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Consejo de Estado
Providencia
No hay lugar a pronunciarse sobre la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2024-08-02
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020190086001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala confirma la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede modificar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, ya que esta norma procesal es de orden público y obligatorio cumplimiento. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de caducidad al considerar que la demanda presentada por el contratista fue extemporánea, pues venció el plazo para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo el 31 de mayo de 2017, y la demanda se presentó el 10 de diciembre de 2019, fuera del término legal. La Sala confirma esta decisión, rechazando la demanda y no pronunciándose sobre la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, lo que implica que el contratista no podrá ejercer las pretensiones planteadas en la demanda.síntesis automática
También resuelve:
¿El término para la liquidación bilateral venció el 31 de mayo de 2017, siendo esta la fecha a tener en cuenta para realizar el cómputo de la caducidad?
¿Se confirma el auto proferido por el Tribunal por haber operado la caducidad del medio de control y la prescripción derivada del contrato de seguro?
CONFIRMA
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Caducidad de la acción: sobre este punto es necesario hacer una precisión
76001233100020100188102 de 2026
2026-05-31
Sección Tercera
Rad. 76001233100020100188102
El contratista no puede ejercer la acción de controversias contractuales para declarar la existencia de un contrato de comodato después de que vence el término de caducidad, establecido en el Código Contencioso Administrativo y la Ley 446 de 1998, que en ausencia de disposiciones específicas para este tipo de pretensión, se rige por el plazo general de dos años a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declara de oficio la caducidad de la acción respecto a la pretensión de existencia del contrato de comodato, consolidando así la estabilidad jurídica y la seguridad de las partes, y negando las demás pretensiones de la demanda. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos procesales para evitar la pérdida de la facultad de accionar, lo que implica que los contratistas deben ser rigurosos en el cumplimiento de los términos legales para presentar sus reclamos.síntesis automática
También resuelve:
Caducidad de la acción: finalidad, definición, sanción ipso
Acción de controversias contractuales: cca artículo 136 literal e) hnumeral 10, Ley 446 de 1998 artículo 44, oportunidad para demandar, pretensiones
Contrato de comodato: Código Civil artículo 2220, definición, naturaleza gratuita, tenencia del bien
Consejo de Estado
Providencia
La vulneración de las garantías que componen el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo constituye causal de nulidad del acto administrativo.
Sentencia — Sentencia
2025-11-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 13001233300020180042301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La vulneración de las garantías que componen el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo constituye causal de nulidad del acto administrativo? Sí
El debido proceso en el ámbito administrativo constituye una causal de nulidad del acto administrativo cuando se vulneran las garantías que lo componen, como el derecho a ser juzgado por una autoridad competente, a la presunción de inocencia, a no ser juzgado dos veces por la misma conducta y a la oportunidad de aportar y controvertir pruebas, siempre y cuando dicha vulneración tenga un impacto real en el derecho nuclear del debido proceso. Sin embargo, la existencia de una irregularidad en la notificación del acto administrativo no configura por sí sola una vulneración del debido proceso que conlleve su nulidad, ya que la falta de notificación o una irregularidad en esta afecta la eficacia y oponibilidad del acto, pero no su validez, siempre que el administrado haya tenido la oportunidad real de defenderse y no haya sufrido indefensión. Esta conclusión reitera la jurisprudencia existente y refuerza la importancia del principio de instrumentalidad de las formas y la distinción entre validez y eficacia del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿La existencia de una irregularidad en la notificación de un acto administrativo configura, por sí sola, una vulneración del debido proceso que conlleve su nulidad?
¿La interpretación aislada del artículo 269 del Código de Minas puede justificar la invalidez de la notificación del acto que declara la caducidad de un contrato de concesión?
¿Puede alterarse la estructura secuencial y preclusiva del contrato de concesión minera con fundamento en actos de mera ejecución técnica por parte del concesionario?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas
Sentencia — Sentencia
2021-12-14
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 08001233300020120020901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve:
¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
Consejo de Estado
Providencia
Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio
Sentencia — Sentencia
2024-05-20
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 76001233300020140116001
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio de una actividad legítima y lícita, ocasionando la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación oficial ocurrida en una intervención militar, causando un daño a la víctima y rompiendo el equilibrio frente a las cargas públicas? Sí
El Estado, en su calidad de responsable patrimonial, asume la reparación del daño causado por el uso de armas de dotación oficial durante la ejecución de una actividad legítima y lícita, siempre que se demuestre la existencia de un riesgo excepcional que excede razonablemente el asumido por las víctimas y que este se materialice en un daño concreto. La Sala confirma que la entidad pública no puede eximirse de responsabilidad alegando diligencia en el actuar, sino que debe probar la existencia de una causa extraña como fuerza mayor o hecho exclusivo de la víctima o de un tercero. En este caso, la evidencia probatoria demuestra la intervención armada del Ejército Nacional y el uso de armas de fuego, lo que configura el riesgo excepcional y la responsabilidad patrimonial del Estado, independientemente de la existencia de una falla del servicio. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la teoría del riesgo excepcional y su aplicación en casos de uso de armas de dotación oficial, implicando que el Estado debe reparar los daños causados en operativos militares que rompen el equilibrio frente a las cargas públicas.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe otorgarse valor probatorio a las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal militar y disciplinario allegadas al expediente contencioso administrativo?
¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado en el caso concreto, encuentra soporte en los principios de equidad y solidaridad?
¿Procede el reconocimiento de perjuicios morales a favor de los demandantes con ocasión de la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-10-27
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020120028501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las partes del Convenio regido por el derecho privado, pactaron la facultad de que una de ellas pudiera declarar el incumplimiento de la otra e imponer la cláusula penal pecuniaria? No
El contratista no puede declarar unilateralmente el incumplimiento de la otra parte y aplicar la cláusula penal pecuniaria en un convenio regido por el derecho privado, ya que dicha facultad no fue pactada en el acuerdo de voluntades, lo que implica una extralimitación de funciones y actuación sin competencia. La Sala concluye que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no tenía facultad para emitir actos administrativos en el marco del convenio especial de cooperación técnico-científico, y que cualquier intento de declarar el incumplimiento de la otra parte sería ilegal por violar la inmunidad de jurisdicción. Esto lleva a declarar el incumplimiento del convenio por parte del Ministerio al exceder las facultades conferidas en el mismo, lo que implica que las partes deben actuar conforme a las cláusulas pactadas y no pueden imponer sanciones fuera de ellas.síntesis automática
También resuelve:
¿El programa Agro Ingreso Seguro estuvo integrado por dos componentes, el de apoyos económicos directos y el de apoyos a la competitividad para preparar el sector agropecuario ante su proceso de…
¿El convenio especial tenía la naturaleza de un negocio jurídico conmutativo?
¿El convenio especial de cooperación se configuró en un negocio jurídico que el juez por la vía de interpretación podía readecuar para efectos de desentrañar la voluntad de las partes?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La responsabilidad contractual exige la demostración de incumplimiento culpable y daño en los negocios del Estado.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-03-18
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020190027001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El hecho de que no siempre la concreción de un riesgo propio del proyecto objeto del convenio interadministrativo conduce a la responsabilidad de la parte a cuyo cargo estaba la ejecución de la respectiva obligación es una caracteristica distintiva de este tipo de negocios respecto los demas contratos estatales? No
El incumplimiento de una obligación contractual por parte de un contratante exige la concurrencia de un comportamiento culpable y la producción de un daño para generar responsabilidad. Aunque en los convenios interadministrativos se analizan los negocios jurídicos bajo un prisma particular, la exigencia de un incumplimiento culpable y un daño aplica en toda controversia contractual relativa a la inejecución de obligaciones pactadas, sin constituir un aspecto exclusivo de dichos convenios frente a los demás contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:
¿Es posible considerar cumplida una obligación contractual en proyectos de vivienda de interés social cuando no se demuestra de manera clara la aprobación integral de los diseños técnicos exigidos ni…
¿Puede estimarse alcanzado el fin público de un convenio interadministrativo cuando los recursos asignados a un proyecto cancelado se redistribuyen a otros distintos sin la aprobación expresa de una…