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Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2024-07-11Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 08001233100020040292502LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sociedad demandada impugnó la decisión que en su momento adoptó el a quo en relación con su solicitud de pruebas? No
El contratista no puede solicitar pruebas en segunda instancia si no impugnó la decisión que denegó su solicitud en primera instancia, ya que no actuó sin culpa al no ejercer el recurso de apelación correspondiente. La entidad estatal rechaza la petición de pruebas en segunda instancia cuando no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, que permiten la práctica de pruebas en esta etapa solo en casos específicos como la omisión sin culpa en primera instancia, hechos acontecidos después del término para pedir pruebas, documentos no presentados por fuerza mayor o caso fortuito, o para desvirtuar documentos presentados por la parte contraria. Este precedente reitera que la omisión de la impugnación en primera instancia impide la subsanación en segunda instancia, lo que implica que las partes deben actuar diligentemente en cada etapa del proceso para evitar la pérdida de oportunidades de prueba.síntesis automática
¿La carga argumentativa del recurso de apelación se suple con la manifestación genérica de encontrarse en desacuerdo con el fallo de primera instancia? No
La carga argumentativa de la apelación no se suple con la manifestación genérica de desacuerdo con el fallo de primera instancia, ni con la petición de revocarlo, pues el apelante debe atacar los fundamentos de hecho o de derecho de la decisión. La regla se apoya en tres razones. Primera, el apelante debe confrontar los argumentos del juez de primera instancia con sus propias razones, para que el superior los examine y no realice un nuevo análisis sin limitaciones del proceso. Segunda, tampoco basta la reiteración casi automática de los argumentos de la demanda, la contestación o los alegatos. Tercera, cuando la sustentación es genérica, vaga o insuficiente, el superior no tiene opción distinta que confirmar la providencia apelada. En consecuencia, se confirma la sentencia impugnada. Así, la decisión de primera instancia se confirma cuando el recurso no contiene una crítica concreta a sus fundamentos. La Sala reitera lo señalado por esta Subsección en oportunidad anterior sobre la debida sustentación del recurso.síntesis automática
También resuelve:¿El recurrente incumplió con la carga argumentativa que se exige para que el recurso de apelación sea susceptible de ser analizado de fondo y resuelto por el superior?¿Procede la condena en costas en los procesos en los que se ventila un interés público?
¿El recurrente cumplió con la carga argumentativa que requiere la interposición del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, al reiterar los fundamentos de hecho y de derecho plasmados en la demanda? No
A pesar de que formalmente la parte actora presentó la impugnación, lo cierto es que materialmente no puede deducirse un argumento que esté destinado a debatir o cuestionar las razones que el Tribunal expuso como fundamento de su decisión, toda vez que se limitó a reproducir y transcribir literalmente los argumentos precisados en el libelo e, incluso, se presentó como la copia exacta de los alegatos conclusivos de la primera instancia, sin confrontar el cimiento de la decisión de la sentencia que se recurre.
También resuelve:¿La sustentación del recurso de apelación requiere que el recurrente exponga las razones de inconformidad que ataquen los argumentos con los que el a quo fundamentó su decisión?¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia está determinado por los motivos de inconformidad que exponga el recurrente en el recurso de apelación…
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2025-10-08Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 11001032600020250003900LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sala Plena de esta Sección es competente para conocer, en única instancia, del recurso extraordinario de anulación formulado por la parte convocada? Sí
La Sección Tercera del Consejo de Estado ejerce competencia en única instancia para conocer de los recursos extraordinarios de anulación contra laudos arbitrales nacionales o internacionales relacionados con contratos estatales. En el presente asunto, la Sala admite el recurso formulado frente al laudo derivado del contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango celebrado entre un consorcio y EPM, de conformidad con el artículo 149 numeral 7 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 68 de la Ley 1563 de 2012.síntesis automática
También resuelve:¿Si el Panel Arbitral desestima las excepciones referidas a su falta de competencia en una etapa temprana del proceso, la impugnación deberá efectuarse una vez se emita el laudo final…¿El recurso de anulación del laudo parcial formulado no se presentó en tiempo, dado que se formuló por fuera del término legal de un mes previsto en la ley de arbitraje?¿El recurso extraordinario de anulación formulado por EPM contra el laudo final y la providencia que resolvió la solicitud de aclaración, corrección y adición del laudo definitivo…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja2025-06-19Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 18001234000020170017801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el recurso de queja y tiene competencia el magistrado ponente para resolverlo? Sí
El recurso de queja procede cuando no se concede, se rechaza o se declara desierta la apelación, y el magistrado ponente es competente para resolverlo, según el artículo 245 del Código Procesal Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 2080 de 2021. En este caso, la parte demandante presentó un recurso de queja contra un auto que declaró improcedente un recurso de apelación interpuesto contra un auto que negó la nulidad procesal. El legislador, mediante la Ley 2080 de 2021, suprimió la apelación frente a los autos que resuelven nulidades procesales, restringiendo así las posibilidades de impugnación de dichas decisiones para racionalizar el proceso y evitar dilaciones indebidas. Por lo tanto, el recurso de queja fue declarado bien denegado, ya que el auto que resuelve la nulidad procesal no es apelable en lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Al suprimirse de manera expresa la apelación frente a los autos que resuelven nulidades procesales, debe declararse bien denegado el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra el…
25000232600020070061701 DE 2025 de 20252025-09-15Rad. 25000232600020070061701
El contratista no puede impugnar judicialmente actos administrativos proferidos antes de la celebración del contrato, salvo que estos sean definitivos y generen una situación jurídica nueva; en el caso de solicitudes de revocatoria directa, el acto que las niega no constituye un acto administrativo definitivo susceptible de acción contencioso administrativa, ya que no genera una situación jurídica distinta a la del acto revocado. Esta regla implica que la controversia contractual se limita a aspectos relacionados con el contrato en sí, su existencia, nulidad o incumplimiento, y no abarca actos previos que no generen una nueva situación jurídica. Esto reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que la negativa a revocar un acto administrativo no es susceptible de impugnación judicial, lo que implica que las pretensiones basadas en estos actos deben ser negadas en la práctica.síntesis automática
También resuelve:Régimen de actos administrativos en la contratación estatal según la ley 80 de 1993: régimen de actos administrativos en la contratación estatal, actos previos al contrato, la Ley 80 de 1993, en su regulación, distinguió con claridad el régimen de los actos administrativos expedidos con anterioridad a la celebración del contrato, de aquel que se refiere a los actos proferidos con posterioridad. Además, incluso, determinó que ciertos actos, no obstante ser previos, tienen efectos reguladores sobre el contrato, como ocurre con el pliego de condiciones (artículo 30.2 de la Ley 80 de 1993) que establece el régimen jurídico y los derechos y deberes de las partes, respecto del c ual la jurisprudencia ha reconocido una doble naturaleza: como acto administrativo y como una disposición contractual por su vocación de integrar el contrato. En efecto, por solo hacer referencia a algunas disposiciones, el numeral 5º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 dispuso que «la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o represen tante de la entidad estatal», con lo que diferenció unos actos de otros. Esta separación conceptual entre actos previos al contrato y los emitidos una vez celebrado también se encuentra en el numeral 7º del artículo 24, en el que se indicó que los actos ad ministrativos que se expidan en la «actividad contractual o con ocasión de ella», se motivarán en forma detallada e hizo esa misma exigencia respecto del acto de adjudicación y del de declaratoria de desierta, es decir, los tuvo como una categoría distinta. En tal sentido, la Ley 80 de 1993 optó, en su momento, por regular, de un lado, la procedencia de la acción de controversias contractuales para los actos expedidos una vez perfeccionado el contrato y, por otro, las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho para controlar la legalidad de los actos previos, tales como aquél que adjudica el contrato, el que declara desierta la licitación -susceptible además de reposición, y todos aquellos que, previos a ese perfeccionamiento, fueran definitivos o de trámite pero que pusieran fin al procedimiento administrativo. impugnación de los actos administrativos precontractuales en la contratación estatal
¿La impugnación de la declaratoria de responsabilidad del demandado comprende los temas implícitos a este aspecto, lo cual incluye el monto de la condena porque fue desfavorable al apelante y por ello en este caso, se debe disminuir el valor efectivamente pagado por la demandada durante la ejecución del contrato de obra? Sí
La competencia del juez de segunda instancia comprende los temas implícitos en la impugnación de la declaratoria de responsabilidad, incluido el monto de la condena cuando resulta desfavorable al apelante, en los términos del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la finalidad del convenio interadministrativo era financiar la obra y no solo transferir fondos, por lo que la entidad ejecutora debía reintegrar los dineros no invertidos al cierre del convenio. La segunda es que, según el acta de liquidación bilateral del contrato de obra, la entidad demandada efectuó diez pagos por $1.428.039.217,35 durante la ejecución, de modo que solo puede recibir los fondos que destinó al convenio. Descontados los $664.156.864 desembolsados por la otra entidad cofinanciadora, la deuda queda en $763.882.353 y no en los $996.235.297 fijados en primera instancia. En consecuencia, la Sala modificó la sentencia para disminuir la deuda y ordenar su indexación, y confirmó los demás puntos porque los argumentos de la apelación no permitieron concluir algo distinto. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es la reducción de la condena.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-12-12Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 11001032600020130011501LEY 1437 REPETICION
¿El recurso de reposición fue interpuesto oportunamente, dentro del término establecido en el estatuto procesal aplicable? Sí
El juez examina la oportunidad en la interposición de un recurso de reposición contra una providencia que aprueba la liquidación de costas procesales. De conformidad con el artículo 242 del CPACA, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, el recurso de reposición procede contra todos los autos salvo norma legal en contrario, aplicando en cuanto a oportunidad y trámite lo dispuesto en el Código General del Proceso. En el caso analizado, el auto impugnado que aprobó la liquidación de costas realizada por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado se notificó por estado electrónico y el recurso se radicó el 28 de febrero de 2024. Aplicando la normatividad de la Ley 2080 de 2021, se concluye que el recurso fue interpuesto oportunamente dentro del término legal establecido en el estatuto procesal aplicable.síntesis automática
También resuelve:¿En los procesos que involucran intereses particulares de entidades públicas o de particulares, la condena en costas sería aplicable a la parte vencida…¿Se confirma la decisión adoptada a través de la cual se aprobó la liquidación de costas realizada?¿Al juez le corresponde tramitar los escritos de impugnación a través de los recursos procedentes, pese a que la parte haya invocado una vía procesal inadecuada?
¿Puede un juez de segunda instancia pronunciarse de fondo si el apelante no presenta reparos concretos contra la sentencia de primera instancia? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse de fondo si el apelante no presenta reparos concretos contra la sentencia de primera instancia, ya que la carga argumentativa del recurso de apelación requiere que el recurrente no se limite a reiterar los argumentos expuestos en la demanda, sino que debe presentar una fundamentación específica que permita al tribunal del segundo grado delimitar su competencia. En este caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia al constatar que el apelante no cumplió con esta carga argumentativa, lo que implica que el juez de segunda instancia no puede revisar el fondo del asunto. Esta decisión reitera la importancia de la carga argumentativa en el recurso de apelación y limita la competencia del juez de segunda instancia cuando no se cumplen con los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿Es válida la liquidación unilateral de un convenio interadministrativo si se realiza dentro del término de dos años posterior a la expiración del plazo contractual?¿Puede considerarse debidamente motivada una resolución de liquidación unilateral sustentada en el informe de supervisión, sin que medie pronunciamiento previo de la Contraloría General?¿Procede la condena en costas contra el recurrente al no haber prosperado la apelación?
¿La recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones por las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones y su impugnación se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda? Sí
Basta con la lectura de… la apelación para concluir que el demandante no expuso razones de oposición fundamentadas en la viabilidad de analizar el asunto por la vía de la reparación directa, que en últimas fue a lo que se rehusó el a quo en su decisión. La Sala concluye que la recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones con fundamento en las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones, en tanto que en la impugnación la parte actora se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda, que fue resuelto en su integridad, y el único cargo nuevo no guarda congruencia con la base de la decisión de primera instancia, de manera que la Sala no puede efectuar ningún juicio de valor sobre la decisión objeto de apelación, ni suponer las razones de inconformidad de quien apela, por lo que confirmará la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño.
También resuelve:¿La vía procesal adecuada para tramitar las controversias entre las partes era la contractual y no la de reparación directa?¿El alegato de la parte recurrente se ciñó a ofrecer una reproducción idéntica a la plasmada en la demanda?¿Era procedente pretender el cobro de unas facturas que se dejaron de tramitar en el momento oportuno?
¿El municipio cumplió lo establecido en el numeral 17 de la cláusula segunda del convenio interadministrativo dado que suscribió las prórrogas y constituyó las pólizas acordadas? No
El municipio no cumple con la obligación de información establecida en un convenio interadministrativo, incluso si ejecuta otras prestaciones acordadas, ya que la ley exige que se realice específicamente la conducta a la que se comprometió. En este caso, el municipio se obligó a entregar la información necesaria para la liquidación del convenio, pero no cumplió con este deber específico, a pesar de suscribir las prórrogas y constituir las pólizas acordadas. La Sala modificó la decisión del a quo, estableciendo que la obligación de información es independiente de otras prestaciones y debe ser cumplida en su totalidad para considerar el convenio ejecutado conforme a la ley. Esto implica que la entidad estatal debe cumplir rigurosamente con todas las obligaciones específicas estipuladas en el convenio, independientemente de otras acciones realizadas, para evitar incumplimientos que puedan dar lugar a cláusulas penales.síntesis automática
También resuelve:¿el fallo incurrió en contradicción porque, a pesar de que se logró el objeto del convenio, ordenó hacer efectiva la cláusula penal?¿Era procedente hacer efectiva la cláusula penal aun cuando no se causaron daños al Ministerio?¿La liquidación judicial de un convenio interadministrativo incluye la actualización del monto de la cláusula penal declarada en primera instancia cuando el apelante omitió impugnar ese aspecto?
¿La apelación presentada por el demandante cuestionó de forma concreta los argumentos esgrimidos por el a quo para negar las pretensiones relacionadas con los incumplimientos relativos a la obligación de lograr que el contratista actualizara las garantías según las múltiples modificaciones que tuvo y respecto del deber de entregar el expediente contractual al Fondo después de haberse liquidado el contrato? No
El contratista no puede cuestionar de forma efectiva los argumentos del tribunal que niegan sus pretensiones de incumplimiento contractual si no presenta una carga argumentativa específica y concreta contra dichos fundamentos. La Sala determina que el recurso de apelación no discute ni cuestiona los fundamentos del fallo de primera instancia, limitándose a reproducir hechos y argumentos de la demanda sin relacionarlos directamente con los razonamientos del tribunal. Esto implica que la apelación no cumple con los requisitos para ser admitida y, por lo tanto, la Sala modifica la decisión del tribunal al negar la prosperidad del recurso de apelación, reafirmando así la necesidad de una sustentación argumentativa precisa y directa en los recursos de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de interventoría respecto de la obligación de ajustar el amparo del riesgo de calidad del servicio contratado…¿Resulta indemnizable el perjuicio alegado por el Fondo de Adaptación, consistente en la agravación del riesgo asegurado por la no actualización del amparo de calidad del servicio contratado…¿Resulta procedente la condena en costas cuando no se impugna la negativa del a quo sobre su imposición y en los eventos en que el recurso de apelación prospera de forma parcial?
25000232600020190065701 de 20252025-05-30Rad. 25000232600020190065701
La liquidación unilateral del contrato estatal consiste en un ejercicio por medio del cual la entidad contratante realiza el balance económico, jurídico y técnico del desarrollo del itera contractual con el propósito de definir el estado de ejecución de las prestaciones pactadas para establecer quién le debe a quién, qué se adeuda y cuánto. La jurisprudencia de la Sección ha considerado que en los casos en que se pretenda la declaración de incumplimiento del contrato por parte de la entidad contratante y exista un acto de liquidación unilateral, este acto debe ser demandado, de lo contrario no puede emitirse un pronunciamiento sobre la pretensión declarativa de incumplimiento.
También resuelve:Controversias contractuales: nulidad del acta de liquidación, obligación de impugnarloLiquidación unilateral del contrato estatal: concepto, finalidadActa de liquidación unilateral: deber de impugnación en sede judicial
88001233300020190001802 de 20252025-08-12Rad. 88001233300020190001802
El contratista no puede impugnar el acto de apertura de la licitación mediante un medio de control de nulidad simple después de vencido el término de caducidad, ya que este acto es considerado un acto administrativo general con efectos jurídicos directos, no un acto de mero trámite, por lo que su impugnación debe realizarse dentro del plazo de cuatro meses desde la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto, según el caso. La Sala revoca parcialmente la sentencia del tribunal administrativo y declara de oficio la falta de oportunidad del medio de control, negando así las pretensiones de la demanda, lo que implica que los actos administrativos de apertura de licitación deben ser impugnados dentro del plazo legal para evitar la caducidad del medio de control.síntesis automática
También resuelve:Acto administrativo que da apertura a la licitación pública: acto de apertura, acto administrativo general, impugnación del acto administrativo general, naturalezaMedio de control de nulidad: caducidad del medio de control de nulidad, acto precontractual, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, configuración del término de caducidad del medio de control
Sentencia — Sentencia2023-07-14Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 11001032600020230000500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La competencia del juez de la anulación se encuentra circunscrita a las causales estrictamente invocadas y sustentadas? Sí
En el recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales, el juez de la anulación se circunscribe a las causales expresamente invocadas y sustentadas por el recurrente, y no puede examinar motivos que no encajan en ellas. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el control del laudo es de carácter restrictivo y se limita a las causales legales, de modo que la alegación genérica de que el tribunal decidió más allá de su competencia no basta. Segunda, cuando la afirmación del recurrente no encuadra en los supuestos de las causales invocadas, el juez no puede reconstruirlas de oficio. En el caso, el recurrente sostuvo que el laudo decidió más allá de la competencia arbitral, pero la afirmación no se ajusta a las causales 8 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, y la providencia declara infundado el recurso. En la práctica, el recurrente debe identificar la causal exacta del artículo 41 y sustentar su configuración con los hechos del laudo, porque el juez no la completará.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso extraordinario de anulación no constituye una segunda instancia del proceso arbitral y el juez de anulación no puede corregir la apreciación jurídica realizada por el panel arbitral?¿Las consideraciones del Tribunal no fueron más allá del petitum y de la causa petendi, puntos que decidió congruentemente?¿El Tribunal sostuvo que la entidad podía declarar incumplimientos contractuales sin tener que acudir al juez para declararlos, pero no lo hizo?
Auto interlocutorio — Auto que rechaza recurso de apelación2025-04-07Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 85001233300020150006103LEY 1437 REPETICION
¿Es procedente debatir por la vía del recurso de apelación del auto que imprueba y/o rehace la liquidación de costas? No
El contratista no puede debatir por la vía del recurso de apelación el auto que imprueba y/o rehace la liquidación de costas, ya que el artículo 366 numeral 5 del Código General del Proceso únicamente establece como apelable el auto que aprueba la liquidación de costas, no aquel que la imprueba o rehace. En este caso, el Tribunal Administrativo de Casanare improbió la liquidación de costas realizada por la Secretaría y liquidó las que consideró pertinentes. La parte demandada interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, pero el Tribunal rechazó la apelación por ser improcedente, conforme a la normativa vigente. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que los recursos de apelación contra autos que imprueben o rehagan la liquidación de costas no son admisibles, lo que implica que las partes deben buscar otras vías para impugnar estas decisiones.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación2025-09-24Sección Tercera (Subsección B)DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIARad. 20001233900020150011601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia? Sí
El Tribunal Administrativo del Cesar dictó sentencia de primera instancia en la que negó las pretensiones de la demanda. El fallo fue notificado mediante correo electrónico… . La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia. Mediante auto… , el tribunal concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante el Consejo de Estado. Teniendo en cuenta que la cuantía del proceso excede los 500 SMLMV y que la alzada fue debidamente sustentada, el despacho, [resuelve admitir el recurso de apelación interpuesto].
¿Cuál es el objeto del recurso de apelación contra las providencias judiciales? Sí
El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revise los puntos que el apelante cuestiona de la decisión de primera instancia, y no permite repetir sin razones el trámite surtido ante el juez inferior. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que el recurso garantiza la doble instancia, que procede para controvertir las decisiones judiciales contrarias al ordenamiento jurídico. La segunda es que el apelante debe determinar, mediante sus cargos, qué asuntos deben ser resueltos por el superior, confrontando las razones de la decisión recurrida. La tercera es que la sustentación no se cumple con afirmaciones genéricas o vagas, pues aunque sea sucinta debe bastar por sí misma para evidenciar los motivos del desacuerdo. Así, los planteamientos de la apelación son los que definen los temas objeto de control. La nota de relatoría remite a pronunciamientos de 2010 y 2014 sobre la finalidad y el deber de sustentación del recurso, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Sobre cuáles aspectos debe versar el recurso de apelación?¿Es admisible que a través del recurso de apelación se expresen abiertamente las razones de ataque contra el acto amdinistrativo?¿El acto administrativo que se pronunció frente a las acreencias laborales de algunos extrabajadores era pasible de control judicial dado su nacimiento a la vida jurídica con antelación a la…
¿El argumento en el recurso de apelación determina materialmente la competencia del Juez de segunda instancia? Sí
El recurso de apelación determina materialmente la competencia del juez de segunda instancia, limitándolo a pronunciarse sobre los argumentos específicos presentados por el apelante, conforme al artículo 320 del Código General del Proceso. La falta de sustentación adecuada en el recurso de apelación impone al juez superior la obligación de confirmar la sentencia apelada, ya que la ley exige que el apelante confronte los fundamentos de hecho y derecho que sostienen la decisión impugnada. La Sala reitera que la entidad demandante debe probar los supuestos de hecho que estructuran la presunción de culpa grave o dolo para que el recurso de apelación tenga efectos jurídicos, y advierte que no es viable imputar concomitantemente culpa grave y dolo en una acción de repetición, salvo en casos de pretensiones subsidiarias.síntesis automática
También resuelve:¿La falta de sustentación del recurso de apelación impone en el juez superior jerárquico, la confirmación de la sentencia apelada?¿Desde el punto de vista material, se encuentra debidamente sustentado el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Puerto Colombia contra la sentencia de primera instancia?¿Procede la condena en costas en el medio de control de repetición entendiendo el interés público que se ventila en este tipo de procesos?
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las controversias contractuales en las que, aunque las partes pactaron una cláusula compromisoria para resolver sus diferencias, guardaron silencio acerca de su existencia, entendiendo por ello que se produjo la renuncia tácita a someter la controversia a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias contractuales en las que, a pesar de haber pactado una cláusula compromisoria, guardaron silencio sobre su existencia, lo que implica una renuncia tácita al pacto arbitral. Esto se debe a que la Sala ha reconocido que la renuncia tácita al pacto arbitral se produce cuando una de las partes presenta la demanda ante el juez contencioso administrativo y la otra parte no propone la excepción de cláusula compromisoria en su contestación, sin vulnerar el derecho de acceso a la justicia y el principio de confianza legítima. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia anterior que limitaba la competencia del juez contencioso administrativo en casos de cláusulas compromisorias, permitiendo que los procesos ya en curso continúen bajo la jurisdicción contenciosa administrativa.síntesis automática
También resuelve:¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida…