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Consejo de Estado
Providencia
No se advierte que una de las partes del presente asunto sea un particular en ejercicio de funciones administrativas
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente
2024-07-08
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 11001032600020240004900
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se advierte que una de las partes del presente asunto sea un particular en ejercicio de funciones administrativas? No
El contratista no es considerado un particular en ejercicio de funciones administrativas cuando el objeto del contrato es la prestación de servicios profesionales a cambio de una contraprestación económica, y no se relaciona con funciones propias del Estado. La Sala determina que, al no acreditarse la calidad de entidad pública o de particular en ejercicio de funciones públicas, el Consejo de Estado no cuenta con jurisdicción para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral, remitiendo el asunto a la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar donde funcionó el tribunal de arbitraje, conforme al artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y los numerales 7º del artículo 104 y 149 del CPACA.síntesis automática
También resuelve:
¿Esta Corporación cuenta con jurisdicción para decidir el asunto objeto de estudio al tratarse de un conflicto entre particulares?
¿Corresponde al Consejo de Estado conocer de los recursos contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado
Providencia
¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados?
Sentencia — Sentencia
2024-02-19
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233100020030306001
ACCION CONTRACTUAL
¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados? Sí
La remuneración del contratista se liquida conforme a la norma vigente al momento de celebrarse el pacto, y que la entidad que la paga con esa norma y aplica bien sus porcentajes escalonados no incumple el contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma aplicable al momento de celebración era el artículo 4 del Decreto 3421 de 1986 y no el artículo 107 del Decreto 2388 de 1979, invocado por la demandante. Segunda, el reconocimiento económico fue liquidado y efectivamente pagado con arreglo a esa norma, y las reglas sobre porcentajes escalonados se aplicaron correctamente. Tercera, al no constatarse incumplimiento de la entidad contratante, no procede la condena a perjuicios patrimoniales ni extrapatrimoniales ni la nulidad parcial del acto de liquidación. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y desestima las pretensiones. La consecuencia práctica es que la liquidación de la remuneración debe verificarse con la norma vigente al celebrarse el contrato, y no con una posterior o anterior invocada por el contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿Hay lugar a condenar al pago de la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales pretendidos?
¿La retribución convenida se supeditó a un porcentaje determinable a partir de la ley aplicable para el momento de la celebración del contrato?
¿La responsabilidad contractual es el deber del agente dañador del pago de los perjuicios que haya sufrido su cocontratante por efecto de la desatención obligacional?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Se confirmará la providencia del 16 de noviembre de 2023
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2024-08-13
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 85001233300020230008501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se confirmará la providencia por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Casanare rechazó la demanda? Sí
El contratista no puede presentar una demanda extemporánea de controversias contractuales si la liquidación del convenio interadministrativo no se realizó dentro del plazo acordado, ya que el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que el término para demandar comienza una vez realizada la liquidación del negocio jurídico o vencido el plazo para ello. En este caso, el convenio debía liquidarse a más tardar el 16 de diciembre de 2019, y la demanda fue radicada el 17 de octubre de 2023, por lo que es extemporánea y el Tribunal Administrativo de Casanare rechazó correctamente la demanda. Además, la entidad estatal no puede liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo sin un acuerdo expreso y claro entre las partes, ya que la finalidad asociativa de estos convenios impide una aplicación automática del régimen legal de los contratos estatales. Por último, el convenio interadministrativo no constituye un contrato debido a la ausencia de remuneración entre las partes, sino que tiene como objetivo aunar esfuerzos para satisfacer una finalidad común.síntesis automática
También resuelve:
¿En los convenios interadministrativos resulta válido que una de las partes realice la liquidación unilateral, siempre y cuando ello esté expresamente acordado?
¿Puede predicarse que existió una remuneración de una de las partes hacia la otra?
¿El trámite de cada una de las demandas es independiente y debe analizarse de manera individual el cumplimiento de los presupuestos procesales?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento del municipio demandado
Sentencia — Sentencia
2024-09-11
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 05001233300020140102301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento del municipio demandado? Sí
Cuando la sentencia reconoce sumas líquidas a título de condena, los intereses moratorios sobre esas sumas se causan desde la ejecutoria de la providencia que las liquide, y no desde una fecha anterior. Esta regla se apoya en que solo a partir de esa liquidación las sumas adquieren carácter líquido y exigible para efectos de intereses. Por ello, cuando el contrato termina por el incumplimiento de la entidad, la declaración de incumplimiento se confirma y la condena pecuniaria se ajusta solo en el momento en que se causan los intereses. En el caso concreto se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento de la entidad territorial, por lo que se confirmó la declaración de incumplimiento y de terminación del negocio jurídico. Solo se modificó la sentencia en la precisión sobre el inicio de los intereses. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la fecha de causación de intereses debe ligarse a la providencia de liquidación de la condena.síntesis automática
También resuelve:
¿El municipio tampoco se comprometió o allanó al cumplimiento de las obligaciones, por lo cual en el presente asunto no tiene vocación de prosperidad la excepción de contrato no cumplido pretendida?
¿De los riesgos asumidos en cabeza del concesionario no hay ningún evento que releve al municipio de su compromiso de asignar los cuatro mil cupos estudiantiles durante el plazo de ejecución del…
¿El presente asunto se trata de una discusión en relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el municipio de Bello con la suscripción del contrato de concesión?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Se confirmará la sentencia de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2024-09-27
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020200034201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Ser probó la existencia de un vicio redhibitorio habilitante para reclamar perjuicios? Sí
El contratista puede reclamar perjuicios por la existencia de un vicio redhibitorio si demuestra que el defecto era oculto y no evidente a partir de la inspección del bien y su documentación, y que la entidad estatal, por su especialidad y experticia, debía conocerlo pero no lo hizo constar en el pliego de condiciones. La regla establece que el tradente debe manifestar todo vicio que conozca o deba conocer del bien en razón de su profesión u oficio, lo que implica que la entidad estatal incumplió su deber de buena fe al no advertir el defecto presente en el bien al momento de la celebración del contrato. Esta decisión reitera y matiza la responsabilidad del tradente en la identificación y manifestación de vicios ocultos, lo que implica que las entidades estatales deben ser más diligentes en la verificación y documentación de las características del bien antes de la adjudicación del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Es deber de conducta del tradente manifestar todo vicio que conozca o deba conocer del bien en razón de su profesión u oficio?
¿Los vicios redhibitorios son aquellos existentes pero ocultos para el adquirente, quien sin negligencia grave no tuvo como advertirlos?
¿La demandada discute su responsabilidad frente a los vicios encontrados posteriormente en el bien y su saneamiento, en tanto afirma que este se entregó en las mismas condiciones en que fue conocido…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez.
Sentencia — Sentencia
2025-02-03
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 15001233300020190028001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de control de controversias contractuales es el medio de control procedente para conocer sobre la responsabilidad contractual? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el convenio… fue suscrito por el municipio de Puerto Boyacá [y la corporación] -entidad con un 51% de capital público- en el marco de sus funciones. El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, [conforme] el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, [dado] que la pretensión [mayor], supera los 500 SMLMV. En virtud del artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, [se] declare el incumplimiento, [se] condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas.
También resuelve:
¿El municipio de Puerto Boyacá contaba con dos años para impugnar el contrato, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que liquidó unilateralmente el acuerdo convencional?
¿En virtud de la colaboración que debe preponderar entre las entidades del Estado, existe la posibilidad de cooperación entre estas, mediante la celebración de convenios interadministrativos?
¿En los contratos administrativos las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un objetivo común, pues la contratista actúa a cambio de una retribución patrimonial por el cumplimiento de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La vulneración de las garantías que componen el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo constituye causal de nulidad del acto administrativo.
Sentencia — Sentencia
2025-11-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 13001233300020180042301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La vulneración de las garantías que componen el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo constituye causal de nulidad del acto administrativo? Sí
El debido proceso en el ámbito administrativo constituye una causal de nulidad del acto administrativo cuando se vulneran las garantías que lo componen, como el derecho a ser juzgado por una autoridad competente, a la presunción de inocencia, a no ser juzgado dos veces por la misma conducta y a la oportunidad de aportar y controvertir pruebas, siempre y cuando dicha vulneración tenga un impacto real en el derecho nuclear del debido proceso. Sin embargo, la existencia de una irregularidad en la notificación del acto administrativo no configura por sí sola una vulneración del debido proceso que conlleve su nulidad, ya que la falta de notificación o una irregularidad en esta afecta la eficacia y oponibilidad del acto, pero no su validez, siempre que el administrado haya tenido la oportunidad real de defenderse y no haya sufrido indefensión. Esta conclusión reitera la jurisprudencia existente y refuerza la importancia del principio de instrumentalidad de las formas y la distinción entre validez y eficacia del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿La existencia de una irregularidad en la notificación de un acto administrativo configura, por sí sola, una vulneración del debido proceso que conlleve su nulidad?
¿La interpretación aislada del artículo 269 del Código de Minas puede justificar la invalidez de la notificación del acto que declara la caducidad de un contrato de concesión?
¿Puede alterarse la estructura secuencial y preclusiva del contrato de concesión minera con fundamento en actos de mera ejecución técnica por parte del concesionario?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El vicio de nulidad por falta de competencia temporal alegado en la demanda debe ser negado
Sentencia — Sentencia
2024-06-04
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 25000233600020190086702
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El vicio de nulidad por falta de competencia temporal alegado en la demanda debe ser negado, al acreditarse que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió el acto de liquidación unilateral del contrato conforme a los términos previstos en la Ley 1150 de 2007? Sí
Las partes de la relación contractual no pactaron un término de liquidación distinto del previsto en la Ley 1150 de 2007 para efectos de adelantar el trámite de liquidación contractual, norma que, ante la ausencia de un plazo convencional, prevé: i) que la liquidación bilateral se realizará dentro de los 4 meses siguientes a la expiración del término de ejecución, ii) en defecto de lo anterior la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los 2 meses siguientes a dicho término, y iii) que si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha producido la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes, de mutuo acuerdo o unilateralmente.… Así, la competencia temporal de la administración para ejercer sus facultades a través de un acto administrativo (elemento subjetivo de validez del mismo) se verifica en el momento en que esa manifestación de voluntad se forma…
También resuelve:
¿El negocio jurídico celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Federación Nacional de Departamentos…
¿La notificación o publicación del acto administrativo, comporta un elemento directamente ligado a la oponibilidad de sus efectos, pero no incide en su formación o expedición y…
¿Hay lugar a estudiar el cargo de nulidad por falsa motivación de la liquidación unilateral del contrato, al tratarse de actos administrativos en firme?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-09-14
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 76001233100020060347301
ACCION CONTRACTUAL
¿El convenio de asociación para la construcción de proyectos de vivienda de interés social suponía un provecho económico en favor del particular demandante? Sí
Aclaro mi voto no por una impropiedad ni imprecisión del proyecto sino para dejar a salvo la posición expuesta en un asunto anterior que guarda similitud fáctica… con el proceso de la referencia, en cuanto que en aquella oportunidad la controversia también giraba en torno a un convenio de asociación para la construcción de proyectos de vivienda de interés social; no obstante, ese negocio jurídico no adolecía de nulidad absoluta porque carecía de contraprestación, a diferencia del convenio suscrito en este caso que supone un provecho económico en favor del particular demandante.