Titulación de la relatoría 32.344 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / PARTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN SEMÁNTICA / INTERPRETACIÓN RAZONABLE / INTERPRETACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿De conformidad con los hechos probados, la entidad pública demandada incumplió el contrato y se reúnen los presupuestos de la responsabilidad contractual?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala encuentra que la interpretación lógica, sistemática, integral y racional del negocio convenido entre los contratantes, conduce a concluir, sin duda alguna, que la entidad debía reconocer al contratista el saldo pendiente de acuerdo con el valor total ofertado, previa aprobación por parte del supervisor del informe final de ejecución de las obras, el cual debería incluir la justificación de los recursos empleados por la interventoría, sin que para tal efecto incluyera el porcentaje de ejecución de los contratos de obra. (…) En este orden de ideas, al margen de la interpretación que EPC efectuó al parágrafo cuarto de la cláusula décima del contrato, en el sub judice la Sala no encuentra configurada la responsabilidad contractual de la entidad demandada, pues no se encuentra acreditado que haya incumplido la obligación establecida en el parágrafo cuarto de la cláusula décima del contrato de interventoría n.º PDA-C-078-2011 del 19 de abril de 2011 (…). [A] partir de las pruebas allegadas al plenario, resulta claro que EPC no incumplió lo estipulado (…), pues dentro del proceso consta que el supervisor del contrato únicamente justificó que la interventoría, para efectos de adelantar las labores encomendadas, empleo recursos por valor de $1.630.602.041,96, de donde salta a la vista que en el caso concreto no había lugar a pagar el saldo no ejecutado de $479.662.585,43, todo lo cual permite concluir que la Administración no incumplió el contrato.
AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / PARTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / FALTA DE PRUEBA / CONTRATO DE OBRA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / CONDENA EN COSTAS / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se acreditaron los presupuestos de la teoría de la imprevisión, esto es, se demostró que se presentaron circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles que hubiesen generado una excesiva onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
[T]al y como lo ha indicado esta Sala, que la ausencia de reclamaciones o salvedades en los otrosíes -acuerdos modificatorios, prórrogas, adiciones o suspensiones- no exime al juez del contrato de la tarea de “[…] desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance y así establecer si las partes pretendieron, con ese acuerdo, regular los asuntos cuya reclamación ahora se le formula y los términos de esa regulación”, por lo tanto su presentación no puede establecerse como una exigencia formal para el estudio y reconocimiento de la pretensión. (…) [E]n el proceso no reposan los contratos de obra ni sus modificatorios, documentos sin los cuales, a juicio de la Sala, no es posible determinar con plena certeza lo aducido por la parte actora, esto es, si en efecto aquellos se suspendieron y prorrogaron durante el término referido y mucho menos si esto último, en caso de haberse presentado, obedeció a los “inconvenientes” indicados por el consorcio en la demanda. (…) [P]ara la Sala las pruebas allegadas al plenario no resultan suficientes a efectos de demostrar que en el caso concreto se presentaron circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato, que hubiesen generado una excesiva onerosidad para el contratista. De hecho, no bastaba con sostener que se presentaron inconvenientes que causaron una mayor permanencia en obra, los cuales generaron sobrecostos; era indispensable aportar las pruebas que soportaran la configuración de las circunstancias alegadas, así como la causación de los valores reclamados, lo cual no se encuentra acreditado en el proceso. A partir de lo anterior, la Sala estima que el consorcio demandante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía (…) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso (…). En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 3 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, condenó en costas a la demandante y negó la objeción por error grave formulada por la demandada contra el dictamen pericial allegado al proceso (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la ausencia de salvedades en los otrosíes, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 20 de noviembre de 2020, rad. 38097, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 13 de agosto de 2020, rad. 51833, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 22 de noviembre de 2021, rad. 52430, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del medio de control de controversias contractuales suscrito por una entidad que ostenta la calidad de empresa de servicios públicos domiciliarios y en razón de su cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en el artículo 104 del CPACA, se advierte la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto, el cual versa sobre el incumplimiento y el desequilibrio económico del contrato de interventoría (…), suscrito por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., que ostenta la calidad de empresa de servicios públicos domiciliarios, de donde se desprende claramente su naturaleza pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 489 de 1998-. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia la sentencia del 3 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la cuantía para el año 2016 supera los 500 SMLMV, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152-5 del CPACA, vigentes a la fecha de la presentación de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversias originadas en contratos suscritos con empresas de servicios públicos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 3 de septiembre de 2020, rad. 42003, C. P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 68
PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGOCIO JURÍDICO / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales ejercido por la parte actora es adecuado, por cuanto el demandante persigue que se declare el incumplimiento de un contrato de interventoría y el desequilibrio económico por causas ajenas al contratista, originadas en la mayor permanencia en obra?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 141 del CPACA, el medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos dentro del desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas. De igual manera, el Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. En el presente caso el medio de control de controversias contractuales ejercido por la parte actora es adecuado, por cuanto a través de su demanda persigue que se declare el incumplimiento del contrato de interventoría (…), así como también su desequilibrio económico por causas ajenas al contratista, originadas en la mayor permanencia en obra.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / PARTES DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Problema jurídico:
¿La legitimación en las acciones contractuales se encuentra en los extremos de la relación contractual que suscitó la controversia bajo análisis en esta sede judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo establecido en el artículo 141 del CPACA, según el cual la legitimación en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes, la Sala concluye que las sociedades REDCOM Ltda. y SERVINC Ltda., integrantes del Consorcio Aguas de Cundinamarca 2011 y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. están legitimadas en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, toda vez que son los extremos de la relación contractual que suscitó la controversia bajo análisis en esta sede judicial (…).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro del término establecido por la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
El literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA (…), dispone que el medio de control de controversias contractuales caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, para lo cual contempla distintas hipótesis dependiendo de si el contrato es de ejecución instantánea, si no requiere de liquidación o si, por el contrario, se trata de un contrato que sí la requiera. A su turno, la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto de unificación estableció que en aquellos casos en los cuales las partes hayan llevado a cabo de mutuo acuerdo la liquidación del contrato con posterioridad al término convencional y/o legalmente dispuesto para su liquidación, pero dentro de los dos años posteriores a dicho vencimiento, el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación. Al respecto, resulta pertinente destacar que el derecho común no contempla la liquidación del contrato y, por tanto, en los contratos que se encuentren sujetos al derecho privado aquella no se requiere, a menos que las partes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, hubieren acordado llevar a cabo la liquidación del contrato, en cuyo caso el plazo convenido para dicho efecto deberá tenerse en cuenta en el conteo del término preclusivo. En el presente asunto, el contrato materia de la controversia se rige de modo preferente por las normas del derecho privado (…), por tal motivo, en principio, no requiere de liquidación. Sin embargo, las partes acordaron la liquidación del contrato y en cuanto al plazo para llevarla a cabo en forma bilateral estipularon que se llevaría a cabo dentro de los cuatro (4) meses contados a partir de su terminación (…). De acuerdo con lo anterior y siguiendo la jurisprudencia de unificación atrás referida, la Sala efectuará el cómputo de caducidad a partir del día siguiente a la fecha de suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato, comoquiera que aquella se realizó -13 de marzo de 2015- vencido el plazo de 4 meses pactado en el contrato para la liquidación de mutuo acuerdo, pero dentro de los 2 años siguientes al vencimiento de dicho lapso. En el caso sub judice la Sala encuentra establecido que la demanda fue presentada dentro de los dos (2) años de que trata literal j) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta: (i) que el contrato finalizó por vencimiento de su plazo el 28 de marzo de 2014 (…); (ii) que las partes liquidaron de común acuerdo el negocio jurídico, mediante acta suscrita el 13 de marzo de 2015 (…); (iii) este término se suspendió con la solicitud de conciliación extrajudicial (…), trámite que finalizó el 18 de agosto de 2016 cuando se declaró fallida la conciliación; y (iv) que el líbelo introductorio se radicó el 24 de noviembre de 2016.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el cómputo de la caducidad del medio de control de controversias contractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación de jurisprudencia de 1 de agosto de 2019, rad. 62009, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
CONTRATO DE INTERVENTORÍA / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO
Problema jurídico:
¿El régimen jurídico aplicable al contrato de interventoría es el previsto por el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, por ser celebrado por una entidad estatal que presta servicios públicos?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con la naturaleza de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., se advierte que el régimen de sus contratos es el previsto en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 (…). [L]a Sala advierte que el contrato de interventoría n.º PDA-C078-2011 del 19 de abril de 2011, cuyo objeto consistió en realizar la interventoría a los contratos de obra pública que ejecutaría en el departamento de Cundinamarca, se rige de modo preferente por el derecho privado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen jurídico aplicable a contratos celebrados por empresas de servicios públicos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera. sentencia de 24 de octubre de 2016, rad. 45607, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31
CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL DE EJECUCIÓN SUCESIVA / EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / CONTRATO BILATERAL / CONTRATO CONMUTATIVO / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Tratándose de contratos sujetos al derecho privado, la procedencia de un eventual restablecimiento de las condiciones contractuales frente al desequilibrio económico sobreviniente se debe analizar a partir del ámbito de la denominada “teoría de la imprevisión”, siempre que se trate de circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato de ejecución sucesiva, que generen una excesiva onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones o una alteración fundamental en el equilibrio prestacional?
Respuesta al problema jurídico: Si
[T]ratándose de contratos sujetos al derecho privado, como el que nos ocupa en el presente caso, la procedencia de un eventual restablecimiento de las condiciones contractuales frente al desequilibrio económico sobreviniente no se abre paso desde la perspectiva del artículo 27 de la Ley 80 de 1993, sino a partir del ámbito de la denominada “teoría de la imprevisión”, siempre que se trate de circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato de ejecución sucesiva, que generen una excesiva onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones o una alteración fundamental en el equilibrio prestacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 868 del Código de Comercio (…). [P]ara que se estructure la teoría de la imprevisión se requiere: (i) que el contrato sea bilateral, conmutativo y de ejecución sucesiva, periódica o diferida; (ii) que se presenten circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato; (iii) que esas circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles alteren o agraven la prestación a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa; y (iv) que el acontecimiento sea ajeno a las partes y no corresponda a un riesgo asumido en el contrato. Además, los anteriores presupuestos, que son concurrentes, deben encontrarse plenamente acreditados, carga probatoria que recae en el demandante, a quien le corresponde demostrar el rompimiento de la equivalencia contractual a causa de un hecho imprevisto e imprevisible, ajeno a las partes y que se produjo con posterioridad a la celebración del contrato, así como probar los sobrecostos extraordinarios derivados del mismo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la teoría de la imprevisión, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de enero de 2016, rad. 38449, C. P. Mata Nubia Velásquez Rico; sentencia de 8 de mayo de 2020, rad. 39386, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 19 de marzo de 2020, rad. 63572, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 28 de septiembre de 2011, rad. 15476, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / DEBERES DEL JUEZ / CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / DETERMINACIÓN DE LOS PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿En la responsabilidad contractual por incumplimiento, la parte que lo alega debe acreditar dicho incumplimiento y que ello le produjo un daño o lesión patrimonial, además debe demostrar el vínculo de causalidad entre el incumplimiento y el daño?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a responsabilidad civil contractual demanda la existencia de una obligación derivada de un contrato, cuyo cumplimiento haya sido omitido por el demandado, ocasionando con ello un menoscabo a un interés jurídicamente protegido en cabeza del demandante y, a su turno, la responsabilidad contractual de la administración requiere la existencia una obligación surgida de un contrato, cuyo cumplimiento sea imputable a la administración contratante y haya ocasionado el menoscabo de su derecho a la prestación. (…) [L]e corresponde al juez del contrato determinar si se reúnen los elementos propios de la responsabilidad contractual, es decir, aquella que surge de la inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un contrato existente y válido. Por tanto, además de la existencia y validez del contrato, es necesario encontrar demostrado en el proceso que la obligación derivada del negocio jurídico celebrado fue totalmente incumplida o se cumplió de manera defectuosa o tardía por la parte demandada, debiendo acreditarse, igualmente, que el incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que reclama la responsabilidad y el vínculo de causalidad entre el incumplimiento y el daño. (…) [E]n principio es carga del actor demostrar todos los elementos de la responsabilidad y, dentro de ellos, no solamente el incumplimiento de la obligación a cargo de la demandada, sino también el perjuicio. Con relación a la oportunidad de cumplimiento, se debe tener en cuenta que el deudor debe cumplir su obligación cuando la misma es exigible, circunstancia que se presenta: (i) cuando es pura y simple, desde su nacimiento; (ii) si es a plazo, al vencimiento del mismo y (iii) si es condicional, al cumplirse la condición. Ahora bien, si una vez la obligación es exigible y la misma no es satisfecha por el deudor, se produce el retardo que puede tener lugar por la inejecución de la obligación principal o por su ejecución defectuosa o tardía, pero para que tal retardo permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, es necesario además: (i) que el incumplimiento sea imputable al deudor; (ii) que el acreedor haya sufrido perjuicio a consecuencia de tal incumplimiento y (iii) que si la obligación es positiva, el deudor esté constituido en mora.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el incumplimiento contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de febrero de 2020, rad. 63123, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 22 de agosto de 2013, rad. 22947, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 28 de octubre de 2019, rad. 40992, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / ACTO PROPIO / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA
Problema jurídico:
¿En aplicación de la ley y del principio de buen fe contractual, si las partes han liquidado de común acuerdo el contrato celebrado regido por el derecho privado, el juez debe estarse a lo allí convenido?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n tratándose de regímenes exceptuados es claro en el derecho privado no está contemplada la liquidación del contrato, lo que, por supuesto, no es óbice para que las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad pacten llevar a cabo esta etapa y en la práctica celebren un acuerdo de voluntades en virtud del cual realicen de consuno un balance de las contraprestaciones del negocio jurídico que han celebrado, evento en el cual, sin lugar a dudas, dicho acuerdo de voluntades tiene fuerza vinculante, de modo que, en virtud de su obligatoriedad para las partes, de los postulados de la buena fe y del respeto por los actos propios (venire contra factum propium non valet), tal acuerdo no puede ser desconocido posteriormente ante la instancia judicial por parte de quien lo suscribió, salvo que se invoque algún vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo) o que aquello que se reclama en sede judicial no hubiere sido materia del cruce de cuentas convenido. (…) [C]on fundamento en lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil y en el principio de la buena fe, si los contratantes han liquidado de común acuerdo el contrato que han celebrado el juez ha de estarse a lo convenido, pues dicha liquidación es un negocio jurídico vinculante que tiene efectos de ley para los sujetos intervinientes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación bilateral de los contratos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de octubre de 2014, rad. 27777, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 10 de septiembre de 2007, rad. 16370, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 27 de agosto de 2020, rad. 48284, C. P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1603
APELANTE ÚNICO / RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿En eventos de apelante único, la competencia del juez de segunda instancia se ve limitada únicamente en relación con los reparos expuestos por el recurrente?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el recurso de apelación presentado por las sociedades REDCOM Ltda. y SERVINC Ltda., integrantes del Consorcio Aguas de Cundinamarca 2011, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 3 de mayo de 2018, que negó las pretensiones de la demanda, condenó en costas a la demandante y negó la objeción por error grave formulada por la demandada contra el dictamen pericial allegado al proceso, las recurrentes centran su reproche en los argumentos según los cuales en el caso concreto, por un lado, la Administración incumplió el contrato y, por el otro, se presentó un desequilibrio económico del contrato originado en la mayor permanencia en obra, por causas que no le resultan imputables al consorcio. Por tanto, comoquiera que solo la parte demandante presentó recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del CGP., se resolverá el asunto sub-lite únicamente en relación con los reparos expuestos por la recurrente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia del juez de segunda instancia, en eventos de apelante único, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación de 25 de junio de 2014, rad. 49299, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de unificación de 9 de febrero de 2012, rad. 21060, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / INTERPRETACIÓN POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO / NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Con el fin de establecer la voluntad de los contratantes, el contrato debe ser interpretado de acuerdo con la naturaleza del negocio celebrado, en forma sistemática, racional y lógica?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l contrato debe ser interpretados de acuerdo con la naturaleza del negocio celebrado, en forma sistemática, racional y lógica, con el fin de establecer la voluntad común de los contratantes o dándole a cada cláusula el sentido que mejor convenga a convenga al contrato en su totalidad o deberá estarse a la interpretación que mejor encuadre con la naturaleza del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la interpretación de los contratos, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 1º de agosto de 2002, rad. 6907; sentencia de 27 de mayo de 2008, rad. 11001-31-03-028-2000; sentencia de 28 de febrero de 2005, rad. 7504; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 2012, rad. 22714, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; y sentencia de 5 de marzo de 2021. rad. 39249, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / FORMA DE RENDIR EL DICTAMEN PERICIAL / OBJETIVO DEL DICTAMEN PERICIAL
Problema jurídico:
¿El juez debe apreciar el dictamen pericial de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta para tal efecto su solidez, claridad, exhaustividad y calidad, debe observar que se encuentre debidamente fundamentado y que el perito sea competente para rendir el dictamen?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo establecido en los artículos 232 y 235 del Código General del Proceso, el juez debe apreciar el dictamen pericial de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta para tal efecto su solidez, claridad, exhaustividad y calidad. Asimismo, debe observar que se encuentre debidamente fundamentado y que el perito sea competente para rendir el dictamen, es decir, que sea un experto en la materia científica, técnica o artística analizada. Además, es deber del juez valorar la imparcialidad del perito, pudiendo negarle efectos a la prueba cuando existan circunstancia que afecten gravemente su credibilidad. En este orden, tras valorar el contenido del dictamen, la Sala considera que la prueba, en punto a los aspectos objeto de debate, es decir, en lo que concierne a los sobrecostos reclamados por el consorcio con ocasión de la mayor permanencia en obra, originada en los “inconvenientes” que condujeron a que los contratos de obra se prorrogaran y suspendieran, carece de eficacia probatoria (…). [L]a Sala considera que el dictamen pericial carece de eficacia probatoria, pues, tal y como quedo visto, existen circunstancias que afectan la credibilidad de lo dicho en el informe. Además, las conclusiones a las que se llegó en el informe técnico no son del todo precisas, se refieren a puntos de derecho y desbordaron el objeto de la prueba.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la eficacia probatoria del dictamen pericial, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 2021, rad. 48436, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 28 de febrero de 2013, rad. 27959, C. P. Danilo Rojas Betancourth; y sentencia de 21 de marzo de 2012, rad. 24250, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 232, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 235
CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en segunda instancia a la parte que interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y éste no prosperó?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e condenará en costas en segunda instancia a la parte demandante, por concepto de agencias en derecho, pues interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. Al efecto, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 366 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, “por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”, vigente para el momento de la presentación de la demanda, según el cual tratándose de procesos declarativos en general la tarifa de agencias se ubicará entre 1 y 6 SMLMV, la Sala fija las agencias en derecho en esta instancia en tres (2) SMLMV, que corresponden a la suma de $2.000.000 y que se consideran causadas y comprobadas en razón de la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también de la actuación desplegada por la parte vencedora.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de la condena en costas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de marzo de 2021, rad. 51034, C. P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366