estuvo efectivamente en posición de defenderse. (…) [I]ncluso si se aceptara que existió alguna inconsistencia formal en el modo de notificar el acto, lo cierto es que la autoridad minera dio estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 112 y 288 del Código de Minas que determinan la declaratoria de caducidad del contrato, sin que se produjera algún tipo de indefensión del concesionario, en tanto hubo información previa del incumplimiento, oportunidad real de enmienda, conocimiento de la decisión y un trámite en el que pudo plantear su postura y obtuvo una respuesta de fondo motivada, determinando la ausencia de una vulneración del debido proceso. Esta conclusión resulta plenamente compatible con: (i) el principio de instrumentalidad de las formas, según el cual las formalidades procesales no son un fin en sí mismas, sino un medio para garantizar la justicia material y la prevalencia del derecho sustancial; y (ii) la distinción conceptual entre la validez y la eficacia del acto administrativo, de donde se extrae que la falta de notificación o una irregularidad en esta no vicia de nulidad el acto, sino que afecta su eficacia y oponibilidad, (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los efectos jurídicos de la notificación del acto administrativo ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de agosto de 2012, Rad. 54001-23-31-000-1999-00111-01 (23358), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Quinta, sentencia del 8 de marzo de 2018, Rad. 25000-23-24-000-2005-01532-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Sección Cuarta, sentencia del 26 de noviembre de 2009, Rad. 19001-23-31-000-2005 00790-01 (17295), C.P. Héctor J. Romero Díaz.
FUENTE FORMAL:
LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 112, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 288
NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL CONTRATO / LEY 658 DE 2001 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD / INTEGRACIÓN NORMATIVA / APLICACIÓN DE LA NORMA SUPLETORIA / PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / DERECHO DE DEFENSA / CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La interpretación aislada del artículo 269 del Código de Minas puede justificar la invalidez de la notificación del acto que declara la caducidad de un contrato de concesión?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [L]a notificación de los actos administrativos que declararon la caducidad del contrato se efectuó correctamente, sin desconocer el carácter especial y preferente de las normas del Código de Minas. Si bien el artículo 3 de la Ley 685 de 2001 consagra el principio de especialidad, este no implica una autosuficiencia absoluta del ordenamiento minero, pues el mismo estatuto prevé mecanismos de integración normativa, ya sea por remisión directa o por aplicación supletoria, para regular aquellas situaciones no contempladas de manera específica. En esa medida, la controversia planteada por el apelante parte de una interpretación aislada del artículo 269, omitiendo la estructura procedimental completa que el propio legislador diseñó en materia minera. (…) El artículo 269 se encuentra ubicado en la regulación específica del procedimiento para la formación y celebración del contrato de concesión, por lo que su alcance refiere a las actuaciones de esa fase, como son las providencias que “rechacen la propuesta o resuelvan las oposiciones y de las que dispongan la comparecencia o intervención de terceros” a las que expresamente alude la misma norma, sin que se extienda al acto que pone fin a un procedimiento sancionatorio por incumplimiento contractual, como aquel que determina la caducidad del contrato de concesión. (…) [L]a remisión del artículo 297 del Código de Minas al CPACA es la vía natural para complementar el procedimiento, pues este último contiene un régimen de notificaciones (personal y por aviso) diseñado específicamente para actos que ponen fin a una actuación administrativa, garantizando plenamente el derecho de defensa.
FUENTE FORMAL:
LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 269, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 297, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 3
CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CONTRATO ESPECIAL / NEGOCIO JURÍDICO / CONTRATO DE ADHESIÓN / EXPLORACIÓN MINERA / CONSTRUCCIÓN / EXPLOTACIÓN ECONÓMICA MINERA / REGALÍAS / FORMALIDADES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / DESARROLLO SOSTENIBLE AMBIENTAL / RECURSOS NATURALES
Problema jurídico:
¿Puede alterarse la estructura secuencial y preclusiva del contrato de concesión minera con fundamento en actos de mera ejecución técnica por parte del concesionario?
Respuesta al problema jurídico: No
La ley es clara al determinar que la concesión minera es un contrato especial, regido por su propia legislación, donde el particular se constituye en un colaborador o instrumento de la entidad estatal para la realización de una actividad o prestación específica y especialmente protegida, como es la explotación de los recursos naturales, respecto de los cuales el Estado debe planificar su manejo y aprovechamiento, garantizando un desarrollo sostenible y la conservación, o sustitución de los mismos. Por ende, conforme a lo dispuesto por el Código de Minas, es un negocio jurídico reglado, solemne y de adhesión, cuya estructura no es aleatoria ni queda al arbitrio de las partes, sino que obedece a una lógica técnica y jurídica imperativa que se materializa en un desarrollo por etapas sucesivas y preclusivas, cada una con un objeto, un término y un conjunto de obligaciones claramente definidos por el legislador. (…) Este diseño normativo no es caprichoso, sino que responde a una lógica técnica y económica ineludible que garantiza el desarrollo racional y sostenible del proyecto minero. La fase de exploración constituye el cimiento, pues su finalidad es la de identificar, dimensionar y evaluar la viabilidad del yacimiento, de manera que solo a partir de los hallazgos positivos y la certeza técnica que esta etapa arroja, puede avanzarse con certidumbre a la fase de construcción y montaje, que implica la materialización de las inversiones en infraestructura necesarias para el aprovechamiento del recurso. Finalmente, y como culminación del ciclo, se procede a la explotación económica, que es la extracción sistemática del mineral para su comercialización, representando la materialización del interés económico tanto del concesionario como del Estado a través de las regalías. (…) Por ende, la secuencia de las etapas y su duración son elementos estructurales del contrato, cuya alteración, como se analizará más adelante, está sujeta a formalidades y no puede inferirse de actos de mera ejecución de las obligaciones técnicas a cargo del concesionario.
FUENTE FORMAL:
LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 49, LEY 645 DE 2001 - ARTÍCULO 53, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 45
CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / EXPLORACIÓN MINERA / CONSTRUCCIÓN / SISTEMAS TÉCNICOS DE CONTROL / PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / AUTORIDAD MINERA / MEDIDAS PREVENTIVAS EN INFRACCIÓN AMBIENTAL / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La aprobación del Programa de Trabajo y Obras (PTO) tiene la virtualidad jurídica de modificar el plazo o la transición entre las fases del contrato de concesión minera?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [E]l PTO no es un acto jurídico con la virtualidad de modificar las fases del contrato; es, en su esencia, el principal producto técnico y la culminación del objeto misional de la etapa de exploración, esto es, un instrumento de planificación detallado que, con base en los hallazgos geológicos, describe el cronograma, los equipos, los costos, las medidas de seguridad y los planes de manejo ambiental con los que se pretende acometer las etapas futuras de construcción, montaje y explotación. Es un instrumento que permite a la autoridad minera ejercer un control sobre el proyecto, verificando su viabilidad, racionalidad y coherencia antes de autorizar el paso a las fases de mayor impacto e inversión. La exploración, como fase de investigación y descubrimiento, es la causa que da origen al PTO, pero este último no determina la terminación de la etapa de exploración, pues la aprobación de ese programa por parte de la autoridad minera no es un acto dispositivo con la potestad de alterar los plazos contractuales, sino una decisión de control técnico y un juicio de viabilidad que valida la suficiencia de la exploración realizada y la idoneidad del plan propuesto para las fases subsiguientes. Esta distinción es crucial para entender la transición entre las fases en el contrato de concesión minera. El artículo 72 de la Ley 685 de 2001 es explícito al señalar que el período de construcción y montaje se inicia “una vez terminado definitivamente el período de exploración”. La expresión “terminado definitivamente” alude a un hito jurídico claro y verificable, que no puede ser otro que la expiración del plazo legal o contractual pactado —en este caso, los tres años estipulados en la cláusula cuarta — o, en su defecto, la terminación anticipada del mismo, producto de un acto formal de modificación del contrato. (…) La aprobación del PTO, por tanto, habilita al concesionario para que, llegado el momento oportuno —es decir, al finalizar el plazo de exploración o al formalizar su terminación anticipada—, pueda iniciar la ejecución de la siguiente etapa, pero no sustituye ni el plazo pactado ni los actos formales requeridos para alterarlo.
FUENTE FORMAL:
LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 72
DERECHO RENUNCIABLE / DERECHOS SUBJETIVOS DE LA PERSONA / PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA / FALTA DE CAPACIDAD CONTRACTUAL / CONTRATO SINALAGMÁTICO / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / CARGA DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE PUBLICIDAD / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / PRUEBA DIRECTA / INDICIO / PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Puede presumirse la renuncia a un derecho subjetivo sin necesidad de una manifestación de voluntad expresa, inequívoca y proveniente de quien tenga capacidad para disponer de él?
Respuesta al problema jurídico: No
La regla consistente en que la renuncia a un derecho no se presume, obedece a la función de los derechos subjetivos como posiciones jurídicas protegidas que solo pueden ceder ante una manifestación de voluntad que sea clara, específica y no equívoca. Dado que la renuncia supone un sacrificio consciente de una ventaja jurídica, exige un acto de disposición en el que el titular identifique el derecho que abandona y el alcance de esa abdicación, por lo que cualquier duda interpretativa se resuelve a favor de la conservación del derecho (interpretación restrictiva de la renuncia), de modo que el ordenamiento evita que comportamientos neutros, preparatorios o meramente compatibles con diversas finalidades se conviertan, por conjetura, en pérdida de derechos. Todo esto, sin perjuicio de que la ley o las partes puedan otorgar consecuencias a su silencio. Bajo ese estándar y como filtro de validez, la renuncia debe ser expresa, esto es exteriorizada en términos que permitan reconocer sin ambages el propósito abdicativo; y debe ser inequívoca, de manera que no puede sostenerse sobre conductas ambiguas, silencios, omisiones o actos cuya lectura admita alternativas razonables. (…) Además, la renuncia debe emanar de quien tiene capacidad y legitimación para disponer del derecho, ser libre de vicios del consentimiento y —cuando así lo exijan la ley o el pacto— observar las formas previstas (por ejemplo, documento escrito, suscripción por las partes, o publicidad registral). (…) La carga de demostrar la renuncia recae en quien la alega, y esa prueba debe ser directa (declaración expresa, cláusula contractual, acuerdo modificatorio) o indiciaria robusta cuya única lectura razonable sea la abdicación. En caso de ausencia de esa claridad y unicidad de sentido, el juez debe mantener vigente el derecho y el equilibrio del sinalagma, resguardando la seguridad jurídica y la confianza legítima que presiden el tráfico contractual.
CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / DERECHO RENUNCIABLE / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONSENTIMIENTO / PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA
Problema jurídico:
¿Puede la presentación anticipada del Programa de Trabajo y Obras (PTO) interpretarse como una renuncia clara e inequívoca al plazo de la etapa de exploración en el contrato de concesión minera?
Respuesta al problema jurídico: No
En el contexto del contrato de concesión minera, el plazo de una etapa contractual posee una naturaleza dual y fundamental que trasciende la mera noción de una carga temporal, constituyendo un derecho subjetivo y una garantía para ambas partes, así como un pilar del equilibrio económico y obligacional del negocio. (…) La presentación anticipada del PTO no constituye, desde ninguna óptica razonable, una manifestación clara e inequívoca de renuncia al plazo de exploración, porque se explica de modo natural como un acto de diligencia orientado a ordenar el proyecto y a reducir incertidumbres técnicas. (…) En suma, la radicación temprana del PTO es un indicio de buena gestión y de preparación responsable, no un acto dispositivo que modifique los derechos ni una señal unívoca de abandono de los términos pactados.
TERMINACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / AUTORIDAD MINERA
Problema jurídico:
¿Es jurídicamente válida la figura de la renuncia tácita o la terminación automática de una etapa del contrato de concesión minera con fundamento en conductas del concesionario o en la aprobación del PTO?
Respuesta al problema jurídico: No
El propio Código de Minas, al regular la figura de la renuncia, lo hace de una manera que refuerza su carácter formal y solemne. El artículo 110 y siguientes de la Ley 685 de 2001 contemplan la renuncia, pero se refieren exclusivamente a la renuncia total al contrato de concesión, la cual consiste en un acto voluntario que debe ser presentado formalmente por escrito ante la autoridad minera y está supeditada a que el concesionario se encuentre a paz y salvo con todas sus obligaciones exigibles. La existencia de un procedimiento reglado y formal para la renuncia total del contrato evidencia que el legislador no previó la posibilidad de renuncias parciales tácitas o informales a una de sus etapas. Si para extinguir el vínculo contractual en su totalidad se exige una manifestación expresa y el cumplimiento de condiciones previas, resulta contrario a esa misma lógica argumentar que una modificación sustancial como el acortamiento de una etapa clave pueda ocurrir de manera implícita. (…) Si la propia autoridad minera, que ostenta la potestad de imperio, tiene vedado modificar unilateralmente las condiciones del contrato, resultaría una asimetría jurídica inaceptable permitir que una modificación tan trascendental como el recorte de una etapa contractual se produzca de manera implícita, por la sola interpretación de la conducta del concesionario o de la simple aprobación del PTO. (…) La tesis del demandante sobre la “terminación automática” o la “renuncia tácita” es, en el fondo, una forma de modificación contractual no formalizada, y por ende, una figura que el Código de Minas no contempla.
FUENTE FORMAL:
LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 47, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 51, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 110
CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO SOLEMNE / ACTO JURÍDICO / DERECHO MINERO
Problema jurídico:
¿Puede considerarse válida una modificación del plazo de una etapa del contrato de concesión minera cuando no consta por escrito ni se formaliza conforme al procedimiento previsto en el Código de Minas?
Respuesta al problema jurídico: No
La duración de las etapas es una condición esencial del contrato de concesión, como se evidencia en la cláusula cuarta del contrato que suscita la controversia, por lo que su alteración no es un asunto menor o accesorio, sino una modificación sustancial. El contrato de concesión minera, siendo solemne, requiere que sus modificaciones también lo sean, es decir, que consten por escrito para su existencia y validez, siendo inadmisible la modificación verbal o la que se deduce de hechos o comportamientos de las partes; se requiere un acto jurídico formal que documente el nuevo acuerdo de voluntades. Este principio general se ve reforzado por el carácter eminentemente reglado del derecho minero. El Código de Minas no deja al libre albedrío de las partes la forma de alterar las condiciones contractuales, sino que establece un catálogo preciso y cerrado de supuestos en los cuales el contrato puede ser modificado, y para cada uno de ellos, prescribe un procedimiento formal que invariablemente inicia con una solicitud
CANON SUPERFICIARIO / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CONTRATO DE CONTRAPRESTACIÓN / EXPLORACIÓN MINERA / CONSTRUCCIÓN / DERECHO MINERO / OBLIGACIÓN DE DAR / CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ACTIVIDAD MINERA / TÍTULO MINERO / POLÍTICA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RECURSOS PÚBLICOS
Problema jurídico:
¿Puede el no pago del canon superficiario durante la vigencia legal de las etapas de exploración o construcción y montaje considerarse un incumplimiento que justifique la declaratoria de caducidad del contrato de concesión minera?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 230 de la Ley 685 de 2001 define esta figura [canon superficiario] como una contraprestación económica que el concesionario debe pagar al Estado por el derecho a explorar y mantener a su disposición un área determinada del subsuelo nacional. Su naturaleza jurídica es clara: no se trata de una remuneración por el ejercicio efectivo de actividades mineras, sino por la titularidad del derecho a realizarlas. La norma es enfática al señalar que el canon se causa por “anualidades anticipadas” durante las etapas de exploración y de construcción y montaje, por lo que no es una obligación de hacer dependiente de la actividad del concesionario, sino una obligación de dar cuyo hecho generador es el mero transcurso del tiempo mientras la fase contractual respectiva se encuentre legalmente vigente. El canon superficiario, además, cumple una función de política pública esencial consistente en desincentivar la tenencia de títulos mineros con fines meramente especulativos, asegurando que solo quienes tienen una intención real de explorar y explotar los recursos del Estado mantengan ese beneficio. Su no pago, por tanto, no es un simple incumplimiento pecuniario, sino un atentado contra los recursos públicos y la finalidad misma de la actividad minera, conllevando como sanción la declaratoria de caducidad del contrato conforme al literal d) del artículo 112 del Código de Minas.
FUENTE FORMAL:
LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 112 LITERAL D, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 230
FALSA MOTIVACIÓN / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / EXPLORACIÓN MINERA / PRINCIPIO DE IMPULSO OFICIOSO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONCESIONARIO / DERECHO DEL CONCESIONARIO / PRESUNCIÓN LEGAL / CARGA DE LA PRUEBA / COMPETENCIA ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿Puede la autoridad minera interpretar la aprobación del PTO como una solicitud tácita de reducción del plazo de exploración, en ausencia de una manifestación expresa del concesionario?
Respuesta al problema jurídico: No
Descendiendo de las consideraciones normativas y jurisprudenciales al acervo probatorio que obra en el expediente, se hace evidente que el cargo de falsa motivación formulado por el demandante carece de sustento fáctico y jurídico. La tesis de la terminación automática de la etapa de exploración no solo contraviene la ley y los principios contractuales, sino que es desmentida por la propia conducta del concesionario y por la realidad material verificada en el área del contrato. (…) La tesis del apelante confunde el deber de dar trámite con el de tomar decisiones por el administrado, y el impulso oficioso no puede llegar al extremo de obligar a la autoridad a interpretar la aprobación de un documento técnico —el PTO— como una solicitud tácita de renuncia a un plazo contractual, pues ello implicaría una actuación que excede sus competencias y vulnera la autonomía del titular minero. Es precisamente para evitar estas inferencias que la normativa especial, en el artículo 71 del mismo Código, radicó de forma expresa e inequívoca en cabeza del concesionario la potestad de solicitar la reducción del plazo de exploración, cerrando la puerta a que una modificación sustancial del contrato se produzca por la vía de una presunción, de una supuesta omisión de la entidad o de una decisión unilateral suya. Por tanto, el argumento es inadmisible, pues pretende invertir las cargas que la ley ha definido y crear una modificación contractual tácita y unilateral que aquella no prevé.
FUENTE FORMAL:
LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 71
COBRO DEL CANON SUPERFICIARIO / CANON SUPERFICIARIO / MORA / PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PRUEBA IDÓNEA / BUENA FE / RECURSO DE REPOSICIÓN / CONTRADICCIÓN PROCESAL
Problema jurídico:
¿Tiene el pago extemporáneo del canon superficiario la eficacia jurídica de neutralizar la mora ya configurada y anular los efectos de la declaratoria de caducidad del contrato de concesión minera?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [C]onsta en los antecedentes del acto que resolvió el recurso de reposición contra la declaratoria de caducidad que el demandante efectuó el pago del canon correspondiente a la segunda anualidad con posterioridad a dicha declaratoria. Ese pago extemporáneo, por su propia naturaleza, carecía de virtualidad para neutralizar la mora ya configurada, revivir el vínculo contractual o retrotraer los efectos del acto sancionatorio, menos aún, para purgar las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento oportuno de una obligación objetiva, periódica y claramente determinada. En otras palabras, el desembolso tardío no desnaturaliza el presupuesto fáctico que soportó la decisión administrativa —la inobservancia en tiempo del deber de pago— ni enerva la presunción de legalidad que ampara la medida adoptada, la cual permanece incólume mientras no sea desvirtuada por prueba idónea en contrario. Además, el acto también se sustentó en la falta de pago de la tercera anualidad, respecto del cual no existe afirmación ni sustento probatorio alguno de que se hubiese realizado. Con todo, el pago de la segunda anualidad sí reviste un valor jurídico autónomo como acto concluyente de reconocimiento de la deuda, en tanto revela que el administrado aceptó la existencia, exigibilidad y cuantía del canon, y obró en consecuencia. Ese comportamiento resulta incompatible con la tesis que ahora pretende desconocer la obligación y, por ello, activa las reglas de la buena fe y de los actos propios, que impiden a la parte actora adoptar en juicio una postura abiertamente contradictoria con su conducta precedente. (…).
CONDENA EN COSTAS / TEMERIDAD PROCESAL / AGENCIAS EN DERECHO / PARTE DEMANDADA / RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Puede imponerse condena en costas a la parte vencida sin necesidad de calificar su conducta como temeraria?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en armonía con el artículo 365 del Código General del Proceso, la condena en costas no requiere la apreciación o calificación de una conducta temeraria, sino la verificación objetiva de quién resultó vencido, por lo que resulta procedente la condena en costas en contra de la Fundación demandante, en la medida en que fracasaron los cargos de apelación que formuló contra la sentencia de primera instancia. En relación con las agencias en derecho, como integrantes de las costas procesales, se rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. (…) En este caso, las agencias en derecho se fijan en un (1) SMLMV, a cargo de la parte vencida y en favor de la entidad demandada.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47