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PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM

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Consejo de Estado Providencia

Conflicto de competencia administrativa: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas 2025-04-30 Sala Consulta y Servicio Civil JUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZ Rad. 11001030600020250000500 CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, es la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria radicada bajo el núm. IUSE-2022-689348; IUC-D-2022-2731103 adelantada en contra del señor [J.J.Z], profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Virginia? Sí
IUS-E-2022-689348; IUC-D-2022- 2731103 adelantada en contra del señor [J.J.Z], profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Virginia. De otro lado, como el actuar del señor Zapata también podría implicar el posible incumplimiento del objeto contractual suscrito con dicho municipio, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, se expedirán copias de la presente actuación al alcalde municipal de La Virginia (Risaralda), para que, advirtiendo del respeto por su autonomía, evalúe y verifique el cumplimiento de los objetos contractuales en los mencionados contratos de prestación de servicios y adopte las medidas a que hubiere lugar, de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y demás normas pertinentes…
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado Providencia

La Procuraduría General de la Nación investiga a los particulares que ejercen funciones públicas, mientras que las Comisiones de Disciplina conocen de abogados.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas 2025-11-26 Sala Consulta y Servicio Civil MARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLA Rad. 11001030600020250040500 CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria adelantada en contra de un profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Celia (Risaralda)? Sí
El régimen disciplinario aplicable a los particulares y profesionales del derecho se determina según la función pública desempeñada y la naturaleza de la infracción en ejercicio profesional. En este auto que dirime un conflicto de competencia administrativa disciplinaria, se establece que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial es la autoridad competente para conocer de la investigación adelantada contra un abogado vinculado mediante contrato de prestación de servicios. Con fundamento en las Leyes 1952 de 2019, 2094 de 2021 y 1123 de 2007, se precisa que la Procuraduría investiga a particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria, en tanto que el Código Disciplinario del Abogado regula la actividad de asesoría y representación jurídica de entidades públicas.síntesis automática
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado Providencia

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente

Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas 2025-11-19 Sala Consulta y Servicio Civil MARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLA Rad. 11001030600020250025300 CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, es la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria adelantada en contra de un profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Virginia (Risaralda)? Sí
Dicha potestad disciplinaria a cargo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales se ratifica en el artículo 257A de la Constitución Política y el artículo 110A de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996. En consecuencia, la Sala declarará que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria radicado IUS-E: 2022-142655 IUC-D: 2022-2337557 adelantada en contra del señor E.R.M., profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Virginia (Risaralda).
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado Providencia

El IDU tenía competencia temporal para imponer la multa impuesta al contratista por el incumplimiento de la terminación

Sentencia — Sentencia 2023-05-23 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020100084701 ACCION CONTRACTUAL
¿El IDU tenía competencia temporal para imponer la multa impuesta al contratista por el incumplimiento de la terminación de las obras dentro del término estipulado? Sí
El contratista no puede impugnar la competencia temporal del IDU para imponer una multa por el incumplimiento en la terminación de las obras, ya que esta sanción fue acordada en el contrato y no se extingue la obligación principal con su pago, según el artículo 1594 del Código Civil. La multa fue impuesta antes de que venciera el plazo total del contrato, pero después de que el término para la finalización de las obras había concluido, lo que no la hace extemporánea. Además, la Corporación es competente para conocer la acción de controversias contractuales en virtud de la naturaleza pública del IDU y la cuantía del asunto. La acción de controversias contractuales es procedente para intentar la nulidad de actos contractuales como las multas, siempre y cuando se presente dentro del término legal.síntesis automática
También resuelve: ¿La Corporación tiene competencia para conocer la acción de controversias contractuales? ¿La nulidad de los actos contractuales como las multas se pueden intentar a través de la acción de controversias contractuales? ¿Los incumplimientos contractuales que endilga la parte accionante ya habían sido sancionados, presentándose violación del principio non bis in idem?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No está demostrado el cargo de nulidad por falsa motivación planteado en la demanda

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020160136901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los demandantes probaron que los informes de interventoría cumplieran lo exigido en el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, y que los actos demandados adolecieran de falta de motivación? No
El contratista no puede demostrar la nulidad de los actos administrativos que declaran el incumplimiento del contrato de interventoría por falta de motivación o por no cumplir con el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, ya que no aporta los informes mensuales y el informe final de interventoría necesarios para verificar el cumplimiento de dichas exigencias. Además, los actos administrativos demandados se basan en razones distintas a las que motivaron la declaratoria de incumplimiento anterior, por lo que no se viola el principio del non bis in ídem. Asimismo, la entidad estatal no está obligada a probar los perjuicios sufridos para aplicar la cláusula penal pecuniaria, ya que el contrato contempla una estimación anticipada de los daños en caso de incumplimiento. Este precedente reitera la importancia de la documentación probatoria en los procesos de interventoría y refuerza la autonomía de la entidad estatal en la aplicación de las cláusulas penales contratuales.síntesis automática
También resuelve: ¿Se encontró acreditado que el IDU desconoció el ¿El IDU, al proferir los actos demandados, tenía que demostrar los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del Interventor?
Consejo de Estado Providencia

El contenido del acto demandado es claro

Sentencia — Sentencia 2024-09-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 68001233100020110072101 ACCION CONTRACTUAL
¿Teniendo en cuenta las prórrogas pactadas entre las partes para ampliar el plazo de entrega de cada obra, era improcedente imponer la multa por cumplimiento tardío de las obligaciones del contratista, estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones? Sí
El contratista no está obligado a pagar la multa por cumplimiento tardío estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones, cuando las partes han pactado una prórroga que amplía el plazo de entrega de las obras, ya que la sanción pierde su función de apremio y carece de objeto al momento de su imposición. La Sala modifica la decisión anterior que permitía la aplicación de la multa después de la prórroga, estableciendo que la entidad debe respetar el acuerdo alcanzado entre las partes para ajustar los plazos de ejecución del contrato. Esta regla implica que las partes deben negociar y ajustar los plazos del contrato en caso de atrasos, y que la entidad no puede aplicar sanciones posteriores a la prórroga sin una clara manifestación de intención en ese sentido.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato de obra pública celebrado entre Metrolínea y la Unión Temporal, se rigió por las normas de derecho privado concernientes a las actividades económicas y comerciales del mercado regulado? ¿Las decisiones sancionatorias proferidas por Metrolínea, al no tener la connotación de actos administrativos, no pueden ser objeto de estudio de legalidad para efectos de su declaratoria de nulidad? ¿La cláusula penal se entiende como una tasación anticipada de perjuicios, que puede hacerse efectiva a través de la multa, por un lado como un apremio al contratista para cumplir la obligación…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La Sala no encuentra razones que conduzcan a una conclusión diferente

Sentencia — Sentencia 2024-09-13 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020180056201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La demandante no estaba facultada para solicitar la declaratoria de incumplimiento del IDU, ni la nulidad por falsa motivación de la Resolución 4690 de 2017, en tanto no acreditó el cumplimiento de sus propias obligaciones? Sí
El contratista no está facultado para solicitar la declaratoria de incumplimiento del IDU ni la nulidad por falsa motivación de la Resolución 4690 de 2017, ya que no acreditó el cumplimiento de sus propias obligaciones ni justificó los incumplimientos atribuidos a factores externos o imputables a la entidad. La Sala determinó que la contratista no demostró que durante el plazo de prórroga se presentaran circunstancias distintas a las que motivaron la adición de plazo, y que las causas que justificaron la prórroga no podían ser utilizadas para excusar incumplimientos posteriores. Además, no se probó que la contratista hubiera cumplido con su deber de coordinación con otros contratistas ni que las interferencias presentadas impidieran su cumplimiento. Por tanto, la Sala concluye que la Resolución 4690 no está incursa en falsa motivación y que no se vulneró el debido proceso administrativo en el procedimiento sancionatorio, ya que la entidad mantuvo claros y consistentes los hechos de incumplimiento desde el inicio del trámite. Esta decisión reitera la importancia de la buena fe contractual y la necesidad de acreditar plenamente las circunstancias que justifican los incumplimientos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Se trasgredió el debido proceso de la sociedad en el marco del procedimiento administrativo que culminó con la Resolución 4690 de 2017? ¿Con la expedición de las Resoluciones 1025 del 21 de marzo y 1399 del 18 de abril de 2018 se vulneró el principio non bis in ídem? ¿La Resolución 2425 del 13 de junio de 2018, en la que se liquidó unilateralmente el contrato, está viciada de nulidad por falta de competencia temporal?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se debe aplicar la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso a las demandas instauradas con posterioridad al 2 de julio

Sentencia — Sentencia 2022-02-23 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 68001233300020120590001 LEY 1437 REPETICION
¿Se debe aplicar la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso a las demandas instauradas con posterioridad al 2 de julio de 2012? Sí
El contratista debe aplicar la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso a las demandas instauradas con posterioridad al 2 de julio de 2012, ya que estas disposiciones procesales regirán tanto la interposición de recursos como la práctica de pruebas, audiencias y notificaciones en curso. Además, el Código General del Proceso se integra al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para regular los procesos iniciados después de dicha fecha, aunque los procesos anteriores se rigen por el régimen jurídico vigente al momento de su inicio, según lo dispuesto en el artículo 308 del CPACA. Esto implica que la entidad pública cuenta con 18 meses para cumplir con la condena impuesta en un proceso de reparación directa, contados desde que la sentencia quede en firme, conforme al inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla reitera la aplicación de las normas procesales vigentes al momento de la interposición de la demanda, garantizando la seguridad jurídica y la eficiencia del tráfico procesal.síntesis automática
También resuelve: ¿El llamamiento en garantía con fines de repetición dentro del proceso de reparación directa produce el efecto de cosa juzgada respecto de la conducta del agente llamado por la entidad pública?
Consejo de Estado Providencia

Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes

Sentencia — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 05001233100020080031401 ACCION CONTRACTUAL
¿Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa? Sí
El contratista no puede volver a plantear pretensiones que ya fueron objeto de pronunciamiento en un proceso anterior, configurándose la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa, cuando en la sentencia previa se resolvió sobre el incumplimiento del contrato y los efectos de las adiciones y prórrogas sin salvedades, lo que implica que cualquier reclamación adicional o la liquidación judicial del contrato sin reconocimiento de sumas adicionales no puede ser revisada nuevamente. La Sala modifica la jurisprudencia existente al precisar que los efectos de la cosa juzgada no alcanzan a la pretensión de liquidación judicial del contrato ni a la de enriquecimiento sin causa, pero sí a las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de sumas adicionales, lo que implica que en casos futuros, si se cumplen los requisitos de identidad, no se podrá repetir la discusión de las mismas cuestiones ya decididas.síntesis automática
También resuelve: ¿Se confirma la decisión del a quo de liquidar el contrato sin saldo a favor ni a cargo de las partes? ¿Cuando en una sentencia se ha resuelto sobre un todo del que forma parte la cosa materia de la nueva demanda, existirá sin duda identidad de objeto? ¿Si las pretensiones formuladas en el presente caso y en el otro proceso fueron distintas, ello no puede ser motivo para descartar el requisito de identidad de objeto para la configuración de la…
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Consejo de Estado Providencia

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para adelantar la actuación disciplinaria

Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas 2025-06-11 Sala Consulta y Servicio Civil JOHN JAIRO MORALES ALZATE Rad. 11001030600020250001600 CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para adelantar la actuación disciplinaria en contra de una abogada, en calidad de asesora jurídica externa de una alcaldía? Sí
Teniendo en cuenta que la señora [J.M.G.] celebró el contrato de prestación de servicios núm. 01 del 14 de enero de 2020 con el municipio de Guática (Risaralda), en ejercicio de su profesión de abogada y conforme a los antecedentes que obran en el expediente, la Sala encuentra que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para conocer y asumir la investigación disciplinaria en contra de la mencionada togada para la época de los hechos, por el presunto incumplimiento de sus deberes profesionales.… Según lo descrito en el informe de auditoría, la señora [J.M.G.], contratista del municipio de Guática, Risaralda, realizó la revisión legal de los estudios previos y de la Resolución 166 del 9 de junio de 2020 por la cual se justificó el proceso de contratación directa del Contrato No. 055-2020 suscrito entre la Alcaldía y la ESE Hospital Santa Ana de Guática, en los cuales aparece…
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado Providencia

La vulneración de las garantías que componen el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo constituye causal de nulidad del acto administrativo.

Sentencia — Sentencia 2025-11-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 13001233300020180042301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La vulneración de las garantías que componen el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo constituye causal de nulidad del acto administrativo? Sí
El debido proceso en el ámbito administrativo constituye una causal de nulidad del acto administrativo cuando se vulneran las garantías que lo componen, como el derecho a ser juzgado por una autoridad competente, a la presunción de inocencia, a no ser juzgado dos veces por la misma conducta y a la oportunidad de aportar y controvertir pruebas, siempre y cuando dicha vulneración tenga un impacto real en el derecho nuclear del debido proceso. Sin embargo, la existencia de una irregularidad en la notificación del acto administrativo no configura por sí sola una vulneración del debido proceso que conlleve su nulidad, ya que la falta de notificación o una irregularidad en esta afecta la eficacia y oponibilidad del acto, pero no su validez, siempre que el administrado haya tenido la oportunidad real de defenderse y no haya sufrido indefensión. Esta conclusión reitera la jurisprudencia existente y refuerza la importancia del principio de instrumentalidad de las formas y la distinción entre validez y eficacia del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿La existencia de una irregularidad en la notificación de un acto administrativo configura, por sí sola, una vulneración del debido proceso que conlleve su nulidad? ¿La interpretación aislada del artículo 269 del Código de Minas puede justificar la invalidez de la notificación del acto que declara la caducidad de un contrato de concesión? ¿Puede alterarse la estructura secuencial y preclusiva del contrato de concesión minera con fundamento en actos de mera ejecución técnica por parte del concesionario?
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