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Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

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Fecha
2025-05-19
Radicado
68001233300020150102202
Número interno
71329
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
-EJÉRCITO NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
ABEL SORACÁ AGAMEZ, JOSE HAROLD SANCHEZ BUITRAGO, PEDRO RAMON SUAREZ CHIA

Síntesis de la providencia

Contratación estatal: Sentencia

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las demandas de repetición que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados por una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, siempre que la cuantía del proceso supere los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 7 inciso 1 de la Ley 678 de 2001. Esta decisión modifica la competencia previa y amplía la jurisdicción del Consejo de Estado en estos casos, permitiendo que las entidades públicas obtengan el reembolso o reintegro de los dineros pagados en virtud de una condena, conciliación o terminación de conflicto, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal y no se configure la caducidad del medio de control, según lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 9 de la Ley 1437 de 2011.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición, que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 142, 150 y 152 núm. 9
  • Ley 678 de 2001, art. 7 inc. 1

También resuelve

  • ¿El medio de control de repetición resulta procedente para ejercerse en contra del servidor, exservidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar…
  • ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, considerando que, en virtud de las reglas de la aplicación de la Ley en el tiempo…
  • ¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resultan aplicables al presente proceso de repetición los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA CUANTÍA DEL PROCESO COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO RÉGIMEN LEGAL DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO APELACIÓN DE LA SENTENCIA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ PRINCIPIO DISPOSITIVO PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA CONGRUENCIA DEL JUEZ CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS ALCANCE DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS PROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA ELEMENTO OBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN MEDIOS DE PRUEBA PRUEBA DEL PAGO TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA INEXISTENCIA DE LA TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA DOCUMENTO ALLEGADO POR ENTIDAD PÚBLICA DOCUMENTO PÚBLICO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA PAGO DE OBLIGACIÓN JUDICIAL PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA ACTO SEXUAL ABUSIVO ACCESO CARNAL ABUSIVO DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA SOLDADO VOLUNTARIO RESPONSABILIDAD DEL SOLDADO VOLUNTARIO RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO PREVALENCIA DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

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Titulación de la relatoría 28.575 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DEL PROCESO / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA Problema jurídico: ¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición, que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, puesto que la cuantía supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 9, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO Problema jurídico: ¿El medio de control de repetición resulta procedente para ejercerse en contra del servidor, exservidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, la pretensión de repetición es aquel instrumento procesal de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar a (...) [los demandados] patrimonialmente responsables del pago de $566.700.000 realizado en cumplimiento de la sentencia del 3 de octubre de 2012, proferida por el Consejo de Estado. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 INCISO 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / RÉGIMEN LEGAL DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, considerando que, en virtud de las reglas de la aplicación de la Ley en el tiempo, debe tenerse en cuenta para efectos de contabilizar el plazo con el que contaba la entidad pública para proceder al pago de la condena, lo establecido en el artículo 177 del CCA? Respuesta al problema jurídico: No Si bien el Tribunal Administrativo de Santander resolvió la excepción de caducidad del medio de control propuesta por la parte demandada, en el sentido de indicar que dicho fenómeno no se configuró, en tanto la demanda se presentó dentro de los dos años que otorga la ley para hacerlo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal. Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. (…) La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el CPACA. En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados. No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario. En consecuencia, para efectos de contabilizar el plazo con el que contaba la entidad pública para proceder al pago de la condena que le fue impuesta en el proceso de reparación directa, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso 4° del artículo 177 del CCA, según el cual las condenas podrán ser ejecutables 18 meses después de que la sentencia quede en firme. Asimismo, el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA señala que el medio de control de repetición caducará al cabo de dos años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la sentencia del 3 de octubre de 2012, mediante la cual el Consejo de Estado condenó a la Nación - Ministerio de Defesa – Ejército Nacional a pagar perjuicios materiales e inmateriales (...), quedó ejecutoriada el 19 de octubre de 2012, según da cuenta copia de la constancia de ejecutoria expedida por la secretaría de esta Corporación; ii) que el 5 de septiembre de 2013 el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional pagó la suma de $708.808.719,23 (...), según da cuenta el certificado de tesorería de la entidad, el cual está signado por (...), en calidad de Tesorera General Principal de Ministerio de Defensa; iii) que el vencimiento de los 18 meses para pagar la condena se cumplió el 20 de abril de 2014; v) que lo primero que ocurrió fue el pago de la condena; y vi) que la demanda se presentó el 4 de septiembre de 2015, esto es, dentro de los dos años que otorga el literal l), del numeral 2°, del artículo 164 del CPCA para presentarla de forma oportuna. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la institución jurídico procesal de la caducidad, consultar providencias de 30 de enero de 2013, Exp. 23998, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y de la Corte Constitucional, de 14 de octubre de 1998, Exp. C-574 de 1998, C.P. Antonio Barrera Carbonell; y de 22 de mayo de 2002, Exp. C-394, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Acerca del derecho al acceso a la administración de justicia, consultar providencia de 23 de febrero de 2006, Exp. 6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Sobre la vigencia del Código General del Proceso en la jurisdicción contencioso administrativa, consultar providencia de 25 de junio de 2014, Exp. 49299, C.P. Enrique Gil Botero. Acerca de la facultad del juez para estudiar de oficio las excepciones procesales, consultar providencia de 16 de diciembre de 2020, Exp. 51252. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL I, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / RÉGIMEN LEGAL DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO Problema jurídico: ¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resultan aplicables al presente proceso de repetición los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A.? Respuesta al problema jurídico: Si Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001 (…) [que] definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o exservidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando generalidades como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional ocurrieron el 7 de noviembre de 1992, esto es, cuando (...) [la señora] y su menor hija resultaron agredidas sexualmente por los soldados (...), el régimen vigente aplicable al medio de control de repetición es el previsto en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la normativa aplicable a los procesos de repetición, consultar providencia de 31 de agosto de 2006, Exp. 28448, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 22 de noviembre de 2021, Exp. 47535, C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / RÉGIMEN LEGAL DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / PRINCIPIO DISPOSITIVO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONGRUENCIA DEL JUEZ / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / PROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿La competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada a los aspectos incluidos en el recurso de apelación, por lo que, toda inconformidad con lo resuelto por el a quo que no se alegue en la alzada, está llamada a excluirse del debate de segunda instancia en virtud del principio dispositivo y de congruencia? Respuesta al problema jurídico: Si Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, la Sala Plena de esta Sección, mediante sentencia del 9 de febrero de 2012, unificó su jurisprudencia refiriendo que el mencionado recurso se encuentra sujeto o limitado a los argumentos planteados por el recurrente y que, por tal motivo, toda inconformidad con lo resuelto por el a quo que no se alegue en la alzada, está llamada a excluirse del debate de segunda instancia en virtud del principio dispositivo y de congruencia. (...) En esa misma sentencia de unificación, la Sala Plena reiteró que mediante el recurso de apelación se garantiza el derecho de impugnación contra una decisión judicial, y por ende es obligación del recurrente controvertir los argumentos del juez de primera instancia con sus propias consideraciones, en aras de solicitarle al superior que decida sobre el asunto que presenta ante la segunda instancia; pero al mismo tiempo se protege el derecho del apelante único a no ser desmejorado en su situación favorable. (...) En suma, cuando el superior resuelve la apelación presentada por una sola de las partes del litigio, su competencia se limita a los argumentos expuestos en el recurso y se excluye de dicho estudio lo que no se proponga en la alzada, en aras de garantizar el derecho al debido proceso y de defensa, salvo aquellas excepciones dispuestas por el ordenamiento jurídico, esto es, las que se derivan de las normas o principios en la Constitución Política, de los tratados internacionales relacionados con derechos humanos y derecho internacional humanitario o de las normas legales de carácter imperativo, v.gr los presupuestos procesales para proferir sentencia de mérito. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia del juez de segunda instancia, consultar providencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Acerca de la aplicación del principio de congruencia, consultar providencia de 20 de mayo de 2009, Exp. 16925, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO OBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA DEL PAGO / TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA / DOCUMENTO ALLEGADO POR ENTIDAD PÚBLICA / DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA PAGO DE OBLIGACIÓN JUDICIAL / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACTO SEXUAL ABUSIVO / ACCESO CARNAL ABUSIVO / DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / SOLDADO VOLUNTARIO / RESPONSABILIDAD DEL SOLDADO VOLUNTARIO Problema jurídico: ¿El pago de la condena judicial, como presupuesto de procedencia del medio de control de repetición, se encuentra acreditado en el asunto con los documentos públicos allegados por la entidad estatal demandante? Respuesta al problema jurídico: Si Mediante sentencia del 3 de octubre de 2012, el Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por “los atropellos sexuales” de que fueron víctimas (...) [una civil] y su menor hija, causadas por los soldados voluntarios (...), por lo que ordenó pagar a las víctimas y a sus familiares perjuicios inmateriales. Como la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional afirma que pagó una indemnización por concepto de dicha condena, en ejercicio del medio de control de repetición, presentó demanda en contra de (...) [los soldados], pues considera que con su actuar doloso incidieron en la producción del daño antijurídico por el cual resultó condenada. (...) Descendiendo al caso concreto, la entidad pública debe acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. (...) El Código Civil no establece un modo o tarifa legal para probar el pago de una obligación y a pesar de que a tal efecto y en sus normas se refiere a la “carta de pago”, que es la declaración documental del acreedor de haber sido satisfecho; en el artículo 1757 consagró la libertad de las partes para acudir a cualquier medio legalmente válido, a fin de acreditar ese acto extintivo de obligaciones, postura que fue recogida y adoptada en el artículo 175 del C.P.C. y que se mantiene vigente aún hoy en el artículo 165 del C.G.P. En consecuencia, la “carta de pago”, recibo o paz y salvo, es una prueba que, por provenir del acreedor, tiene plena capacidad de acreditar el pago o solución de una obligación; no obstante, no es la única, dado que el ordenamiento jurídico permite que el deudor pueda valerse de cualquier medio legalmente válido para tal fin y, en consecuencia, en tanto en esta materia no hay una tarifa probatoria, para la acreditación del pago no puede reclamarse exigencias probatorias específicas. Así, el juez debe apoyarse en medios allegados y valorarlos conjuntamente al amparo de la sana crítica y la objetividad probatoria para fundar su decisión, según lo prescribe el artículo 176 del C.G.P antes el 187 del C.P.C. (...) [E]sta Corporación ha (...) [considerado] que, si bien los documentos que allegaban las entidades públicas a los estrados judiciales eran expedidos por ellas mismas, tenían plena validez y capacidad probatoria, toda vez que la naturaleza de quien lo expedía hacía que se tratara de documentos públicos probatoriamente válidos. Así, según lo dispuesto en el artículo 244 del C.G.P., los documentos y certificaciones expedidas por los funcionarios públicos, ostentan la misma naturaleza (públicos) y tienen capacidad probatoria, sin perjuicio de la tacha de falsedad o prueba que en su contra pueda elevar la parte contra quien se aduce. (...) En el caso sub judice la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional para probar el pago de la condena que le impuso el Consejo de Estado mediante sentencia del 3 de octubre de 2012 (...), aportó copia de la Resolución No. 6749 del 5 de septiembre de 2013, mediante la cual la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa dispuso reconocer, ordenar y autorizar el pago de la suma de $708.808.719,23, a favor de (...) [las victimas], a través de su apoderado (...), y el certificado de la Tesorera Principal del Ministerio de Defensa Nacional, en el cual se aseguró que la citada resolución fue cancelada mediante transferencia electrónica el 13 de septiembre de 2013 al abogado (...). De conformidad con lo expuesto, en el caso sub judice se encuentra acreditado el pago de la condena impuesta a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional mediante providencia del 3 de octubre de 2012 proferida por el Consejo de Estado, esto es, la suma de $708.808.719,23, toda vez que la certificación del 13 de agosto de 2015 (...) es un documento público que fue expedido y suscrito por la tesorera de la entidad demandante, por lo que de conformidad con el artículo 244 del CGP se presume auténtico. Adicionalmente en él se discriminó el pago que el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional realizó en cumplimiento de la sentencia del 3 de octubre de 2012 proferida por el Consejo de Estado, con indicación de la fecha, valor y concepto. Finalmente, dicho documento obró a lo largo del proceso sin que fuera desvirtuado o tachado de falso por la parte demandada. En consecuencia, en la parte resolutiva de esta sentencia se confirmará la sentencia del 29 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda por las razones expuestas aquí, esto es, al constatar que se acreditó, con grado de certeza, el pago de la condena impuesta a la administración como presupuesto de procedencia del medio de control de repetición. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la prueba del pago de la condena, consultar providencias de 9 de septiembre de 2013, Exp. 25631, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; de 16 de julio de 2021, Exp. 49051, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 22 de noviembre de 2021, Exp. 54518, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Acerca del valor probatorio de los documentos públicos, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-523 de 2009. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 175, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 165, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 176, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 244, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1626, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / PREVALENCIA DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS Problema jurídico: ¿Resulta procedente confirmar y actualizar la condena impuesta en contra de los demandados conforme al porcentaje de participación que dispuso el Tribunal Administrativo de Santander y en aplicación del principio de non reformatio in pejus del apelante único? Respuesta al problema jurídico: Si Como la parte demandada es el único apelante, la Sala no puede desmejorar su situación en virtud del principio de non reformatio in pejus, y por tal motivo se procederá a actualizar la condena en su contra conforme al porcentaje de participación que dispuso el Tribunal Administrativo de Santander. En efecto, el referido Tribunal condenó a (...) pagar cada uno, el equivalente al 33,3% de $566.700.000 “correspondiente al capital que debió sufragar el Ministerio de Defensa a las víctimas del proceso identificado con el radicado 68001-23-15- 000-1993-09238-01”. Así las cosas, el referido valor será actualizado aplicando para tal efecto la fórmula utilizada por esta Corporación (...). Se tiene entonces que la suma total a reintegrar a la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional es de $603.689.387. Así las cosas, (...) [los demandados] deben responder, cada uno, por el 33,3% del valor total a repetir, por lo que cada uno de ellos deberá pagar la suma de $201.229.795,67 a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n la parte resolutiva se condenará en costas en segunda instancia a la parte demandada, toda vez que el recurso de apelación que interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. A su turno, el Acuerdo 2222 de 2003 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, determinó que, en los procesos ordinarios en segunda instancia, éstas podrán fijarse en hasta el 5% del valor de las pretensiones. En este sentido, comoquiera que la actuación desplegada por la parte demandante en segunda instancia comprendió la presentación de alegatos de conclusión en la oportunidad procesal correspondiente, habrá lugar al pago de las agencias en derecho a cargo del extremo pasivo, las cuales se fijan en la suma de $5.667.000, que corresponde al 1% de las pretensiones de la demanda, lo cual se acompasa con lo dispuesto con el artículo 6 del citado Acuerdo 2222 de 2003, según el cual dicho valor podrá ser de hasta el cinco por ciento (5%) del valor total petitum. Dicha suma se pagará por partes iguales entre los demandados (...). FUENTE FORMAL: ACUERDO 2222 DE 2003 - ARTÍCULO 6, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201501022021100103