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clave: "consejo_estado:providencia:05001233100019970064301-41336-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-03-24"
radicado: "05001233100019970064301"
numero: "41336"
ponente: "GUILLERMO SANCHEZ LUQUE"
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# Consejo de Estado: es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-03-24
- **Radicado:** 05001233100019970064301
- **Número interno:** 41336
- **Ponente:** GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** MURILLO LOBO GUERRERO-INGENIEROS S.A. Y JORGE I CORTES V. CONSTRUCCIONES CORTES PEREZ S.A. CONCORPE
- **Demandado:** EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100019970064301-41336-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233100019970064301/E2CF606BF54FBD20B91FEDC085164A7CB1C57AAD18E69098AFE1755D5DBEB32D/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000199700643011100103

## Problema jurídico

¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es el acto de liquidación del contrato?
- ¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos caduca en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento?
- ¿Los documentos en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, arts. 129, 132 núm. 10 y 82
- Decreto 1400 de 1970, art. 20 núm. 2
- Decreto Ley 222 de 1983, art. 17

## Extracto

La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuya causa sea la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñan funciones administrativas según el artículo 82 CCA. El artículo 17 del Decreto 222 de 1983 establecía que la jurisdicción contencioso administrativa conocería de los litigios derivados de los contratos administrativos. En consonancia, el artículo 87 CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, dispuso que cualquiera de las partes de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad podía demandar mediante la acción de controversias contractuales.

## Síntesis temática

El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía, conforme a la competencia de la jurisdicción administrativa para conocer de litigios derivados de contratos administrativos y la disposición del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es el acto de liquidación del contrato, y el término para formular las pretensiones relativas a los contratos caduca en dos años desde la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que le sirven de fundamento. Además, las copias simples y los documentos aportados por los testigos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo, según la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esta decisión modifica precedentes anteriores, reforzando la competencia del Consejo de Estado en controversias contractuales de alto valor económico y la admisibilidad de ciertos medios de prueba en estos procesos.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA, PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, CLASES DE PRUEBA DOCUMENTAL, EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO, TESTIGO, NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL, APLICACIÓN DE LA NORMA, APLICACIÓN DE LA NORMA SUSTANCIAL, VIGENCIA DE LA NORMA, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, CONTRATOS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, RÉGIMEN JURÍDICO DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, CONTRATO DE OBRA, CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO, PAGO DE INTERÉS MORATORIO, INTERÉS MORATORIO, INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO, OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL, APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, DICTAMEN PERICIAL, INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL, INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL, VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL, FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL, ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA, APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, ACTA DE REAJUSTE DE OBRA PÚBLICA, FÓRMULA PARA EL REAJUSTE DE PRECIO, REAJUSTE DE COSTOS, REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL, REAJUSTE DE PRECIO, REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES, CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES, NATURALEZA JURÍDICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES, OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES, REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA, EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA, ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA, CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, COSTOS DE LA OBRA PÚBLICA, OBRA PÚBLICA, TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, ACTO JURÍDICO UNILATERAL, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR LA ADMINISTRACIÓN, MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA, PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL, PARTES DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO, TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO, ACTO PROPIO, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, BUENA FE CONTRACTUAL, APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL, PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL, COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO, VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL, MULTA AL CONTRATISTA, INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, MATERIALES DE LA OBRA PÚBLICA, PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, IMPUESTO DE PREVISIÓN SOCIAL, AGENTE DE RETENCIÓN, RETENCIÓN DEL TRIBUTO, AGENTE RETENEDOR DEL TRIBUTO, RESPONSABLE DEL PAGO DEL TRIBUTO, DEVOLUCIÓN DEL PAGO DEL TRIBUTO, DEDUCCIÓN DEL TRIBUTO, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO, CONDENA CONTRA EL ESTADO, DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuya causa sea la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñan funciones administrativas según el artículo 82 CCA. El artículo 17 del Decreto 222 de 1983 establecía que la jurisdicción contencioso administrativa conocería de los litigios derivados de los contratos administrativos. En consonancia, el artículo 87 CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, dispuso que cualquiera de las partes de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad podía demandar mediante la acción de controversias contractuales. Como el contrato de obra pública n. 0 9/DJ-647/33 es un contrato administrativo, de conformidad con el artículo 16 de ese decreto, la jurisdicción administrativa es la encargada de conocer de esta controversia. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.10 CCA.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 10, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 17
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es el acto de liquidación del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por el acto administrativo de liquidación del contrato (arts. 1546 y 1602 CC y 87 CCA).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos caduca en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 624 CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prescribe que los términos se rigen por las leyes vigentes al momento en que empiezan a correr. El artículo 136 CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, disponía que el término para formular las pretensiones relativas a los contratos caducaría en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento. Como el 19 y 20 de noviembre de 1996 se notificó la resolución que resolvió el recurso de reposición del acto que liquidó unilateralmente el contrato a Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y a Jorge l. Cortes V. Construcciones Cortes Pérez SA, respectivamente, acto administrativo que sirvió de fundamento de la demanda, esto es en vigencia del artículo 136 CCA antes de la citada reforma, esta es la norma aplicable para definir la presentación oportuna de la demanda. De manera que, como el término de dos años inició desde la notificación del señalado acto administrativo —19 y 20 de noviembre de 1996—, y la demanda se interpuso el 1 1 de marzo de 1997, se presentó de forma oportuna frente a las pretensiones relacionadas con la nulidad de los actos administrativos. No obstante, el demandante pretendió la devolución de las sumas retenidas por la entidad por concepto del impuesto de previsión social desde julio de 1993. La Sala se limitará a estudiar las deducciones realizadas desde el 10 de marzo de 1995, pues frente a las anteriores operó el fenómeno de la caducidad.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Los documentos en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto al valor probatorio de los documentos en copia simple, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / CLASES DE PRUEBA DOCUMENTAL / EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO / TESTIGO
Problema jurídico:
¿Los documentos aportados por los testigos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[FSP], Ingeniero de Obras Civiles de la División Porce ll al momento de los hechos y testigo en el proceso, aportó la Circular n. 0 806 de 1994 expedida por Empresas Públicas de Medellín y el documento denominado “Control Total de Pagos”. Según el artículo 228 CPC, los testigos podrán presentar documentos relacionados con los hechos sobre los cuales declaran, los cuales se agregarán al expediente y se darán en traslado común por tres días, sin necesidad de auto que lo ordene. Como los documentos aportados por el testigo están relacionados con su declaración y las partes guardaron silencio frente al traslado que corrió el Tribunal, serán valorados.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 228
NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL / APLICACIÓN DE LA NORMA / APLICACIÓN DE LA NORMA SUSTANCIAL / VIGENCIA DE LA NORMA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / CONTRATOS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / RÉGIMEN JURÍDICO DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / CONTRATO DE OBRA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿El régimen jurídico del contrato es el Decreto 222 de 1983, puesto que fue suscrito en vigencia de dicha normatividad?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en todo contrato se entienden incluidas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, con excepción de las concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos del contrato y las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado. En este último evento, la norma dispone que la infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido esa infracción. El artículo 5 de la Ley 19 de 1982, por la cual se definieron "principios" de los contratos administrativos y se concedieron facultades al Presidente de la República para reformar el régimen de contratación administrativa, establecía que las normas fiscales de los departamentos y municipios podían disponer sobre la formación y adjudicación de los contratos que celebraran y cláusulas de los mismos, conforme a sus intereses y a las necesidades del servicio. Sin embargo, las normas sobre tipos de contratos, clasificación, efectos, responsabilidad, terminación y las inhabilidades e incompatibilidades estarían reservadas a la ley. En consonancia, el artículo 1 del Decreto 222 de 1983, expedido con fundamento en esas facultades extraordinarias, dispuso que las normas en ese estatuto que se referían a los tipos de contratos, su clasificación, efectos, responsabilidades y terminación, así como los principios generales desarrollados en el Título IV (terminación, modificación e interpretación unilateral) se aplicarían en los departamentos y municipios. (…) El artículo 81 del Decreto 222 de 1983 dispuso que se denominaba contrato de “obras públicas” al que se celebren para la construcción, montaje, instalación, mejoras, adiciones, conservación, mantenimiento y restauración de bienes inmuebles de carácter público o directamente destinados a un servicio público. La regulación actual contenida en el artículo 32.1 de la Ley 80 de 1993 difiere sustancialmente de la contenida en el régimen anterior, pues identificó el contrato de obra como aquel que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. La diferencia central radica en que en la Ley 80 de 1993 no se le confiere al contrato de obra el calificativo de “pública”, ni condiciona su tipificación a que los trabajos recaigan sobre un inmueble de “carácter público o directamente destinado a un servicio público”. Para la fecha de suscripción del contrato obra pública n. ft 9/DJ-647/33, 13 de mayo de 1993, Empresas Públicas de Medellín era un establecimiento público, es decir, era una entidad descentralizada del orden municipal, creada por el Acuerdo n. 0 58 de 1955. Conforme al Decreto 222 de 1983, el de obra pública era un contrato administrativo (artículo 16). Como el contrato de obra pública n. 0 9/DJ-647/33, en el que una de las partes era un establecimiento público, se perfeccionó el 13 de mayo de 1993, su régimen jurídico, según el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en lo relativo a los tipos de contratos, clasificación, efectos, responsabilidad y terminación, es el Decreto 222 de 1983.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de contratos de derecho privado de la administración, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 1988, rad. 4303, C. P. Carlos Betancur Jaramillo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 1, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 16, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 81, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 19 DE 1982 - ARTÍCULO 5
CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La liquidación del contrato constituye un ajuste de cuentas respecto a las obligaciones entre las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
La liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública es el acto jurídico por el cual se determina el cumplimiento del objeto contractual y el estado de ejecución de las obligaciones. La liquidación tiene lugar, usualmente, a la terminación del contrato y corresponde, pues, al corte de cuentas que tiene por objeto: (i) establecer si hay obligaciones pendientes (ii) los saldos en favor y en contra y (iii) estar a paz y salvo. La liquidación es, pues, un ajuste de cuentas para que las partes del negocio jurídico puedan finiquitar — definir quién debe a quién y cuánto. En la liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentada

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

por cada día de retardo. El 19 de junio de 1995, Empresas Públicas de Medellín impuso una multa al consorcio integrado por Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y Jorge l. Cortes V. Construcciones Cortes Pérez SA por (...), pues el contratista entregó las obras el 5 de mayo de 1995 y el plazo del contrato vencía el 31 de marzo anterior. (...) Empresas Públicas de Medellín, entonces, impuso una multa —cláusula penal punitiva— pactada en el contrato, porque el contratista no entregó la obra en el plazo estipulado y compensó su valor en los actos administrativos que liquidaron unilateralmente el contrato. Aunque el demandante afirmó que no debía el valor de una multa impuesta, dado que el retardo fue ocasionado por la contratante, no obra prueba alguna que acredite esta afirmación. Como al demandante le correspondía probar que la demandada incumplió el contrato al hacer exigible la cláusula penal punitiva sin que se hubieran configurado las circunstancias para hacerla exigible, de conformidad con el artículo 177 CPC-, pero no cumplió con dicha carga, se negará su reclamación.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1592
INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / MATERIALES DE LA OBRA PÚBLICA / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿El demandante acreditó los mayores costos en la ejecución del contrato derivados de la utilización de diferentes materiales de obra?
Respuesta al problema jurídico: No
Según la demanda, Empresas Públicas de Medellín debía ser condenada por los mayores costos por utilización de diferentes materiales de obra del ítem denominados “Concreto Hidráulico”, “Concreto Asfáltico” y “Acarreo” y por el valor de pintura de las defensas metálicas con su reajuste. Sin embargo, no obra prueba en el expediente que acredite su reclamación. Por ello, la Sala negará la pretensión.
IMPUESTO DE PREVISIÓN SOCIAL / AGENTE DE RETENCIÓN / RETENCIÓN DEL TRIBUTO / AGENTE RETENEDOR DEL TRIBUTO / RESPONSABLE DEL PAGO DEL TRIBUTO / DEVOLUCIÓN DEL PAGO DEL TRIBUTO / DEDUCCIÓN DEL TRIBUTO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO
Problema jurídico:
¿La entidad debe devolver las sumas correspondientes al impuesto de previsión social que fue retenido aún cuando dicho tributo fue derogado?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 1 de la Ley 4 de 1966 disponía que toda cuenta o nómina que pagaran por cualquier concepto la Nación, departamentos, intendencias, comisarías, Distrito Especial de Bogotá, municipios, corregimientos, inspecciones de policía e institutos descentralizados, causaría un impuesto de diez centavos ($0.10) moneda corriente, por cada cien pesos o fracción, con destino a las Cajas de Previsión respectivas o, en su defecto, para la entidad pagadora. En consonancia, el artículo 5 de la Ley 33 de 1985, previó que el valor de este impuesto sería del cinco por mil, si se trataba de nóminas de persona y del diez por mil en los demás casos, con las excepciones establecidas. El artículo 289 de la Ley 100 de 1993 derogó este impuesto a partir del 23 de diciembre de 1993, fecha de su publicación. (…) Solo cuando conste de manera inequívoca que la intención de las partes es distinta de lo que expresan los términos del contrato (art. 1602 CC), es posible recurrir a la definición de esa voluntad a través de los diferentes criterios previstos por el Código Civil. Según la intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), que quedó consignada claramente en la cláusula tercera del contrato de obra pública n. 0 9/DJ-647/3 y novena de la minuta del contrato del pliego de condiciones, la entidad se obligó a pagar el precio pactado en el contrato, que debía incluir todos los costos directos e indirectos para la ejecución de la obra, incluidos los impuestos necesarios para la ejecución del proyecto. (...) Obra en el proceso la Circular n. 0 806 del 4 de abril de 1994 expedida por el secretario general de Empresas Públicas de Medellín dirigida a los directores, jefes de división, coordinadores de unidad, jefes de departamento y jefes de sección de la entidad. El funcionario consignó que, aunque el artículo 289 de la Ley 100 de 1993 derogó el impuesto de previsión social, en los contratos celebrados con base en pliegos de condiciones o solicitudes de cotización en donde se hubiere hecho la advertencia de que se deduciría ese impuesto, se debería seguir haciendo la deducción. Conforme al contenido de la Circular n. 0 806, se debía suponer que los contratistas incluyeron el valor del impuesto de previsión social al elaborar la cotización o propuesta, por lo cual no podían alegar que ese valor les pertenecía. Este documento público se presume auténtico y su contenido no fue desvirtuado por otras pruebas. Da cuenta de que, en criterio del secretario general de Empresas Públicas de Medellín —comunicada a los directores, jefes y coordinadores de la entidad—, se debía deducir el impuesto de previsión social, a pesar de haber sido derogado, en los contratos celebrados donde se hubiere hecho la advertencia de que se deduciría ese impuesto. (…) De modo que, las partes pactaron en el contrato de obra pública n. 0 9/DJ-647/3 que Empresas Públicas de Medellín debía pagar el precio pactado —que debía incluir los costos de ejecución de la obra— como contraprestación del proyecto ejecutado. Empresas Públicas de Medellín realizó retenciones por el valor del impuesto de previsión que había sido derogado, porque consideró que como los contratistas habían incluido su valor al elaborar las cotizaciones o propuestas, no podían alegar que ese valor les pertenecía. Sin embargo, como el impuesto fue derogado, y las partes no pactaron la posibilidad de deducir ese valor del precio del contrato, no existía un fundamento legal para que la entidad no realizara el pago efectivo en conformidad con el tenor de la obligación (art. 1627 CC), esto es, pagar el precio sin descontar el valor del impuesto derogado. La Sala, pues, anulará las resoluciones (…) en los apartes relacionados con el impuesto de previsión social. La Sala, a su vez, condenará a Empresa Públicas de Medellín a pagar el valor de las retenciones a partir del 10 de marzo de 1995, dado que frente a ellas no operó la caducidad. Como se realizaron retenciones en fechas diferentes, se actualizará su valor conforme al momento en que se hizo cada retención.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la intención de las partes del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de junio de 2012, rad. 23191, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 289, LEY 33 DE 1985 - ARTÍCULO 5, LEY 4 DE 1966 - ARTÍCULO 1, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1627

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-03-24. C.P. GUILLERMO SANCHEZ LUQUE. Rad. 05001233100019970064301. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100019970064301-41336-sentencia).
