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¿La sentencia proferida el 27 de julio de 2023 en el expediente 39.121 por la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció un criterio unificado en cuanto a la exoneración de las partes de consignar salvedades en el acta de liquidación bilateral de los contratos estatales? No
El contratista no está exonerado de consignar salvedades expresas en el acta de liquidación bilateral del contrato estatal, pues la sentencia de unificación del 27 de julio de 2023 no estableció que no sea necesario hacerlo para poder reclamar posteriormente; esta decisión se centró en la necesidad de manifestar objeciones en documentos modificatorios, suspensiones o adiciones contractuales. La liquidación bilateral es un acuerdo de voluntades con fuerza vinculante que define el balance final del contrato, y su contenido es obligatorio para las partes salvo cuando se alegan vicios del consentimiento o se consignan salvedades expresas que identifiquen aspectos no acordados. La inclusión de reservas genéricas en el acta de liquidación no faculta al contratista para reclamar reconocimientos económicos por desequilibrio financiero, ya que estas no permiten identificar de manera precisa y plena los aspectos excluidos del acuerdo.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de liquidación bilateral de un contrato estatal tiene fuerza vinculante y únicamente puede ser controvertida en caso de salvedades expresas o vicios del consentimiento?¿La inclusión de una reserva genérica en el acta de liquidación bilateral de un contrato estatal faculta al contratista para reclamar un reconocimiento económico por desequilibrio financiero?
"¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia, para en su lugar declarar que la entidad demandada incumplió el convenio interadministrativo objeto de litigio y ordenar el reintegro de los rendimientos financieros generados sobre los cuatro mil millones de pesos ($4.000’000.000) que había girado inicialmente la demandante?" Sí
El contratista debe revocar la sentencia de primera instancia para declarar el incumplimiento del convenio interadministrativo y ordenar el reintegro de los rendimientos financieros generados sobre la suma de cuatro mil millones de pesos, ya que la cláusula de la acta de terminación anticipada por mutuo acuerdo que excluye dichos rendimientos es nula, al desconocer las obligaciones contractuales y las disposiciones legales que regulan los recursos y rendimientos públicos. La Sala establece que la parte que alega incumplimiento debe demostrar que cumplió sus propias obligaciones y que el incumplimiento del contratante es determinante y trascendente, además de respetar el principio de buena fe contractual al informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento. Esta decisión reitera la importancia de la liquidación judicial del contrato cuando la liquidación unilateral no cumple con las obligaciones legales, afectando la práctica en casos de terminación anticipada y liquidación de contratos estatales.síntesis automática
¿Prosperan las pretensiones económicas del demandante, por cuanto declaró a paz y salvo a la entidad contratante en relación con las obligaciones derivadas del contrato? No
Cuando las partes liquidan bilateralmente el contrato mediante un acuerdo en el que se declaran a paz y salvo por todo concepto, sin salvedades ni reservas, ese negocio es obligatorio y pone fin al cruce de cuentas, de modo que las reclamaciones económicas fundadas en obligaciones del contrato no prosperan si la nulidad del acuerdo no fue pretendida en la demanda. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la liquidación bilateral constituye el cruce final de cuentas entre las partes y es vinculante para ellas mientras no sea anulada. Segundo, la declaración de paz y salvo sin reservas comprende los aspectos que se reclaman, como el inicio tardío de las obras, la ampliación del plazo, los trabajos adicionales y los descuentos tributarios, por lo que la demanda que no impugna ese acuerdo no puede prosperar en sus pretensiones económicas. La providencia confirma la sentencia apelada; en la práctica, quien suscribe una liquidación bilateral con paz y salvo sin salvedades debe impugnarla expresamente en la demanda si pretende reclamar sumas derivadas del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidación bilateral suscrita por las partes es un acuerdo de voluntades con fuerza jurídica vinculante?¿La liquidación del contrato es la oportunidad para la creación de nuevas relaciones jurídicas o para novar las obligaciones contenidas en el contrato?¿Hay lugar a condenar en costas del proceso a la parte vencida?
¿La determinación del a quo de incluir en la liquidación judicial un saldo a favor del municipio de Palmira, constituye una inobservancia al principio de congruencia, en la medida en que está definiendo aspectos relacionados con el incumplimiento de la aludida obligación contractual? No
La liquidación judicial de un contrato puede incluir un saldo a favor de una de las partes sin que ello vulnere el principio de congruencia, cuando la determinación se limita a establecer las cuentas del negocio con base en el soporte financiero acreditado y no decide sobre el incumplimiento. Una razón es que el saldo fijado a favor de la entidad correspondía a un concepto de defensa judicial que no fue ejecutado, ni ordenado ni reconocido al contratista, de modo que el juez solo reportó el balance final. Otra razón es que el reparo de la apelación se limitó a un cálculo matemático, sin acreditar que las prestaciones se ejecutaron y debían pagarse, por lo que no pudo establecerse el efectivo cumplimiento que lo sustentara. En el caso, la Sala confirmó la sentencia que fijó el saldo y no encontró prosperidad en el primer cargo de la apelación. Su consecuencia práctica es que el recurrente que objeta un saldo de liquidación judicial debe acreditar con pruebas la ejecución de las prestaciones que reclama.síntesis automática
También resuelve:¿El a quo tuvo en consideración todos los documentos que mostraban la ejecución a cabalidad de la obligación contenida en el otrosí 2 relacionada con la presentación de demandas de lesividad?¿La confesión realizada por el accionado en la contestación de la demanda, relacionada con el recibo efectivo reconocido por concepto de proyección de actos administrativos de compartibilidad…¿Se acreditó el cumplimiento de la obligación emanada del otrosí 2 al contrato de prestación de servicios, asociada a la proyección de actos administrativos de compartibilidad o no de la pensión?
¿Cuál es la pauta del inicio del conteo del término de caducidad en asuntos de controversias contractuales cuando existen decisiones encadenadas de la Administración que subsisten de forma independiente a la liquidación del contrato? Sí
El cómputo del término de caducidad para la acción de controversias contractuales comienza a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento, salvo que la controversia esté directamente relacionada con la liquidación del contrato, en cuyo caso el plazo se inicia una vez concluida la liquidación o vencido el plazo para su realización. La Sala establece que cuando las decisiones administrativas subsisten de forma independiente a la liquidación del contrato, el cómputo de la caducidad debe realizarse desde la ocurrencia de los hechos que dan origen a la controversia, lo que armoniza con la norma especial del artículo 136, numeral 10, literal d) del Código Contencioso Administrativo. Esta regla matiza la jurisprudencia anterior y permite una aplicación más flexible del cómputo del plazo de caducidad en función de la naturaleza de los hechos que generan la controversia, evitando una aplicación rígida que podría dejar sin efecto controversias legítimas.síntesis automática
También resuelve:¿Al estar las pretensiones de la demanda relacionadas con el incumplimiento de unas metas adicionales en venta, el conteo de la caducidad debió realizarse a partir de la liquidación del contrato?¿Cuáles son las hipótesis sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales respecto a las particularidades del caso y el contrato?
¿Se encuentra acreditado que la entidad estatal ante la entrega de la obra pública decidió revocar la resolución que declaró el incumplimiento del contrato? Sí
La entidad contratante puede revocar la declaratoria de incumplimiento cuando, tras el vencimiento del plazo, el contratista ejecuta las obras faltantes y la entidad las recibe a satisfacción, de modo que la revocatoria se sustenta en el recibo de la totalidad del objeto contratado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, al vencer el plazo la obra no estaba ejecutada en su totalidad, lo que habilitaba la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal y el cobro de la garantía. Segunda, después del vencimiento el contratista completó las actividades faltantes y la entidad las recibió con concepto técnico favorable de un perito, mediante acta de entrega y recibo definitivo. Tercera, al resolver el recurso de reposición, la entidad revocó el acto sancionatorio con base en ese recibo, lo que se ajusta a la buena fe contractual. La providencia revoca la sentencia de primera instancia en lo que corresponde. La consecuencia práctica es que la recepción de la obra completa después del plazo, seguida de la revocatoria del acto sancionatorio, reconoce el cumplimiento sustancial del contrato y limita el alcance de la sanción.síntesis automática
También resuelve:¿La buena fe contractual es un parámetro de conducta para valorar el cumplimiento del contrato estatal?¿La entrega de la obra pública por fuera del plazo del vencimiento del contrato es justificación para que la entidad contratante no realice el pago de esta?¿Procede la liquidación del contrato por vía judicial ante la ausencia de esta?
¿Las partes pueden renunciar al término de caducidad de la acción o alterar sus características? Sí
El contratista no puede renunciar al término de caducidad de la acción ni alterar sus características, ya que la ley establece plazos razonables para que las partes reclamen sus derechos, y estas no pueden convenir en su desconocimiento o modificación. La caducidad, como consecuencia jurídica del ejercicio tardío del derecho de acción, se fundamenta en la seguridad jurídica y en la necesidad de que las controversias sean resueltas de manera definitiva por un juez competente. Por tanto, la regla reitera que las partes no pueden modificar el término de caducidad, lo que implica que cualquier intento de renunciar a este plazo será inadmisible en la práctica.síntesis automática
También resuelve:¿En la liquidación del contrato se debe establecer el resultado final de la ejecución de las prestaciones a cargo de los contratantes?¿El término de caducidad debe contabilizarse conforme a la norma vigente al momento en que comenzó a correr dicho término?¿Está sujeta la actividad contractual de Ecopetrol al derecho privado?
¿La intervención del Juez en la liquidación de un contrato que no está sometido a la Ley 80 de 1993 solo es procedente si el negocio tiene una cláusula de liquidación y existe una controversia concreta sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones contractuales? Sí
El juez puede intervenir en la liquidación de un contrato estatal no sometido a la Ley 80 de 1993 solo si el contrato incluye una cláusula de liquidación y existe una controversia concreta sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, como lo establece la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencias recientes. Esta intervención judicial se justifica por la necesidad de resolver litigios relacionados con contratos estatales y por la ausencia de un marco normativo que delimite la liquidación en ausencia de una cláusula contractual. En el caso específico, la controversia entre ECOPETROL y AISLATERM sobre reclamaciones económicas y compensaciones adicionales, junto con la existencia de una cláusula de liquidación en el contrato, permiten la intervención del juez para esclarecer el estado de cumplimiento y determinar los efectos económicos del contrato, matizando la posición anterior sobre la obligación de liquidar contratos estatales no sometidos al EGCAP.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez intervenir en la liquidación de un contrato estatal cuando no se realizó de común acuerdo ni fue practicada oportunamente por la entidad contratante…¿Puede el juez reconocer la compensación legal en ausencia de certeza, liquidez y exigibilidad del crédito alegado por el demandado?¿Puede el juez declarar probada la excepción de compensación si no existe certeza sobre la obligación indemnizatoria alegada por el demandado?
¿En la liquidación bilateral del contrato, el estudio de las pretensiones en lo contencioso administrativo, está atado, de forma ineludible, a la existencia de salvedades? Sí
El contratista y la entidad estatal, al liquidar bilateralmente un contrato de obra pública, deben incluir en el acta de liquidación las salvedades que reflejen los aspectos no acordados, pues estas revelan un presupuesto de orden material para la prosperidad de las pretensiones en lo contencioso administrativo, ya que si los asuntos debatidos quedaron cobijados por el acuerdo, no es posible desconocer sus efectos vinculantes. La Sala reitera que las salvedades deben ser claras y concretas, no abstractas o genéricas, y que su ausencia implica que el contrato se cerró sin reparos sobre los puntos no excluidos del acuerdo. En consecuencia, la entidad estatal y el contratista deben asegurar que el acta de liquidación contenga todas las salvedades pertinentes para evitar conflictos posteriores en la jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:¿Se estableció que las reclamaciones invocadas en la demanda, todas ellas hubieren quedado contenidas en el oficio del 23 de diciembre de 2010 al que se remitió el consorcio para fundamentar su…¿La tipología contractual especial llave en mano, es aquella por medio de la cual el contratista se obliga, a cambio de una contraprestación…¿Se acreditaron los mayores costos en los que habría incurrido el contratista en el diseño y construcción de la obra, al establecerse un metraje superior al previsto en el pliego de condiciones?
¿Al suscribir las partes un acta de liquidación bilateral sin incluir salvedades expresas, concretas y debidamente determinadas sobre asuntos controvertidos, quedan jurídicamente vinculadas por el carácter declarativo y liberatorio del finiquito, de modo qué se presume la inexistencia de inconformidades y se limita la procedencia de reclamaciones posteriores respecto de hechos conocidos o razonablemente previsibles al momento de su firma? Sí
El contratista y la entidad estatal quedan jurídicamente vinculados por el carácter declarativo y liberatorio del acta de liquidación bilateral, presumiéndose la inexistencia de inconformidades y limitándose la procedencia de reclamaciones posteriores respecto de hechos conocidos o razonablemente previsibles al momento de su firma, siempre que no se incluyan salvedades expresas, concretas y debidamente determinadas sobre asuntos controvertidos. La liquidación del contrato no solo implica un cruce de cuentas, sino un ejercicio de verificación técnica, económica y administrativa que establece un balance económico y jurídico del pacto concluido, con efectos vinculantes y liberatorios cuando las partes logran un acuerdo. Dado que el acta de liquidación es un negocio jurídico, las salvedades deben quedar expresas y concretas en el documento para revelar aspectos no objeto de acuerdo, y su ausencia implica el acatamiento al contenido y efectos del finiquito suscrito. Esta exigencia de orden material se alza frente a sucesos posteriores desconocidos por las partes al celebrar el acta, permitiendo reclamaciones jurisdiccionales únicamente por eventos posteriores e inicialmente desconocidos.síntesis automática
También resuelve:¿Al no existir una salvedad expresa, concreta y relacionada con hechos conocidos al momento de suscribir el acta de liquidación…¿Procede el estudio de las reclamaciones traídas al proceso, por tratarse de situaciones sorpresivas que exceptuaban a la USPEC de consignar las salvedades correspondientes en el acta de liquidación…¿Debe imponerse la condena en costas a la parte demandante, bajo el régimen objetivo previsto en el artículo 188 del CPACA y el artículo 365 del Código General del Proceso…
¿El negocio jurídico estuvo gobernado por el derecho privado y los instrumentos expedidos por la contratante no tienen la connotación de actos administrativos? Sí
El contratista no puede emplear la vía contenciosa para sustituir a la administración en el cumplimiento de sus deberes, ya que el negocio jurídico celebrado para la vigilancia de las obras afectadas por el fenómeno de La Niña está gobernado por el derecho privado, y los instrumentos expedidos por la contratante no tienen la connotación de actos administrativos. La entidad contratante puede perseguir por vía judicial el cierre financiero del contrato si el balance definitivo no se ha producido pese al interés reiterado de la contratante y el plazo convencional ha expirado, siempre que no pueda practicar la liquidación de forma unilateral. Además, las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación son inadmisibles en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo límites claros para el uso de la jurisdicción contenciosa en casos de liquidación de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Existe causa suficiente para que la entidad hiciera uso de la pretensión de perseguir por vía judicial el cierre financiero del negocio…¿Son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia…¿La sociedad contratista detenta la condición de extremo pasivo de la relación jurídico procesal, por lo cual no se encuentra habilitada para formular pretensiones que introduzcan cuestiones…
¿Para la configuración de la causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, la nulidad procesal originada en la sentencia debe fundarse en las causales taxativamente previstas en la ley o estar originada en la violación del debido proceso? Sí
Por resultar procedente y haber sido interpuesto en oportunidad, la Sala verificará si en el asunto discutido, en relación con el fallo de segunda instancia… se configuró la causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, sin que el análisis pertinente en modo alguno implique una tercera instancia del asunto definido en el proceso precedente.… El Consejo de Estado ha establecido que cuando se invoca la causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, el recurso extraordinario debe fundarse en la configuración de: i) las causales de nulidad procesal previstas taxativamente en el artículo 133 del Código General del Proceso o 140 del Código de Procedimiento Civil, siempre que estas se prediquen de la sentencia o de ii) los supuestos, en los que, según la jurisprudencia, constituyen una violación del debido proceso, así: Haberse dictado con sustento, únicamente…
También resuelve:¿Ante la inexistencia de legislación que regule la competencia de los tribunales de arbitramento para conocer de procesos ejecutivos contractuales…¿Se configuró la causal de revisión consistente en la nulidad procesal por falta de competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa?¿El recurso extraordinario de revisión es la instancia procedente para plantear los desacuerdos de la recurrente a la argumentación jurídica y probatoria hecha por el juez de segunda instancia para…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede interponer recurso de apelación ante el Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, dado que el Consejo de Estado es competente para conocer estos recursos de acuerdo con el artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, y su competencia también se fundamenta en la cuantía de la pretensión, conforme al artículo 20 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 132 numeral 8 del Decreto Ley 1 de 1984. La Sala reitera esta posición, lo que implica que los recursos de apelación contra sentencias de primera instancia serán conocidos por el Consejo de Estado siempre que se cumplan con los requisitos de competencia y cuantía establecidos en la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene del incumplimiento de un contrato?¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993?¿Procede la valoración de la copia simple de documento?
¿Compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, el conocimiento de un proceso relativo al convenio de apoyo financiero, en razón de la naturaleza de las entidades contratantes y la cuantía del litigio? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de convenios de apoyo financiero suscritos por municipios, ministerios y entidades públicas para la ejecución de proyectos de infraestructura, con fundamento en el artículo 104 del CPACA. En este asunto, la Sala determinó que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, de conformidad con los artículos 150 y 152 del CPACA, al tratarse de un proceso de doble instancia donde la cuantía de la demanda excedió los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa recae sobre las entidades públicas y la entidad territorial que celebraron el convenio de apoyo financiero…¿Debe entenderse que, tratándose de contratos que requieren liquidación, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se computa a partir del vencimiento del plazo…¿Los convenios interadministrativos se diferencian de los contratos administrativos en cuanto a su finalidad cooperativa y ausencia de retribución patrimonial…
¿El incumplimiento contractual se refiere al proceder contrario de una o ambas partes respecto de las obligaciones contraídas al suscribir el acuerdo de voluntades, mientras que el desequilibrio económico surge ante una modificación sustancial de la simetría prestacional originalmente pactada, que es ajena y externa a las partes contratantes? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento contractual, que surge del proceder contrario de una o ambas partes respecto de las obligaciones pactadas, con el desequilibrio económico, que se origina en circunstancias sobrevenidas y ajenas a la voluntad de las partes, como la teoría de la imprevisión o el ejercicio legítimo de los actos de autoridad de la Administración. La Sala ha reiterado que el incumplimiento contractual conlleva la responsabilidad patrimonial por antijuridicidad de la conducta, con reparación integral de los perjuicios, mientras que el desequilibrio económico implica el restablecimiento del sinalagma funcional pactado, llevando al contratista a un punto de no pérdida. Esta distinción es crucial para evitar confusiones en las demandas y permite al juez aplicar correctamente el derecho, en virtud del principio iura novit curia, sin vulnerar el debido proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La imprecisión en identificar indistintamente el incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato como causa de las reclamaciones de una demanda…¿La liquidación constituye la etapa que busca vestir de punto final las relaciones negociales que emergen del contrato estatal…¿Cuándo se trata de contratos que se han liquidado en forma bilateral, en virtud del principio de la buena fe que debe inspirar el comportamiento de los contratantes…
¿Se cumplió la exigencia prevista en las condiciones generales del contrato de seguro consistente en la liquidación previa del contrato como presupuesto para declarar la ocurrencia del siniestro, aun cuando previamente se hubiera producido la cesión de la posición contractual del contratista? Sí
La liquidación formal del contrato debe reflejar fielmente y de manera muy detallada el estado económico real del mismo y dejar constancia indiscutible de todos los derechos y obligaciones derivados de su ejecución, evitando por completo escenarios de latencia e indefinición respecto de la forma exacta en que se ejecutaron las prestaciones contractuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el cual faculta expresamente a las partes para acordar ajustes, revisiones y reconocimientos, constituyendo una actuación posterior indispensable a la terminación normal o anormal del negocio jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidación del contrato estatal, es una actuación que solo procede con posterioridad a la terminación del contrato y que tiene como finalidad definir integralmente el estado económico del…¿La cesión de la posición contractual supone la continuidad del negocio jurídico con la sustitución de una de las partes, manteniéndose intactos los derechos y obligaciones en cabeza del cesionario?¿Conservaba la entidad estatal la competencia para liquidar el contrato y declarar la ocurrencia del siniestro, pese a la cesión de la posición contractual y a la suscripción del acta de recibo…
¿Cuál es la diferencia entre las figuras del desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual ? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento contractual con el desequilibrio económico del contrato, ya que el primero surge de la conducta antijurídica de un contratante que genera insatisfacción en el acreedor, mientras que el segundo se origina en circunstancias sobrevenidas o actos de autoridad que alteran la simetría prestacional originalmente pactada, obligando a la administración a restablecer el equilibrio funcional pactado sin reparar perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales. La Sala reitera que el juez debe aplicar correctamente el derecho, incluso cuando las pretensiones de la demanda no distinguen claramente entre estas figuras, siempre y cuando se ajuste a la causa petendi invocada en la demanda y no se vulnere el debido proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El reconocimiento patrimonial y extrapatrimonial que se deriva del incumplimiento del contrato es aplicable a los eventos de desequilibrio económico del contrato?¿Las pretensiones formuladas por el actor van dirigidas a que se declare el incumplimiento del contrato?¿La liquidación del contrato es un acto jurídico negocial autónomo?
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado en segunda instancia por controversias contractuales cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido en el artículo 132.5 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, la entidad estatal negó las pretensiones del contratista, pero el Consejo de Estado confirmó su competencia para conocer del asunto en razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. La Sala estableció que la jurisdicción administrativa es competente para resolver controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para casos de controversias contractuales de gran cuantía, lo que implica que los contratistas pueden recurrir a esta instancia para resolver disputas de alto valor económico.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato?¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos liquidados de común acuerdo caduca en dos años contados desde la firma del acta?¿Se configuró la excepción de inepta demanda?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de recurso de apelación presentado contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, en un proceso de controversias contractuales que gira en torno a un contrato celebrado por el demandado Instituto de Desarrollo Urbano IDU? Sí
Cuando la controversia gira en torno a un contrato celebrado por un establecimiento público adscrito a un distrito, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente y, si se apela la sentencia de un tribunal administrativo, el Consejo de Estado conoce de la segunda instancia según la estimación de las pretensiones. La regla se apoya en tres razones: el artículo 104 del C.P.A.C.A. atribuye la competencia a la jurisdicción por el criterio orgánico de la entidad contratante; el artículo 150 del mismo código asigna a la corporación la apelación de las sentencias de los tribunales; y los artículos 152 y 157 fijan la cuantía con base en lo estimado en la demanda. En el caso, el contrato de interventoría fue celebrado por un instituto de desarrollo urbano y la corporación confirmó su competencia para la segunda instancia. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la competencia en segunda instancia depende de la entidad contratante y de la cuantía estimada en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar el desequilibrio económico del contrato de intervention…¿Las comunicaciones proferidas por la entidad contratante para dar respuesta al contratista respecto de su solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato son actos…¿El presunto daño sufrido por el contratista se debió a su propia conducta, pues suscribió varios negocios jurídicos (otrosíes y adiciones) sin dejar en ellos reclamaciones o salvedades fundadas en…
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo idóneo para cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, y que el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las sentencias de los tribunales administrativos cuando el contrato fue celebrado por una de las entidades mencionadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA vigentes a la fecha de la demanda. Una razón es que el artículo 141 del CPACA permite pedir la declaratoria de incumplimiento, las indemnizaciones, la liquidación judicial y las demás declaraciones consecuenciales derivadas del contrato. Otra razón es que el contrato controvertido fue celebrado por un distrito, entidad territorial mencionada en el artículo 2 de la Ley 80, y la cuantía del proceso excedía el umbral de los 500 SMLMV para el año 2016. En el caso, la demanda perseguía el incumplimiento del contrato y la liquidación judicial del negocio. Su consecuencia práctica es que la cuantía fijada al momento de la demanda determina la doble instancia ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el procedente frente a las controversias derivadas de un negocio jurídico?¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad estipulado para el medio de control de controversias contractuales teniendo en cuenta que el contrato no fue liquidado?¿El contrato de obra del cual se deriva la controversia está dentro del régimen jurídico del estatuto general de la contratación pública establecido en la Ley 80 de 1993?
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