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Consejo de Estado Providencia

Competencia: Sentencia

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Fecha
2023-07-19
Radicado
25000233600020140114501
Número interno
61367
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA
Demandado
SERGIO ALVAREZ LEON

Síntesis de la providencia

Competencia: Sentencia

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 150 y 152, numeral 11, de la ley 1437 de 2011 (CPACA) y el artículo 70 de la Ley 678 de 2001. Así, pues, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y por el representante del Ministerio Público.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

En los procesos de repetición contra agentes o exagentes cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya originado una condena contra una entidad pública, la jurisdicción contencioso administrativa es competente, y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones que se interpongan. La regla se sostiene en dos razones. Primera, los artículos 150 y 152, numeral 11, del CPACA atribuyen el conocimiento de la acción a esta jurisdicción. Segunda, la Ley 678 de 2001 define el objeto del medio de control y el alcance de la competencia del juez de la apelación. En el caso, la providencia confirma que el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso interpuesto en el proceso de repetición. Así, la competencia de segunda instancia se mantiene en los términos de la ley. En la práctica, la apelación de una sentencia de repetición debe tramitarse ante el Consejo de Estado, sin que sea necesario discutir la competencia del juez de segunda instancia.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición incoadas por una entidad pública?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 150 y 152 núm. 11
  • Ley 678 de 2001, art. 70

También resuelve

  • ¿El término para formular el medio de control de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad…
  • ¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?
  • ¿Con los documentos provenientes de la entidad demandante se encuentra

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

COMPETENCIA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA APELACIÓN DE LA SENTENCIA RECURSO DE APELACIÓN CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN LEY 678 DE 2001 VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO RÉGIMEN LEGAL DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN MEDIOS DE PRUEBA PRUEBA PRUEBA DEL PAGO PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA INEXISTENCIA DE LA TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA DOCUMENTO ALLEGADO POR ENTIDAD PÚBLICA DOCUMENTO PÚBLICO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO DOLO CONCEPTO DE DOLO ELEMENTOS DEL DOLO CULPA CULPA GRAVE CONCEPTO DE CULPA GRAVE VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA MUERTE CAUSADA POR AGENTE DE LA POLICÍA MUERTE DE CIVIL SENTENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SENTENCIA PENAL CONDENATORIA VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA VALOR VINCULANTE DE LA SENTENCIA EFECTOS DE LA SENTENCIA EFECTOS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA ALCANCE DE LA SENTENCIA CARGA DE LA PRUEBA ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS ACTUACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO ACTUACIÓN EN EL PROCESO CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA

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Titulación de la relatoría 20.956 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición incoadas por una entidad pública? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 150 y 152, numeral 11, de la ley 1437 de 2011 (CPACA) y el artículo 70 de la Ley 678 de 2001. Así, pues, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y por el representante del Ministerio Público. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 11, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 70 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿El término para formular el medio de control de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses para pagar la condena respectiva? Respuesta al problema jurídico: Si [e]l artículo 11 de la Ley 678 de 2001 prevé que la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, según lo dispuesto en el artículo 192, inciso 2, de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). En este caso, el pago se realizó el treinta y uno (31), de mayo de dos mil trece (2013), después del vencimiento del plazo anterior, de diez (10) meses, por lo que el plazo de caducidad debe computarse desde la fecha del vencimiento del plazo para pagar, teniendo en cuenta que la sentencia del nueve (9) de mayo de dos mil doce (2012), dictada por el Consejo de Estado, quedó ejecutoriada el treinta y uno (31) de mayo del mismo año (...). Como dicho plazo para pagar venció el treinta y uno (31) de marzo de dos mil trece (2013) y la demanda se presentó el doce (12) de agosto de dos mil catorce (2014), la acción de repetición fue incoada oportunamente. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192 INCISO 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEY 678 DE 2001 / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / RÉGIMEN LEGAL DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD Problema jurídico: ¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001? Respuesta al problema jurídico: No Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior. Pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, "sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2° de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)". Por ende, como en este caso los hechos que sustentaron la condena en contra de la Nación—Ministerio de Defensa—Policía Nacional ocurrieron el veintiocho (28) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996), la Ley 678 de 2001 no es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la ley aplicable en procesos de repetición, consultar providencias de 8 de marzo de 2007, Exp. 30330, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 18 de junio de 2018, Exp. 54692, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 124, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA / PRUEBA DEL PAGO / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA / DOCUMENTO ALLEGADO POR ENTIDAD PÚBLICA / DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO Problema jurídico: ¿Con los documentos provenientes de la entidad demandante se encuentra acreditado el pago efectivo de la condena? Respuesta al problema jurídico: Si [N]uestra codificación civil, no establece un modo o tarifa legal para probar el pago de una obligación, pues estableció la libertad de las partes para acudir a cualquier medio legalmente válido, a fin de- acreditar ese acto extintivo de obligaciones, postura que fue recogida y adoptada por el Código de Procedimiento Civil —en su momento— y que se mantiene vigente en el actual Código General del Proceso. Ahora, si bien es cierto nuestra codificación civil hace referencia en algunas normas a la "carta de pago", recibo o paz y salvo, que es la declaración del acreedor de haber recibido de forma satisfactoria el pago y, por tanto, una prueba que —por provenir del acreedor— tiene la entidad suficiente para acreditar el pago o la solución de la obligación, no es la única prueba que prevé el ordenamiento jurídico para tal efecto, pues, se recuerda, no hay tarifa probatoria para acreditar el pago efectivo y, por ende, el deudor puede acudir a cualquier medio legalmente válido. En este orden de ideas, el juez debe valorar de forma conjunta los medios de prueba allegados, bajo los parámetros de la sana crítica según lo contempla el actual Código General del Proceso. (...) El Consejo de Estado, desde el año 2013, ha revisado la postura sostenida hasta ese momento en relación con el pago efectivo de la condena y consideró que, si bien los documentos aportados por las entidades públicas eran elaborados por ellas mismas, lo cierto era que gozaban de plena validez y capacidad probatoria, como quiera que, en virtud de quien los expedía, permitía establecer que se trataba de documentos públicos completamente válidos. (...) Claro está que lo anterior no implica que dichos documentos —de naturaleza pública— sean prueba definitiva e incontrovertible, por cuanto su contenido acreditaría el hecho que se certifica, siempre que, estando a disposición de la parte contraria, no hayan sido controvertidos, objetados o tachados de falsos; controversia que, no obstante, no se dio el este proceso. (...) Pues bien, al expediente fue allegada la Resolución No. 0504 del 29 de mayo de 2013, proferida por el Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional, mediante la cual se dio cumplimiento a la sentencia del 9 de mayo de 2012, dictada por el Consejo de Estado en el proceso de reparación directa, en la que dispuso el pago de ochocientos diecinueve millones quinientos cuarenta mil quinientos cuatro pesos con ochenta y cinco centavos m/cte ($819540.504.85) en favor de los demandantes en dicho proceso. De igual manera, obra en el expediente certificación expedida por la Capitán (...), tesorera general de la Policía Nacional, en la que consta que se realizó el pago el día treinta y uno (31) de mayo de dos mil trece (2013) a nombre de (...) apoderado de los demandantes en dicho proceso de responsabilidad. La actora también se aportó la "orden de pago presupuestal de gastos" (SIIF) y el certificado de ingresos y retenciones, expedido el 14 de julio de 2014, correspondiente al abogado (...). De esta forma, con los documentos anteriormente relacionados que no fueron controvertidos por la parte demandada, está acreditado que la Nación—Ministerio de Defensa—Policía Nacional pagó la suma de ochocientos diecinueve millones quinientos cuarenta mil quinientos cuatro pesos con ochenta y cinco centavos m/cte. ($819540.504.85) a favor del señor (...). Se impone así una respuesta afirmativa en torno al primer problema jurídico, razón por la cual se abre paso al análisis del segundo problema jurídico, concerniente al análisis subjetivo de la conducta. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la prueba del pago de la condena, consultar providencia de 9 de septiembre de32013, Exp. 25631, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Acerca del valor probatorio de los documentos públicos, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-523 de 2009. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 175, LEY 1437 DE 2012 - ARTÍCULO 142, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 165, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 176, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1626 DOLO / CONCEPTO DE DOLO / ELEMENTOS DEL DOLO Problema jurídico: ¿El dolo constituye un concepto jurídico relacionado con la intención del sujeto de generar el resultado, por lo que su análisis se efectúa en el fuero interno del individuo, puesto que su acreditación supone la constatación de un elemento cognoscitivo y volitivo? Respuesta al problema jurídico: Si En los términos del citado artículo 63 del Código Civil, el dolo consiste en la "intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro". Constituye un concepto jurídico relacionado con la intención del sujeto de generar el resultado o de realizar el verbo rector que describe la acción típica; por consiguiente, de manera independiente a que se entienda como un elemento psicológico o normativo, lo cierto es que su análisis se efectúa en el fuero interno del individuo, puesto que su acreditación supone la constatación de un elemento cognoscitivo (conocer la realidad, la trasgresión normativa o el resultado esperado) y volitivo (aceptar o buscar intencionalmente la consecuencia derivada del comportamiento). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la noción de dolo, consultar providencia de 11 de noviembre del 2009, Exp. 35529, C.P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63 CULPA / CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿La culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran; y la culpa grave, a su vez, implica un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño? Respuesta al problema jurídico: Si La culpa, por su parte, es una conducta reprochable: por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran. Con el juicio sobre la culpa se imputa así la obligación de reparar un daño previsto o que, siendo previsible, confió imprudentemente en su capacidad de evitarlo, teniendo en cuenta que el ejercicio de una función o servicio público implica unos deberes expresamente establecidos en la ley o reglamento, o derivados de las funciones detalladamente definidos en estos, que el funcionario o servidor se ha comprometido a cumplir. En consecuencia, este no podrá excusar su responsabilidad arguyendo la ignorancia de los conocimientos necesarios para su ejercicio, ya que ello lo colocaría en una culpa inicial. La culpa grave, a su vez, al tenor del referido artículo 63 del Código Civil, implica un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la noción de culpa, consultar providencias de 26 de febrero de 2015, Exp. 32207, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz (E); de 30 de agosto de 2017, Exp. 45295, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E); de 01 de octubre de 2018, Exp. 46328, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 29 de noviembre de 2019, Exp. 43056, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y de 7 de septiembre de 2020, Exp. 49069, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / MUERTE CAUSADA POR AGENTE DE LA POLICÍA / MUERTE DE CIVIL / MEDIOS DE PRUEBA / SENTENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / SENTENCIA PENAL CONDENATORIA / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / VALOR VINCULANTE DE LA SENTENCIA / EFECTOS DE LA SENTENCIA / EFECTOS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / ALCANCE DE LA SENTENCIA / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Se encuentra acreditado el dolo o la culpa grave de los exagentes del Estado demandados en el proceso de la referencia, por el simple hecho de que en su contra se dictó sentencia penal condenatoria? Respuesta al problema jurídico: No La Nación—Ministerio de Defensa—Policía Nacional resultó condenada en proceso de reparación directa, adelantado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, en primera y segunda instancia, respectivamente, por la muerte del señor (...), empleado de la empresa INTEREC S.A. Pretende que se declare la responsabilidad —por dolo o culpa grave— de los uniformados (retirados) (...), quienes ocasionaron el daño antijurídico, y que se condenen al pago de la condena subsecuente. (...) [L]a sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no equivale automáticamente al dolo o la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo el fallo de responsabilidad patrimonial del Estado no ata al juez de la repetición, el cual debe centrarse en un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, bajó las pruebas legalmente acopiadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron las pruebas allegadas al proceso de reparación. (...) La Subsección reitera el criterio sostenido por la Sección Tercera desde el 3 de octubre de 2007, de acuerdo con el cual la administración tiene la carga de probar la conducta irregular (dolosa o culposa) del agente o exagente que ocasionó la condena —y este tiene la oportunidad de demostrar en el juicio de la acción de repetición que su actuación no fue con dolo o con culpa grave—, sin que para ello sea suficiente con aportar las sentencias correspondientes al proceso primigenio — en el que se profirió la condena en su contra— (...). No podría la Sala, pues, fundar su decisión únicamente en las conclusiones a las que se llegaron en aquellas instancias (penal y administrativa) frente a los hechos que se presentaron el 28 de junio de 1996 y en el que perdió la vida el señor (...), entre otros, sin desconocer el debido proceso y el derecho de defensa de los demandados. Las solas sentencias, se insiste, no constituyen prueba suficiente para estructurar el dolo o la culpa grave y, de la misma manera, aunque el Consejo de Estado condenó a la accionante a pagar una indemnización, ello no configura per se la responsabilidad patrimonial de los uniformados —hoy, exagentes del Estado—. Debía probarse el dolo o culpa grave, carga probatoria que no cumplió el ente demandante. (...) Bajo este escenario, lo que puede resultar suficiente para condenar al Estado vía reparación directa no lo es para repetir contra el servidor público, porque la materialización de un daño antijurídico imputable al Estado, como ente abstracto, no implica per se la configuración de dolo o culpa grave en cabeza del agente o exagente estatal, como sujeto individualizado. Por esa razón, el extremo demandante tiene la carga de demostrar fehacientemente el dolo o la gravedad de la culpa del servidor contra quien pretende repetir. La inactividad probatoria de la Policía Nacional, en cuanto no solicitó prueba alguna para demostrar la culpa grave o el dolo que les endilga a los demandados —pues solo se limitó a aportar los fallos ya referidos— no se compadece con el deber que le asiste a las partes de "( ... ) probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen", en los términos de que trata el artículo 167 del Código General del Proceso; por tanto, debe asumir las consecuencias de su inactividad. En estas condiciones se impone una respuesta negativa al segundo problema jurídico y, en consecuencia, se debe confirmar el fallo apelado que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en el proceso de la referencia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las sentencias que imponen condenas al Estado, como medios para acreditar la conducta del agente en procesos de repetición, consultar providencias de 3 de diciembre de 2007, Exp. 29222, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y de 29 de noviembre de 2019, Exp. 43056, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Acerca de la prueba de la conducta del agente del Estado como presupuesto de procedencia de la repetición, consultar providencia de 3 de diciembre de 2007, Exp. 29222, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 19 de noviembre de 2021, Exp. 46393, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 12 de abril de 2021, Exp. 63984, C.P. Guillermo Sánchez Luque; y de 25 de junio de 2021, Exp. 42103, C.P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167 CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / ACTUACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / ACTUACIÓN EN EL PROCESO / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en el proceso de repetición, esto es, a la entidad pública demandante, cuando se observa que los demandados no intervinieron en el trámite de la segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: No Según el CGP, la condena en costas procede contra la "parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto" (CGP, artículo 365, numeral 1). Sin embargo, también señala prevé que "[s]olo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación" (numeral 8, ejusdem). Como la entidad demandada no intervino en segunda instancia, lá Sala se abstendrá de condenar en costas a su favor. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201401145011100103