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EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

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Consejo de Estado Providencia

El ejecutado no cumplió con su obligación de pago ni presentó excepciones de mérito

Auto interlocutorio — Auto que ordena seguir adelante con la ejecución 2024-07-08 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 11001032600020140019200 LEY 1437 REPETICION
¿Se concluye que el ejecutado no cumplió con su obligación de pago ni presentó excepciones de mérito dentro del término previsto por la ley? Sí
El ejecutado no cumple con su obligación de pago ni presenta excepciones de mérito dentro del término previsto por la ley, lo que implica que el tribunal debe seguir adelante con la ejecución, condenar en costas al ejecutado y pronunciarse sobre la liquidación del crédito. En este caso, el término para cumplir con la orden impartida en el auto que libró mandamiento de pago o para formular las excepciones de mérito empezó a correr a partir del 26 de octubre de 2023, venciendo el plazo para efectuar el pago el 1° de noviembre y el de proponer excepciones el 9 de noviembre de 2023. Posterior a la notificación del auto de mandamiento ejecutivo, las partes guardaron silencio, lo que llevó a la conclusión de que el ejecutado no cumplió con su obligación ni presentó excepciones dentro del plazo legal. Según los artículos 440 y 446 del Código General del Proceso, el tribunal procede a seguir con la ejecución y condena en costas al ejecutado.síntesis automática
También resuelve: ¿Si las obligaciones exigidas versan sobre una cantidad líquida de dinero se deberá ordenar su pago en el término de cinco días? ¿Se fijan las agencias en derecho a favor de la universidad demandante correspondiente al 3% del valor por el cual se libró mandamiento de pago?
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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-04-12 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 08001233300020160062401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las actas de avance del Convenio y el informe de supervisión demuestran que el Municipio incumplió sus obligaciones contractuales? Sí
El informe de supervisión y las actas de avance de un convenio constituyen pruebas idóneas del incumplimiento de las obligaciones de la entidad contratante cuando esta participó en las visitas en que se verificaron los incumplimientos y no controvierte las conclusiones de la supervisión ni aporta pruebas que las desvirtúen. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la participación de la entidad en las visitas de verificación le permitía conocer y cuestionar las conclusiones de la supervisión, de modo que su silencio durante el proceso refuerza la prueba del incumplimiento. Segundo, cuando la entidad no presenta medios de prueba que desvirtúen el incumplimiento certificado, no satisface la carga de demostrar el cumplimiento de sus obligaciones. La providencia modifica la sentencia de primera instancia y precisa que la entidad deberá cumplir las obligaciones de hacer en el plazo de un año contado desde la ejecutoria de la decisión; en la práctica, cuando la sentencia no fija plazo para cumplir obligaciones de hacer, el juez puede precisarlo a partir de su ejecutoria.síntesis automática
También resuelve: ¿Por tratarse de una demanda presentada por una entidad pública, era obligatorio agotar el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial? ¿Para que una obligación de hacer sea exigible se requiere que se determine el plazo para la ejecución de la misma? ¿La Sala condenará en costas al Municipio como quiera que el recurso de apelación fue resuelto de manera desfavorable para él?
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Consejo de Estado Providencia

El consorcio demandado le causó perjuicios por incumplimiento de las obligaciones a su cargo a la entidad demandante

Sentencia — Sentencia 2024-10-10 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 23001233300020160003401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio demandado le causó perjuicios por incumplimiento de las obligaciones a su cargo a la entidad demandante, porque no alcanzó las metas de siembra, mantenimiento y reposición en la totalidad de las plantaciones acordadas, además, no amortizó el anticipo a la entidad demandante? Sí
El contratista es responsable por los perjuicios causados a la entidad estatal debido a su incumplimiento en la ejecución del contrato, ya que no alcanzó las metas de siembra, mantenimiento y reposición de plantaciones acordadas, además de no amortizar el anticipo recibido. A pesar de la demora inicial en la entrega de plántulas por parte de un proveedor, el contratista omitió realizar las actividades esenciales para cumplir con sus obligaciones, como la preparación de terrenos, capacitación de beneficiarios y entrega de insumos, lo que impidió alcanzar las metas establecidas. La entidad estatal no puede ser responsabilizada por la falta de diligencia del contratista, lo cual se ajusta al principio "nemo auditur propriam turpitudinem allegans". Además, la entidad no está obligada a incluir en la liquidación judicial del contrato el valor de las hectáreas resembradas por el contratista, ya que superaron el límite contractualmente previsto sin autorización. Finalmente, la condena impuesta al contratista debe ser indexada para su actualización, lo que implica ajustar el valor de la condena según los índices de precios al consumidor vigentes en las fechas relevantes.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe incluirse en la liquidación judicial del contrato el valor de las hectáreas resembradas por el contratista, cuando superó por mucho el límite contractualmente previsto para esta prestación? ¿Debe indexarse la condena impuesta al contratista en el fallo impugnado? ¿Debe condenarse en costas a la parte demandada en la segunda instancia debido a que se confirmó en totalidad la sentencia de primera instancia?
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Consejo de Estado Providencia

No se debe revocar la decisión de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 76001233300020120007601 ACCION CONTRACTUAL
¿Se debe revocar la decisión de primera instancia porque, a juicio del impugnante, el contrato no adolecía de nulidad absoluta y, en cualquier caso, el arrendatario debía recuperar lo pagado por concepto de cánones de arrendamiento o se debe confirmar dado que el contrato de arrendamiento no solo es nulo por recaer sobre bienes de uso público, sino también por transgredir, entre otras, las disposiciones que obligaban a instrumentalizar el negocio a través de una tipología contractual específica? No
El arrendamiento de un terreno de uso público, como los terrenos de bajamar y playas, adolece de objeto ilícito y es absolutamente nulo, pero que la nulidad no impide reconocer las prestaciones ejecutadas por las partes, de modo que los pagos que la entidad recibió deben reconocerse. Una razón es que las evidencias mostraron que el puerto maderero tiene una parte construida en terrenos de bajamar, y que no era posible identificar con precisión una franja del arrendatario ajena a los bienes de uso público, de modo que la nulidad por objeto ilícito se mantiene. Otra razón es que aunque el contrato es nulo, se acreditó que la entidad recibió los cánones pagados por el arrendatario sin entregarle el predio, por lo que esas prestaciones ejecutadas deben reconocerse. En el caso, la Sala modificó el fallo solo en el reconocimiento de esas prestaciones y confirmó lo demás. Su consecuencia práctica es que la nulidad de un contrato sobre bienes públicos no impide recuperar lo efectivamente pagado a la entidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La nulidad absoluta del contrato puede ser declarada cuando aparezca plenamente demostrada, siempre que en el proceso de que se trate intervengan las partes contratantes o sus causahabientes… ¿Es posible sostener que el contrato de arrendamiento celebrado por las partes es válido por el hecho de que el inmueble fuera arrendado en anteriores oportunidades? ¿Se deberán reconocer y pagar las prestaciones que hubieren sido ejecutadas hasta el momento en que se ordene la declaratoria judicial de nulidad absoluta del contrato?
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Consejo de Estado Providencia

La Sala no tiene sustrato jurídico que pueda ser objeto de estudio en esta instancia, la confirmará

Sentencia — Sentencia 2022-06-08 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020150245501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consorcio formuló alguna razón de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia? No
Cuando el recurso de apelación no formula razones de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia, la Sala no tiene sustrato jurídico para estudiar y debe confirmar la decisión. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el apelante, en este caso un consorcio, aceptó la razón del juez de primera instancia, pues después de la postura unificada de la Sección Tercera ya no se exige notificar individualmente a sus integrantes sobre el inicio del procedimiento administrativo, y se acogió a la posición del tribunal. La segunda es que el consorcio no logró desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones demandadas, porque el procedimiento sancionatorio se adelantó con las garantías del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y los consorcios son unidades de hecho y de derecho que deben responder por su incumplimiento. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia apelada. La nota de relatoría remite a la unificación de 25 de septiembre de 2013 sobre la capacidad de los consorcios, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consorcio logró desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las resoluciones demandadas? ¿El Consorcio varió la causa petendi al introducir en el recurso de apelación un argumento nuevo que no fue debatido en la primera instancia? ¿La parte demandante incurrió en falta de técnica de la demanda?
Consejo de Estado Providencia

Auto que decide recurso de apelación: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020230026701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La restitución del dinero que el Consorcio accionante recibió por el pago No. 1 de la fase de obras iniciales y gestiones preliminares, resulta improcedente, ya que lo recibió como remuneración de unas obligaciones ejecutadas y, bajo ese entendido, no habría lugar a un detrimento patrimonial para la entidad estatal? Sí
El Consorcio demandante solicitó el decreto de dos medidas cautelares: i) ordenar al IDU suspender cualquier proceso sancionatorio que se encuentre en curso en contra del consorcio contratista, con ocasión del Contrato de Obra No. 1766 de 2021, y ii) ordenar al IDU abstenerse de iniciar un proceso sancionatorio en contra del Consorcio, en el marco del Contrato de Obra No. 1766 de 2021.
También resuelve: ¿Procede la medida cautelar de suspensión de los procesos sancionatorios que estén en curso con ocasión del Contrato de Obra No. 1766 de 2021 o la orden de abstención dirigida al IDU para que no… ¿La suspensión del contrato materia de controversia implicaría que la obra que se debía ejecutar quedaría detenida hasta que se profiera sentencia en el presente proceso… ¿Al encontrarse acreditados los hechos que fundamentan la demanda, podría dar lugar a que prospere alguna de las pretensiones de esta?
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Consejo de Estado Providencia

No tiene competencia el Consejo de Estado para conocer de la pretensión de pago de los costos ociosos

Sentencia — Sentencia 2025-10-24 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 27001233300020200017401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer de la pretensión de pago de los costos ociosos que el consorcio tuvo que asumir durante la paralización del contrato, con miras a tener la disponibilidad necesaria para recibir las obras cuando los plazos se reanudaran, cuando resulta un argumento nuevo pues no fue expuesto en la demanda? No
El Consejo de Estado no tiene competencia para conocer de la pretensiones de pago de costos ociosos que el consorcio tuvo que asumir durante la paralización del contrato, ya que estos argumentos no fueron expuestos en la demanda inicial, lo que viola el principio de congruencia y el derecho al debido proceso, al no permitir que la contraparte tenga la oportunidad de debatir sobre aspectos nuevos introducidos en etapas posteriores del proceso. Además, el tribunal reitera que el contrato de interventoría y el contrato de obra pública son negocios jurídicos autónomos, por lo que las estipulaciones de uno no se trasladan automáticamente al otro, impidiendo analizar la interventoría en función de lo convenido en el contrato de obra. Esta decisión limita la posibilidad de introducir nuevos argumentos en etapas posteriores del proceso y restringe la interpretación del contrato de interventoría en función del contrato de obra pública.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede analizarse lo convenido en el contrato de interventoría en función de lo convenido en el contrato de obra? ¿Se debe ordenar el reconocimiento y pago de las labores de interventoría que se habrían desarrollado durante la suspensión del contrato… ¿Procede condenar en costas a la parte demandante debido a que vencida en su recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Esta Sala ratifica el efecto normativo de los mismos y, negará este cargo de la alzada

Sentencia — Sentencia 2023-12-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 66001233300020140005101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los acuerdos modificatorios sobre la mayor cantidad de diseños hacen improcedente la reclamación? Sí
Cuando los acuerdos modificatorios celebrados durante la ejecución regulan expresamente la pretensión relativa a mayores cantidades de obra o de diseño, la reclamación posterior resulta improcedente, porque esos acuerdos tienen efecto normativo entre las partes conforme al artículo 1602 del Código Civil. Una razón es que los denominados contratos adicionales se pactaron con la intención explícita de resolver el conflicto que luego se demandó, de modo que su alcance cubre el mismo objeto de la pretensión. Otra razón es que el acta de liquidación bilateral se suscribió sin salvedades sobre ese punto y las partes se declararon a paz y salvo por la ejecución del contrato, por lo que el asunto quedó sometido al acuerdo de voluntades. En el caso, el reclamo por mayores cantidades de diseño se negó, y el alegado sobrecosto por la falta de aprobación de un plan parcial, que no fue objeto de salvedad, también quedó cubierto por el paz y salvo. La providencia confirmó la sentencia; no indica si reitera, unifica o cambia precedente. Su consecuencia práctica es que las salvedades deben formularse en el acta de liquidación, pues lo no salvado se considera aceptado.síntesis automática
También resuelve: ¿En la liquidación del contrato deben constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo? ¿De manera genera, el contrato estatal se rige por las disposiciones comerciales y civiles y se inspira en el postulado de la autonomía de la voluntad? ¿Para determinar si es procedente ordenar el pago de la indemnización o compensación, se debe analizar cuál fue el motivo que indujo la suscripción del acuerdo modificatorio y el contenido de los…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233300020170020701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El extremo activo va contra sus propios actos al demandar el cumplimiento del pago sin haberse allanado previamente a probar el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar? Sí
El contratista no puede demandar el cumplimiento del pago sin acreditar previamente el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar, conforme a los requisitos específicos pactados en el contrato, como la presentación de cuentas de cobro con sus anexos y la certificación del supervisor del contrato, ya que va contra sus propios actos y no cumple con la carga probatoria que le corresponde según el artículo 167 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a pagar sin que se demuestre el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que implica respetar la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de necesidad de la prueba en la contratación estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad de la obligación contractual y la importancia de cumplir con los requisitos específicos para la causación del pago, lo que implica que los contratistas deben acreditar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones para poder reclamar el pago.síntesis automática
También resuelve: ¿La ley no impide que las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad acuerden ciertos requisitos contractuales específicos para la causación de la obligación de pago? ¿No es posible apartarse de la carga probatoria que el contrato le imponía al demandante para poder reclamar el pago, en tanto las cláusulas fueron explícitas al fijar tanto las condiciones como el… ¿Es posible hacer un ajuste final de cuentas que permita declarar a las partes a paz y salvo para extinguir el negocio jurídico y poner fin a los derechos y obligaciones que emergieron de la fuente…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente

Sentencia — Sentencia 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 66001233300020170001001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, incluyendo convenios interadministrativos, siempre que la demanda sea oportuna y se ajuste a los plazos establecidos. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de estos asuntos cuando ambos extremos procesales son entidades públicas, y el Consejo de Estado tiene vocación de segunda instancia en casos que superen la cuantía mínima legal. La caducidad del medio de control comienza a correr desde el día siguiente al vencimiento del término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades, y el recurso de apelación debe limitarse a los reparos concretos formulados por el impugnante, sin que el juez pueda reformar el fallo en perjuicio del apelante único, salvo que sea indispensable para resolver puntos íntimamente relacionados con la modificación.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del… ¿En la presente controversia el cómputo de los dos años de la caducidad empieza a correr desde el día siguiente al que se venció el término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades? ¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?
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Consejo de Estado Providencia

La vulneración de las garantías que componen el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo constituye causal de nulidad del acto administrativo.

Sentencia — Sentencia 2025-11-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 13001233300020180042301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La vulneración de las garantías que componen el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo constituye causal de nulidad del acto administrativo? Sí
El debido proceso en el ámbito administrativo constituye una causal de nulidad del acto administrativo cuando se vulneran las garantías que lo componen, como el derecho a ser juzgado por una autoridad competente, a la presunción de inocencia, a no ser juzgado dos veces por la misma conducta y a la oportunidad de aportar y controvertir pruebas, siempre y cuando dicha vulneración tenga un impacto real en el derecho nuclear del debido proceso. Sin embargo, la existencia de una irregularidad en la notificación del acto administrativo no configura por sí sola una vulneración del debido proceso que conlleve su nulidad, ya que la falta de notificación o una irregularidad en esta afecta la eficacia y oponibilidad del acto, pero no su validez, siempre que el administrado haya tenido la oportunidad real de defenderse y no haya sufrido indefensión. Esta conclusión reitera la jurisprudencia existente y refuerza la importancia del principio de instrumentalidad de las formas y la distinción entre validez y eficacia del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿La existencia de una irregularidad en la notificación de un acto administrativo configura, por sí sola, una vulneración del debido proceso que conlleve su nulidad? ¿La interpretación aislada del artículo 269 del Código de Minas puede justificar la invalidez de la notificación del acto que declara la caducidad de un contrato de concesión? ¿Puede alterarse la estructura secuencial y preclusiva del contrato de concesión minera con fundamento en actos de mera ejecución técnica por parte del concesionario?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Puede una entidad estatal negarse válidamente a realizar desembolsos pactados en un convenio de asociación

Sentencia — Sentencia 2025-10-17 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 52001233300020180000801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede una entidad estatal negarse válidamente a realizar desembolsos pactados en un convenio de asociación cuando estos están sujetos al cumplimiento de condiciones suspensivas no acreditadas dentro del plazo de ejecución contractual? Sí
El contratista no puede exigir válidamente el cumplimiento de desembolsos pactados en un convenio de asociación cuando estas obligaciones están sujetas a condiciones suspensivas no cumplidas dentro del plazo de ejecución contractual, según establece la Sala. La entidad estatal puede negarse a realizar estos desembolsos si las condiciones suspensivas no se han acreditado, ya que la exigibilidad de dichas obligaciones depende de la ocurrencia de dichos eventos futuros. La Sala reitera que la realización de los desembolsos debe cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en el convenio, y que la falta de cumplimiento de estas condiciones dentro del plazo contractual impide que la obligación se haga exigible. Esto implica que la entidad estatal no incumple el convenio al no efectuar los desembolsos cuando las condiciones no se han cumplido, y que la Sala revoca la decisión de declarar probada la excepción de contrato no cumplido en favor del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural incumplió el convenio de asociación al no efectuar el segundo y tercer desembolsos pactados… ¿Vulnera el principio de congruencia y el debido proceso que el juez declare probada una excepción no propuesta expresamente por la parte demandada, si está debidamente acreditada en el expediente? ¿Puede declararse la responsabilidad contractual del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) por el supuesto incumplimiento de su obligación de liquidar bilateralmente un convenio…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El contrato previó que la liquidación se haría de acuerdo con los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993

Sentencia — Sentencia 2023-07-19 Sección Tercera (Subsección C) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000232600020020244001 ACCION CONTRACTUAL
¿En los contratos que requieran liquidación, el término para formular pretensiones es de dos años siguientes al cumplimiento de la obligación de liquidar, en este caso, el contrato se liquidó de forma unilateral y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes, por ello se interpuso en tiempo? Sí
En los contratos que requieren liquidación, el término para formular pretensiones es de dos años contados desde el incumplimiento de la obligación de liquidar, cuando la liquidación no se realizó. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 136, numeral 10, literal d, del Código Contencioso Administrativo fija ese término, de modo que el plazo corre desde que la liquidación debió efectuarse y no se efectuó. Segunda, cuando el contrato prevé que la liquidación se haga conforme a los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, esas reglas determinan el momento en que la obligación de liquidar se incumple. En el caso, el contrato se liquidó de forma unilateral y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes, por lo que la providencia confirma que fue presentada en tiempo. En la práctica, el demandante debe identificar la fecha en que se incumplió la obligación de liquidar y no la fecha del acto de liquidación unilateral para calcular el término.síntesis automática
También resuelve: ¿Las copias simples de documento cuentan con valor probatorio? ¿Los experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados aportados por la parte demandante cumplen con los requisitos establecidos por la ley para su incorporación al proceso… ¿Tiene mérito probatorio el dictamen pericial practicado en el proceso que, se basó de forma exclusiva en la interpretación de los documentos contractuales…
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Consejo de Estado Providencia

Las controversias derivadas del incumplimiento de los convenios interadministrativos pueden ser resueltas judicialmente a través del medio de control de controversias contractuales.

Sentencia — Sentencia 2025-02-21 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020190027001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las controversias derivadas del incumplimiento de los convenios interadministrativos pueden ser resueltas judicialmente a través del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista puede resolver judicialmente controversias derivadas del incumplimiento de convenios interadministrativos a través del medio de control de controversias contractuales, ya que estos acuerdos se consideran contratos que generan derechos y obligaciones vinculantes entre entidades públicas, permitiendo la exigibilidad de las obligaciones y la posibilidad de indemnización por daños. La ausencia de una reglamentación específica para estos convenios implica que su regulación se basa en la autonomía de la voluntad y en los principios generales del derecho contractual, incluyendo la buena fe y la normatividad de los contratos, lo que permite determinar el alcance de las obligaciones y resolver conflictos derivados de su naturaleza. Los convenios interadministrativos se caracterizan por su finalidad de cooperación entre entidades públicas sin ánimo de lucro, su naturaleza atípica y su desarrollo en un plano de igualdad entre las partes, lo que implica que deben cumplirse en consonancia con la finalidad perseguida por el legislador al concebir estos instrumentos.síntesis automática
También resuelve: ¿La ausencia de una reglamentación específica para los convenios interadministrativos implica que su regulación debe basarse en la autonomía de la voluntad y en los principios generales del derecho… ¿Los convenios interadministrativos se caracterizan por su finalidad de cooperación entre entidades públicas sin ánimo de lucro… ¿El rasgo "causa" de los convenios interadministrativos explicita los principios constitucionales de coordinación y colaboración administrativa y el cumplimiento de los deberes positivos de conducta…
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Aclaración de voto: proceden restituciones mutuas en los casos donde se declara la nulidad de un contrato estatal por objeto o causa ilícita

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-04-10 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 63001233300020200042101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Proceden restituciones mutuas en los casos donde se declara la nulidad de un contrato estatal por objeto o causa ilícita? Sí
El juez contencioso administrativo analiza los efectos restitutorios derivados de la declaratoria de nulidad absoluta de un contrato estatal por ilicitud en su objeto o causa. El análisis jurídico parte de interpretar adecuadamente el artículo 48 del estatuto de contratación pública, el cual contiene reglas específicas aplicables a estos supuestos sin vaciar su contenido con independencia de que la nulidad se declare de oficio o a petición de parte. En virtud de esta disposición, siempre que se declare la nulidad por objeto o causa ilícita, procede el reconocimiento y pago de aquellas prestaciones cumplidas que hayan beneficiado efectivamente a la entidad pública en términos de satisfacción de un interés público específico. Asimismo, la administración conserva las acciones judiciales necesarias para recuperar los recursos públicos afectados, aplicando el ordenamiento jurídico bajo la óptica de la Ley 80 de 1993 y exigiendo la responsabilidad de quienes obraron de manera irregular.síntesis automática
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Aclaración de voto: la obligación de llevar a cabo la liquidación recae en contratos de ejecución sucesiva

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-03-10 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020130210002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La liquidación unilateral del contrato posibilita a las partes resolver las cuestiones relacionadas con las deudas y créditos mutuos? Sí
Aclaro voto, frente al alcance de la liquidación unilateral del contrato. La liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública [es] un acto jurídico destinado a verificar el estado de ejecución de las obligaciones correspondientes. Comúnmente [es] llevado a cabo al término del plazo de ejecución del contrato, [mediante] corte de cuentas con el propósito de: i) determinar la existencia de obligaciones pendientes, ii) analizar los saldos a favor y en contra, y iii) de ser bilateral, alcanzar un acuerdo que asegure la conformidad y liberación de las partes involucradas. Posibilita a las partes del acuerdo jurídico resolver las cuestiones relacionadas con las deudas y créditos mutuos.
También resuelve: ¿La liquidación unilateral del contrato y la declaratoria de incumplimiento son figuras jurídicas distintas que no pueden ser tratadas como equivalentes?