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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso de repetición en segunda instancia

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Fecha
2024-03-18
Radicado
19001233300020180005301
Número interno
69643
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
JULIO HERNANDO MARTINEZ CASTILLO, DURLEY MORALES HERNÁNDEZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso de repetición en segunda instancia

Lo que dijo la Sala

La Ley 1437 de 2011, en sus artículos 149, 152 y 155, (i) reguló de manera expresa la competencia funcional del medio de control de repetición; (ii) derogó el criterio de conexidad que preveía el artículo 7 de la Ley 678 de 2001; y (iii) reiteró el factor subjetivo, es decir, el que atiende a la calidad del demandado -en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado- e introdujo el factor objetivo debido a la cuantía para los asuntos de doble instancia. De tal manera, la competencia de la Sala para conocer en segunda instancia de este proceso se efectuará con base en la Ley 1437 de 2011, pues se inició en vigencia de ese cuerpo normativo.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

En el medio de control de repetición tramitado bajo la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra sentencias de los tribunales administrativos cuando la pretensión supera la cuantía legal, de modo que la competencia se determina por el factor objetivo además del subjetivo. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los artículos 149, 152 y 155 de esa ley regularon la competencia funcional del medio de control y derogaron el criterio de conexidad del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Segunda, la cuantía se introdujo como factor objetivo para los asuntos de doble instancia, mientras el factor subjetivo subsiste para los de única instancia. Tercera, el numeral 11 del artículo 152 asigna a los tribunales la primera instancia de repeticiones que superen 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que define la vía de la apelación. Como el proceso se inició bajo esa ley, la competencia se fija por la norma vigente al momento de la demanda. La consecuencia práctica es que la pretensión que supera el umbral legal habilita la apelación ante el Consejo de Estado.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso de repetición en segunda instancia, por razón de su cuantía?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 149, 152 y 152 núm. 11
  • Ley 1564 de 2012, art. 615
  • Ley 678 de 2001, art. 7

También resuelve

  • ¿En el medio de control de repetición la contabilización del término de caducidad se determina por la fecha del pago de la condena judicial realizado por la entidad pública?
  • ¿Las pruebas trasladadas de los procesos penal y disciplinario cumplen con los requisitos para ser tenidas en cuenta?
  • ¿El Juez al momento de adoptar la decisión que corresponda, se rige por el principio iura novit curia, que le impone encontrar los fundamentos jurídicos de su decisión?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA FALTA DE JURAMENTO PRUEBA TESTIMONIAL REQUISITOS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL RATIFICACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL INDAGATORIA VALOR PROBATORIO DE LA INDAGATORIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA FIJACIÓN DEL LITIGIO EFECTOS DE LA FIJACIÓN DEL LITIGIO MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA ACTUACIÓN DEL JUEZ DEBERES DEL JUEZ DECISIÓN DEL JUEZ FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO BUENA FE ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE PRINCIPIO DE LA BUENA FE EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE PRUEBA DE LA CULPA GRAVE VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO AGENTE DE POLICÍA FUNCIONES DEL AGENTE DE POLICÍA PARTICIPACIÓN DEL AGENTE DE POLICÍA SANCIÓN DISCIPLINARIA CULPA GRAVE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ EXCESO DE VELOCIDAD RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PAGO DE CONDENA JUDICIAL LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA PRODUCCIÓN DEL DAÑO CÁLCULO DE LOS PERJUICIOS CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS DETERMINACIÓN DE LOS PERJUICIOS PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES

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Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
Titulación de la relatoría 23.568 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso de repetición en segunda instancia, por razón de su cuantía? Respuesta al problema jurídico: Si La Ley 1437 de 2011, en sus artículos 149, 152 y 155, (i) reguló de manera expresa la competencia funcional del medio de control de repetición; (ii) derogó el criterio de conexidad que preveía el artículo 7 de la Ley 678 de 2001; y (iii) reiteró el factor subjetivo, es decir, el que atiende a la calidad del demandado -en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado- e introdujo el factor objetivo debido a la cuantía para los asuntos de doble instancia. De tal manera, la competencia de la Sala para conocer en segunda instancia de este proceso se efectuará con base en la Ley 1437 de 2011, pues se inició en vigencia de ese cuerpo normativo. El artículo 150 ibidem, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, entre otros, “de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos”. Por su parte, el numeral 11 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 dispone que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de las demandas de “repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de 500 SMLMV y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia”. (…) [L]a pretensión del medio de control de repetición superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa, razón por la cual es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, dentro de un proceso de repetición con vocación de doble instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 155, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿En el medio de control de repetición la contabilización del término de caducidad se determina por la fecha del pago de la condena judicial realizado por la entidad pública? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a condena objeto del sub lite se profirió en un proceso tramitado bajo el Decreto 01 de 1984, de ahí que la Policía Nacional debía cumplirla en los términos de los artículos 176 y 177 de ese cuerpo normativo, según lo ordenado en la parte resolutiva del fallo del 26 de noviembre de 2014, dictado por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado (...). De este modo, la entidad tenía 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir del día siguiente de la providencia mencionada, lo cual ocurrió el 19 de diciembre de 2014 (...), por ende, el plazo para cumplir la obligación se extendió hasta el 20 de junio de 2016. Ahora bien, para efectos de contar la caducidad, cabe decir que a la controversia le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, toda vez que el plazo para acudir ante esta jurisdicción empezó a correr con posterioridad al 2 de julio de 2012. (…) [L]o que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha efectiva del pago de la condena o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin –18 meses, como ya se vio–, lo que ocurra primero. En el caso examinado, el pago de la condena por la que se repite se realizó el 23 de marzo de 2016, es decir, antes de que se completaran los 18 meses previstos en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, por consiguiente, el término de caducidad de 2 años corrió desde el 24 de marzo de 2016 hasta el 24 de marzo de 2018 y, como la demanda se presentó el 15 de enero de 2018, se impone concluir que fue oportuna. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la caducidad del medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 5 de abril de 2017, rad. 58762, C. P. Hernán Andrade Rincón. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 176, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA / ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / FALTA DE JURAMENTO / PRUEBA TESTIMONIAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / RATIFICACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / INDAGATORIA / VALOR PROBATORIO DE LA INDAGATORIA Problema jurídico: ¿Las pruebas trasladadas de los procesos penal y disciplinario cumplen con los requisitos para ser tenidas en cuenta? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 174 de la Ley 1564 de 2012 dispone que las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas”. En el presente asunto, la parte actora solicitó que se allegara a este proceso el expediente de reparación directa 26.855, el cual, a su vez, contiene copia de algunas piezas de los procesos penal y disciplinario adelantados contra los demandados, prueba que el Tribunal Administrativo del Cauca decretó y corrió traslado de esta. La Sala valorará, sin restricción alguna, las pruebas documentales que obran en dichas actuaciones, dado que su traslado fue solicitado por la parte actora, la partes pudieron conocer el contenido y contaron con la oportunidad procesal para que, si así lo consideraban, formularan algún reparo, lo que no ocurrió. Asimismo, se tendrán en cuenta las declaraciones que se recibieron en los procesos disciplinario y penal, pues estas fueron practicadas con audiencia de la parte contra la que se aducen, de ahí que cumpla con los requisitos exigidos para tal fin. (…) En cuanto a las indagatorias rendidas por la parte demandada, sin el apremio del juramento, debe precisarse que se valorarán de conformidad con la jurisprudencia de esta Subsección y en conjunto con las demás pruebas que reposen en el expediente. La necesidad de la valoración se justifica para el análisis integral del caso, ya que permite contrastar una serie de eventos respecto del hecho dañoso que dio lugar a la condena por la que se repite. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la prueba trasladada, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de febrero de 2018, rad. 41664, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 23 de octubre de 2020, rad. 61225, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 10 de noviembre de 2017, rad. 48553, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; y sentencia de 25 de octubre de 2019, rad. 53865, C. P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 174, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 243, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 244 APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / FIJACIÓN DEL LITIGIO / EFECTOS DE LA FIJACIÓN DEL LITIGIO / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / ACTUACIÓN DEL JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / DECISIÓN DEL JUEZ / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿El Juez al momento de adoptar la decisión que corresponda, se rige por el principio iura novit curia, que le impone encontrar los fundamentos jurídicos de su decisión? Respuesta al problema jurídico: Si En el caso concreto, la Sala observa que, en la fijación del litigio, el juez de primer grado consideró que la controversia giraba en torno a determinar si los accionados eran responsables a título de dolo, determinación respecto de la que, si bien se corrió traslado a las partes y estás manifestaron estar de acuerdo, lo cierto es que amerita una revisión, a fin de verificar si es válido continuar con un examen en esos términos. (...) [L]a fijación de litigio no representa una barrera infranqueable que obligue a esta Sala a replicar tal conclusión, pues (...), ese raciocinio no resulta congruente con la causa petendi que se deduce del escrito inicial y, en todo caso, el juez al momento de adoptar la decisión que corresponda se rige por el principio iura novit curia, que le impone encontrar los fundamentos jurídicos de su decisión, y es claro que el título de la responsabilidad hace parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia. (...) En ese estado de cosas, la Sala decantará la responsabilidad de los demandados de cara a una eventual culpa grave. No está de más señalar que el Tribunal Administrativo del Cauca condenó a los demandados por dolo; empero, las bases que edificaron sus conclusiones reflejan un reproche por el incumplimiento de deberes funcionales, evento que refuerza aún más que el estudio debe direccionarse, tal y como se propuso en la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la aplicación del principio iura novit curia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 19 de abril de 2012, rad. 21515, C. P. Hernán Andrade Rincón y sentencia de 27 de agosto de 2020, rad. 64564, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / BUENA FE / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿En el medio de control de repetición cuyo régimen aplicable para calificar la conducta de los demandados, es el artículo 63 del Código Civil, le corresponde al actor demostrar la conducta gravemente culposa de éstos? Respuesta al problema jurídico: Si Los supuestos fácticos debatidos en este proceso ocurrieron el 24 de febrero de 1999, esto es, antes de la expedición de la Ley 678 de 2001, razón por la cual la Sala ha sostenido que esa norma no es aplicable para calificar la conducta de los demandados, sino el artículo 63 del Código Civil (…). Esta Corporación ha señalado que el concepto de culpa grave descrito debe armonizarse con lo consignado en el artículo 6 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, así como también con la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Es igualmente necesario tener en cuenta otros postulados constitucionales como, por ejemplo, el establecido en el artículo 83 sobre la buena fe al cual deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas. Es clara, entonces, la determinación de que, en materia de responsabilidad subjetiva, el análisis de la conducta del agente juega un papel decisivo. De ahí que, como lo ha dicho esta Sección, no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta. (…) [L]a calificación de si una conducta es “gravemente culposa” le impone al actor una carga probatoria, de modo que es a este a quien le corresponde demostrar, con suficiencia, tal circunstancia y, solo en ese caso, habrá lugar a endilgarle responsabilidad patrimonial al demandado. NOTA DE RELATORÍA: Respecto al análisis de la conducta del agente del Estado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de julio de 1997, rad. 9894, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 9 de septiembre de 2016, rad. 49764, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Acerca de la aplicación de la norma procesal en el medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de noviembre de 2006, rad. 18440, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; providencia de 6 de diciembre de 2006, rad. 22189, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 3 de diciembre de 2008, rad. 24241, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 26 de febrero de 2009, rad. 30329, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 13 de mayo de 2009, rad. 25694, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 23 de octubre de 2020, rad. 62358, C. P. María Adriana Marín; y providencia de 7 de diciembre de 2021, rad. 58163, C. P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 83, LEY 678 DE 2001, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63 DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / AGENTE DE POLICÍA / FUNCIONES DEL AGENTE DE POLICÍA / PARTICIPACIÓN DEL AGENTE DE POLICÍA / SANCIÓN DISCIPLINARIA Problema jurídico: ¿Se acredito la culpa grave en la conducta del comandante de la estación de Policía? Respuesta al problema jurídico: Si En lo atinente al señor [JHMC], resulta claro que ignoró sus deberes como comandante de la estación de Policía de Mercaderes, pues promovió una serie de actuaciones que incidieron en el hecho que dio lugar a la muerte de uno de sus agentes y, de paso, a la condena por la que se exige un reembolso. Está probado que olvidó las finalidades de que trata el artículo 218 de la Carta Política y 1° de la Ley 62 de 1993, encomendadas por la institución para desarrollar su labor, en tanto no protegió la vida e integridad de las personas que tenía bajo su responsabilidad, todo lo opuesto, se valió del cargo que ostentaba para suponer la prestación del servicio de vigilancia a favor de la comunidad, misión que nunca cumplió y demuestra que contrarió el numeral 1° del artículo 61 del Decreto 2203 de 1993. Recuérdese que aquel ordenó que se registrara en el libro de minuta de guardia que, junto con dos de sus compañeros, saldrían a patrullar el casco urbano, pero ello no ocurrió, sino que propició que, en tiempo de servicio, todos se abastecieran y consumieran bebidas embriagantes. A ello se suma que fue la persona que decidió recoger y transportar a las civiles en el vehículo oficial para después dirigirse a una discoteca ubicada en una vereda del sector rural, a fin de continuar satisfaciendo sus necesidades personales, actos por los que se le impuso sanción disciplinaria. (…) [S]u participación resultó determinante en la ocurrencia del suceso en el que perdió la vida el señor (...), en tanto sustrajo a sus subordinados de la estación, los invitó a vulnerar el servicio y los convidó a tomar cervezas, tanto así que les sugirió que fueran a la vereda para estar más tranquilos, lo que refleja que se apartó de las funciones que tenía a su cargo. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 218, DECRETO 2203 DE 1993 - ARTÍCULO 61, LEY 62 DE 1993 - ARTÍCULO 1 CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / AGENTE DE POLICÍA / FUNCIONES DEL AGENTE DE POLICÍA / CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO / CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ / EXCESO DE VELOCIDAD / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Se acreditó la culpa grave en la conducta del agente del Estado que conducía la camioneta en la que se produjo el accidente de tránsito? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l demandado condujo la camioneta en la que se produjo el accidente que terminó con la vida de uno de sus compañeros bajo los efectos de alcohol, desconociendo que esa actividad exigía de su parte el máximo cuidado y la concurrencia de todos sus sentidos, tal y como lo determinó esta Corporación en la sentencia de reparación directa. Ello representa un incumplimiento del deber que le asistía al desarrollar una actividad de índole peligrosa y, por contera, la desatención de sus deberes funcionales como servidor público, dado que no se puede olvidar que el consumo de alcohol ocurrió cuando se encontraba en servicio, situación que impedía ese actuar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto 2584 de 1993. De otra parte, si bien no se acreditó la velocidad exacta en la que conducía el vehículo, lo cierto es que las testigos presenciales del accidente indicaron que se desplazaban a alta velocidad, lo cual, a su vez, resulta acorde con los dictámenes tanto del Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses como del Departamento de Policía del Cauca, pruebas en las que se planteó como posible causa del siniestro que “se superó el límite de velocidad para el diseño de la curva”. (…) De este modo, la condición de embriaguez, el exceso de velocidad y las maniobras peligrosas del señor [DMH] acreditados en el presente asunto también resultaron ser factores indispensables para la ocurrencia del insuceso, ya que los mismos hicieron que perdiera las capacidades de reacción y control al momento de regresar al casco urbano del municipio y, como consecuencia, constituyen una flagrante violación a las normas de seguridad vial y a sus obligaciones como servidor público. (...) Por todo lo descrito, en criterio de la Sala, la actuación de los demandados puede calificarse como gravemente culposa, en la medida en que, a la luz de lo previsto en el artículo 63 del Código Civil y conforme a las pruebas, echaron de menos todo tipo de previsiones relacionadas con el buen servicio y manejo del automotor oficial el 24 de febrero de 1999, conductas con las cuales se generó la obligación para el Estado de responder patrimonialmente por ese hecho. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la conducción de vehículos como actividad peligrosa, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 3 de noviembre de 2001, rad. 2000-00001-01 y de la Corte Constitucional, sentencia T-609 del 2014. FUENTE FORMAL: DECRETO 1344 DE 1970 - ARTÍCULO 148, DECRETO 2584 DE 1993 - ARTÍCULO 39 PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / PRODUCCIÓN DEL DAÑO / CÁLCULO DE LOS PERJUICIOS / CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS / DETERMINACIÓN DE LOS PERJUICIOS Problema jurídico: ¿La cuantificación de la condena se liquida de acuerdo a la participación de los demandados en la producción del daño? Respuesta al problema jurídico: Si [La cuantificación de la condena] no fue objeto de apelación, pero está intrínsecamente ligado a la responsabilidad. (...) En esa línea se trae a colación la tesis de la Subsección, según la cual cuando se constata que la conducta desplegada por la parte demandada es gravemente culposa, el reembolso se debe efectuar por el 60% de la condena. En el sub judice, la entidad estatal pagó la suma de $557’413.400, correspondiente al capital de los perjuicios reconocidos en reparación directa, rubro que actualizado a la fecha de la presente decisión arroja $858’861.68628; empero, como dicho monto debe ser reembolsado solo en el porcentaje antes indicado, el valor a reintegrar asciende a $515’317.012. (…) [E]l señor [JHMC] debe asumir el 60% de la condena, mientras que el señor [DMH] el 40% de ésta, ya que, si bien ambos participaron conjuntamente en la producción del daño por el que se repite, lo cierto es que el actuar del primero de aquellos resulta más reprochable, porque aprovechó la condición de comandante que ostentaba para propiciar la vulneración del servicio y determinó el rumbo causal que llevó al actuar negligente de su subordinado, esto es, la segunda persona encargada de manejar el automotor que resultó involucrado en el siniestro. Por consiguiente, serán condenados a pagar las sumas de $309’190.207 y $206’126.805, respectivamente, a favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. Para tal efecto, se concederá el plazo de 6 meses contados desde la ejecutoria de esta providencia, para que procedan al pago del rubro referido, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 678 de 2001. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la cuantificación de la condena en el medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de noviembre de 2021, rad. 66876, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 22 de octubre de 2021, rad. 55893, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 8 de noviembre de 2021, rad. 66876, C. P. María Adriana Marín; y sentencia de 27 de agosto de 2021, rad. 54750, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 15 PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si Según el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. En efecto, como la condena en costas obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta la conducta de las partes, sino a los supuestos decantados por la norma. El artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso y el artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”, pero éstas últimas serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el artículo 366.4 de esa misma norma. Dado que la presente decisión modificará el fallo apelado, en atención a lo previsto en el artículo 365.2 ibidem, hay lugar a condenar en costas, en esta instancia, a la parte vencida en el proceso y a quien se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación, esto es, a la parte demandada. Además, tal como lo dispone la legislación pertinente, las mismas serán liquidadas por el juez de primera instancia. Así, las agencias en derecho se fijan en el equivalente a 1 SMLMV a la fecha de la presente sentencia, monto que deberá ser pagado a favor de la entidad actora, al tenor de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, porque, pese a que no presentó alegatos de conclusión en segunda instancia, debió atender el proceso de manera diligente y oportuna a través de su apoderado judicial, que hace parte de su planta de personal. FUENTE FORMAL: ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 2, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=190012333000201800053011100103