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¿La caducidad corresponde a una figura jurídica de orden público, a través de la cual el legislador limita el espacio temporal en que puede accederse a la jurisdicción en ejercicio del derecho de acción? Sí
El contratista no puede acceder a la jurisdicción para ejercer su derecho de acción una vez que ha transcurrido el límite temporal establecido por la ley, ya que la caducidad es una figura jurídica de orden público que limita el espacio temporal en que se puede ejercer el derecho de acción, protegiendo así la seguridad jurídica y el debido proceso. En el caso específico, la demanda fue presentada catorce años después de la configuración de la caducidad, lo que la hace inadmisible, ya que el cómputo del término de caducidad se rige por la ley vigente al momento de iniciarse el plazo, no por la que esté en vigor al momento de presentar la demanda. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 para determinar la norma aplicable al cómputo del término de caducidad, lo que implica que las partes deben ser conscientes de la importancia de presentar sus demandas dentro del plazo establecido por la ley vigente al momento de la ocurrencia del hecho que da lugar a la acción.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna la declaración de nulidad absoluta del contrato de comodato 045 del 19 de abril de 1990, celebrado entre el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y la Cooperativa…¿Procede la condena en costas en los eventos en que no prospera la demanda?
¿Procede la condena en costas procesales en primera instancia en el caso concreto, en cuanto existió temeridad procesal o mala fe por parte del hoy demandante al repetir sin fundamento en contra de los demandados, al entorpecer y/o dilatar el desarrollo normal del proceso y al someterlos a asumir el pago de honorarios para su defensa? No
En la acción de repetición no procede condenar en costas en primera instancia cuando no se acredita temeridad ni mala fe de la parte demandante, ni una conducta que entorpezca o dilate el proceso, y que el pago de honorarios de la defensa de los demandados no demuestra por sí solo la temeridad. Una razón es que el demandante tuvo motivos para vincular al agente, pues la demanda y las pruebas mostraban su contacto con el paciente, la realización de análisis de síntomas y su influencia en el diagnóstico, de modo que la demanda no fue infundada ni caprichosa. Otra razón es que las demoras del proceso se debieron a causas ajenas a la entidad, como la notificación de un demandado en el exterior, la posesión de la curadora ad litem, la reconstrucción del expediente y las medidas de descongestión. En el caso, la Sala confirmó la decisión que se abstuvo de condenar en costas, y señaló que, bajo el régimen del Código Contencioso Administrativo, no era posible condenar en costas a la demandante. Su consecuencia práctica es que la mera absolución por falta de elemento subjetivo no basta para imponer costas al demandante en repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia, en razón a que las partes procesales actuaron con temeridad o mala fe?
¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede beneficiarse del término de suspensión del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 para evitar la caducidad de la acción de controversias contractuales sin acreditar que radicó la solicitud de conciliación prejudicial y que dicha solicitud fue declarada fallida, lo que implica que la entidad estatal no confesó haber realizado la audiencia de conciliación prejudicial en el escrito de contestación de la demanda, y que la parte actora no cumplió con su carga probatoria de demostrar la suspensión del término de caducidad. La Sala modifica la sentencia para declarar la caducidad de la acción, reafirmando que el derecho de acceso a la administración de justicia no exime a las partes de sus deberes y cargas procesales. Además, la Sala determina que no habrá lugar a la imposición de costas y agencias en derecho, ya que la parte vencida no actuó con temeridad o mala fe dentro del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Solo habrá lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado con temeridad o mala fe dentro del proceso?
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo de adjudicación del contrato? Sí
La controversia planteada en término consiste en determinar, conforme a la apelación de la parte demandante, si se debe revocar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda porque, a juicio del impugnante, el acto acusado debe anularse porque exigió el cumplimiento de requisitos contables ajenos a uno de los participantes y pasó por alto la ausencia de un poder debidamente otorgado respecto de otro participante.
También resuelve:¿Uno de los requisitos habilitantes exigido en el pliego de condiciones de la licitación pública convocada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca…¿La empresa extranjera demandante debía someterse a la normativa interna aplicada al proceso de selección de contratista para acreditar la situación financiera de los proponentes?¿La descalificación de la propuesta de la sociedad extranjera estuvo justificada en el incumplimiento de uno de los requisitos habilitantes consistente en aportar el certificado de los estados…
¿Al presente proceso en ejercicio de la acción de repetición le es aplicable el régimen jurídico contenido en la Ley 678 de 2001? No
El régimen jurídico contenido en la Ley 678 de 2001 no es aplicable al proceso en ejercicio de la acción de repetición contra un agente del Estado, ya que los hechos ocurrieron en diciembre de 1993, con anterioridad a su vigencia. Además, la acción de repetición no se puede apoyar en la sentencia del proceso de reparación directa, ya que no le es oponible al demandado y la responsabilidad del Estado se analizó "bajo la arista de la responsabilidad presunta". No se demostró que el agente cometiera una conducta dolosa o gravemente culposa que justifique la condena patrimonial.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la culpa grave en la conducta del agente por lo cual debe responder patrimonialmente por la condena pagada por el Estado?¿Cuál es el criterio de procedencia para la condena en costas en vigencia del Código Contencioso Administrativo?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El término de caducidad de treinta días del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho empieza a correr desde el día en que se produce el hecho que lo activa, y si vence sin que se presente la demanda ni se radique la solicitud de conciliación extrajudicial, la caducidad debe declararse de oficio. La regla se apoya en el término de treinta días que fija la norma procesal aplicable al caso, y en que la solicitud de conciliación extrajudicial es una actuación que el demandante puede presentar dentro del mismo plazo. Por ello, el juez debe verificar el cómputo desde la fecha del acto y no aceptar la demanda extemporánea. En el asunto, el término comenzó a correr en una fecha determinada de 2012, venció sin que el demandante presentara la demanda ni la conciliación, y la Sala revocó la decisión de primera instancia que había accedido a las pretensiones para declarar probada la caducidad de oficio. En la práctica, la demanda de nulidad y restablecimiento contra el acto que niega la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica debe presentarse dentro de los treinta días siguientes para no caducar.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue promovido extemporáneamente?¿Los actos proferidos antes de la celebración del contrato son demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho…¿Se confirmará la condena en costas impuesta por el Tribunal en primera instancia, la cual será actualizada hasta la fecha de esta providencia?
¿La facultad convencional de Ecopetrol S.A. para liquidar unilateralmente el contrato le permitía materializar dicha liquidación mediante la expedición de un acto administrativo? No
El contratista no puede solicitar que el juez revise o modifique una fórmula de reajuste de precios pactada en el contrato estatal, argumentando que resulta insuficiente, ya que la fórmula es un acuerdo entre las partes y tiene fuerza obligatoria. La Sala rechaza la pretensión del Tribunal de restar efecto vinculante a la fórmula de reajuste, al considerar que no existe un enriquecimiento sin causa en la aplicación correcta de dicha fórmula. Esta decisión matiza la interpretación de que el juez puede modificar unilateralmente cláusulas contractuales basándose en criterios de equidad, reafirmando la autonomía de la voluntad privada en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse el principio pro actione para considerar oportuna la demanda de controversias contractuales, ante la incertidumbre sobre la fecha en que la Unión Temporal conoció la Resolución No. 2…¿Puede el juez revisar o modificar una fórmula de reajuste pactada solo porque resulte “insuficiente”, como sostuvo el Tribunal?¿Podía la Unión Temporal desconocer la forma de reajuste que había acordado en el Acta No. 1 de febrero de 2005?
¿Las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato son aplicables a los contratos celebrados por Ecopetrol cuyo régimen es el derecho privado por tratarse de una sociedad de economía mixta? No
El contratista no puede aplicar las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato a los contratos celebrados por Ecopetrol bajo el régimen del derecho privado, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que estos contratos se rigen exclusivamente por las reglas del derecho privado, excluyendo así la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas específicas sobre equilibrio económico. Además, la Sala rechaza las pretensiones del contratista basadas en la excesiva onerosidad sobrevenida, ya que el contrato fue terminado y liquidado por mutuo acuerdo, lo que impide la revisión de prestaciones futuras. Asimismo, el contratista no cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación, y el dictamen pericial no constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el presunto incumplimiento de Ecopetrol. Estas decisiones reafirman que los contratos de Ecopetrol regidos por el derecho privado no están sujetos a las normas del derecho público y limitan las posibilidades de revisión y reclamación por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó una excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de derecho privado que fue objeto de liquidación por mutuo acuerdo entre Ecopetrol y la Sociedad demandante ?¿El recurrente cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación frente las inconformidades por las presuntas obligaciones que había incumplido Ecopetrol?¿El dictamen pericial constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el contratista por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de Ecopetrol?
¿Existió una falta al deber de información por parte de uno de los miembros del tribunal de arbitramento y con ello la configuración de la causal de anulación de indebida conformación del tribunal? No
El incumplimiento del deber de información de un árbitro no constituye causal de anulación del laudo cuando la circunstancia ocurre después de conformado el tribunal, y la causal de laudo en conciencia exige solo verificar si el laudo expone su fundamentación, no revisar el fondo jurídico o probatorio. La regla se apoya en tres razones. Primera, la Sala ha establecido que la indebida conformación del tribunal no se estructura por deberes de información posteriores a la integración del tribunal. Segunda, el deber de información del artículo 15 de la Ley 1563 de 2012 obliga a comunicar las coincidencias con las partes en los dos años anteriores, y en el caso ninguna de las circunstancias imputadas a la árbitra ocurrió en ese período. Tercera, la causal de laudo en conciencia solo permite estudiar la ausencia de fundamentación del laudo, y el recurso de anulación no procede frente a la decisión de fondo. En consecuencia, los cargos no prosperan y el recurso se declara infundado. El documento reitera el criterio sobre la indebida integración del tribunal.síntesis automática
También resuelve:¿La causal de laudo en conciencia implica estudiar el fundamento jurídico y probatorio del mismo?¿La imposición de costas procesales en el laudo arbitral configuró la causal de anulación de fallo en conciencia?¿La sanción del juramento estimatorio, configura la causal de nulidad de fallo en conciencia?
¿Las costas son las erogaciones que debe sufragar la parte que resulte vencida en el proceso, las cuales están integradas por los costos del proceso o expensas y las agencias en derecho? Sí
El contratista no es condenado en costas simplemente por solicitar una indemnización por perjuicios mayores a los previstos en la cláusula penal del contrato estatal, sino que debe demostrarse que actuó con temeridad, mala fe o abusando del derecho de acción. En este caso, la entidad estatal ejerció la acción de controversias contractuales para demostrar que los incumplimientos del contratista le causaron perjuicios mayores a los establecidos en la cláusula penal, sin el propósito de agravar caprichosamente la situación del demandado o cobrar perjuicios excesivos. La Sala considera que la mera solicitud de una indemnización mayor no constituye un actuar temerario ni abusivo del derecho de acción, y por lo tanto, no es suficiente para condenar al contratista en costas. Esta decisión matiza la interpretación de que cualquier demanda por perjuicios superiores a la cláusula penal automáticamente implica temeridad o mala fe, y establece que la condena en costas requiere una evaluación más detallada de la conducta del contratista y la justificación de sus pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Para que proceda la condena en costas en el régimen del Código Contencioso Administrativo, es menester que se acredite que la parte vencida actuó en contravía de los postulados de la lealtad…¿La decisión de acudir a la administración de justicia
¿El Consejo de Estado es competente para resolver en segunda instancia la acción de repetición interpuesta por el DAS contra un funcionario suyo, cuya pretensión es el reembolso de lo pagado en virtud de una conciliación judicial? Sí
La segunda instancia de la acción de repetición corresponde al Consejo de Estado cuando el tribunal de primera instancia es el mismo que aprobó la conciliación judicial de la que surgió la obligación de pago de la entidad. La regla se apoya en tres razones. Primera, la jurisdicción contencioso administrativa conoce de los procesos de repetición según el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, y el artículo 7 inciso 1 de la Ley 678 de 2001 se aplica solo en sus aspectos procedimentales, porque los hechos de la condena son anteriores a esa ley. Segunda, el artículo 7 inciso 3 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del CCA atribuyen la competencia en segunda instancia cuando el tribunal que decidió en primera instancia aprobó la conciliación. Tercera, el juez de segunda instancia, aun siendo apelante único el demandante, debe pronunciarse de oficio sobre la acción procedente, la caducidad y la legitimación en la causa. En consecuencia, el asunto se resuelve en esta instancia. El documento reitera la jurisprudencia sobre la competencia en la acción de repetición que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad de la acción de repetición empezó a contar desde el día siguiente al pago de lo acordado en la conciliación judicial como monto de la indemnización de perjuicios a la familia…¿La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está legitimada en la causa por activa en virtud de la sucesión procesal del extinto DAS…¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva ante la falta de prueba del vínculo laboral entre el demandado y el DAS?
¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad de la acción porque la demanda se presentó por fuera de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para el pago de la condena? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de repetición si presenta la demanda fuera del plazo de dos años contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago de la condena. En este caso, la sentencia de 20 de septiembre de 2000, que impuso la condena, quedó ejecutoriada el 3 de noviembre de 2000, y el plazo para efectuar el pago se extendió hasta el 4 de mayo de 2002, es decir, dieciocho meses después de la ejecutoria. Como los documentos presentados no acreditan la fecha exacta del pago, el término de caducidad se computa desde el 5 de mayo de 2002, por lo que la demanda presentada el 11 de enero de 2006 es extemporánea, operando la caducidad de la acción. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre el cómputo del término de caducidad y su configuración en casos similares, lo que implica que cualquier demanda presentada fuera del plazo establecido será declarada caduca.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿Procede la condena en costas contra la entidad pública vencida en el medio de control de repetición? Sí
En el medio de control de repetición, la condena en costas tiene carácter objetivo valorativo, de modo que se impone a la parte vencida cuando en el expediente aparece que se causaron y en la medida de su comprobación, sin depender de la temeridad o la mala fe. La regla se apoya en el cambio que el CPACA introdujo frente al criterio subjetivo del Código Contencioso Administrativo y en las reglas del Código General del Proceso que regulan la liquidación de costas. Por ello, el juez debe pronunciarse sobre costas en toda sentencia y decidir si las condena o se abstiene según las pruebas de su causación. En el asunto, la entidad demandada vencida tuvo que incurrir en gastos para acudir al proceso, y la Sala modificó la sentencia en el punto pertinente a las costas. En la práctica, la condena en costas en repetición no depende de la conducta procesal de las partes sino de los gastos comprobados en el expediente.síntesis automática
También resuelve:¿Se condena en costas a la entidad demandante y se fijan las agencias en derecho en 3 SMLMV?¿La demandada compareció al proceso mediante apoderado judicial, quien realizó actividades de defensa judicial?¿El medio de control procedente es el de repetición porque se solicita declarar a los demandados patrimonialmente responsables del pago realizado en cumplimiento de una condena?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda de controversias contractuales interpuesta por la Fiduprevisora S.A. contra una aseguradora, para reclamar el pago de unas indemnizaciones pactadas en unos contratos de seguro de responsabilidad? Sí
Cuando una entidad estatal de naturaleza industrial y comercial reclama el pago de indemnizaciones pactadas en contratos de seguro de responsabilidad, la controversia es de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, y el Consejo de Estado conoce de la segunda instancia cuando la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006, atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en la actividad de las entidades públicas, entre ellas las empresas industriales y comerciales del Estado; el valor del amparo que se aduce afectado por otra demanda determina la cuantía, según el numeral 5 del artículo 132 de ese código; y la vocación de doble instancia depende de esa cuantía. En el caso, el monto del amparo de indemnización profesional de las pólizas superaba el umbral legal, por lo que la sala asumió la competencia en segunda instancia y modificó la sentencia. El documento no señala que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que el valor del amparo afectado, y no solo el de la póliza, determina la cuantía de la controversia.síntesis automática
También resuelve:¿La institución jurídica de la prescripción extintiva es la consecuencia que trae para el titular de un derecho o para quien lo persigue…¿La prescripción de los derechos derivados del contrato de seguro opera mediante un término ordinario y otro extraordinario…¿Operó el fenómeno jurídico de la prescripción ordinaria de los derechos derivados de los contratos de seguro de responsabilidad celebrados por Fiduprevisora S.A.…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo? Sí
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado en los artículos 129 y 132 del CCA, pues el proceso inició con vocación de doble instancia al estimar la demanda una cuantía superior a la exigida para la competencia de los tribunales administrativos en primera instancia, equivalente al valor de la condena impuesta al Estado.
También resuelve:¿La normativa aplicable a la acción de repetición es la vigente al momento en que ocurren los hechos que dieron lugar a dicha acción?¿La ausencia de uno de los presupuestos de procedencia de la acción de repetición impide la declaración de responsabilidad particular del agente demandado?¿Las personas jurídicas son sujetos pasivos de la pretensión de reembolso?
¿Es procedente la condena en costas contra la entidad demandante cuando no se acredita dolo o culpa grave de los ex funcionarios en la expedición de un acto administrativo anulado judicialmente? No
El contratista no es condenado en costas cuando no se acredita dolo o culpa grave de los ex funcionarios en la expedición de un acto administrativo anulado judicialmente, ya que la Sala considera que la entidad demandante no actuó con temeridad ni mala fe, elementos necesarios para la condena en costas. La Sala reitera que la acción de repetición no es un proceso ejecutivo, sino declarativo, donde se debate la responsabilidad de los agentes del Estado, y en este caso, la parte recurrente no logró demostrar la existencia de dolo o culpa grave. Por lo tanto, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandante, lo que implica que en casos similares, si no se acredita la mala fe o temeridad, no procederá la condena en costas.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿Se acreditaron los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, entre ellos la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal? No
El contratista no acredita los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, entre ellos la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal. La Sala confirmará la sentencia apelada, aunque por las razones que se expondrán en esta decisión, que están relacionadas con la ausencia de prueba del elemento subjetivo. A pesar de que se probaron los elementos objetivos de la acción de repetición, no se acreditó que una conducta gravemente culposa del demandado hubiera determinado, o al menos incidido de modo eficiente, en los hechos por los cuales el Estado acordó el pago de una indemnización a favor de las víctimas de la emboscada de que fueron objeto militares de dicho Batallón el 7 de febrero de 1998.síntesis automática
También resuelve:¿Se observó temeridad o mala fe en el actuar de la parte actora que haga procedente la condena en costas?
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del fiscal al imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva contra un concejal cuyo proceso penal terminó con sentencia absolutoria por conducta atípica? No
La imposición de una medida de aseguramiento fundada en un indicio grave de responsabilidad no configura por sí sola culpa grave del funcionario que la impone, porque el indicio es una inferencia lógica que parte de un hecho debidamente acreditado y de la experiencia. La regla se apoya en la definición de indicio que contenían los artículos 300 y siguientes del Código de Procedimiento Penal entonces vigente, y en que la valoración de la conducta del funcionario debe hacerse con las pruebas de la actuación que se le reprocha. Por ello, la posterior absolución del procesado por una conducta atípica no basta para demostrar que el fiscal actuó con culpa grave. En el asunto, el fiscal definió la situación jurídica con detención preventiva al considerar que la aprobación de un acuerdo municipal era un indicio grave de responsabilidad, y la Sala confirmó la decisión que negó la repetición por no acreditarse la culpa grave. En la práctica, la entidad que repite por una medida de aseguramiento debe demostrar que la inferencia del funcionario carecía de sustento razonable.síntesis automática
También resuelve:¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia debe recaer sobre la conducta del agente del Estado demandado…¿Las decisiones de los jueces contencioso administrativo y penal sobre la responsabilidad estatal, y la responsabilidad penal del procesado…¿Tratándose de una acción de repetición fundada en un error de una providencia judicial que posteriormente fue revocada, la entidad estatal tiene la carga de acreditar la conducta dolosa o gravemente…
¿Es procedente la objeción por error grave en el dictamen pericial presentada por la parte demandante? No
El contratista no puede objetar por error grave el dictamen pericial presentado por el ingeniero civil, ya que este se limitó a calcular los perjuicios materiales y no evaluó la propuesta del consorcio demandante como la mejor opción según el pliego de condiciones. La Sala determina que la objeción no es procedente porque el perito consideró la totalidad de los puntos de análisis establecidos por la entidad estatal, no solo el supuesto error en la certificación de calidad. Además, la inexactitud en la información financiera suministrada por el proponente en el Registro Único de Proponentes configura una causal de rechazo de la propuesta según el pliego de condiciones, lo que implica que la propuesta del consorcio no cumplió con los requisitos exigidos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los pliegos de condiciones y subraya que la objeción por error grave en el dictamen pericial debe estar fundamentada en errores evidentes y no en interpretaciones subjetivas.síntesis automática
También resuelve:¿La inexactitud en la información suministrada por el proponente configuró una causal de rechazo de la propuesta a la luz de lo estipulado en el pliego de condiciones?¿Se configuró la causal de nulidad del contrato por celebrarse contra expresa prohibición legal o constitucional?¿Se configuró la causal de nulidad de desviación de poder en la adjudicación del contrato estatal?
¿La impugnación propuesta estuvo debidamente sustentada desde el plano material? No
Cuando el recurso de apelación contra una sentencia se limita a transcribir los argumentos de la demanda y de los alegatos de primera instancia, sin formular inconformidad alguna contra las razones de la sentencia recurrida, la impugnación no está debidamente sustentada desde el plano material y el tribunal no puede decidir sobre esos aspectos. La regla se sostiene en tres razones: la apelación debe confrontar los argumentos del fallo impugnado para delimitar el objeto de la segunda instancia; la reproducción literal de escritos anteriores carece de objeto de discusión frente a la decisión; y, por ello, no es posible emitir decisión sobre las pretensiones que la apelación no cuestionó. En el caso, la sala confirmó la sentencia en lo relativo a esas pretensiones, y frente a la condena en costas de primera instancia negó la procedencia de la condena al no existir temeridad ni mala fe. El documento cita una sentencia de la sección sobre las circunstancias de indebida sustentación; la consecuencia práctica es que el apelante debe señalar qué razón concreta de la sentencia controvierte.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con el Código Contencioso Administrativo, aplicable a este proceso, debió condenarse en costas de primera instancia al ente demandado por haber sido la parte vencida?¿El fallo recurrido envuelve una contradicción, porque afirmó que el ente demando había pagado una suma que, luego, condenó a pagar y, si existía duda sobre el pago…¿Al ser desestimadas las pretensiones de incumplimiento contractual, debió desestimarse, a su vez, la pretensión de liquidación del contrato por ser consecuencial —no autónoma— a aquellas…