Titulación de la relatoría 24.543 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
NEGOCIO JURÍDICO / CONTRATO ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO / RELACIÓN CONMUTATIVA / DERECHO PRIVADO / ORDEN PÚBLICO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / COMPETENCIA DE LA RAMA LEGISLATIVA
Problema jurídico:
¿El convenio especial celebrado entre las partes está sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP)?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l negocio jurídico sub lite no se inscribe en la noción de contrato estatal, como lo plantea el impugnante para respaldar el ejercicio de todas las facultades que prevé el EGCAP, en tanto el interés jurídico vertido en el convenio especial, incluida la existencia de aportes por ambos contrayentes (que difiere del interés patrimonial propio de los contratos) categoriza este negocio bajo un criterio de asociación distinto al criterio de conmutatividad que atañe a la relación jurídica que se cierne entre contratante y contratista. Por tanto, es definitivo que este tipo de convenios están excluidos de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y por mandato legal su régimen es el derecho privado. Esta caracterización conduce a precisar que la determinación del régimen aplicable es un asunto de orden público, pues se trata de una definición que sólo compete al legislador y no puede ser objeto de acuerdo o modificación por voluntad de las partes sin quebrantar el principio constitucional de legalidad.
CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / DERECHO PRIVADO / ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Puede una entidad no sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ejercer potestades excepcionales y expedir actos administrativos en el marco de un convenio regido por el derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: No
Conforme a las anteriores premisas, las facultades de que tratan las cláusulas exorbitantes, así como las prerrogativas relacionadas con la declaratoria de incumplimiento, imposición de multas y efectividad de la cláusula penal en acuerdos como el que se analiza, no pueden provenir de normas que sólo están disponibles para negocios jurídicos sometidos al régimen de contratación pública [Sin perjuicio de la aplicación de los principios de la función administrativa y gestión fiscal en los términos previstos en el art. 13 de la Ley 1150 de 2007]. Así se ratifica en los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, pues estas disposiciones sólo autorizan a las entidades sometidas al EGCAP a efectuar tales declaratorias de forma directa, y de este contexto escapa la relación negocial sub examine. Al estar sometida al régimen de derecho privado la relación convencional que enlazó a las partes en el presente asunto, ello conduce inexorablemente a considerar que los actos que allí tienen origen comparten la naturaleza que tienen aquellos en el tráfico negocial propio del derecho común, donde no obran privilegios de poder público o de autoridad, que son las notas distintivas que dan lugar a la expedición de actos administrativos. Así que, en este escenario, no es posible expedir actos administrativos, sólo contractuales. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala reconoce que el principio de la autonomía de la voluntad habilita a las partes para asignar determinadas facultades, incluso unilaterales a alguna de ellas, y a definir los requisitos o fases para adelantar tales actuaciones. Pero hace énfasis en que esas determinaciones no llevan a variar la naturaleza de sus manifestaciones, ni ha de entenderse que tal autonomía autorice a uno de los contrayentes a expedir actos administrativos. Con otras palabras, el ejercicio de la libertad negocial y la amplitud que pueden alcanzar sus acuerdos no autoriza el pacto de potestades administrativas, pues estas solo devienen de la ley. Las decisiones adoptadas en la denominada Resolución 002 de 2007 – incumplimiento, declaratoria de siniestro, orden de liquidación, e imposición de la cláusula penal– no corresponden al ejercicio de las potestades excepcionales que prevé el art. 14 ídem; más bien, son expresión de pactos de naturaleza accidental cuya inclusión no afecta la esencia ni la naturaleza del negocio jurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la improcedencia de actos administrativos en contratos estatales de derecho privado, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de septiembre de 2020, radicación 050012331000 200300985 01 (44707).
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 13, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14
DERECHO PRIVADO / CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN PARA LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / RECLAMACIÓN DEL ASEGURADO
Problema jurídico:
¿Puede el Departamento, en el marco de un convenio regido por el derecho privado, ejercer las facultades previstas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 para declarar incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l a quo acertó al señalar que conforme al régimen de derecho privado al que estaba sometido el Convenio, quedaba excluida la aplicación del art. 86 de la Ley 1474 de 2011, (…). Bajo esta premisa, las facultades que el Departamento reclama no podían surgir del procedimiento administrativo dispuesto en el art. 86 ib.; empero, el examen no quedaba agotado ante tal incorrección, pues al haberse pactado aquellas estipulaciones, su origen convencional le imprime fuerza vinculante a ese consenso, (…). No es controvertible que aquellas atribuciones no tienen habilitación en la Ley 1474 de 2011 para ser aplicadas a convenios de ciencia y tecnología. En cambio, las partes tienen facultades para confeccionar unilateralidades, disponiendo la ruta a recorrer para poder llegar a una declaratoria de incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal, ya sea a través de un esquema diseñado por ellos mismos, o incluso con remisión a un procedimiento predefinido. Una estipulación así, lo único que puede significar es que las partes convinieron surtir las etapas y garantías que prevé un trámite específico, sin arrogarse poderes públicos o prerrogativas de autoridad. (…) La Sala se percata de que bajo el Convenio, las partes confirieron al Departamento la facultad de declarar el incumplimiento de la Universidad. Como consecuencia de tal definición, se acordó que procedería el reembolso de los recursos por la fracción incumplida, o en su defecto, que el Departamento procedería a efectuar la reclamación respectiva a la compañía de seguros para obtener el pago de la pena bajo el amparo de cumplimiento. En relación con este último evento, no se autorizó al ente territorial a declarar el siniestro para efectuar el cobro directo de la póliza de seguro, pues no hay una manifestación en ese sentido, la que aún de haberse pactado, no resultaría exigible al asegurador por estar regido éste bajo un contrato independiente. Lo estipulado puntualmente se contrajo a señalar que el Departamento debía presentar la reclamación respectiva, es decir, confirmó el trámite que se adelanta en los negocios regidos por el derecho privado al que aplican las disposiciones de los arts. 1072 y ss. del Código de Comercio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1072, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / CONDUCTA ANTIJURÍDICA / NEXO DE CAUSALIDAD
Problema jurídico:
¿Puede hacerse efectiva la cláusula penal pecuniaria sin la constatación previa del incumplimiento de una obligación principal?
Respuesta al problema jurídico: No
Respecto a la cláusula penal pecuniaria, la naturaleza accesoria y condicional de este pacto, que viene dada por el ejercicio de la autonomía de la voluntad, impone la constatación del incumplimiento de una obligación principal, pues no se trata de una estipulación que nazca y perviva de forma autónoma, sino que pende de la previa configuración de un escenario de incumplimiento negocial, como se dispone en los arts. 1592 del Código Civil y 867 del Código de Comercio, (…). La Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, ha indicado que para que una parte pueda declarar unilateralmente el incumplimiento de otra, debe demostrar: su cumplimiento, el incumplimiento grave y evidente del cocontratante y, actuar de buena fe al ejercer dicha autorización evitando aprovecharse de su propia falta de cumplimiento contractual. En estos eventos, habrá de desplegarse un completo análisis de responsabilidad que constate la configuración de la conducta antijurídica de incumplimiento, el perjuicio que genera dicha conducta, y el nexo causal entre ellas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los elementos para exigir la responsabilidad civil contractual, la mora n contratos bilaterales y la excepción de contrato no cumplido y la reciprocidad e interdependencia de las obligaciones en contratos bilaterales,ver: Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, sentencia SC1962-2022 del 12 de mayo de 2022, Rad. 11001-31-03-023- 2017-00478-01, M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque.
DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INFORME DEL INTERVENTOR / CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / CONDUCTA ANTIJURÍDICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Atendió el Departamento con el deber de precisar los hechos, obligaciones incumplidas y fundamentos necesarios para declarar unilateralmente el incumplimiento de la Universidad en el marco del procedimiento convencional pactado?
Respuesta al problema jurídico: No
Revisada la Resolución 002 de 2017 se observa que el Departamento únicamente expuso como sustento para declarar unilateralmente el incumplimiento de la Universidad, que en el informe de interventoría del 20 de enero de 2017 se encontró un retraso de ejecución del 20%, y que la Contraloría General de la Nación hizo hallazgos respecto al valor no devuelto relacionado con actividades subcontratadas, pero no hizo explícitas las obligaciones incumplidas frente a las más de 20 actividades que debía adelantar el centro educativo, ni indicó cuáles fueron los compromisos no ejecutados, o cuyo cumplimiento fue parcial. Al repasar el contenido del citado acto contractual, la Sala evidencia que el Departamento no reveló las razones en las que fundamentaba que la Universidad había incumplido el Convenio, y tampoco explica cómo llegó al porcentaje que se determinó incumplido. (…) Entendiendo que las partes acordaron que tal procedimiento tendría como referente el esquema del art. 86 de la Ley 1474 de 2011 –sin hacer conversión respecto de su naturaleza convencional–, la Sala precisa que esta vía, o cualquiera que se hubiese dispuesto, no admite disminuir la garantía al derecho de defensa y contradicción, pues necesariamente frente a una declaración de responsabilidad como la que se analiza, tal procedimiento debe estar afincado en la expresión concreta de los hechos y circunstancias que constituyen el incumplimiento, en la identificación de los compromisos que se reputan desatendidos, y en la constatación del propio cumplimiento frente a tales reproches. Sólo con tal precisión, la parte contra la que se aduce una conducta antijurídica negocial podrá defenderse realmente y pronunciarse frente a sucesos claros y señalamientos definidos.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86
DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INFORME DEL INTERVENTOR / DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / VIOLACIÓN DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ACTO CONTRACTUAL / NORMA DE DERECHO PRIVADO / DERECHO PRIVADO / FACULTADES DE LA PARTE CIVIL / CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Puede sustentarse válidamente la declaratoria de incumplimiento contractual en un informe de interventoría no definitivo, no allegado al proceso, y respecto del cual no se garantizó el derecho de defensa y contradicción de la Universidad?
Respuesta al problema jurídico: No
A su vez, no basta la mención de ciertos documentos como ocurrió en este caso respecto del informe de interventoría, pues si bien éste puede ser considerado como plataforma de una determinación de incumplimiento como parte de la decisión, el sub examine no da cuenta, por sí mismo, de que fuese un informe definitivo sobre el cumplimiento de todo el contrato pues según reporta el acto censurado, aquel correspondía al “Informe de Estado Actual Convenio 754 de 2013” que indicó un porcentaje de atraso de 20.13% “en relación con el avance en que debería estar la ejecución del convenio”, de donde no se colige su carácter conclusivo, ni es posible conocer si en su interior existen anotaciones sobre actividades aún no revisadas, o si existían demoras por causas externas a las partes, por ilustrar. Lo anterior se sustenta en que, en los documentos allegados al proceso ese informe no acompaña el acto demandado, de modo que ni siquiera se conoce su contenido para definir si allí se cumplen los requisitos para que proceda la referida declaratoria de incumplimiento; y no es admisible dotar a tal acto de presunción de legalidad, dado que no corresponde a un acto administrativo sino a un acto contractual sometido al derecho privado. Ante esta circunstancia, no es posible constatar que sobre tal informe se hubiera surtido el derecho de contradicción de la Universidad, en tanto la Resolución 002 de 2017 tampoco precisa si ese documento fue puesto en conocimiento de la demandante con anterioridad –al momento de ser expedido–. La Sala sólo cuenta con la resolución indicada, que no se acompaña del informe, así que, de su limitado contenido, no se observa la concreción que impone la garantía del derecho de defensa de la Universidad respecto de tal declaratoria en su contra, como lo adujo en este proceso. Estas falencias se predican también de la citación al procedimiento sancionatorio que efectuó el gobernador ad hoc a la parte demandante, con fecha del 24 de enero de 2017. (…) En los términos anotados, a los que se agrega la aplicación del principio de buena fe contractual, es claro que la entidad demandada debió exponer frente a cada una de las 18 actividades su estado de cumplimiento y las circunstancias y razones que reportaba la desatención parcial de algunas de ellas, identificándolas. Acto seguido, procedía su análisis de cara a la estructura negocial acordada, pues no será la mención a un informe o a un reporte de un órgano de control, del que se pueda, a la llana, inferir el incumplimiento sin más explicaciones. Las anteriores razones son suficientes para concluir que el Departamento no ejerció en debida forma la potestad examinada, en aspectos medulares de la facultad que las partes le confirieron, por lo que una decisión en tales condiciones, al provenir de un comportamiento que se margina del contexto negocial, carece de efectos, como será declarado.
COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Puede mantenerse la imposición de la cláusula penal sin que exista una declaración de incumplimiento debidamente probada y cuestionada en segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: No
De acuerdo con los artículos 320 y 328 del CGP, que define la competencia del juez de segunda instancia, dado que el apelante no elevó reproche alguno contra la determinación del a quo sobre la ausencia de elementos de prueba que permitan constatar el incumplimiento de la Universidad, tal determinación queda cubierta por la presunción de acierto y legalidad que acompaña las decisiones judiciales que no son cuestionadas; de manera que en esta instancia no hay razón para auscultar un tema ya decidido, respecto del cual, ambas partes estuvieron de acuerdo pues ninguna formuló un motivo de disenso frente a esta conclusión. Sin base sobre la cual edificar el referido incumplimiento queda, a su vez, despojado de fundamento cualquier análisis relacionado con la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal impuesta el artículo 4 de la Resolución 002 de 2017, dado su carácter accesorio y condicional respecto de la ejecución de los compromisos negociales. Así, ante la ausencia de una declaración de incumplimiento, ninguna de sus consecuencias puede pervivir por sí sola.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / DERECHO PRIVADO / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TRANSACCIÓN / CONCILIACIÓN
Problema jurídico:
¿Debe aplicarse el procedimiento de liquidación previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) a una cláusula de liquidación pactada en un negocio jurídico regido por el derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: No
Ante las inconsistencias que expresa la censura en relación con esta facultad, se impone a la Sala precisar: i) que la cláusula de liquidación no es parte del catálogo de potestades previstas en el art. 14 de la Ley 80 de 1993; ii) este tipo de cláusula es de naturaleza accidental, por regla de principio; y, iii) cuando se pacta bajo el derecho privado, no es aplicable el procedimiento de liquidación previsto en el EGCAP. El núcleo de este último razonamiento parte de recordar que la Ley 80 de 1993 introdujo entre sus disposiciones especiales una etapa de liquidación para los contratos sometidos a dicha normatividad, escenario en el cual se efectúa el corte de cuentas del negocio jurídico a través de un procedimiento fijado en la ley que autoriza a las partes a incorporar los acuerdos, conciliaciones y transacciones (…) para poner fin a las divergencias presentadas. Cuando este propósito no se alcanza de mutuo acuerdo, se faculta a la entidad contratante a realizarlo de manera unilateral mediante acto administrativo y, agotada esta fase, se podrá acudir al juez. Dicho procedimiento tiene lugar para aquellos contratos a los que se refiere el art. 60 de la Ley 80 de 1993, y en los términos del art. 11 de la Ley 1150 de 2007, de los cuales, sin duda, no hacen parte los negocios jurídicos regidos por el derecho común.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la autonomía de la voluntad como principio rector en la liquidación contractual y el carácter accesorio de la cláusula de liquidación en los contratos privados, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 9 de mayo de 2024, Exp. 76001233100020060332003 (53.962).
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
ACTO JURÍDICO UNILATERAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO CIVIL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Puede una facultad unilateral en un acuerdo sometido al derecho común ejercerse sin que esté pactada de forma previa, clara y expresa en el respectivo acuerdo?
Respuesta al problema jurídico: No
[P]ara el ejercicio de las denominadas unilateralidades negociales en acuerdos sometidos al derecho común, tal facultad debe estar pactada de forma previa, clara y expresa en el respectivo acuerdo, y descarta que ello pueda inferirse.
NOTA DE RELATORÍA:
[E]sta Corporación en cuanto al ejercicio de las unilateralidades en un contrato que se rige por las reglas derecho privado, ha señalado, por ejemplo, que para la validez de la cláusula de terminación unilateral por incumplimiento se requiere, entre otras cosas, que aquella sea pactada expresamente (…), ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de octubre de 2021, Exp. 52001233300020170059801 (65.978).
Sobre la exigencia de pacto expreso para la liquidación unilateral en contratos privados, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 13 de agosto de 2024, Exp. 44001234000020140012601 (70470).
LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / DERECHO PRIVADO / PODER PÚBLICO / COMPETENCIA EN EL TIEMPO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TEORÍA DEL ACTO CON FUERZA VINCULANTE / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Podía el Departamento liquidar unilateralmente el convenio sin que dicha facultad estuviera expresamente pactada y en tanto que el acuerdo estaba sometido al derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [N]o es posible establecer la expresión de voluntad clara e inequívoca de que el Departamento quedaba autorizado para adelantar su liquidación unilateral, pues no se está frente a una relación contratantecontratista que conduzca al procedimiento que prevé el EGCAP, a lo que se agrega que la sola mención de los cuerpos legales allí referidos no permite constatar o adecuar esa premisa, sin realizar inferencias o suposiciones. Comoquiera que el estatus de igualdad negocial respecto de la liquidación no fue modificado a favor de una de las entidades, ninguna de ellas quedó facultada para acometer tal encargo. La Sala constata que la simple remisión al término supletivo para la liquidación de los contratos sometidos al ECAP, no implica haber conferido al Departamento facultades unilaterales liquidatorias, pues sin mención expresa de esa atribución, cómo definir a cuál de las dos contrayentes se refería la cláusula; menos aun sustenta un obrar en el escenario de las prerrogativas de poder público. Esta conclusión impone negar el cargo del apelante que insiste en la competencia del Departamento para emitir dicha orden basado en un régimen legal que no aplica al convenio, con la precisión de que no se declarará la configuración del vicio de falta de competencia sino el incumplimiento del Departamento expresado en el ejercicio de una facultad que no fue pactada, por lo que dicha orden de liquidación carece de efectos vinculantes.
COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / PARTE RECURRENTE
Problema jurídico:
¿Procede condenar en costas a la parte accionada en segunda instancia cuando los cargos de apelación fueron resueltos desfavorablemente?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, y en armonía con el artículo 365 del CGP, la Sala condenará en costas por la segunda instancia a la parte accionada, en la medida en que fracasaron los cargos de apelación que formuló. Dicha condena no requiere la apreciación o calificación de una conducta temeraria, sino la verificación objetiva de quién resultó vencido. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se regirán por el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47