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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

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Fecha
2026-06-16
Radicado
13001233300020150082801
Número interno
74117
Ponente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
MAF INGENIERÍA LTDA., WILLIAM JESUS CONTO RAMOS, CONSORCIO SIMITÍ 2011
Demandado
AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P

Síntesis de la providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Lo que dijo la Sala

La Sala considera que las diversas manifestaciones realizadas sobre la normativa sustancial aplicable al acuerdo de voluntades no desvirtúan el mandato legal que excluye la generalidad de los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos domiciliarios del EGCAP, y en su lugar, los somete a los Códigos Civil y de Comercio. En ese orden de ideas, no hay elementos de juicio que permitan encasillar el contrato sub judice en alguna excepción que ordene la plena aplicación del mencionado Estatuto.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede ejercer unilateralmente la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado basándose en disposiciones de la Ley 1474 de 2011, si las partes no incorporaron expresamente dicha ley en el acuerdo de voluntades. En este caso, la entidad estatal pretendió aplicar la Ley 1474 de 2011 para declarar el incumplimiento del contratista, sin que las partes hubieran acordado su inclusión en el contrato. La Sala estableció que la atribución de potestades unilaterales en contratos de derecho privado requiere un pacto claro y expreso, y no basta con la vigencia formal de una disposición legal que forme parte del EGCAP. La regla reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, matizando que la incorporación de normas del EGCAP debe ser explícita y no puede ser asumida por la mera vigencia de la ley. Esto implica que las partes deben ser cuidadosas al definir las facultades y procedimientos que regirán el contrato, evitando asumir que las disposiciones del EGCAP se aplican automáticamente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Los actos expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios en desarrollo de contratos sometidos al régimen de derecho privado, tienen naturaleza de actos administrativos?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1150 de 2007
  • Ley 80 de 1993

También resuelve

  • ¿La facultad de la contratante para declarar unilateralmente el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado podía ejercerse con fundamento en las…
  • ¿La Empresa conculcó el debido proceso del Consorcio por variar los señalamientos de incumplimiento contractual al agregar, con posterioridad a la citación…
  • ¿Le era exigible al actor formular la respectiva censura por incongruencia en el recurso de reposición que interpuso en contra de la Resolución 87 del 20 de diciembre de 2013?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN NORMATIVA DEL CONTRATO NORMATIVA DEL CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRINCIPIO DE LIBERTAD CONTRACTUAL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTRACTUAL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD CONTRACTUAL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD CONTRACTUAL GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO VIOLACIÓN DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO GARANTÍAS CONTRACTUALES GARANTÍAS CONTRACTUALES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA CITACIÓN A AUDIENCIA RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PERMUTA ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PÓLIZA DE GARANTÍA CONTRACTUAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE DINERO OBLIGACIONES DEL CONTRATO OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL PAGO DE LA OBLIGACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO INTERVENTOR FUNCIÓN DEL INTERVENTOR ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 17.497 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / NORMATIVA DEL CONTRATO / NORMATIVA DEL CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LIBERTAD CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL Problema jurídico: ¿Los actos expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios en desarrollo de contratos sometidos al régimen de derecho privado, tienen naturaleza de actos administrativos? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala considera que las diversas manifestaciones realizadas sobre la normativa sustancial aplicable al acuerdo de voluntades no desvirtúan el mandato legal que excluye la generalidad de los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos domiciliarios del EGCAP, y en su lugar, los somete a los Códigos Civil y de Comercio. En ese orden de ideas, no hay elementos de juicio que permitan encasillar el contrato sub judice en alguna excepción que ordene la plena aplicación del mencionado Estatuto. Esto no obsta para que, en virtud de una interpretación que privilegie el efecto útil de lo estipulado y la conservación del negocio jurídico, se comprenda que si bien las alusiones a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no habilitan la expedición de actos administrativos, sí determinaron aspectos atinentes a la asignación de facultades unilaterales en cabeza de una de las partes, el ceñimiento a procedimientos prediseñados, el cumplimiento de determinados requisitos o la organización del trámite por etapas, en desarrollo de la autonomía de la voluntad orientadora del acuerdo de voluntades, y ante la ausencia de precepto legal que expresamente les prohíba acudir a dichas normas para convenir tales atribuciones y la manera de ejercerlas. Así las cosas, a diferencia de lo sostenido por las partes y por la sentencia apelada, las resoluciones proferidas por la Empresa y cuestionadas por el Consorcio carecen de las cualidades, privilegios y prerrogativas propias de los actos administrativos, y constituyen -en realidad- manifestaciones unilaterales de voluntad originadas en lo pactado, sujetas a los Códigos Civil y de Comercio . Con todo, como nada impide a los contratantes que, en ejercicio de su libertad contractual, regulen expresa, clara e inequívocamente la incorporación de reglas, términos y fases procedimentales propias del EGCAP, vigentes al tiempo de la celebración del contrato, la Sala prescindirá del juicio de legalidad denotado en las pretensiones de nulidad y, en su lugar, analizará estas expresiones como actos jurídicos expedidos en el marco del contrato , verificando si, en lo pertinente, las decisiones controvertidas concordaron con el conjunto normativo invocado en el acuerdo de voluntades. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la naturaleza de los actos expedidos por la Administración en el curso de la ejecución de los contratos del Estado exceptuados del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, consultar sentencia de unificación de 9 de mayo de 2024, Exp. 76001-23-31-000-2006-03320-03(53962), C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Y sobre el ejercicio de la libertad contractual, consultar sentencia de la Corte Constitucional, Exp. C-186 del 16 de marzo de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra. Porto FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007, LEY 80 DE 1993 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PUBLICIDAD CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD CONTRACTUAL / GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA Problema jurídico: ¿La facultad de la contratante para declarar unilateralmente el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado podía ejercerse con fundamento en las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, pese a que las partes únicamente incorporaron de manera expresa las facultades y procedimientos previstos en la Ley 1150 de 2007? Respuesta al problema jurídico: No [R]esulta necesario precisar que, en el presente caso, la facultad unilateral de la contratante para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal estipulada encuentra sustento en la remisión explicitada por las partes a la Ley 1150 de 2007, tal como se precisó anteriormente. Empero, no ocurre lo mismo respecto de las disposiciones introducidas por la Ley 1474 de 2011, pues aunque dicha normativa se encontraba vigente para la fecha de celebración del contrato sub judice, los contratantes no manifestaron su aplicabilidad al negocio jurídico. Esto cobra especial relevancia al considerar que el acuerdo bajo análisis se rige por el derecho privado, régimen en el cual -se insiste- la atribución de potestades unilaterales exige un pacto claro, expreso e inequívoco, sin que baste la sola vigencia formal de una disposición legal que forme parte del EGCAP para integrar su contenido obligacional. En ese orden de ideas, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que formó parte del contenido negocial en tanto las partes autónomamente manifestaron la incorporación de los procedimientos, fases y facultades desarrollados por el EGCAP al acuerdo de voluntades, otorgándole un efecto útil a esta estipulación conforme al artículo 1620 del Código Civil y a lo ya explicado, señala que el ejercicio de las potestades antes mencionadas debe “estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista”. Este mandato se complementa con el desarrollo jurisprudencial que esta garantía constitucional tiene en el ámbito de las relaciones contractuales orientadas por el ordenamiento civil y mercantil, acogido por esta Subsección, en el cual se exige que las actuaciones unilaterales observen mínimos de (i) legalidad, esto es, que exista normativa anterior al hecho calificado en el cual consten las conductas sancionables, las sanciones correspondientes, y el procedimiento para controvertir los cargos; (ii) publicidad e imparcialidad, reflejadas en decisiones debidamente motivadas y fundadas en criterios objetivos; y (iii) oportunidades eficaces de defensa, que comprendan la posibilidad efectiva de controvertir los señalamientos hechos por la parte que cuenta con la facultad unilateral, así como de aportar y solicitar pruebas, y de presentar recursos en caso de que estos correspondan. NOTA DE RELATORÍA: Referente al derecho al debido proceso, consultar sentencia de la Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Exp. T-720 del 16 de septiembre de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. Párr. 117. Y sobre el debido proceso contractual, consultar sentencia de 27 de febrero de 2026, Exp. 25000-23-36-000-2021-00325-01(71852), C.P. José Roberto Sáchica Méndez y sentencia de 13 de marzo de 2026, Exp. 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876), C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1620 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / VIOLACIÓN DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Problema jurídico: ¿La Empresa conculcó el debido proceso del Consorcio por variar los señalamientos de incumplimiento contractual al agregar, con posterioridad a la citación, la falta de ampliación de las garantías de cumplimiento en las prórrogas de las vigencias contractuales? Respuesta al problema jurídico: Si Traídos estos postulados al caso concreto, se evidencia que la Empresa nunca informó previamente que una de las razones para convocar la audiencia destinada a discutir el incumplimiento contractual del Consorcio consistía en que, con ocasión de la última prórroga del plazo —“Adicional en tiempo No. 007”—, no se hubiera ampliado la póliza correspondiente. Dicho reproche concreto surgió únicamente durante la diligencia, según consta en el acta respectiva, y fue luego recogido en la motivación de la Resolución 87 de 2013. En consecuencia, la demandada no otorgó oportunidad alguna para conocer y controvertir esta imputación específica antes de la adopción de la decisión, con lo cual desconoció la garantía procedimental que ella misma se obligó a observar a modo de presupuesto para el ejercicio regular de la facultad unilateral de declarar la trasgresión del contratista de sus obligaciones convenidas. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / GARANTÍAS CONTRACTUALES / GARANTÍAS CONTRACTUALES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CITACIÓN A AUDIENCIA / RECURSO DE REPOSICIÓN / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PERMUTA / DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Problema jurídico: ¿Le era exigible al actor formular la respectiva censura por incongruencia en el recurso de reposición que interpuso en contra de la Resolución 87 del 20 de diciembre de 2013? Respuesta al problema jurídico: No Con todo, la contratante adujo en su defensa que los cargos de infracción a lo convenido fueron informados adecuadamente durante el trámite. Asimismo, en la sentencia de primera instancia, el Tribunal argumentó que el Consorcio sí contó con una oportunidad para oponerse a la omisión de ese reproche en la citación a la audiencia, a saber, el recurso de reposición. Empero, a juicio de esta Subsección, no le asiste razón a la parte ni concuerda con la tesis del Tribunal (...) es necesario precisar que el examen de resoluciones expedidas en virtud de un contrato regido por el derecho privado no equivale al juicio de legalidad propio de los actos administrativos, sino que juzga la responsabilidad contractual basada en la inobservancia de los deberes estipulados, y por esta misma razón, no le era exigible a la parte agotar los recursos disponibles para acceder a la jurisdicción toda vez que es improcedente imponer la satisfacción de cargas propias de los procedimientos administrativos a trámites contractuales cuyas reglas sustanciales no prevén tal formalidad. (...) no resulta plausible censurar que la demandante no haya formulado en el recurso interpuesto en su momento exactamente el reproche que hoy se plantea, puesto que dicha omisión no habría subsanado la vulneración del procedimiento ni garantizado al contratista la oportunidad de conocer, de manera previa, detallada y suficiente, las razones que justificaban el inicio del trámite en su contra, antes de la adopción de una decisión. En efecto, el debate sustancial que debía preceder la expedición de la resolución, así como los argumentos elaborados por la entidad para refutarlo, únicamente fueron expuestos en su totalidad al decidir el recurso de reposición, etapa en la que ya no existía posibilidad real de contradicción previa. En virtud de lo anterior, la Sala responde al primero de los cuestionamientos antes formulados en el sentido de que la Empresa incurrió en el defecto denunciado por la actora por no formular oportunamente el reproche de incumplimiento por no ampliar las garantías de la última prórroga del contrato, vicio que denota la desatención de las reglas contractuales concretado a las Resoluciones 87 de 2013 y 025 de 2014, por lo que estas no pueden producir efectos. En esa medida, el cargo de apelación está llamado a prosperar. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PÓLIZA DE GARANTÍA CONTRACTUAL / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE DINERO Problema jurídico: ¿Debe dejarse sin efectos la declaratoria de incumplimiento contractual, sin ordenar la devolución de dineros al contratista? Respuesta al problema jurídico: Si Ahora, en vista de la naturaleza jurídica de las decisiones unilateralmente adoptadas por la contratante, no corresponde al caso planteado acceder a la pretensión de nulidad de los actos expedidos por la demandada, sino dejar sin efectos las determinaciones contenidas en el segmento resolutivo. Empero, como del incumplimiento declarado unívocamente no se ordenó al Consorcio de realizar el pago de una suma de dinero, sino que la Empresa dio por configurado el siniestro de cumplimiento amparado por la póliza de garantía del contrato, la Sala no ordenará la devolución de dineros al actor. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / INTERVENTOR / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento y pago de las sumas reclamadas por el contratista cuando los documentos aportados para acreditar la obligación no cumplen las formalidades contractualmente previstas, la firma conjunta del interventor, el supervisor y el ordenador del gasto y no existe prueba fehaciente de la ejecución de las obras? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala inicia por recordar que, según su jurisprudencia, el juez del contrato debe verificar la satisfacción de los requisitos previstos por los propios contratantes para acceder al pago de las obligaciones estipuladas, de conformidad con la fuerza obligatoria de los contratos, prevista en el artículo 1602 del Código Civil. En ese orden de ideas, el hecho de que ninguno de los documentos invocados por la recurrente cuente con la firma conjunta del interventor, el supervisor y el “ordenador del pago” contradice lo establecido en la cláusula sexta del acuerdo de voluntades, razón por la que no resulta procedente dar por cierta la obligación que el actor reclama judicialmente. Además de no reunir los elementos necesarios para reflejar la existencia del crédito a favor del demandante, el hecho de que en la llamada “Pre-acta” solo conste la firma del interventor tampoco acredita que las cantidades allí mencionadas hayan sido ejecutadas, y aceptadas por la contratante en los términos pactados.(...) El juez del contrato debe observar las pautas estipuladas en el contrato como condición para el surgimiento de la obligación de pago, las que no se satisficieron en el caso. Además, en el sub judice, como el interventor carece de funciones representativas del querer de la demandada, y las actas aportadas por la demandante no acreditan de manera fehaciente que se hayan ejecutado las obras allí reflejadas, no procede reconocer suma alguna. Por tales motivos, los reproches en contra de los actos de liquidación unilateral no prosperaron. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la fuerza obligatoria de los contratos, consultar sentencia de 21 de febrero de 2025, Exp. 41001-23-33-000-2017-00626-01(71583), C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. Párr. 87. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1874 - ARTÍCULO 1602 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Es improcedente la condena en costas por prosperidad parcial del recurso de apelación interpuesto? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 365, numeral 1, del CGP, aplicable a este asunto en virtud de lo previsto por los artículos 188 y 306 del CPACA, prevé que la condena en costas procede en contra de “la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación […] que haya propuesto”. El numeral 4 del precepto citado establece que, si “la sentencia de segunda instancia”. revoca íntegramente la de su inferior, “la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias”. Sin embargo, en el caso concreto la impugnación prosperó parcialmente, razón por la cual la Sala no proferirá condena por este concepto. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=130012333000201500828011100103