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"¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia, para en su lugar declarar que la entidad demandada incumplió el convenio interadministrativo objeto de litigio y ordenar el reintegro de los rendimientos financieros generados sobre los cuatro mil millones de pesos ($4.000’000.000) que había girado inicialmente la demandante?" Sí
El contratista debe revocar la sentencia de primera instancia para declarar el incumplimiento del convenio interadministrativo y ordenar el reintegro de los rendimientos financieros generados sobre la suma de cuatro mil millones de pesos, ya que la cláusula de la acta de terminación anticipada por mutuo acuerdo que excluye dichos rendimientos es nula, al desconocer las obligaciones contractuales y las disposiciones legales que regulan los recursos y rendimientos públicos. La Sala establece que la parte que alega incumplimiento debe demostrar que cumplió sus propias obligaciones y que el incumplimiento del contratante es determinante y trascendente, además de respetar el principio de buena fe contractual al informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento. Esta decisión reitera la importancia de la liquidación judicial del contrato cuando la liquidación unilateral no cumple con las obligaciones legales, afectando la práctica en casos de terminación anticipada y liquidación de contratos estatales.síntesis automática
¿A las acciones de controversias contractuales sobre contratos de concesión minera les son inaplicables las normas de caducidad por tratar de bienes del Estado que son imprescriptible e inalienables? Sí
El contratista no está sujeto a las normas de caducidad en acciones de controversias contractuales sobre contratos de concesión minera, ya que estos tratan de bienes del Estado que son imprescriptibles e inalienables, según el parágrafo 1 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Además, el contrato de concesión minera puede ser nulo parcialmente cuando parte de la zona de aplicación incurre en áreas protegidas, como distritos de manejo integrado, prohibiendo actividades mineras conforme al artículo 34 del Código de Minas. La anulación de un contrato de tracto sucesivo no permite el control jurisdiccional sobre las obligaciones ya extinguidas por la renuncia del contratista, y en caso de terminación anticipada del contrato de concesión minera, el concesionario debe restituir los bienes e instalaciones conforme al artículo 108 del Código de Minas. Estas reglas reiteran y matizan precedentes, estableciendo criterios claros para la protección del patrimonio público y el cumplimiento de obligaciones ambientales en contratos mineros.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la nulidad parcial del contrato de concesión minera cuando parte de la zona de aplicación de este tiene el carácter de área protegida?¿Procede el control jurisdiccional sobre las obligaciones del contrato que dejó de producir efectos legales por la aceptación de la renuncia del contratista a la ejecución del mismo?¿Ante la extinción anticipada del contrato de concesión minera procede la restitución de todos los bienes e instalaciones que el contratista hubiere instalado o construido para la ejecución de este?
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado en tiempo? Sí
La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda fue presentada dentro del término legal. A diferencia de lo establecido por el tribunal, se considera que los contratos de prestación de servicios terminaron el 31 de marzo de 2015, fecha en la cual se firmó el acta final de liquidación del ISS. En principio, la demandante…
También resuelve:¿Se configuró un incumplimiento del contrato ante el no pago del precio del contrato al contratista?¿Procede el reconocimiento de perjuicios sufridos como consecuencia de la terminación anticipada de los contratos de prestación de servicios?
¿Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994? Sí
Las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y deben resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Constitución y en las normas del Código de Comercio y del Código Civil. La regla se sostiene en tres razones: el objeto de la entidad contratante es la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo que determina el régimen de sus procesos de selección; la ausencia de naturaleza de acto administrativo de las actuaciones precontractuales no impide que la jurisdicción conozca de la controversia, pues el medio de control de controversias contractuales se mantiene; y las pretensiones de incumplimiento y de liquidación judicial del contrato se deciden con las normas civiles y comerciales aplicables. Por ello, la controversia se analiza con esas normas y no con el Estatuto General de Contratación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos de esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿Logró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. demostrar que las dificultades presentadas durante la ejecución contractual obedecieron a circunstancias imprevisibles y ajenas a su…¿Procede el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato solicitado con fundamento en las dificultades de ejecución derivadas de la falta de información sobre intervenciones de otras…¿Procede el reconocimiento y pago de los denominados intereses negativos solicitados por la EAAB E.S.P. respecto de los recursos administrados mediante patrimonio autónomo…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2024-06-17Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020240001200LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿En la sentencia recurrida se dejó de resolver algún extremo de la litis o cualquier otro punto que, de conformidad con la ley, debía ser objeto de pronunciamiento? No
Cuando se pide la adición de una sentencia, esta solo procede si el juez dejó de resolver algún extremo de la litis o algún punto que debía ser objeto de pronunciamiento, conforme al artículo 287 del Código General del Proceso, aplicable en este asunto. La regla se sostiene en tres razones: la adición es el mecanismo que corrige la omisión de decisión y no uno para revisar el sentido de lo resuelto; la inconformidad con la forma en que se resolvió un cargo de nulidad debe tramitarse por el recurso de apelación, cuando la ley lo permite; y la sentencia puede adicionarse solo si el punto omitido fue planteado y no fue decidido. En el caso, la parte solicitó la adición alegando que no se había resuelto el cargo de fallo extra petita frente a un laudo arbitral, pero la sentencia sí lo abordó de manera específica al declarar infundado el recurso extraordinario de anulación, por lo que la solicitud fue denegada. El documento no señala que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que quien considere que una decisión es errónea debe acudir al recurso que la ley prevé para ello, y no a la adición.síntesis automática
También resuelve:¿La adición o complementación de la sentencia, es procedente cuando se profiere un fallo citra petita?
¿Resulta procedente el reconocimiento de perjuicios por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento, cuando se encuentra probado que mediante un acuerdo bilateral las partes decidieron dar por terminado el contrato, no se demandó la nulidad de este acuerdo y, en todo caso, no se demostró la celebración de uno nuevo negocio jurídico? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento de perjuicios por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento cuando las partes acuerdan terminarlo bilateralmente, no se demanda la nulidad de este acuerdo y no se demuestra la celebración de un nuevo contrato. La terminación del contrato por mutuo acuerdo implica la extinción de las obligaciones contractuales, por lo que no procede la responsabilidad del Estado por la ejecución de un supuesto contrato que ya fue terminado. Además, el juez no puede declarar oficiosamente la nulidad relativa del acuerdo de terminación del contrato, ya que esta facultad está reservada a la parte interesada. En contratación estatal, el contrato debe perfeccionarse por escrito, por lo que la ejecución de un supuesto contrato sin formalidad escrita no genera responsabilidad del Estado. Esta decisión reitera la importancia de la terminación contractual por mutuo acuerdo y la necesidad de cumplir con los requisitos formales de perfeccionamiento en contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse oficiosamente la nulidad relativa del acuerdo suscrito entre las partes al estar incurso en un supuesto error al momento de celebrarse?¿Resulta procedente la responsabilidad del Estado porque el contrato de arrendamiento continuó ejecutándose, a pesar de que las partes expresamente lo terminaron anticipadamente…
¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato? Sí
La Subsección resolverá desfavorablemente el recurso de apelación presentado por Genmas S.A. E.S.P. y confirmará la sentencia de primera instancia. Lo manifestado por [la contratante en los términos de referencia] otorgó certeza a la contratista de que el dinero de la construcción estaba garantizado, dado que se señaló que su financiación provendría de recursos propios de la entidad. Genmas S.A. E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato, debido a que no acreditó la circunstancia económica de la empresa que alegó como fundamento para el ejercicio de la prerrogativa contractual, por lo que se materializó su incumplimiento del negocio jurídico.
También resuelve:¿Lo convenido correspondió a un contrato de obra a precios unitarios que fue suscrito con el objetivo de desarrollar las obras civiles de una central hidroeléctrica…¿El perfeccionamiento del negocio se dio con la suscripción del documento correspondiente por las partes, en el que la accionante se obligó a construir las obras civiles de la central hidroeléctrica?¿La potestad de terminación unilateral del contrato se ejerció sin justa causa, por lo que la conducta de la contratante constituyó un incumplimiento del contrato?
Sentencia — Sentencia2023-10-17Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020230012500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Las causales de anulación invocadas por el recurrente se configuraron? No
El recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral solo prospera si se configura alguna de las causales taxativas del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, y que un laudo proferido en derecho no se transforma en fallo en conciencia ni es citra petita por no reconocer las pretensiones del convocante. Una razón es que el tribunal resolvió los problemas jurídicos del juicio en derecho, porque no guardó silencio sobre las pruebas necesarias para fallar ni prescindió del ordenamiento jurídico aplicable, y los yerros de esa naturaleza no aparecen de forma palmaria. Otra razón es que la no prosperidad del recurso no implica que la Sala comparta lo decidido, sino que las causales no se configuraron. En el caso, el recurso se declaró infundado y se confirmó la validez del laudo. Su consecuencia práctica es que la anulación por falta de congruencia exige demostrar una omisión del laudo sobre las pretensiones, y no basta con la inconformidad frente a su resultado.síntesis automática
También resuelve:¿Se declara infundado el recurso extraordinario de anulación?¿Habría lugar a concluir que los árbitros omitieron estudiar los hechos y fundamentos jurídicos esbozados por la convocante?¿Las razones fueron esbozadas con base en las pruebas del proceso y en la interpretación judicial del contrato?
¿En los casos de contratos que por su naturaleza no están sujetos a liquidación, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales empieza a correr a partir del momento de su terminación? Sí
El contratista debe presentar la demanda relativa a contratos que por su naturaleza no están sujetos a liquidación dentro del término de dos años contados a partir de la terminación del contrato, conforme al literal b) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. La entidad estatal no puede declarar la nulidad absoluta del contrato de comodato de manera oficiosa ni declarar la terminación anticipada del contrato sin acreditar la necesidad urgente e imprevista del bien comodatado, según el artículo 2205 del Código Civil. Además, la entidad demandante será condenada en costas y agencias en derecho cuando el recurso de apelación sea negado, de acuerdo con el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la terminación anticipada del contrato de comodato, lo que implica que los contratistas deben ser cuidadosos con el plazo para presentar sus demandas y las entidades estatales deben acreditar adecuadamente las causales de terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la declaratoria de nulidad absoluta del contrato incluso de manera oficiosa por el Juez?¿Se configura la causal de terminación anticipada del contrato de comodato por aparecer al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa?¿Procede la condena en costas respecto al recurrente ante la negación del recurso de apelación?
¿En el seguro de cumplimiento como garantía de las obligaciones derivadas de un contrato estatal, la prescripción ordinaria es aplicable a todo interesado que tenga o haya debido tener conocimiento del siniestro? Sí
El contratista debe cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato estatal, y en caso de incumplimiento, la entidad estatal como beneficiaria del seguro de cumplimiento tiene la obligación de reconocer el siniestro y notificarlo al asegurador dentro del término legal. Según el artículo 1081 del Código de Comercio, la acción derivada del contrato de seguro prescribe ordinariamente en dos años desde que el interesado tuvo o debió tener conocimiento del siniestro. La entidad estatal, al tener la responsabilidad de supervisar el cumplimiento del contrato, debe actuar con diligencia y notificar cualquier incumplimiento en tiempo y forma. Si la entidad estatal conoce del siniestro pero no lo notifica oportunamente, la prescripción puede ocurrir antes de que el asegurador pueda actuar, lo que implica que la entidad estatal debe ser diligente en su vigilancia y control del contrato para evitar la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.síntesis automática
También resuelve:¿La prescripción del contrato de seguro no solo se cuenta desde que el interesado conoce el siniestro sino también desde cuando debió haberlo conocido?¿El término de los dos años que prevé la norma ya había fenecido para el momento en que se emitió la resolución que declaró ocurrido el siniestro de incumplimiento y, por ende…¿No se discute la responsabilidad del contratista frente a la aseguradora derivado del contrato sino la extinción del derecho del asegurado a cobrarle a la compañía de seguros?
¿El contratista incumplió el contrato y no demostró la excepción de contrato no cumplido que justifique dicho incumplimiento? Sí
El contratista incumple el contrato y no demuestra la excepción de contrato no cumplido que justifique dicho incumplimiento, por lo que la entidad estatal puede declarar la terminación unilateral y aplicar la cláusula penal pecuniaria pactada, sin necesidad de emitir un acto administrativo. La Sala modifica la sentencia al establecer que las facultades unilaterales no están prohibidas en contratos regidos por el derecho privado, siempre y cuando no se ejerzan mediante acto administrativo. Además, reitera que en derecho común es posible pactar una cláusula penal con función de apremio, y que para que prosperara la excepción de contrato no cumplido, el contratista debía demostrar que los incumplimientos de la entidad estatal generaron directamente sus propios incumplimientos, lo cual no se probó en este caso. Esta decisión implica que las partes deben cumplir rigurosamente con las condiciones estipuladas en el contrato para ejercer sus facultades unilaterales y que la excepción de contrato no cumplido requiere una conexión directa entre los incumplimientos alegados.síntesis automática
También resuelve:¿La formulación de pretensiones como principales y subsidiarias tiene como objeto indicarle al juzgador cuál es la declaración que el demandante solicita que se resuelva en primer lugar?¿En derecho privado, las facultades unilaterales están prohibidas?¿En derecho común es posible pactar una cláusula penal con función de apremio?
¿Estaban facultadas las administradoras cooperativas para celebrar convenios interadministrativos bajo la legislación vigente al momento de la suscripción del Convenio 005 de 2001? Sí
El contratista puede celebrar convenios interadministrativos bajo la legislación vigente al momento de la suscripción del Convenio 005 de 2001, ya que las administradoras cooperativas se consideraban entidades estatales independientemente del porcentaje de participación pública y del régimen jurídico, conforme al parágrafo del artículo 2° de la Ley 80 de 1993. Este precedente modifica la interpretación previa que limitaba la celebración de estos convenios a entidades con participación pública mayoritaria, lo que implica que las administradoras cooperativas estaban habilitadas para celebrar contratos y convenios interadministrativos en los términos del numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:¿Constituyen los convenios interadministrativos una figura distinta de los contratos estatales por no tener finalidad remuneratoria y fundarse en el principio de colaboración entre entidades públicas?¿Debe calificarse como contrato interadministrativo un negocio jurídico entre entidades públicas que contiene obligaciones recíprocas con carácter conmutativo y ánimo remuneratorio?¿Se encuentra sometido al Estatuto General de Contratación el contrato interadministrativo celebrado entre un municipio y otra entidad, a efectos de su liquidación y del cómputo de la caducidad?
¿La empresa Termo Mechero Aguazul S.A.S. E.S.P, incumplió las obligaciones del contrato GAS-032-2014, por lo que resulta procedente ordenar el pago de la cláusula penal pactada en el contrato? Sí
Cuando las partes de un contrato no logran acordar su liquidación y la entidad no demuestra haber ejercido la facultad de liquidación unilateral, el contrato queda sin liquidar y procede la liquidación judicial a través del medio de control de controversias contractuales. La regla se apoya en que la liquidación es una etapa necesaria para determinar el resultado de las obligaciones. En el caso, el contrato no continuó ejecutándose después de cierta fecha y la entidad no acreditó el ejercicio de esa facultad. En el caso, las partes no lograron acordar la liquidación del contrato y la entidad no acreditó la liquidación unilateral, por lo que el contrato permanece sin liquidar. En el caso, la sentencia ordena la liquidación judicial del contrato, porque la entidad no demostró haber ejercido la facultad de liquidación unilateral. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, si la entidad no ejerce la liquidación unilateral, la liquidación del contrato puede realizarse judicialmente.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento por parte de Ecopetrol frente a las obligaciones del contrato GAS-032-2014, por haber suspendido la entrega de gas a Termo Mechero Aguazul S.A.S. E.S.P…¿Ecopetrol incurrió en conductas de abuso de posición contractual o dominante que pudieren haber llevado a Termo Mechero Aguazul S.A.S. E.S.P., a un incumplimiento del contrato GAS 032-2014?¿Se debe ajustar la sanción pactada en el parágrafo tercero de la cláusula décima sexta del contrato GAS-032-2014, por su terminación anticipada…
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia, por razón de su cuantía? Sí
Cuando se demanda en controversia contractual a una entidad pública y la suma de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; el artículo 129 del mismo código atribuye a la corporación la apelación de las sentencias de primera instancia de los tribunales; y el valor de la pretensión mayor se determina conforme al artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil, con el umbral del artículo 132, numeral 5, del Código Contencioso Administrativo. En el caso, la pretensión mayor superó ese umbral y la corporación asumió la competencia para resolver la apelación, modificando la sentencia en lo relativo a las pretensiones que prosperaron parcialmente. El documento reitera la forma de determinar la competencia por cuantía; la consecuencia práctica es que la prosperidad parcial de las pretensiones no altera la competencia fijada por el valor de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales procede para reclamar los daños originados en una relación contractual?¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de controversias contractuales?¿En la acción de controversias contractuales se encuentran legitimados en la causa quienes hayan sido parte en el negocio jurídico del cual se originó el daño alegado?
¿Los actos emitidos por Ecopetrol durante la ejecución del contrato objeto de análisis, referidos a la multa y a la terminación anticipada y unilateral ostentan de naturaleza jurídica privada y por ello su revisión de legalidad no procede por la vía de nulidad? Sí
El contratista no puede impugnar por vía de nulidad los actos emitidos por Ecopetrol durante la ejecución del contrato, referidos a multas y terminación anticipada y unilateral, ya que estos actos tienen naturaleza jurídica privada y su revisión de legalidad se limita al análisis de los incumplimientos de las obligaciones derivados del negocio jurídico pactado, conforme a la autonomía de la voluntad en la contratación estatal. La Sala confirma que, cuando el contrato se rige por el derecho privado, los actos de la entidad no constituyen actos administrativos, sino que deben evaluarse en función del cumplimiento de las cláusulas contractuales y sin hacer un uso abusivo de las facultades unilaterales pactadas. Además, la tacha de los testigos no hace improcedente la recepción o la valoración de los testimonios, sino que impone al juez un análisis más profundo para determinar el grado de credibilidad y eficacia probatoria de dichas declaraciones, en aplicación del principio de la sana crítica y las reglas de la lógica y la certeza.síntesis automática
También resuelve:¿La tacha de los testigos hace improcedente la recepción o la valoración de los testimonios?¿Ecopetrol incurrió en incumplimiento contractual por la falta de reconocimiento de la mayor permanencia y mayores cantidades de obra por parte del contratista?¿Ecopetrol generó el rompimiento del equilibrio económico del contrato por motivo de la falta de reconocimiento de las mayores actividades y mano de obra…
¿El término de prescripción en el contrato de seguro se contabiliza desde el conocimiento real o presunto del siniestro por parte del interesado? Sí
El contratista debe ejercer acciones derivadas del contrato de seguro dentro del término de prescripción establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio, que comienza a contabilizarse desde el conocimiento real o presunto del siniestro por parte del interesado, ya sea el tomador, el asegurado o el beneficiario. Esta regla se modifica respecto a precedentes anteriores, al establecer que la prescripción ordinaria opera desde que el interesado conoce o debió conocer del siniestro, incluso si la entidad asegurada ya tenía conocimiento de los hechos que dan origen a la acción. Esto implica que la entidad pública debe actuar con celeridad y diligencia en la formulación de reclamaciones ante las aseguradoras para evitar la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta aplicable la prescripción ordinaria prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio cuando se acredita que la entidad asegurada conocía, o razonablemente debía conocer…¿Están las entidades públicas obligadas a ejercer control y vigilancia permanente sobre la ejecución de contratos estatales?¿Pueden considerarse los informes de interventoría como un medio idóneo para que las entidades estatales verifiquen el cumplimiento de los contratos públicos…
¿La entidad pública demandada estaba habilitada para liquidar de manera unilateral el contrato, al haber operado la terminación del contrato conforme a la cláusula sexta del mismo? Sí
La entidad estatal está habilitada para liquidar unilateralmente el contrato cuando no existe acuerdo entre las partes sobre la liquidación y la terminación ha operado por una causal pactada en el contrato, conforme al artículo 61 de la Ley 80 de 1993. Una razón es que la falta del mínimo de usuarios y la correspondiente acta de compromiso eran causas suficientes para la terminación según la cláusula sexta, de modo que la resolución no fue un motivo falso que viciara el acto. Otra razón es que aunque la entidad invitó en varias oportunidades a liquidar bilateralmente, el contratista se opuso y pidió la conformación de un comité de conciliación para controvertir la terminación, mientras la entidad rechazó esa solicitud, de manera que no existió acuerdo sobre la liquidación. En el caso, el contratista sostenía que la liquidación era improcedente y debía continuarse con la construcción, por lo que la entidad podía liquidar por resolución. La Sala revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de nulidad. Su consecuencia práctica es que la falta de acuerdo sobre la liquidación habilita a la entidad para liquidar unilateralmente.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos de adecuación de tierras son un instrumento estatal que suscribe el Instituto Nacional de Tierras y asociaciones de usuarios con entidades públicas o privadas, previamente autorizadas…¿Las partes pactaron que si la ejecución del proyecto de adecuación de tierras San Juan del Cesar, no lograba pasar a la tercera etapa de construcción…¿La terminación automática del contrato era procedente al no cumplirse las condiciones previstas para el inicio de la etapa tres de construcción…
¿En una situación de apelante único la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso? Sí
En una situación de apelante único, la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso, de modo que no puede revisar la providencia en la parte que no fue impugnada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita la competencia funcional del superior a los cargos esgrimidos en el recurso de alzada; la regla admite una excepción prevista en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, según la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada; y el silencio del inferior no impide que el superior se pronuncie sobre esos aspectos en los términos de la ley. Por ello, el examen de la segunda instancia se limita a lo impugnado, salvo esas excepciones legales. La providencia de primera instancia se confirma en lo que fue objeto del recurso.síntesis automática
También resuelve:¿Con las pruebas del expediente se acredita la nulidad de los actos administrativos demandados por el supuesto hecho de haberse desconocido el acuerdo de creación del consorcio?¿Los negocios jurídicos celebrados por el representante, dentro de las facultades conferidas para tal caso, producen los mismos efectos que si la actuación la hubiera realizado el representado…¿El mandato de representación otorgado por los integrantes del consorcio, se tiene que se estipuló que la representación del consorcio la tendrían, pluralmente los dos facultados?
¿Se presenta falta al principio de congruencia en el fallo de primera instancia? Sí
Se configura falta al principio de congruencia cuando el juez resuelve pretensiones que no fueron formuladas en la demanda, lo que constituye una decisión extra petita. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la demanda solo pidió la efectividad del amparo de cumplimiento de la garantía única, de modo que el tribunal no podía ordenar también la efectividad de los amparos de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. La segunda es que la intención del demandante era obtener la efectividad de la garantía solamente en cuanto al amparo de cumplimiento. En consecuencia, la Sala revoca el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia y suprime la condena contra la aseguradora por los aportes de seguridad social y parafiscales. Como obiter dictum, la providencia recuerda que, en el derecho privado, el beneficiario puede reclamar la efectividad del amparo a la aseguradora y, si la reclamación es objetada, acudir al juez del contrato. La nota de relatoría remite a una sentencia de 30 de julio de 2021 sobre el principio de congruencia, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Al momento de presentar la reclamación formal, Ecopetrol adjuntó los documentos requeridos por las condiciones generales del contrato de seguro, tales como el contrato afianzado?¿Se presentó inejecución de obligaciones contractuales que conllevaron a la paralización total de las actividades contratadas?¿Es responsable la entidad demandante del incumplimiento del contrato?
¿Se presenta cruce definitivo de cuentas que impida la prosperidad de las reclamaciones económicas objeto del presente proceso, a pesar de las salvedades manifestadas por las partes en el acta de liquidación bilateral del negocio? No
El contratista no puede impedir la prosperidad de sus reclamaciones económicas mediante un cruce definitivo de cuentas cuando existen salvedades en la acta de liquidación, especialmente si el contratante no ha descontado multas impuestas y el contratista ha cuestionado su legalidad. Además, la Sala confirma la sentencia de primera instancia en cuanto a la imposición de multas al contratista, dado que el contrato se rige por el derecho privado y las partes no limitaron en el tiempo la posibilidad de imponer multas, lo que permite su aplicación incluso después del término del contrato. Asimismo, el contrato de seguro es válido respecto de las modificaciones de la póliza ocurridas antes de la configuración de la inhabilidad sobreviniente del contratista, y no prospera el argumento de ineficacia del contrato de seguro.síntesis automática
También resuelve:¿Procede confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto a la multa impuesta al contratista, dada la naturaleza sancionatoria de las multas pactadas y la posibilidad de imponerlas por fuera del…¿El contrato de seguro es ineficaz respecto de las modificaciones de la póliza ocurridas presuntamente con posterioridad a la configuración de la inhabilidad sobreviniente del contratista?¿Se presenta ausencia de prueba de la compensación del valor de las multas con los saldos en favor del contratista?