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Consejo de Estado
Providencia
¿Existe incumplimiento del acuerdo conciliatorio que se realizó con base en un contrato de exploración y explotación minera del cual no obra prueba en el expediente?
Sentencia — Sentencia
2022-02-04
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000232600020040066301
ACCION CONTRACTUAL
¿Existe incumplimiento del acuerdo conciliatorio que se realizó con base en un contrato de exploración y explotación minera del cual no obra prueba en el expediente? Sí
El contratista no puede invocar el incumplimiento de un acuerdo conciliatorio basado en un contrato de exploración y explotación minera si este no ha sido inscrito en el Registro Minero, ya que la falta de registro implica la inexistencia del contrato y, por ende, de las modificaciones que se pretendan realizar a través del acuerdo conciliatorio. Dado que el contrato minero requiere inscripción para su perfeccionamiento, conforme al Decreto-Ley 2655 de 1988, el acuerdo conciliatorio no puede generar efectos jurídicos sobre un contrato inexistente, ya que no cumple con los requisitos de existencia y licitud establecidos en el Código Civil. La Sala modifica la sentencia de primera instancia, negando las pretensiones de la demanda debido a la inexistencia del contrato y del acuerdo conciliatorio, a pesar de que la acción no haya caducado al presentarse dentro del término legal.síntesis automática
También resuelve:
¿Existe caducidad de la acción de controversias contractuales en los eventos en los cuales la demanda ha sido presentada dentro del término establecido en la ley?
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-08-02
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020210038601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para darle solución a los conflictos temporales en la aplicación de las leyes, se deben observar los criterios jerárquico, cronológico y de especialidad? Sí
El contratista debe observar los criterios jerárquico, cronológico y de especialidad para resolver conflictos temporales en la aplicación de las leyes, según establecen los artículos 1 y 2 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 5 de la Ley 57 de 1887. En el caso específico, la Sala determina que la Ley 685 de 2001, como ley especial, prevalece sobre la Ley 1450 de 2011, que es una ley general, al aplicar el criterio de especialidad. Además, se confirma que el artículo 115 de la Ley 685 de 2001 prevalece sobre el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011 en virtud del principio de favorabilidad, ya que establece una sanción más favorable. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la prelación normativa y el principio de especialidad, lo que implica que en casos similares, la aplicación de leyes especiales prevalecerá sobre las generales, siempre y cuando no se trate de una derogación explícita.síntesis automática
También resuelve:
¿La Ley 685 de 2001 (ley especial) es la aplicable al presente asunto en forma preferente a la ley posterior y general (ley 1450 de 2011), con fundamento en el criterio de especialidad?
¿El artículo 115 de la Ley 685 de 2001 por contener una sanción inferior a la posteriormente prevista en el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011, prevale en virtud del principio de favorabilidad?
¿Hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de la Resolución no. 001045 de 15 de noviembre de 2019 mediante la cual se impuso multa al concesionario y…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación
Sentencia — Sentencia
2024-05-06
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020190027201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi, o que no constituye un reparo concreto frente a las razones de la decisión empleadas por el a quo en la primea instancia? No
El juez de segunda instancia solo puede decidir sobre los cargos concretos formulados contra la decisión de primera instancia, de modo que no le corresponde examinar fundamentos que varíen la causa petendi ni reparos que no confronten las razones del fallo recurrido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el marco de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida, y la simple interposición del recurso o la manifestación general de inconformidad no bastan. Segundo, la decisión debe ser congruente con la demanda, la sentencia y el recurso, por lo que no puede abordar cuestionamientos nuevos que no fueron planteados al inicio del proceso. Tercero, admitir argumentos ajenos a la demanda o sin sustentación suficiente vulneraría el derecho fundamental al debido proceso de las partes. La providencia confirma la sentencia y reitera el criterio de la subsección sobre la carga de sustentación de la apelación; en la práctica, el apelante debe identificar los yerros concretos del fallo de primera instancia dentro de la causa petendi formulada en la demanda.síntesis automática
También resuelve:
¿Resulta procedente declarar la nulidad del acto administrativo que impuso una multa a los contratistas, cuando se observa que…
¿Resulta procedente declarar la nulidad del acto administrativo que impuso una multa a los contratistas, por falta de aplicación del artículo 115 del Código de Minas y la transgresión del principio…
¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-01-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020150247701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión minera por incumplimiento de la obligación de pagar el canon superficiario es nulo por violación del debido proceso? No
La declaratoria de caducidad de un contrato de concesión minera, precedida de requerimientos para cumplir las obligaciones del concesionario, no vulnera el debido proceso cuando el concesionario omite atender esos requerimientos. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los requerimientos consistieron en aportar la póliza minero ambiental y pagar el canon superficiario del segundo año de exploración, y el concesionario no los atendió antes de la caducidad. Segunda, el concesionario conocía desde la solicitud que el área presentaba superposición con la reserva forestal, por lo que no puede alegar desconocimiento de la situación que motivó la actuación. Tercera, la resolución del ministerio que suspendió trámites de sustracción no suspendió las obligaciones propias del contrato. La providencia confirma la sentencia apelada. La consecuencia práctica es que la suspensión de trámites administrativos ajenos no exime al concesionario de cumplir sus obligaciones contractuales, y la caducidad puede declararse tras el requerimiento previo.síntesis automática
También resuelve:
¿La expedición de la resolución conducía a la suspensión del cumplimiento de las obligaciones por la demandante en virtud del contrato de concesión?
¿El acto administrativo con el que fue declarada la caducidad del contrato de concesión minera por el incumplimiento de la obligación de pagar el canon superficiario, es nulo, debido a que…
¿Los contratos de concesión se entienden perfeccionados a partir de su inscripción en el registro minero nacional?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto
Sentencia — Sentencia
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020190078801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso promovido contra las Resoluciones 004409 de 2016 y 001318 de 2017, expedidas por la Agencia Nacional de Minería en ejecución del contrato de concesión minera? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de las resoluciones que expide una agencia estatal de naturaleza especial en la ejecución de un contrato de concesión minera, conforme al artículo 104 del CPACA. La regla se sostiene en tres razones: las resoluciones impugnadas se dictaron en el marco de la ejecución del contrato de concesión, lo que las sujeta al derecho administrativo; el artículo 150 del CPACA atribuye al Consejo de Estado la resolución de la apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, asigna en primera instancia a los tribunales administrativos el conocimiento de los asuntos derivados de estos contratos, de modo que la segunda instancia corresponde a esta Corporación. Por ello, la vocación de doble instancia del proceso determina la competencia del superior. La providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a la competencia.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede el medio de control de controversias contractuales para cuestionar las Resoluciones 004409 de 2016 y 001318 de 2017…
¿Debe imponerse condena en costas y fijarse agencias en derecho en segunda instancia a cargo de la parte apelante, conforme a los artículos 365 y 366 del CGP y a las tarifas del Acuerdo PSAA16‑10554…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La vulneración de las garantías que componen el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo constituye causal de nulidad del acto administrativo.
Sentencia — Sentencia
2025-11-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 13001233300020180042301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La vulneración de las garantías que componen el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo constituye causal de nulidad del acto administrativo? Sí
El debido proceso en el ámbito administrativo constituye una causal de nulidad del acto administrativo cuando se vulneran las garantías que lo componen, como el derecho a ser juzgado por una autoridad competente, a la presunción de inocencia, a no ser juzgado dos veces por la misma conducta y a la oportunidad de aportar y controvertir pruebas, siempre y cuando dicha vulneración tenga un impacto real en el derecho nuclear del debido proceso. Sin embargo, la existencia de una irregularidad en la notificación del acto administrativo no configura por sí sola una vulneración del debido proceso que conlleve su nulidad, ya que la falta de notificación o una irregularidad en esta afecta la eficacia y oponibilidad del acto, pero no su validez, siempre que el administrado haya tenido la oportunidad real de defenderse y no haya sufrido indefensión. Esta conclusión reitera la jurisprudencia existente y refuerza la importancia del principio de instrumentalidad de las formas y la distinción entre validez y eficacia del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿La existencia de una irregularidad en la notificación de un acto administrativo configura, por sí sola, una vulneración del debido proceso que conlleve su nulidad?
¿La interpretación aislada del artículo 269 del Código de Minas puede justificar la invalidez de la notificación del acto que declara la caducidad de un contrato de concesión?
¿Puede alterarse la estructura secuencial y preclusiva del contrato de concesión minera con fundamento en actos de mera ejecución técnica por parte del concesionario?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El debido proceso es un principio y derecho fundamental que intrínsecamente se entrelaza con el principio de legalidad
Sentencia — Sentencia
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020180084801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos esbozados por la parte actora en el recurso de apelación, relativos a la ilegalidad de las Resoluciones 1282 del 27 de octubre de 2016 y 255 del 6 de abril de 2017, dado que la autoridad minera desconoció, de forma aparente, las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción; procuraban la modificación del Programa de trabajos y Obras; y, demostraban la reducción del valor de la póliza minero ambiental? Sí
El contratista puede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos presentados en el recurso de apelación, relacionados con la ilegalidad de las resoluciones que desconocieron aparentemente las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción, la modificación del Programa de Trabajos y Obras, y la reducción del valor de la póliza minero-ambiental, ya que la falsa motivación se configura ante la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos por la administración. Esta regla reitera la jurisprudencia existente, permitiendo a los contratistas cuestionar la legalidad de los actos administrativos en términos de falsa motivación cuando se evidencie una distorsión en los fundamentos de estos.síntesis automática
También resuelve:
¿Si la posesión o tenencia de los predios que contienen los minerales son de propiedad exclusiva del Estado, al margen de quien detente su dominio…
¿El beneficiario del título minero debe presentar a la Agencia Nacional de Minería el Programa de Trabajos y Obras en el que describa la planificación…
¿Para ejecutar el contrato de concesión minera el concesionario debe constituir a favor de la autoridad minera una póliza independiente para cada etapa de ejecución del contrato…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El juez debe declarar la caducidad de la acción cuando el litigio versa sobre la validez de un contrato estatal y no sobre la protección de un bien inalienable e imprescriptible.
Salvamento voto — Salvamento de voto
2025-08-11
Sección Tercera (Subsección A)
MARÍA ADRIANA MARÍN
Rad. 25000233600020130178801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debió declararse la caducidad de la acción por cuanto lo debatido en el litigio era la validez de un contrato estatal? Sí
El juez aplica el término perentorio de caducidad previsto en el parágrafo 1 del artículo 136 del CCA cuando el objeto del litigio versa exclusivamente sobre la validez de un contrato estatal y no sobre la imprescriptibilidad e inalienabilidad de un bien. En el caso analizado, el salvamento de voto estimó que no resultaba aplicable la excepción a la regla de caducidad, por cuanto lo debatido no tenía incidencia en el carácter imprescriptible de un bien, sino en la validez del contrato estatal, supuesto frente al cual el legislador previó un término perentorio que no puede ser desconocido por vía jurisprudencial con fundamento en criterios ajenos a la norma exceptiva, debiendo haberse declarado la caducidad de la acción conforme al tenor literal y finalidad de la disposición procesal aplicable.síntesis automática
También resuelve:
¿La controversia no recae sobre la propiedad o la recuperación de un bien público, sino sobre la licitud del negocio jurídico y la posibilidad de que se continúe o no con su ejecución?
¿Si se admite que todo contrato que se relacione con un bien imprescriptible e inenajenable escapa a la caducidad, prácticamente la totalidad de la contratación estatal quedaría expuesta a…
¿Si cada vez que un litigio se relaciona con el ambiente la caducidad es inaplicable, resultarían inanes los plazos definidos por el legislador para instaurar las acciones respecto de actos y…