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¿Es procedente declarar el desequilibrio contractual por la concesión de derechos en juegos de suerte y azar por aplicación de la teoría de la imprevisión? Sí
La teoría de la imprevisión solo opera como supuesto de ruptura del equilibrio económico de un contrato estatal cuando existe un hecho exógeno a las partes, y si ese requisito no se acredita no puede declararse el desequilibrio por esa vía. En este caso, el contrato de concesión para la explotación de juegos de suerte y azar estaba sujeto a la Ley 80 de 1993, a la Ley 1150 de 2007, a la Ley 643 de 2001 y a sus reglamentos. Las declaraciones de derechos de explotación presentadas por el concesionario, no discutidas por la entidad, mostraron que en 2011 esos derechos fueron inferiores al valor pactado, lo que generó una compensación contractual a cargo del concesionario. Por ello, la Sala no aplicó la imprevisión y modificó la sentencia de primera instancia únicamente para declarar judicialmente liquidado el contrato, con un saldo a favor del concesionario. La providencia reitera el requisito del hecho exógeno para aplicar la teoría de la imprevisión.síntesis automática
¿Bajo la figura del restablecimiento del equilibrio económico, el contratista está facultado para pedir al juez del contrato su revisión mientras este se encuentra en ejecución? No
El contratista no está facultado para solicitar al juez del contrato la revisión del contrato estatal mientras este se encuentra en ejecución, conforme a la Ley 80 de 1993 y el Decreto 410 de 1971, que establecen que las partes deben buscar acuerdos para conjurar efectos de situaciones imprevistas, pero no permiten al juez modificar los términos contractuales durante la vigencia del contrato. En este caso, la demandante presentó su demanda cuando el contrato aún estaba en ejecución, por lo que sus pretensiones fueron improcedentes. Además, no se acreditó el desequilibrio económico del contrato, ya que la rentabilidad mínima no considera el impacto del impuesto al valor agregado, y la demandante no presentó pruebas suficientes para demostrar la afectación del incremento en la tarifa del IVA en la ecuación contractual. Como el recurso de apelación no prosperó, los apelantes deben ser condenados en costas y agencias en derecho, de acuerdo con el artículo 188 del Código Procesal Administrativo y los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿El concesionario debió probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato? Sí
El concesionario debe probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato, ya que la falta de evidencia de estas inversiones y su amortización impide que el concesionario reclame por los ingresos anuales restantes de la concesión. Además, la terminación unilateral del contrato no genera automáticamente un derecho a indemnización, sino que debe demostrarse el daño efectivamente causado y la existencia de perjuicios morales, lo cual requiere una carga probatoria suficiente. La decisión administrativa debe contener una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral, y no puede ejercerse veladamente la cláusula de caducidad sin un fundamento legal claro. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la terminación unilateral de contratos de concesión, estableciendo que la administración debe cumplir con los requisitos legales y contractuales para terminar unilateralmente un contrato, y que el concesionario debe demostrar adecuadamente cualquier reclamación por daños y perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿La imposibilidad de establecer la existencia del daño efectivamente causado al concesionario impide que sea beneficiario de lo que quedaba de la concesión?¿La decisión atacada contiene una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral?¿La auditoría se limitó a determinar el aspecto de la explotación económica de la concesión estableciendo los ingresos para unas vigencias?
¿El cómputo del término de caducidad en el medio de control de controversias contractuales es de dos años, contabilizados desde la terminación o liquidación del contrato? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, el término de caducidad de dos años se computa desde la terminación o liquidación del contrato, según el caso, y no desde la celebración del contrato. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA fija ese punto de partida, de modo que mientras el contrato no termine ni se liquide el plazo no empieza a correr. Segunda, la fecha de terminación se determina con la cláusula de plazo de ejecución y no con el momento de la suscripción del contrato. En el caso, el contrato tenía un plazo de ejecución de 300 meses contados desde su suscripción, y a la fecha de presentación de la demanda ese plazo no había expirado, por lo que el término de caducidad no había empezado a computarse. La providencia confirma la sentencia apelada porque la demanda fue presentada en tiempo. En la práctica, el demandante debe calcular la caducidad desde la terminación efectiva del contrato o desde su liquidación, verificando el plazo pactado en el propio contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La multa impuesta al concesionario procede ante el incumplimiento de la obligación de realizar la independización del servicio de energía eléctrica en aquellas zonas de los aeropuertos que no están…¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Procede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos esbozados por la parte actora en el recurso de apelación, relativos a la ilegalidad de las Resoluciones 1282 del 27 de octubre de 2016 y 255 del 6 de abril de 2017, dado que la autoridad minera desconoció, de forma aparente, las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción; procuraban la modificación del Programa de trabajos y Obras; y, demostraban la reducción del valor de la póliza minero ambiental? Sí
El contratista puede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos presentados en el recurso de apelación, relacionados con la ilegalidad de las resoluciones que desconocieron aparentemente las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción, la modificación del Programa de Trabajos y Obras, y la reducción del valor de la póliza minero-ambiental, ya que la falsa motivación se configura ante la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos por la administración. Esta regla reitera la jurisprudencia existente, permitiendo a los contratistas cuestionar la legalidad de los actos administrativos en términos de falsa motivación cuando se evidencie una distorsión en los fundamentos de estos.síntesis automática
También resuelve:¿Si la posesión o tenencia de los predios que contienen los minerales son de propiedad exclusiva del Estado, al margen de quien detente su dominio…¿El beneficiario del título minero debe presentar a la Agencia Nacional de Minería el Programa de Trabajos y Obras en el que describa la planificación…¿Para ejecutar el contrato de concesión minera el concesionario debe constituir a favor de la autoridad minera una póliza independiente para cada etapa de ejecución del contrato…
¿A las acciones de controversias contractuales sobre contratos de concesión minera les son inaplicables las normas de caducidad por tratar de bienes del Estado que son imprescriptible e inalienables? Sí
El contratista no está sujeto a las normas de caducidad en acciones de controversias contractuales sobre contratos de concesión minera, ya que estos tratan de bienes del Estado que son imprescriptibles e inalienables, según el parágrafo 1 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Además, el contrato de concesión minera puede ser nulo parcialmente cuando parte de la zona de aplicación incurre en áreas protegidas, como distritos de manejo integrado, prohibiendo actividades mineras conforme al artículo 34 del Código de Minas. La anulación de un contrato de tracto sucesivo no permite el control jurisdiccional sobre las obligaciones ya extinguidas por la renuncia del contratista, y en caso de terminación anticipada del contrato de concesión minera, el concesionario debe restituir los bienes e instalaciones conforme al artículo 108 del Código de Minas. Estas reglas reiteran y matizan precedentes, estableciendo criterios claros para la protección del patrimonio público y el cumplimiento de obligaciones ambientales en contratos mineros.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la nulidad parcial del contrato de concesión minera cuando parte de la zona de aplicación de este tiene el carácter de área protegida?¿Procede el control jurisdiccional sobre las obligaciones del contrato que dejó de producir efectos legales por la aceptación de la renuncia del contratista a la ejecución del mismo?¿Ante la extinción anticipada del contrato de concesión minera procede la restitución de todos los bienes e instalaciones que el contratista hubiere instalado o construido para la ejecución de este?
¿Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio so pena de que operara la caducidad de la sanción administrativa? Sí
El contratista no puede ser sancionado si la entidad estatal no expide y notifica el acto sancionatorio dentro del término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, ya que la caducidad de la facultad sancionatoria opera si el acto no es notificado en tiempo y forma. La Sala reitera que el plazo de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al cese del hecho que provocó la investigación, y si la notificación se realiza fuera de este término, la sanción administrativa caduca. Esto implica que la entidad no es competente para expedir el acto sancionatorio y que la resolución debe declararse nula, lo que confirma la sentencia de primera instancia que parcialmente prosperó la demanda del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Al encontrar acreditada la caducidad de la facultad sancionatoria la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas?¿Era necesario expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad?¿Desde la expedición de la sentencia de unificación se fijó una única regla de interpretación del término de caducidad de la facultad sancionatoria?
25000-23-24-000-2004-00466-012014-09-18Sección Primera
BIENES DE USO PUBLICO,DERECHO DEL CONCESIONARIO,CONTRATO DE CONCESIÓN,ACTO ADMINISTRATIVO – Playas,Terrenos de bajamar,Ordenamiento jurídico,Limitaciones,Restricciones,Condiciones disfrute,Concesiones,Concesiones portuarias,Ley 1ª de 1991,De carácter unilateral,Modificación unilateral,Revocatoriaparcial del acto,M – Mes: septiembre – Año: 2014…
¿La resolución expedida por la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, se fundó en normas vigentes al momento de su expedición, basándose en los informes de su consultor y asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin que se evidencie un desequilibrio económico del contrato a partir de dicha decisión? Sí
El contratista no puede impugnar la resolución de la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, ya que esta se basó en normas vigentes y en los informes de su consultor, asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin evidenciar un desequilibrio económico del contrato. La CNTV, como entidad encargada de la inspección, vigilancia, seguimiento y control de la prestación del servicio público de televisión, tiene la facultad de determinar el valor de la prórroga conforme a los criterios establecidos en la Ley 182 de 1995 y el Acuerdo 010 de 2006. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la legalidad de los actos administrativos que fijan el valor de la prórroga en contratos de concesión, protegiendo así la confianza y la estabilidad del mercado de bienes y servicios.síntesis automática
También resuelve:¿Es deber de los concesionarios del servicio nacional de televisión pagar un valor como contraprestación por el otorgamiento de la concesión…¿Los actos mediante los cuales la CNTV fijó el valor de la prórroga pertenecen a la clase de los actos administrativos consensuales, toda vez que…¿La aceptación expresa del valor de la prórroga por parte del concesionario en la etapa contractual, hace improcedente la configuración de un vicio invalidante por tratarse de un acto propio de…
¿Los contratos de concesión para la prestación del servicio público de aseo están sometidos al régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista no incluye la cláusula de reversión en contratos de concesión de servicios públicos, ya que estos no implican la explotación de bienes del Estado, sino la prestación de un servicio en un área de servicio exclusivo. Según el artículo 32 numeral 4 de la Ley 80 de 1993, la cláusula de reversión se aplica a la concesión de bienes, no a servicios públicos. En este caso, el contrato celebrado por la entidad territorial con Atesa para la prestación del servicio público de aseo no contempla la reversión, ya que la prestación del servicio no es monopolística y puede ser realizada por cualquier operador en un sistema de libre mercado. La entidad contratante debe evaluar la conveniencia de incluir la cláusula de reversión en función del valor presente neto del contrato, considerando que la prestación del servicio no implica la explotación de bienes estatales. La Sala reitera que la cláusula de reversión no es aplicable en contratos de concesión de servicios públicos, lo que implica que el contratista no está obligado a incluirla en dichos contratos.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato de concesión del servicio público de aseo se debe tener por incluida la cláusula de reversión?¿La amortización de sumas de dinero en el contrato debe ser expresamente pactada?¿La cláusula de reversión es de la esencia de todos los contratos de concesión?
¿Los actos administrativos demandados mediante los que, la extinta CNTV recalculó las autoliquidaciones realizadas por la sociedad demandante durante el periodo comprendido entre enero de 1999 y septiembre de 2003, adolecen de falsa motivación por aplicar de forma retroactiva un acto administrativo que, modificaba los criterios para el pago de la compensación por servicios de televisión por suscripción? Sí
En los contratos estatales, las normas vigentes al momento de su celebración se entienden incorporadas al contrato, salvo las que se refieren al modo de reclamar en juicio los derechos o a las penas por infracción. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 fija la incorporación de las normas vigentes al momento de la celebración como criterio general. Segunda, el valor del negocio jurídico se pactó como porcentaje de los ingresos, de modo que la aplicación retroactiva de un acto posterior que altera esa base incorpora una norma no vigente al contrato. En el caso, las partes pactaron el valor del negocio como porcentaje de los ingresos mensuales, y los actos que recalcularon las autoliquidaciones de un periodo anterior aplicaron retroactivamente un acto posterior, lo que la providencia encuentra con falsa motivación. La providencia confirma la nulidad de esos actos. En la práctica, la administración no puede recalcular obligaciones pactadas con una norma posterior que no estaba incorporada al contrato al momento de su celebración.síntesis automática
¿Al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las controversias relativas a la legalidad de actos administrativos que imponen multas en el marco de contratos de concesión celebrados con entidades públicas según lo dispuesto expresamente en el artículo 104 del CPACA. En este caso judicial, el Consejo de Estado resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia y se abstiene de imponer condena en costas de segunda instancia al no prosperar las impugnaciones presentadas por ambas partes, entendiéndose las costas debidamente compensadas entre los extremos procesales.síntesis automática
También resuelve:¿Las resoluciones demandadas, mediante las cuales se impuso una multa al contratista, en el marco del contrato de concesión…¿Para determinar si se vulneró el debido proceso del concesionario resultan aplicables las disposiciones del manual de contratación del ICBF?¿Cuando la administración ejerce su potestad sancionadora, si bien se efectúa unilateralmente, debe estar precedida de un procedimiento mínimo que preserve las garantías del debido proceso del…
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2025-10-01Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 11001032600020250010600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de anulación interpuesto contra el laudo arbitral proferido el 12 de mayo de 2025, debido a que la controversia se originó en un contrato de concesión celebrado entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la sociedad concesionaria? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los recursos extraordinarios de anulación contra laudos arbitrales que definan controversias relativas a contratos celebrados por entidades públicas, y la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente cuando interviene una entidad pública. La regla se apoya en el numeral 7 del artículo 104 del CPACA y en el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012, que atribuyen a esa sección el conocimiento del recurso contra el laudo proferido dentro de un proceso en el que participa una entidad pública o quien desempeña funciones administrativas. En el caso, el laudo resolvió las controversias entre un concesionario y una agencia estatal de infraestructura, lo que activa esa competencia. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el recurso de anulación contra un laudo de concesión se tramita ante la Sección Tercera, que lo admite en única instancia.síntesis automática
También resuelve:¿La parte recurrente cumplió con los requisitos de oportunidad, identificación precisa y sustentación adecuada de la causal invocada para la admisión del recurso de anulación…¿Resulta procedente suspender los efectos del laudo arbitral, a solicitud de la entidad pública condenada, en virtud de lo previsto en el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012…¿Resulta procedente convocar a audiencia pública, con fundamento en el interés general derivado del restablecimiento del equilibrio económico contractual…
¿Se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud de renuncia al contrato de concesión minera? No
El contratista no puede invocar el silencio administrativo positivo para renunciar a un contrato de concesión minera si no se encuentra al día con sus obligaciones, según establece la Sala. La entidad estatal no pierde competencia para resolver la solicitud de renuncia cuando el concesionario no cumple con los requisitos legales y contractuales, como estar a paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones económicas. La Sala concluye que la expedición de resoluciones que negaron la renuncia no desconoce los efectos del silencio positivo, ya que este no se configura en ausencia de los requisitos materiales del derecho pretendido. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo que el silencio administrativo positivo no opera si el concesionario incumple sus obligaciones, lo que implica que las resoluciones que negaron la renuncia fueron expedidas con competencia y legalidad.síntesis automática
También resuelve:¿La controversia planteada es un asunto de índole contractual, pues lo que se discute es la terminación de una concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales…¿El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal solo puede constituirse, declararse y probarse mediante el contrato de concesión minera…¿El concesionario tiene la prerrogativa de renunciar libremente a la concesión?
¿La vulneración de las garantías que componen el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo constituye causal de nulidad del acto administrativo? Sí
El debido proceso en el ámbito administrativo constituye una causal de nulidad del acto administrativo cuando se vulneran las garantías que lo componen, como el derecho a ser juzgado por una autoridad competente, a la presunción de inocencia, a no ser juzgado dos veces por la misma conducta y a la oportunidad de aportar y controvertir pruebas, siempre y cuando dicha vulneración tenga un impacto real en el derecho nuclear del debido proceso. Sin embargo, la existencia de una irregularidad en la notificación del acto administrativo no configura por sí sola una vulneración del debido proceso que conlleve su nulidad, ya que la falta de notificación o una irregularidad en esta afecta la eficacia y oponibilidad del acto, pero no su validez, siempre que el administrado haya tenido la oportunidad real de defenderse y no haya sufrido indefensión. Esta conclusión reitera la jurisprudencia existente y refuerza la importancia del principio de instrumentalidad de las formas y la distinción entre validez y eficacia del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La existencia de una irregularidad en la notificación de un acto administrativo configura, por sí sola, una vulneración del debido proceso que conlleve su nulidad?¿La interpretación aislada del artículo 269 del Código de Minas puede justificar la invalidez de la notificación del acto que declara la caducidad de un contrato de concesión?¿Puede alterarse la estructura secuencial y preclusiva del contrato de concesión minera con fundamento en actos de mera ejecución técnica por parte del concesionario?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-07-15Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020210010601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es factible la medida cautelar de administración de la bodega por parte del demandado? No
El contratista no puede obtener la medida cautelar de administración de la bodega debido a que el proceso ya avanza en la etapa de alegatos de conclusión, lo que dificulta la idoneidad de la medida para garantizar la efectividad de una sentencia próxima. Además, la medida cautelar solicitada no guarda relación directa con las pretensiones de la demanda, ya que estas buscan una condena dineraria para cubrir indemnizaciones, mientras que la medida cautelar busca una acción de hacer. La Sala reitera que la medida cautelar debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda para ser concedida, lo que implica que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1437 de 2011, artículo 230.síntesis automática
También resuelve:¿La medida cautelar solicitada guarda con la demanda la relación directa que exige el artículo 230 del CPACA?¿La solicitud de medida cautelar formulada por la Agencia Nacional de Minería satisface el requisito establecido en el artículo 230 del CPACA?¿Resulta impropia la estipulación contractual señalada en la demanda que determinó que al finalizar el negocio jurídico, la unión temporal debía “revertir” al Estado los bienes que hubiera recibido…
¿La competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada por lo determinado en el recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia está limitado en su competencia por los reparos específicos presentados en el recurso de apelación, según establecen los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, lo que implica que no puede pronunciarse sobre aspectos no debatidos en el recurso. Además, la Sala determina que la resolución demandada tiene la naturaleza de acto administrativo consensual, caracterizado por la necesidad de un acuerdo previo entre la administración y los destinatarios, aunque la voluntad final aparezca como unilateral. En este contexto, el concesionario que demanda un acto administrativo consensual que había aceptado durante el proceso contractual actúa contrariando el principio de buena fe, ya que este principio exige que las partes cumplan con las obligaciones asumidas en el contrato y respeten las decisiones tomadas durante el procedimiento. Esta regla modifica la interpretación previa sobre los límites de la competencia del juez de segunda instancia y la naturaleza de los actos administrativos consensuales, lo que implica que los jueces deben ser más restrictivos en su análisis y que los actores deben considerar cuidadosamente las implicaciones de la buena fe contractual antes de presentar demandas.síntesis automática
También resuelve:¿La resolución demandada tiene la naturaleza de acto administrativo consensual?¿El concesionario al demandar el acto administrativo consensual que había aceptado durante el proceso contractual, actuó contrariando el principio de buena fe?¿La resolución demandada al fijar el valor de la prórroga desconoció las normas sobre las que debía fundarse?
"(...) ¿Debe declararse el incumplimiento contractual por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura del Convenio Interadministrativo No. 168 de 2008? No
Hay incumplimiento contractual cuando la prestación no se satisface en la forma y oportunidad debidas y, además, esa insatisfacción es imputable al deudor, de modo que no basta con demostrar que la prestación no se cumplió si la causa de la falta no se atribuye a quien debía ejecutarla. Por ello, la condena impuesta en un laudo arbitral por un hecho determinado no permite, por sí sola, declarar el incumplimiento de la entidad que ejecutó el convenio interadministrativo, cuando el hecho que originó la condena no corresponde a obligaciones de la entidad. En el caso concreto, la condena del laudo surgió de la falta de planeación para implementar una troncal del sistema de transporte hasta un municipio, y el convenio y el documento de política que lo acompañaba no referían la planeación de esa obligación. Como consecuencia práctica, para declarar el incumplimiento de un convenio interadministrativo debe demostrarse que la obligación incumplida estaba a cargo de la entidad y que su omisión le es imputable, con independencia de las condenas que se hayan impuesto a otras partes.síntesis automática
¿Fue el concesionario quien incumplió el Contrato al no tramitar el permiso de vertimientos necesario para la operación de la PBA y que dicha omisión determinó la materialización de la medida de cierre de la PBA que, a su vez, causó los perjuicios reclamados en la demanda? Sí
En los contratos de concesión, la obligación de tramitar el permiso de vertimientos corresponde al concesionario cuando así se pactó, y su omisión no genera perjuicios reclamables a la entidad contratante por la suspensión de la operación. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la asignación contractual de la obligación de solicitar el permiso determina quién debe cumplirla, de modo que el incumplimiento de esa carga es imputable al concesionario. Segunda, la suspensión de la operación por autoridades ambientales no se atribuye a la entidad cuando la causa de la medida es la omisión del concesionario en tramitar el permiso. En el caso, el concesionario no tramitó el permiso de vertimientos, y esa omisión determinó la medida de cierre que causó los perjuicios reclamados, por lo que la providencia confirma la negativa de las pretensiones. En la práctica, el concesionario que deba tramitar licencias ambientales debe cumplir esa carga, porque su omisión no es trasladable a la entidad contratante.síntesis automática
También resuelve:¿En aquellos casos en los que la acción de controversias contractuales versa sobre un contrato de tracto sucesivo, el término de caducidad debe contabilizarse desde su terminación o liquidación…¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?