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JUSTICIA MATERIAL

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Consejo de Estado Providencia

El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente

Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas 2025-12-18 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020240056302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del CGP y 213 del CPACA (Ley 1564 de 2012)? Sí
El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del Código General del Proceso y 213 del Código Procesal Administrativo y Contencioso (Ley 1564 de 2012), ya que esta facultad busca garantizar la efectividad de los derechos de las personas y la veracidad de los hechos enjuiciados. El decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, sino un deber legal que implica adoptar medidas necesarias para fallar con suficiente conocimiento de causa y un material probatorio completo, en la búsqueda de la justicia, la seguridad jurídica y la equidad. Sin embargo, esta potestad no debe utilizarse para suplir la negligencia o el incumplimiento de las cargas probatorias de las partes, sino para aclarar oscuridades en la controversia y evitar que la falta de actividad judicial comprometa la justicia material. Esta regla reitera y matiza precedentes, estableciendo que el juez debe decretar pruebas de oficio solo cuando surja la necesidad de aclarar hechos relevantes y existan fundadas razones para considerar que su falta de actividad puede abandonar el sendero de la justicia material.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede ampliarse la medida cautelar solicitada cuando aún no está claro el alcance del Contrato de Concesión No. 002 de 2005…
DECRETA
Consejo de Estado Providencia

El recurso extraordinario de revisión fue presentado de forma oportuna

Sentencia — Sentencia 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020210017500 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de revisión en contra del laudo arbitral y el auto aclaratorio proferidos los días 6 y 16 de agosto de 2019, se presentó a tiempo? Sí
Corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado, en segunda instancia, conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto contra un laudo arbitral y su auto aclaratorio cuando en el proceso arbitral intervino una entidad pública. Esta competencia se apoya en el artículo 45 de la Ley 1563 de 2012, que somete los laudos a la revisión por las causales y el trámite del Código General del Proceso, en el artículo 46 de la misma ley, que asigna el conocimiento a la Sección Tercera, y en el numeral 7 del artículo 104 del CPACA. La intervención de la entidad pública en el trámite arbitral es el criterio que activa la competencia. Como el recurso se presentó en tiempo, la discusión de fondo se centró en si se configuró la causal de revisión por nulidad originada en el laudo y su auto aclaratorio, y la pretensión fue declarada infundada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la revisión de laudos con intervención pública corresponde a la Sección Tercera y no al tribunal de arbitramento.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado tiene competencia para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por los Bancos de Bogotá SA, AV Villas SA… ¿El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada… ¿Para la configuración de la causal de revisión de nulidad originada en la sentencia que pone fin al proceso debe se deben tener en cuenta: La existencia de una sentencia que ponga fin al proceso…
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

La vulneración de las garantías que componen el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo constituye causal de nulidad del acto administrativo.

Sentencia — Sentencia 2025-11-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 13001233300020180042301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La vulneración de las garantías que componen el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo constituye causal de nulidad del acto administrativo? Sí
El debido proceso en el ámbito administrativo constituye una causal de nulidad del acto administrativo cuando se vulneran las garantías que lo componen, como el derecho a ser juzgado por una autoridad competente, a la presunción de inocencia, a no ser juzgado dos veces por la misma conducta y a la oportunidad de aportar y controvertir pruebas, siempre y cuando dicha vulneración tenga un impacto real en el derecho nuclear del debido proceso. Sin embargo, la existencia de una irregularidad en la notificación del acto administrativo no configura por sí sola una vulneración del debido proceso que conlleve su nulidad, ya que la falta de notificación o una irregularidad en esta afecta la eficacia y oponibilidad del acto, pero no su validez, siempre que el administrado haya tenido la oportunidad real de defenderse y no haya sufrido indefensión. Esta conclusión reitera la jurisprudencia existente y refuerza la importancia del principio de instrumentalidad de las formas y la distinción entre validez y eficacia del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿La existencia de una irregularidad en la notificación de un acto administrativo configura, por sí sola, una vulneración del debido proceso que conlleve su nulidad? ¿La interpretación aislada del artículo 269 del Código de Minas puede justificar la invalidez de la notificación del acto que declara la caducidad de un contrato de concesión? ¿Puede alterarse la estructura secuencial y preclusiva del contrato de concesión minera con fundamento en actos de mera ejecución técnica por parte del concesionario?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial es patrimonialmente responsable

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020190017801 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? ¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión… ¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: se ha desarrollado la teoría de la imprevisión

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100020100049801 ACCION CONTRACTUAL
¿La teoría de la imprevisión, como mecanismo para restaurar el equilibrio contractual perturbado por circunstancias extraordinarias, imprevistas e irresistibles a las partes, constituye un principio general de los contratos que se mantiene en la actualidad? Sí
Durante el proceso de formación y al momento de celebrar un contrato, incluidos los contratos públicos, las partes evalúan los beneficios y asumen riesgos financieros específicos que configuran la ecuación contractual. Aunque se reconoce la importancia del postulado de que los contratos son ley para las partes y, por ello, deben ser cumplidos [pacta sunt servanda], se han atenuado los efectos de la aplicación estricta del contrato debido a la posibilidad de que las condiciones originales del acuerdo se vean alteradas. Esta atenuación se basa en consideraciones de equidad en las relaciones contractuales, en la suposición de que las partes se comprometen en función de las circunstancias existentes en el momento del acuerdo [rebus sic stantibus], y en el entendimiento de que situaciones extraordinarias, imprevistas e irresistibles pueden dificultar en exceso el cumplimiento estricto del contrato.
También resuelve: ¿En caso de la ocurrencia de circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, surgidas después de la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida… ¿La aplicación de la teoría de la imprevisión en contratos estatales regidos por el derecho privado, procede más allá de la regulación del artículo 868 del C.Co., esto es…