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CONTENIDO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO

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Consejo de Estado Providencia

No resulta procedente reconocer el desequilibrio económico del contrato de interventoría por mayor permanencia en obra derivada

Sentencia — Sentencia 2024-09-11 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 68001233300020140096303 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente reconocer el desequilibrio económico del contrato de interventoría por mayor permanencia en obra derivada de la falta de gestión y mala planeación del proyecto de obra, cuando se observa que en el contrato se pactó una etapa de revisión y ajuste de los estudios y diseños entregados por la entidad, y que la contratista, al momento de la presentación de la propuesta, afirmó que conocía dichos documentos? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento de un desequilibrio económico en un contrato de interventoría debido a una mayor permanencia en obra derivada de la falta de gestión y mala planeación del proyecto, cuando en el contrato se pactó una etapa de revisión y ajuste de los estudios y diseños entregados por la entidad y el contratista afirmó conocer dichos documentos al presentar la oferta. Además, la Sala rechaza la pretensión del contratista por falta de prueba, ya que no aportó documentos ni pruebas técnicas que demuestren la realización de actividades adicionales o la mayor permanencia en obra y la utilidad dejada de percibir. La decisión confirma que la demandante debe ser condenada en costas y agencias en derecho, lo que implica que debe asumir los gastos del proceso judicial.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente reconocer el desequilibrio económico del contrato de interventoría por mayor permanencia en obra derivada de la falta de gestión y mala planeación del proyecto de obra… ¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

De ello se deriva que no existe una obligación contractual

Sentencia — Sentencia 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020160207101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditó un incumplimiento del contrato por parte de la Administración Pública? No
El contratista no acredita un incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal cuando esta ha pagado el precio fijado en el contrato, incluyendo IVA y costos directos e indirectos, ya que no existe una obligación contractual incumplida. La Sala sostiene que la conducta del contratista es contraria a la buena fe y a la teoría del acto propio, dado que conocía los términos del contrato desde el procedimiento de selección y no puede solicitar judicialmente la modificación de los honorarios pactados. Además, la elección de la modalidad de pago debe estar en consonancia con la solemnidad del contrato estatal y el respeto a la autonomía de la voluntad, por lo que el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato a menos que existan causales legales que lo justifiquen. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la prohibición de venir contra los actos propios y la necesidad de que la entidad haya dejado constancias o salvedades en las modificaciones del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El contratante cumplió con sus obligaciones al pagar el precio del contrato según lo estipulado en el mismo? ¿La elección de la modalidad de pago en el contrato debe estar en consonancia con su solemnidad? ¿En qué consiste la teoría de los actos propios?
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 44001233300020160005101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Aunque las prórrogas automáticas en los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por regla general son invalidas, en algunas ocasiones el ordenamiento jurídico permite incluirlas, por lo que, para la declaratoria de nulidad debe realizarse un análisis del caso y, en particular, del contrato? Sí
El contratista no puede incluir cláusulas de prórroga automática en contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ya que estas violan principios fundamentales como la libre competencia económica, la transparencia y la selección objetiva. Sin embargo, la nulidad de estas cláusulas debe evaluarse en función del caso específico y del contrato en cuestión, permitiendo excepciones en circunstancias particulares. La regla general es que las prórrogas automáticas son nulas, pero la jurisprudencia ha matizado esta posición para permitir un análisis contextual que pueda justificar su validez en casos puntuales, lo que implica que los jueces deben considerar cuidadosamente cada situación antes de declarar la nulidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente la declaratoria de nulidad parcial por objeto ilícito, de la cláusula del contrato de prestación de servicio que incluye la prórroga automática del mismo… ¿Dada la nulidad de la cláusula del contrato de prestación de servicios en lo relativo a la prórroga automática, resulta procedente el decreto de la caducidad del medio de control… ¿Resulta improcedente el decreto de las restituciones mutuas a favor del demandante, teniendo en cuenta que el contrato fue válido y solamente se declaró la nulidad de una de sus cláusulas?
Consejo de Estado Providencia

No debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación

Sentencia — Sentencia 2024-05-06 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020190027201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi, o que no constituye un reparo concreto frente a las razones de la decisión empleadas por el a quo en la primea instancia? No
El juez de segunda instancia solo puede decidir sobre los cargos concretos formulados contra la decisión de primera instancia, de modo que no le corresponde examinar fundamentos que varíen la causa petendi ni reparos que no confronten las razones del fallo recurrido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el marco de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida, y la simple interposición del recurso o la manifestación general de inconformidad no bastan. Segundo, la decisión debe ser congruente con la demanda, la sentencia y el recurso, por lo que no puede abordar cuestionamientos nuevos que no fueron planteados al inicio del proceso. Tercero, admitir argumentos ajenos a la demanda o sin sustentación suficiente vulneraría el derecho fundamental al debido proceso de las partes. La providencia confirma la sentencia y reitera el criterio de la subsección sobre la carga de sustentación de la apelación; en la práctica, el apelante debe identificar los yerros concretos del fallo de primera instancia dentro de la causa petendi formulada en la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente declarar la nulidad del acto administrativo que impuso una multa a los contratistas, cuando se observa que… ¿Resulta procedente declarar la nulidad del acto administrativo que impuso una multa a los contratistas, por falta de aplicación del artículo 115 del Código de Minas y la transgresión del principio… ¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El juez de segunda instancia revisa integralmente el litigio y se pronuncia sin limitaciones cuando ambas partes apelan la sentencia.

Sentencia — Sentencia 2026-09-07 Sección Tercera (Subsección A) ZORANNY CASTILLO OTÁLORA Rad. 66001233300020140025001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuando ambas partes apelan la sentencia de primera instancia, el juez de segunda instancia puede pronunciarse sin limitaciones y revisar integralmente el asunto? Sí
El juez de segunda instancia ejerce competencia plena y revisa integralmente el litigio cuando ambas partes interponen recurso de apelación contra la providencia de primer grado. El artículo 328 del Código General del Proceso faculta al superior para pronunciarse sin limitaciones frente a los aspectos cuestionados por los extremos procesales. En el caso objeto de estudio, tanto el municipio como la parte demandante apelaron decisiones específicas relacionadas con la nulidad contractual y el alcance de las restituciones mutuas. En virtud de dicha pluralidad impugnatoria, la Sala examinó de manera integral los reparos formulados por los apelantes, garantizando la resolución efectiva de las inconformidades planteadas contra la sentencia de primera instancia dentro de los límites de la competencia funcional.síntesis automática
También resuelve: ¿La declaratoria oficiosa de la nulidad absoluta del contrato estatal por parte del juez contencioso administrativo desconoce el carácter rogado de la jurisdicción y el principio de congruencia? ¿El acuerdo en el que un municipio aporta un lote y obras de urbanismo y participa en el resultado de las ventas de un proyecto de vivienda cuya gestión integral asume un particular corresponde a un… ¿El contrato estatal atípico que no se adecúa a ninguna causal de contratación directa está sujeto al factor cuantía para determinar la procedencia de la licitación pública?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El plazo inicial de ejecución del contrato 37 de 2011 fue de 9 meses

Sentencia — Sentencia 2024-05-06 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020170142802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Está probado que la mayor permanencia del contratista en obra por las suspensiones del contrato, hubiera generado un rompimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos? No
El contratista que reclame sobrecostos por una mayor permanencia en obra debido a las suspensiones del contrato debe acreditar costos adicionales a los previstos en el contrato que efectivamente afecten su patrimonio, pues la sola presencia de personal, equipos y maquinaria en la obra no demuestra por sí misma el desequilibrio. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, cuando el contratista renuncia a los costos por el tiempo adicionado, solo pueden revisarse los sobrecostos causados después de agotado el plazo original y durante los periodos de suspensión. Segundo, los gastos que el contratista afronta por actividades connaturales a sus obligaciones no constituyen sobrecostos reclamables. Tercero, cuando las suspensiones tienen origen, en parte, en riesgos asignados al contratista según la matriz de riesgos del contrato, como la demora en el trámite de licencias ambientales, el reclamo no prospera. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el contratista debe demostrar costos efectivamente incurridos y ajenos a los riesgos que le fueron asignados.síntesis automática
También resuelve: ¿El silencio de una de las partes, frente a las modificaciones o adiciones del contrato, constituye una renuncia automática e inmediata a la posibilidad de formular reclamaciones en un proceso… ¿Conforme al principio de buena fe contractual, el juez debe abstenerse de pronunciarse sobre las estipulaciones acordadas por las partes en relación con las prórrogas del contrato… ¿Para que la mayor permanencia en obra configure una ruptura del equilibrio financiero del contrato, es necesario acreditar un incumplimiento del contratante o la ocurrencia de un riesgo imprevisible…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El departamento de Casanare está en la obligación de reconocer y pagar las mayores cantidades de obra al contratista

Sentencia — Sentencia 2023-08-22 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 85001233300020150021101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El departamento de Casanare está en la obligación de reconocer y pagar las mayores cantidades de obra al contratista, por haber sido avaladas por la interventoría y recibidas a satisfacción por la administración? Sí
En los contratos de obra pública, las mayores cantidades de obra que son esenciales para el objeto contractual, y que la interventoría avaló y la administración recibió a satisfacción, deben pagarse al contratista. La regla se sostiene en dos razones. Primera, esas cantidades solo modifican las cantidades originalmente previstas y no alteran el precio unitario de cada ítem ni incluyen ítems nuevos. Segunda, el contratista tiene derecho al reconocimiento porque la administración recibió la obra y aceptó su funcionalidad. En el caso, las mayores cantidades eran necesarias para que los pozos fueran funcionales, y la providencia revoca la decisión que había negado su pago, con lo que la entidad territorial queda obligada a reconocerlas. Esta conclusión se sustenta en la recepción a satisfacción de la obra por parte de la administración. En la práctica, el contratista debe documentar el aval de la interventoría y la recepción a satisfacción para reclamar el pago de cantidades adicionales que no alteran los precios unitarios.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las demandas de controversias contractuales en las que sea parte una entidad pública? ¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales empezó a contar desde el día siguiente a la fecha de la liquidación bilateral del contrato? ¿Las pretensiones de la demanda de controversias contractuales solamente pueden prosperar cuando el demandante ha dejado, en relación con ellas…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Ninguna de las circunstancias planteadas en el recurso constituye desconocimiento del deber de información.

Sentencia — Sentencia 2023-01-26 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 11001032600020220013100 RECURSO DE ANULACION LAUDO ARBITRAL
¿Existió una falta al deber de información por parte de uno de los miembros del tribunal de arbitramento y con ello la configuración de la causal de anulación de indebida conformación del tribunal? No
El incumplimiento del deber de información de un árbitro no constituye causal de anulación del laudo cuando la circunstancia ocurre después de conformado el tribunal, y la causal de laudo en conciencia exige solo verificar si el laudo expone su fundamentación, no revisar el fondo jurídico o probatorio. La regla se apoya en tres razones. Primera, la Sala ha establecido que la indebida conformación del tribunal no se estructura por deberes de información posteriores a la integración del tribunal. Segunda, el deber de información del artículo 15 de la Ley 1563 de 2012 obliga a comunicar las coincidencias con las partes en los dos años anteriores, y en el caso ninguna de las circunstancias imputadas a la árbitra ocurrió en ese período. Tercera, la causal de laudo en conciencia solo permite estudiar la ausencia de fundamentación del laudo, y el recurso de anulación no procede frente a la decisión de fondo. En consecuencia, los cargos no prosperan y el recurso se declara infundado. El documento reitera el criterio sobre la indebida integración del tribunal.síntesis automática
También resuelve: ¿La causal de laudo en conciencia implica estudiar el fundamento jurídico y probatorio del mismo? ¿La imposición de costas procesales en el laudo arbitral configuró la causal de anulación de fallo en conciencia? ¿La sanción del juramento estimatorio, configura la causal de nulidad de fallo en conciencia?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Recurso de anulación: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-03-01 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020220001600 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La causal de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 puede declararse cuando el Laudo se funde exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho, cuando la decisión se haya tomado con ausencia de fundamento jurídico o cuando la fundamentación jurídica presentada por el Panel Arbitral no sustente lógicamente la decisión, y cuando en la decisión se observe una total ausencia de un análisis probatorio o cuando el Laudo haga referencia a pruebas que no fundamenten objetivamente la decisión? Sí
Cuando un laudo arbitral se funda exclusivamente en la equidad debiendo ser en derecho, carece de fundamento jurídico o su fundamentación no sustenta lógicamente la decisión, o cuando no contiene análisis probatorio alguno o hace referencia a pruebas que no fundamentan objetivamente la decisión, la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 permite anularlo. La regla se sostiene en tres razones. Primera, la causal habilita al juez a verificar si el laudo expone los fundamentos que sustentan la decisión, y le impone anularlo cuando carece de forma manifiesta de tales fundamentos. Segunda, la causal se configura por cualquiera de los tres supuestos señalados, y no por la sola inconformidad con la decisión. Tercera, el juez debe confrontar el contenido del laudo con las pruebas y con la ley sustancial aplicable. En el caso, el recurso de anulación se declaró infundado. El documento reitera la línea jurisprudencial sobre los laudos en conciencia que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012… ¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012… ¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer litigios sobre convenios de apoyo financiero suscritos por entidades públicas.

Sentencia — Sentencia 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 44001234000020140008101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, el conocimiento de un proceso relativo al convenio de apoyo financiero, en razón de la naturaleza de las entidades contratantes y la cuantía del litigio? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de convenios de apoyo financiero suscritos por municipios, ministerios y entidades públicas para la ejecución de proyectos de infraestructura, con fundamento en el artículo 104 del CPACA. En este asunto, la Sala determinó que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, de conformidad con los artículos 150 y 152 del CPACA, al tratarse de un proceso de doble instancia donde la cuantía de la demanda excedió los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición.síntesis automática
También resuelve: ¿La legitimación en la causa recae sobre las entidades públicas y la entidad territorial que celebraron el convenio de apoyo financiero… ¿Debe entenderse que, tratándose de contratos que requieren liquidación, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se computa a partir del vencimiento del plazo… ¿Los convenios interadministrativos se diferencian de los contratos administrativos en cuanto a su finalidad cooperativa y ausencia de retribución patrimonial…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La demanda de reconvención debe satisfacer todos los requisitos exigibles a este acto procesal, entre los cuales se encuentra la formulación dentro del término de caducidad de la acción.

Sentencia — Sentencia 2025-05-05 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 41001233300020120022702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El término para presentar la demanda de reconvención transcurre de forma independiente al del libelo del accionante principal y no se beneficia de la suspensión que haya efectuado este último en el trámite conciliatorio? Sí
El contratista no puede beneficiarse del término de suspensión del trámite conciliatorio del demandante principal para presentar la demanda de reconvención, ya que este plazo es independiente y autónomo, conforme a lo establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala reitera que la demanda de reconvención debe cumplir con todos los requisitos exigibles a este acto procesal, incluyendo la formulación dentro del término de caducidad de la acción, sin que la conciliación prejudicial sea un requisito para su presentación. Esta regla implica que el cómputo del plazo para la demanda de reconvención no se ve afectado por la suspensión del término de la demanda principal, lo que garantiza la independencia del procedimiento de la reconvención respecto al principal.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato interadministrativo en contraste con el convenio, se caracteriza por ser un acuerdo de voluntades suscrito entre entidades públicas en el que persiguen intereses contrapuestos y existe… ¿Se presentó de forma oportuna la demanda de reconvención de controversias contractuales formulada por la Universidad Surcolombiana… ¿Incurrió el Tribunal en un vicio de incongruencia, al haber declarado el incumplimiento parcial por parte de la Universidad, pese a que ello no fue solicitado en la demanda del municipio?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El contrato de obra suscrito entre las partes es sin duda un contrato de tracto sucesivo que requiere de liquidación

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020170044201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la expiración del plazo para liquidar el contrato? Sí
El contratista tiene un plazo de dos años para ejercer la acción de controversias contractuales desde la expiración del término para liquidar el contrato, conforme a lo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Este plazo se inicia luego de que se agote el tiempo acordado para la liquidación voluntaria bilateral o unilateral del contrato, según lo pactado en las cláusulas del mismo. La Sala reitera que la liquidación es obligatoria para los contratos de tracto sucesivo, y que la falta de liquidación por parte de la entidad estatal no interrumpe el cómputo del plazo para la acción de controversias contractuales, lo que implica que el contratista debe actuar oportunamente para evitar la caducidad de su derecho a la indemnización de perjuicios.síntesis automática
También resuelve: ¿Para que el retardo del deudor permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, debe demostrar que el incumplimiento le causó un perjuicio y que el deudor está constituido en mora? ¿La liquidación del contrato es obligatoria para los que contemplan obligaciones de tracto sucesivo? ¿Cuál es el plazo estipulado en la ley para la liquidación bilateral y unilateral del contrato?
Consejo de Estado Providencia

El contrato celebrado entre FONDECUN y D&T no está sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

Sentencia — Sentencia 2025-02-21 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020180053802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública resulta aplicable al contrato objeto de controversia, cuando se observa que, FONDECUN es una Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado? No
El contratista no puede reclamar el pago de costos asociados a la elaboración de diseños adicionales durante la formación del contrato, ya que el alcance del contrato no incluyó la obligación de actualizar diseños previamente elaborados por la entidad, sino que el contratista debía elaborar los diseños necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la entidad. Aunque el contrato utilizó la expresión "actualización de diseños", esto no implicaba la actualización de diseños previamente proporcionados por la entidad, sino la elaboración de nuevos diseños necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas. Además, el contratista aceptó en su propuesta que su obligación consistía en elaborar los diseños bajo las condiciones precisadas por la entidad, que excluían la existencia de diseños previos para ser evolucionados. Esta decisión reitera que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado no están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que implica que su régimen contractual está determinado por las disposiciones legales aplicables a sus actividades económicas y comerciales.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede una reclamación por pago de los costos asociados a la elaboración de diseños, aun cuando el contratista —otrora oferente— pudiera haber advertido la necesidad de elaborar nuevos diseños… ¿La entidad estatal incumplió su obligación de pagar de forma completa el precio del contrato al practicar un descuento de $26’584.557 por la falta de calidad de la pintura aplicada a las redes… ¿La parte demandante (contratista) acreditó de qué manera el retardo en el pago de una obligación dineraria incrementó los costos de almacenaje de los bienes adquiridos por el contratista después de…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No resulta procedente la nulidad de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento parcial del contrato

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 68001233300020130111801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente la nulidad de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento parcial del contrato de obra e impusieron una multa al Consorcio contratista, por desconocer el debido proceso y el carácter conminatorio de la multa, al ser impuesta luego de que el contrato ya había sido ejecutado en su totalidad; cuando se observa que este reproche se remite a un hecho que el mismo INVIAS corrigió en sede administrativa? No
El contratista no puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento parcial del contrato de obra y la imposición de una multa, por desconocimiento del debido proceso y falsa motivación, ya que la entidad estatal corrigió administrativamente el hecho que originó la queja y el incumplimiento del programa de inversiones y cronograma de actividades fue constante y evidente, no siendo suficiente la formulación de planes de contingencia ni las ampliaciones de plazos para cumplir con las obligaciones contractuales. La Sala reitera la jurisprudencia que establece que la nulidad por falsa motivación no procede cuando la entidad corrige el error en sede administrativa y el incumplimiento del contratista persiste, lo que implica que los actos administrativos que declaran el incumplimiento y la imposición de multas mantendrán su validez en la práctica.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente la nulidad de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento parcial del contrato de obra e impusieron una multa al Consorcio contratista… ¿Resulta procedente la nulidad de las Resoluciones 3350 y 3466 de 2012 del INVIAS que declararon el siniestro de incumplimiento definitivo del contrato de obra pública e impusieron el pago de la pena… ¿Cuenta con valor probatorio el documento allegado en mensaje de datos de formato editable, que hace referencia al pliego de condiciones del contrato de obra pública?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

A esta jurisdicción está adscrito este debate en sede judicial

Sentencia — Sentencia 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 73001233300020130005902 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado en contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en consideración de la cuantía del proceso, y en el marco de la controversia derivada de contratos estatales celebrados por una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para cuestionar el incumplimiento y la alteración del equilibrio económico en contratos estatales celebrados con empresas industriales y comerciales del Estado del orden municipal, siempre y cuando la controversia surja durante la ejecución del contrato y afecte directamente a las partes contratantes. En este caso, el Consejo de Estado confirmó la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de la apelación presentada contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, debido a la cuantía del proceso y la naturaleza pública de la empresa industrial y comercial municipal. La Sala estableció que tanto el contratista como la entidad estatal son legitimados en la causa por activa y pasiva respectivamente, y que la legitimación puede extenderse a la entidad territorial que tiene una vinculación material al contrato por medio de un contrato interadministrativo. Esto implica que los contratistas pueden utilizar este medio de control para resolver disputas contractuales complejas que involucran a entidades públicas de diferentes niveles.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente el medio de control de controversias contractuales para cuestionar el incumplimiento y la ruptura del equilibrio económico en el contrato de obra por administración delegada No.… ¿Se encuentran legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, el demandante y la Gestora Urbana de Ibagué en el marco de la acción contractual… ¿Se presentó de manera oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar el incumplimiento del contrato de obra por administración delegada y el restablecimiento del…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la controversia derivada del contrato de prestación de servicios a través del medio de control de controversias contractuales, por tratarse de un presunto incumplimiento relacionado con la liquidación y pago de la bonificación de éxito pactada.

Sentencia — Sentencia 2026-04-27 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 25000233600020150237601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la controversia derivada del contrato de prestación de servicios a través del medio de control de controversias contractuales, por tratarse de un presunto incumplimiento relacionado con la liquidación y pago de la bonificación de éxito pactada? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia para resolver disputas relacionadas con la liquidación y pago de bonificaciones de éxito pactadas en contratos de prestación de servicios, siempre que la cuantía de la pretensión exceda los 500 SMLMV. La demanda debe presentarse dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, que comienza a correr una vez vencido el plazo para la liquidación del contrato, incluso si este no se realiza. Además, la declaración de la representante legal del IDU, aunque no puede considerarse confesión judicial debido a la prohibición legal, puede ser valorada como prueba testimonial anticipada para interpretar el alcance de las estipulaciones contractuales, siempre que se ajuste a los principios de sana crítica y coherencia. Esta decisión modifica precedentes y establece un marco claro para la aplicación del medio de control de controversias contractuales en casos de incumplimiento relacionados con bonificaciones de éxito.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda de controversias contractuales fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA… ¿Resulta procedente otorgar valor probatorio, como testimonio anticipado y sin desconocer la prohibición legal respecto de la confesión… ¿Procede interpretar la cláusula relativa a la bonificación de éxito del contrato de prestación de servicios con fundamento en la intención común de las partes…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

¿La empresa de servicios públicos domiciliarios EMSIRVA E.S.P. estaba facultada para liquidar unilateralmente el contrato, imponer la cláusula penal y aplicar directamente las pólizas, cuando se observa que, al tratarse de un contrato estatal gobernado por el derecho privado, las facultades debieron quedar registradas de forma expresa?

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-05-23 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233100020060332003 ACCION CONTRACTUAL
¿La empresa de servicios públicos domiciliarios EMSIRVA E.S.P. estaba facultada para liquidar unilateralmente el contrato, imponer la cláusula penal y aplicar directamente las pólizas, cuando se observa que, al tratarse de un contrato estatal gobernado por el derecho privado, las facultades debieron quedar registradas de forma expresa? No
De la cláusula 21 del contrato, que se denominó liquidación, se derivan elementos diferentes a la concesión de facultades unilaterales… . Así, se corrobora que no se otorgó a la ESP unilateralidades. Para reclamar el saldo que consideraba a su favor, debía demandar al contratista y, para hacer efectivas las garantías, le correspondía -inicialmente- acudir ante la aseguradora, al amparo de las reglas del Código de Comercio. Y, ante la eventual ausencia de pago, demandarla. Por su parte, la cláusula 30, sobre la terminación anormal, se separa del caso concreto, por cuanto el contrato -como se reconoce en la sentencia objeto de la presente aclaración- finalizó por el vencimiento del plazo de ejecución pactado.
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: no será suficiente con percibir la ilegalidad

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-05-10 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 18001233300020170008501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la declaratoria oficiosa de la nulidad absoluta de los contratos estatales por el juez, será suficiente con percibir la ilegalidad de los mismos, esto es, la presencia del vicio palmario o manifiesto en los negocios jurídicos? No
Este Despacho considera pertinente aclarar el voto, a propósito de la declaratoria oficiosa de la nulidad absoluta de los contratos estatales. En concreto, se estima que esa determinación no necesariamente siempre debe proceder ante -como se afirma en el fallo- vicios manifiestos y, en todo caso, para el Consejo de Estado ese tipo de anomalías (más aún al ser expuestas en primera instancia), como versado en la materia contractual de las entidades públicas, serán evidentes, que puede detectar prima facie. Para ese experto bastará de ordinario, por ejemplo, el análisis del clausulado y demás reglas contractuales para detectar falencias graves. Aunque, siendo connatural a la administración de justicia, deberá verificar -con exactitud- que se encuentren acreditadas.
También resuelve: ¿La Sala tenía competencia en segunda instancia para estudiar la declaratoria de oficio de la nulidad del contrato, cuando se observa que el recurrente nunca atacó la facultad oficiosa del a quo de… ¿Resultaba procedente declarar de oficio la nulidad absoluta del convenio de asociación, tal como lo decidió el Tribunal a quo?
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: la responsabilidad del contratista no debe determinarse con base en el rasero de la culpa grave o el dolo

Salvamento voto — Salvamento de voto 2023-01-26 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 66001233300020140015001 LEY 1437 REPETICION
¿La responsabilidad del contratista, en sede de repetición, no debe determinarse con base en el rasero de la culpa grave o el dolo –como lo indica la Ley 678 de 2001 en relación con los agentes estatales–, sino con base en lo dispuesto en el contrato? Sí
En otras palabras: en su estudio del caso, la Sala desconoció que la responsabilidad del contratista no está limitada a los daños causados con dolo o con culpa grave, sino que su configuración depende de si este incumplió o no las obligaciones pactadas en el contrato, como quiera que este regula –en su integridad– la relación con la entidad estatal. 6.- Cabe anotar que lo anterior no implica que el contratista no pueda obrar como sujeto pasivo en el marco de una acción de repetición… Lo que significa es que la responsabilidad del contratista, en sede de repetición, no debe determinarse con base en el rasero de la culpa grave o el dolo –como lo indica la Ley 678 de 2001 en relación con los agentes estatales–, sino con base en lo dispuesto en el contrato. Lo anterior, debido a que la relación entre Invías y el Consorcio… está mediada por un contrato de obra pública.