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¿La contraprestación económica proveniente de los contratos que se suscriban con el objeto de explotación de recursos naturales no renovables, se gobierna por las normas vigentes sobre la materia, consideración que atañe a los contratos para la producción de hidrocarburos? Sí
El contratista no puede establecer mediante acuerdo contractual un sistema diferente para la liquidación y pago de las regalías en contratos para la explotación de recursos naturales no renovables, incluyendo hidrocarburos, ya que la Constitución en su artículo 360 establece que las condiciones para la explotación de estos recursos deben ser fijadas por la ley. Además, la modificación del régimen de regalías por la Ley 508 de 1999, que estableció un porcentaje entre el 5% y el 25% de la producción del campo, fue reconocida por las partes en un otrosí, lo que no constituye causa de nulidad y se ajusta a la normatividad vigente. Esta regla reitera y confirma la importancia de la reserva legal en la materia, impidiendo que las partes pacten condiciones que contravengan la ley, y garantiza que las regalías se liquiden conforme a la normativa aplicable en el momento de la explotación.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la declaratoria de nulidad de una cláusula contractual que acuerda ajustar las regalías del contrato a la normatividad vigente sobre la explotación de hidrocarburos?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2025-02-07Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020130016500LEY 1437 REPETICION
¿Procede el recurso de súplica contra el auto que declara la falta de competencia del Consejo de Estado, para conocer de demandas de repetición en única instancia? Sí
El recurso de súplica contra el auto que declaró la falta de competencia es procedente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 246 del CPACA, modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021 y su resolución corresponde a la Sala, con exclusión de la magistrada ponente de la decisión censurada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 125 del mismo cuerpo normativo.
También resuelve:¿Las Corporaciones Autónomas Regionales son entidades descentralizadas por servicios, cuya función es ejecutar políticas encaminadas a preservar el ambiente y el aprovechamiento de los recursos…¿A las Corporaciones Autónomas Regionales le son aplicables las normas que rigen a las entidades descentralizadas del orden nacional siempre que sean compatibles con su régimen legal propio?¿El Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de las demandas presentadas en ejercicio del medio de control de repetición contra los representantes de las CAR?
¿La declaración del Río Subachoque y Pantano de Arce como un DMI, a través del Acuerdo 17 de 1997 dictado por la CAR, es suficiente para impedir el desarrollo de actividad minera en la zona, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 34 del Código de Minas? Sí
Un distrito de manejo integrado declarado por la autoridad ambiental queda excluido de la minería a priori, en los términos del artículo 34 del Código de Minas, sin que se requiera plan de manejo ni declaración expresa de exclusión, de modo que la superposición con un área concesionada produce nulidad absoluta por objeto ilícito. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los distritos de manejo integrado son zonas excluibles de minería, y la excepción para zonas de producción solo opera en el plan de manejo y por métodos que no afecten los objetivos de la zona. Segunda, el distrito declarado mediante acuerdo de 1997 es una zona de protección de los recursos naturales renovables, por lo que está excluido. Tercera, la superposición acreditada hace que el contrato adolezca de nulidad absoluta en la porción traslapada. La providencia confirma la decisión. La consecuencia práctica es que la concesión minera otorgada sobre un área traslapada con un distrito de manejo integrado es nula en esa porción, aun sin declaración expresa de exclusión.síntesis automática
También resuelve:¿La superposición existente, al momento de suscribir el contrato de concesión minera GC8-09F de 2006, entre una porción del área entregada y el DMI Río Subachoque y Pantano de Arce trae como…¿La parte demandada acreditó en el presente proceso que se hubiera expedido una licencia previa para adelantar las actividades de minería o que la autoridad minera hubiera dado su aval para ello en…¿Es procedente declarar la nulidad absoluta por objeto ilícito de la cláusula 2ª del Contrato de concesión GC8-09F, parcialmente…
¿La Agencia Nacional de Minería debe reintegrar a la parte actora los valores pagados con ocasión de los actos anulados? Sí
Cuando se anula un acto que liquida regalías con un precio posterior, la entidad debe reintegrar lo pagado, porque el precio vigente para liquidar el trimestre es el que fijó el acto aplicable al período y no puede aplicarse retroactivamente a una obligación ya consolidada. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución vigente para el trimestre, incluido el mes de julio, dispuso expresamente el precio aplicable, y el contribuyente lo acató. Segunda, la obligación de liquidar y pagar las regalías solo surgió después de la entrada en vigor del acto posterior y de culminado el período trimestral, por lo que la aplicación retrospectiva altera una situación jurídica consolidada. Tercera, el derecho conculcado quedó acreditado y el monto pagado con ocasión de los actos demandados no fue controvertido. La providencia revoca la decisión y ordena, a título de restablecimiento, el reintegro de los valores pagados. La consecuencia práctica es que la aplicación retrospectiva de un nuevo precio para regalías ya causadas no es válida y da lugar a la devolución de lo pagado en exceso.síntesis automática
También resuelve:¿El efecto retrospectivo resulta válido a la luz del ordenamiento jurídico por cuanto no altera situaciones jurídicas ya consolidadas?¿En la parte resolutiva se ratificó que la resolución aplicaba para la totalidad del tercer trimestre de 2009?¿La UPME determinaba el precio del mineral para todos los periodos a más tardar iniciando cada trimestre calendario?
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento? Sí
El término de caducidad de la acción de nulidad absoluta de un contrato estatal celebrado bajo el régimen anterior es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que la fundan, y que el juez debe declararla de oficio cuando la demanda se presenta por fuera de ese término. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, para la suscripción y la inscripción del contrato en el registro minero, la norma aplicable era el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989. Segunda, la nulidad absoluta se configura por la transgresión de disposiciones que regularon la formación del negocio o sus requisitos esenciales, de modo que el plazo corre desde esos motivos. Tercera, la demanda se radicó después de vencidos los dos años, lo que la hace extemporánea. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara de oficio la caducidad. La consecuencia práctica es que la pretensión de nulidad absoluta debe presentarse dentro de los dos años contados desde el vicio que la sustenta.síntesis automática
También resuelve:¿Es claro que en esta oportunidad la CAR ejerció el derecho de acción cuando ya se había vencido el plazo de la caducidad?¿Solo se vinculó a la litis a la sociedad minera a pesar de que los titulares del contrato minero eran varias personas?¿La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca puede demandar la nulidad de un contrato minero cuando este se superponga con áreas de especial protección ambiental de su jurisdicción?
¿Respecto de las controversias relativas a los contratos de concesión minera opera la caducidad del medio de control de controversias contractuales? No
En los contratos de concesión minera no procede la caducidad del medio de control de controversias contractuales, pues su objeto es la exploración y explotación de un recurso natural no renovable, y en consecuencia el juez resuelve el fondo de la litis. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la competencia de la Subsección para resolver el fondo se fija por los artículos 150 del CPACA y 293 del Código de Minas. Segundo, el artículo 6 y el parágrafo 1 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, este último aplicable a la controversia según la jurisprudencia reiterada de la Corporación, excluyen la caducidad en estos casos. La providencia resuelve el fondo de la controversia y reitera la jurisprudencia citada en la nota de relatoría sobre la caducidad en contratos de concesión minera; en la práctica, la excepción de caducidad no puede sustentarse en el término bienal frente a controversias sobre concesiones mineras, por lo que el juez debe examinar el fondo de la litis.síntesis automática
También resuelve:¿El Distrito de Manejo Integrado Páramo de Guarguar y Laguna Verde, cuya declaración como tal se realizó mediante el Acuerdo 022 de 2009 expedido por la CAR…¿En asuntos mineros, las normas expedidas por la autoridad ambiental con posterioridad al perfeccionamiento del contrato de concesión, tienen la posibilidad de modificarlo?¿En el presente caso se configura la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito alegada en la demanda?
¿La zona declarada mediante decreto expedido por la CAR como zona de reserva forestal se superpone con el área objeto del contrato de concesión minera para la explotación de carbón? Sí
El contratista no puede ser objeto de nulidad del contrato de concesión minera por la superposición de la zona objeto del contrato con una zona de reserva forestal declarada posteriormente por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, ya que el título minero fue otorgado y perfeccionado antes de la declaración de la zona de reserva forestal, lo que confiere al contratista un derecho adquirido que no puede ser desconocido. La ley establece que las zonas de interés especial no pueden desconocer títulos mineros anteriores a su conformación, y la nulidad es una consecuencia legal que se presenta al momento de la celebración del contrato, no sobreviniente. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y refuerza la protección de los derechos adquiridos en contratos mineros frente a declaraciones posteriores de áreas protegidas.síntesis automática
También resuelve:¿El título minero para la explotación de carbón otorgado a la Empresa Carbonera de los Andes era un derecho adquirido antes de la declaración y delimitación del terreno que comprendía la concesión…¿Los derechos y títulos adquiridos al celebrar y perfeccionar el contrato de concesión minera pueden ser revocados con la expedición de un acuerdo posterior que afecte el área por motivos de interés…¿Procede la declaratoria de nulidad del contrato de concesión minera por objeto ilícito por superposición de áreas?
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También resuelve:Contribución: contrato de obra, obra pública, contribución especial, elementos del tributoContrato de obra: obra pública, objeto, alcance, Estatuto de contratación estatalRecursos naturales: contrato de exploración, contrato de explotación, régimen jurídico, contrato de comercialización
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¿Procede la nulidad absoluta del contrato de concesión minera AIT-147 de 2002, por ilicitud del objeto frente a la declaratoria de Distrito de Manejo Integrado -DMI- del Páramo de Guargua y Laguna Verde dispuesta por la CAR a través del Acuerdo 022 de agosto de 2009, por configurar un área excluible de la minería? No
El contratista no puede obtener la nulidad absoluta del contrato de concesión minera por ilicitud del objeto frente a la declaratoria posterior de un Distrito de Manejo Integrado que excluye áreas para la minería, ya que la ley ambiental permite la aplicación retrospectiva de disposiciones que prohíben la actividad minera en áreas específicas, lo que no invalida el contrato en su totalidad sino que limita su ejecución en las áreas afectadas, dejando a las partes la responsabilidad de determinar la viabilidad técnica, administrativa y financiera de la concesión en las áreas no excluidas. La Sala revoca la sentencia que declaró la nulidad parcial del contrato y niega las pretensiones de la demanda, reiterando que los contratos de concesión que involucran bienes públicos como el subsuelo o recursos naturales no renovables son imprescriptibles e inenajenables, permitiendo que la acción de controversias contractuales se presente en cualquier tiempo.síntesis automática
¿Le asiste competencia a la Sala para resolver del presente proceso en segunda instancia, toda vez que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de las acciones referentes a los contratos de concesión minera? Sí
El contratista puede demandar la nulidad de un contrato minero ante el Consejo de Estado en segunda instancia, toda vez que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos litigios, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, puede conocer de las apelaciones de autos y sentencias dictadas por los tribunales administrativos. Además, la entidad ambiental, como la CAR, está legitimada para demandar la nulidad del contrato minero cuando este transgrede la normativa ambiental y se superpone con áreas de protección ambiental, independientemente de no ser parte contratante, al tener interés directo y ser la autoridad ambiental competente en la zona concesionada. En estos casos, no operan los términos de caducidad del medio de control de controversias contractuales, dado que los recursos naturales renovables y las áreas de protección ambiental son bienes imprescriptibles e inalienables, lo que garantiza la protección del interés público y la integridad del medio ambiente.síntesis automática
También resuelve:¿La CAR, al ser la entidad ambiental que tiene por obligación desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables, puede demandar la nulidad de un contrato minero?¿En los casos en los que se pretende la nulidad absoluta de un contrato de exploración y de explotación minera por transgredir la normativa ambiental, operarán los términos de caducidad?¿Cuando se demanda la nulidad absoluta de un contrato minero por traslaparse con áreas de protección ambiental, su presentación podrá darse en cualquier tiempo?
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¿La impugnación de la declaratoria de responsabilidad del demandado comprende los temas implícitos a este aspecto, lo cual incluye el monto de la condena porque fue desfavorable al apelante y por ello en este caso, se debe disminuir el valor efectivamente pagado por la demandada durante la ejecución del contrato de obra? Sí
La competencia del juez de segunda instancia comprende los temas implícitos en la impugnación de la declaratoria de responsabilidad, incluido el monto de la condena cuando resulta desfavorable al apelante, en los términos del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la finalidad del convenio interadministrativo era financiar la obra y no solo transferir fondos, por lo que la entidad ejecutora debía reintegrar los dineros no invertidos al cierre del convenio. La segunda es que, según el acta de liquidación bilateral del contrato de obra, la entidad demandada efectuó diez pagos por $1.428.039.217,35 durante la ejecución, de modo que solo puede recibir los fondos que destinó al convenio. Descontados los $664.156.864 desembolsados por la otra entidad cofinanciadora, la deuda queda en $763.882.353 y no en los $996.235.297 fijados en primera instancia. En consecuencia, la Sala modificó la sentencia para disminuir la deuda y ordenar su indexación, y confirmó los demás puntos porque los argumentos de la apelación no permitieron concluir algo distinto. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es la reducción de la condena.síntesis automática
¿La decisión de exigir el cargue directo de carbón en las naves, adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, excedió el riesgo regulatorio asumido por el contratista? No
La exigencia de cargar carbón directamente en las naves, impuesta por la entidad reguladora ambiental y de vivienda, no excede el riesgo regulatorio que el contratista asume en un contrato de concesión minera, cuando la restricción es operativa, diferida en el tiempo y previsible. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la decisión no implicó un cambio sorpresivo, brusco o significativo de las pautas normativas, pues se trató de una restricción de tipo operativo que debía cumplirse en varios años. Segunda, el contratista no tuvo incertidumbre sobre la aplicación del cambio, porque desde el inicio era claro que sin acceso a un puerto de cargue directo no podría exportar su producción. Tercera, la falta de acceso a un puerto de carga no constituye una circunstancia extraordinaria, imprevista ni imprevisible, sino un riesgo previsible que el contratista debía prevenir adoptando las medidas necesarias. La providencia confirma la negación de las pretensiones, sin introducir cambio de criterio. La consecuencia práctica es que el contratista que depende de un puerto para exportar debe asegurar ese acceso dentro del plazo regulatorio y no puede trasladar el riesgo al Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La alegada falta de acceso a un puerto de carga directa lejos de consistir en una circunstancia extraordinaria fue una situación que el demandante pudo evitar pero omitió adoptar las medidas…¿Los principales y más importantes riesgos asumidos por el contratista bajo el contrato de gran minería eran previsibles?¿La parte actora intentó obtener el acceso al puerto en otro lugar ante la primera negativa del operador portuario?
¿Se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud de renuncia al contrato de concesión minera? No
El contratista no puede invocar el silencio administrativo positivo para renunciar a un contrato de concesión minera si no se encuentra al día con sus obligaciones, según establece la Sala. La entidad estatal no pierde competencia para resolver la solicitud de renuncia cuando el concesionario no cumple con los requisitos legales y contractuales, como estar a paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones económicas. La Sala concluye que la expedición de resoluciones que negaron la renuncia no desconoce los efectos del silencio positivo, ya que este no se configura en ausencia de los requisitos materiales del derecho pretendido. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo que el silencio administrativo positivo no opera si el concesionario incumple sus obligaciones, lo que implica que las resoluciones que negaron la renuncia fueron expedidas con competencia y legalidad.síntesis automática
También resuelve:¿La controversia planteada es un asunto de índole contractual, pues lo que se discute es la terminación de una concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales…¿El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal solo puede constituirse, declararse y probarse mediante el contrato de concesión minera…¿El concesionario tiene la prerrogativa de renunciar libremente a la concesión?
¿A las acciones de controversias contractuales sobre contratos de concesión minera les son inaplicables las normas de caducidad por tratar de bienes del Estado que son imprescriptible e inalienables? Sí
El contratista no está sujeto a las normas de caducidad en acciones de controversias contractuales sobre contratos de concesión minera, ya que estos tratan de bienes del Estado que son imprescriptibles e inalienables, según el parágrafo 1 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Además, el contrato de concesión minera puede ser nulo parcialmente cuando parte de la zona de aplicación incurre en áreas protegidas, como distritos de manejo integrado, prohibiendo actividades mineras conforme al artículo 34 del Código de Minas. La anulación de un contrato de tracto sucesivo no permite el control jurisdiccional sobre las obligaciones ya extinguidas por la renuncia del contratista, y en caso de terminación anticipada del contrato de concesión minera, el concesionario debe restituir los bienes e instalaciones conforme al artículo 108 del Código de Minas. Estas reglas reiteran y matizan precedentes, estableciendo criterios claros para la protección del patrimonio público y el cumplimiento de obligaciones ambientales en contratos mineros.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la nulidad parcial del contrato de concesión minera cuando parte de la zona de aplicación de este tiene el carácter de área protegida?¿Procede el control jurisdiccional sobre las obligaciones del contrato que dejó de producir efectos legales por la aceptación de la renuncia del contratista a la ejecución del mismo?¿Ante la extinción anticipada del contrato de concesión minera procede la restitución de todos los bienes e instalaciones que el contratista hubiere instalado o construido para la ejecución de este?
¿Procede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos esbozados por la parte actora en el recurso de apelación, relativos a la ilegalidad de las Resoluciones 1282 del 27 de octubre de 2016 y 255 del 6 de abril de 2017, dado que la autoridad minera desconoció, de forma aparente, las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción; procuraban la modificación del Programa de trabajos y Obras; y, demostraban la reducción del valor de la póliza minero ambiental? Sí
El contratista puede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos presentados en el recurso de apelación, relacionados con la ilegalidad de las resoluciones que desconocieron aparentemente las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción, la modificación del Programa de Trabajos y Obras, y la reducción del valor de la póliza minero-ambiental, ya que la falsa motivación se configura ante la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos por la administración. Esta regla reitera la jurisprudencia existente, permitiendo a los contratistas cuestionar la legalidad de los actos administrativos en términos de falsa motivación cuando se evidencie una distorsión en los fundamentos de estos.síntesis automática
También resuelve:¿Si la posesión o tenencia de los predios que contienen los minerales son de propiedad exclusiva del Estado, al margen de quien detente su dominio…¿El beneficiario del título minero debe presentar a la Agencia Nacional de Minería el Programa de Trabajos y Obras en el que describa la planificación…¿Para ejecutar el contrato de concesión minera el concesionario debe constituir a favor de la autoridad minera una póliza independiente para cada etapa de ejecución del contrato…