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Consejo de Estado
Providencia
Debe darse aplicación al inciso segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887
Sentencia — Sentencia
2022-06-10
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 52001233300020140007002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuál es el término para declarar de oficio o a petición de parte la nulidad absoluta del contrato y cuál es la normatividad aplicable? Sí
El juez debe declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato estatal cuando este se celebre en violación de una prohibición legal expresa o cuando su objeto sea ilícito, independientemente de la petición de las partes, conforme a lo dispuesto por el artículo 1742 del Código Civil y el artículo 45 de la Ley 80 de 1993. En el caso analizado, la entidad celebró un contrato de obra bajo la figura de un contrato de cooperación, lo cual contraviene la prohibición legal expresa del artículo 2 del Decreto 777 de 1992, configurando una nulidad absoluta por objeto ilícito. Además, la omisión del procedimiento licitatorio previsto en el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 también genera una nulidad absoluta, según el artículo 1741 del Código Civil. La Sala reitera que el juez debe declarar oficiosamente la nulidad absoluta del contrato cuando se evidencie de manera manifiesta una violación a la ley o a la naturaleza del contrato, lo que implica que las entidades estatales deben cumplir rigurosamente con las disposiciones legales y reglamentarias en la celebración de contratos.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuando se ejecuta un contrato de obra bajo la figura de un contrato de cooperación, se configura una nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito que debe ser declarada de oficio?
¿Cuál es la diferencia del contrato de cooperación y el contrato de obra pública y la ejecución de un contrato con la indebida nominación de contrato de cooperación configuran la causal de nulidad…
¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas y cuáles son los parámetros para la liquidación?
Consejo de Estado
Providencia
Se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del negocio jurídico
Sentencia — Sentencia
2025-05-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020190046401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del negocio jurídico? Sí
La pretensión de nulidad absoluta de un contrato estatal caduca a los dos años contados desde el día siguiente al perfeccionamiento del negocio jurídico, conforme al literal j) del artículo 164 del CPACA, salvo que se interponga mientras el negocio se encuentre vigente. La regla se apoya en que el término se cuenta desde el perfeccionamiento y no desde la ejecución, y en que la demanda cabe mientras el negocio se encuentre vigente. Por ello, la fecha de perfeccionamiento es determinante para establecer la oportunidad. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, la demanda se presentó más de tres años después del perfeccionamiento y cuando el contrato ya no estaba vigente, por lo que se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta. Como consecuencia práctica, la pretensión de nulidad absoluta debe formularse dentro de los dos años o mientras el contrato se mantenga vigente, so pena de caducidad.síntesis automática
También resuelve:
¿La formulación de las pretensiones adolece de una notable imprecisión y falta de claridad en tanto no se identificó cuáles de ellas eran principales, subsidiarias y consecuenciales?
¿Las correcciones y ajustes debían ser considerados en la programación del contratista y no lo exoneraban de cumplir con la entrega de los estudios y diseños…
¿La interventoría recomendó iniciar proceso sancionatorio, con fundamento en el reiterado incumplimiento de las obligaciones del hoy demandante?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
No existe, como requisito de acceso a la administración de justicia
Sentencia — Sentencia
2021-12-10
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 68001233100020110065001
ACCION CONTRACTUAL
¿La liquidación del contrato es un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de controversias contractuales? No
El contratista no necesita realizar la liquidación del contrato como requisito de procedibilidad para ejercer la acción de controversias contractuales, ya que los requisitos de procedibilidad deben interpretarse restrictivamente y no existe un requerimiento legal expreso que lo establezca. La liquidación unilateral por parte de la entidad estatal no impide el análisis del incumplimiento contractual, siempre y cuando el contratista incluya la nulidad del acto liquidatario en sus pretensiones, pero esto no es un requisito de procedibilidad sino un presupuesto lógico para la prosperidad de las pretensiones. La Sala revoca la sentencia de primera instancia que declaró la excepción de inepta demanda por falta de liquidación, permitiendo que el juez estudie el incumplimiento del contrato incluso durante su ejecución, siempre que se respete lo estipulado en el contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede el descuento del llamado impuesto de guerra por parte de la entidad al contratista entendiendo este un tributo aplicable a los contratos de obra pública?
¿Incurrió en doble tributación la administración al realizar el descuento por el tributo de estampilla con inclusión del monto del IVA?
Consejo de Estado
Providencia
El acta de recibo final de la obra constituye un instrumento formal por medio del cual se verifica y deja constancia de la cantidad
Sentencia — Sentencia
2025-07-01
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020210061701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El acta de recibo final de obra es un elemento excluyente de responsabilidad contractual del contratista en aquellos eventos en los que posteriormente se adviertan vicios ocultos o defectos constructivos? No
El acta de recibo final de obra no exime al contratista de su responsabilidad por vicios ocultos o defectos constructivos que puedan surgir posteriormente, ya que esta acta solo certifica la conformidad externa de la obra con el plan acordado y las normas técnicas aplicables, conforme al artículo 2060 numeral 4 del Código Civil y la remisión normativa del artículo 13 de la Ley 80 de 1993. La liquidación del contrato, que sigue posteriormente, es un acto jurídico complejo que permite una revisión exhaustiva de todos los aspectos del contrato, incluyendo la calidad de los materiales y el cumplimiento de plazos, lo que puede revelar incumplimientos no detectados en el acta de recibo. En el caso concreto, la acta de recibo final dejó constancia explícita de que no eximía al contratista ni a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, reiterando que la entrega formal de la obra no implica una declaración definitiva sobre el cumplimiento total de las obligaciones del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿Pueden surgir en la liquidación situaciones de incumplimiento no detectadas en el acta de recibo?
¿El acta de recibo final de obra exime al contratista o a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades?
¿El principio de buena fe contractual impone a las partes de una relación negocial el deber de actuar con rectitud, honradez, lealtad y coherencia con sus actos previos…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El IDU incumplió el pago de unas facturas
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020150263002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El IDU incumplió el pago de unas facturas? Sí
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel?
¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato?
¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
A esta jurisdicción está adscrito este debate en sede judicial
Sentencia — Sentencia
2025-02-03
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 73001233300020130005902
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado en contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en consideración de la cuantía del proceso, y en el marco de la controversia derivada de contratos estatales celebrados por una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para cuestionar el incumplimiento y la alteración del equilibrio económico en contratos estatales celebrados con empresas industriales y comerciales del Estado del orden municipal, siempre y cuando la controversia surja durante la ejecución del contrato y afecte directamente a las partes contratantes. En este caso, el Consejo de Estado confirmó la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de la apelación presentada contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, debido a la cuantía del proceso y la naturaleza pública de la empresa industrial y comercial municipal. La Sala estableció que tanto el contratista como la entidad estatal son legitimados en la causa por activa y pasiva respectivamente, y que la legitimación puede extenderse a la entidad territorial que tiene una vinculación material al contrato por medio de un contrato interadministrativo. Esto implica que los contratistas pueden utilizar este medio de control para resolver disputas contractuales complejas que involucran a entidades públicas de diferentes niveles.síntesis automática
También resuelve:
¿Resulta procedente el medio de control de controversias contractuales para cuestionar el incumplimiento y la ruptura del equilibrio económico en el contrato de obra por administración delegada No.…
¿Se encuentran legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, el demandante y la Gestora Urbana de Ibagué en el marco de la acción contractual…
¿Se presentó de manera oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar el incumplimiento del contrato de obra por administración delegada y el restablecimiento del…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La celebración de un contrato que materialmente corresponde a una obra pública sin agotar la licitación pública configura nulidad absoluta por objeto ilícito.
Salvamento voto — Salvamento de voto
2025-09-16
Sección Tercera (Subsección A)
MARÍA ADRIANA MARÍN
Rad. 85001233300020150006402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La omisión del procedimiento de licitación pública para la celebración de un contrato que materialmente correspondía a un contrato de obra, configura una causal de nulidad absoluta por objeto ilícito? Sí
El operador judicial declara la nulidad absoluta de los negocios jurídicos cuando se omite el procedimiento de selección de licitación pública exigido legalmente para contratos que materialmente corresponden a obra pública, con independencia de la denominación que las partes le otorguen al vínculo contractual. En el presente asunto, el magistrado disidente destacó en su salvamento de voto que el denominado convenio de asociación implicaba en realidad obligaciones propias de un contrato de construcción de vivienda con suministro de materiales y mano de obra a cargo de un constructor particular, configurando una actuación contraria al ordenamiento jurídico que ameritaba privar de efectos los derechos derivados del título.síntesis automática