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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: a esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial

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Fecha
2023-06-28
Radicado
08001233300420140165201
Número interno
61127
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CENTRO INTEGRAL DE TRANSITO S.A.S. - CENINTRA S.A.S.
Demandado
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: a esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto guardián de la constitucionalidad y legalidad administrativa, conoce de las controversias sobre contratos del Estado. A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial. Es así como, con fundamento en el artículo 104 del CPACA se advierte la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto, el cual versa sobre el contrato de arrendamiento n.º 052 del 23 de agosto de 2012 celebrado por el Instituto de Tránsito del Atlántico, entidad que ostenta la calidad de establecimiento público del orden departamental, de donde se desprende claramente su naturaleza pública, de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza departamental n.º 000035 del 29 de agosto de 2005.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Las controversias sobre contratos del Estado corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conforme al artículo 104 del CPACA, y la segunda instancia procede cuando la cuantía del proceso supera los 500 SMLMV. La regla se apoya en que el contrato fue celebrado por una entidad de naturaleza pública, un establecimiento público del orden departamental, lo que confirma el carácter público del asunto. Además, la vocación de doble instancia depende de la cuantía del proceso, que en este caso superaba el monto legal para el año de la controversia. En el asunto, el contrato de arrendamiento celebrado por el instituto fue objeto de controversia y la Sala asumió la competencia para resolver la apelación contra la sentencia de primera instancia. La Sala modificó la sentencia apelada. En la práctica, el contrato de arrendamiento de una entidad pública llega a la jurisdicción contenciosa cuando supera la cuantía de la doble instancia.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos del Estado, dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 152 núm. 5

También resuelve

  • ¿Resulta procedente el medio de control de controversias contractuales para demandar el incumplimiento del contrato de arrendamiento…
  • ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para solicitar la declaratoria del incumplimiento de un contrato de arrendamiento?
  • ¿El departamento del Atlántico está legitimado en la causa por pasiva en el presente proceso de controversias contractuales…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

COMPETENCIA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO ESTATAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL DE ARRENDAMIENTO CUANTÍA DE LA DEMANDA CUANTÍA DEL PROCESO VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDABLE ACTIVIDAD CONTRACTUAL ALCANCE DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL FALLO INHIBITORIO SENTENCIA INHIBITORIA PROCEDENCIA DE LA SENTENCIA INHIBITORIA PROCEDENCIA DEL FALLO INHIBITORIO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA NATURALEZA JURÍDICA DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PARTES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA CONTRATACIÓN ESTATAL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN LEY APLICABLE AL CONTRATO NORMATIVA DEL CONTRATO CLÁUSULA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL PROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ESTATAL CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ESTATAL INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO DERECHO A LA AUTONOMÍA PRIVADA PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES FOTOGRAFÍA VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA TESTIMONIO PRUEBA TESTIMONIAL TESTIMONIO SOSPECHOSO TESTIGO SOSPECHOSO DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CARGA DE LA PRUEBA ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO ACTUACIÓN EN EL PROCESO ACTUACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

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Titulación de la relatoría 35.950 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL DE ARRENDAMIENTO / CUANTÍA DE LA DEMANDA / CUANTÍA DEL PROCESO / VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos del Estado, dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto guardián de la constitucionalidad y legalidad administrativa, conoce de las controversias sobre contratos del Estado. A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial. Es así como, con fundamento en el artículo 104 del CPACA se advierte la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto, el cual versa sobre el contrato de arrendamiento n.º 052 del 23 de agosto de 2012 celebrado por el Instituto de Tránsito del Atlántico, entidad que ostenta la calidad de establecimiento público del orden departamental, de donde se desprende claramente su naturaleza pública, de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza departamental n.º 000035 del 29 de agosto de 2005. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 28 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la cuantía para el año 2014 supera los 500 SMLMV, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152-5 del CPACA, vigentes a la fecha de la presentación de la demanda. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDABLE / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / ALCANCE DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL DE ARRENDAMIENTO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / FALLO INHIBITORIO / SENTENCIA INHIBITORIA / PROCEDENCIA DE LA SENTENCIA INHIBITORIA / PROCEDENCIA DEL FALLO INHIBITORIO Problema jurídico: ¿Resulta procedente el medio de control de controversias contractuales para demandar el incumplimiento del contrato de arrendamiento, pero no para solicitar la nulidad de unos oficios suscritos por una entidad del Estado en el marco de la ejecución de un contrato estatal, al no constituir actos administrativos? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con el artículo 141 del CPACA, el medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos dentro del desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas. De igual manera, el Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. (…) En el presente caso, en punto de las pretensiones relativas a la responsabilidad contractual, se estima que el medio de control de controversias contractuales ejercido por la parte actora es adecuado, por cuanto a través de su demanda persigue que se declare el incumplimiento del contrato de arrendamiento n.° 052 del 23 de agosto de 2012 y solicita la correspondiente indemnización de perjuicios. (…) Ahora bien, en lo que respecta a las pretensiones correspondientes a la nulidad de los oficios -sin número- de fecha 19 de diciembre de 2013, n.º 000161 del 10 de marzo de 2014, n.º 000260 del 26 de marzo de 2014, n.º 00882-1 del 18 de junio de 2014 y -sin número- del 24 de junio de 2014, suscritos por el ITA en el marco de la ejecución del contrato, y su consecuente restablecimiento del derecho, la Sala estima improcedente dicha pretensión, comoquiera que estos oficios no pueden ser objeto de una declaración judicial de nulidad, pues no reflejan una manifestación unilateral de la voluntad de la Administración con carácter ejecutivo y ejecutorio, sino que simplemente constituyen comunicaciones que dan cuenta de la postura de la entidad en torno a dar por terminado el contrato de arrendamiento n.° 052 del 23 de agosto de 2012 (…). En efecto, se advierte que mediante los oficios referidos la entidad únicamente comunicó la posición de la entidad contratante como parte del negocio jurídico en el sentido de terminarlo unilateralmente de conformidad con la cláusula contractual estipulada a dicho efecto, de modo que, sin duda, no se originaron a partir de una prerrogativa o del poder propio del Estado y, por lo mismo, no crearon, extinguieron o modificaron una situación jurídica, por lo que no constituyen actos administrativos. A este efecto, conviene reiterar que durante la ejecución del contrato estatal no todas las expresiones de la entidad pública contratante se califican como un acto administrativo, es decir, no todas sus manifestaciones constituyen declaraciones unilaterales de voluntad en ejercicio de la función administrativa, que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas. En el curso del tráfico negocial las entidades proporcionan respuestas y dirigen comunicaciones que no constituyen actos administrativos, a menos que decidan con predominio y fuerza vinculante asuntos de la relación contractual. Por tanto, no basta que se exprese una postura o se formule un concepto por parte de la autoridad pública; el acto administrativo siempre contiene una decisión, cuyo fundamento se encuentra directamente en el ejercicio de las potestades propias del poder público. (…) Por consiguiente, dado que los oficios: -sin número- de fecha 19 de diciembre de 2013, n.º 000161 del 10 de marzo de 2014, n.º 000260 del 26 de marzo de 2014, n.º 00882-1 del 18 de junio de 2014 y -sin número- del 24 de junio de 2014, suscritos por el ITA en marco de la ejecución del contrato, no constituyen actos administrativos, la Sala se declarará inhibida para efectuar pronunciamiento alguno en torno a su legalidad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza jurídica de los actos suscritos por entidades del Estado en marco de la ejecución de un contrato estatal, consultar providencias de 10 de marzo de 2005, Exp. 14853, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 10 de noviembre de 2005, Exp. 13920, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 18 de marzo de 2010, Exp. 14390, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 17 de marzo de 2021, Exp. 39970, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; de 21 de mayo de 2021, Exp. 49483, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para solicitar la declaratoria del incumplimiento de un contrato de arrendamiento? Respuesta al problema jurídico: Si Comoquiera que la parte demandante pretende que se declare el incumplimiento del contrato de arrendamiento n.° 052 del 23 de agosto de 2012, la Sala abordará el examen de caducidad de conformidad con lo previsto en el numeral v), literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, aplicable al caso concreto en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, según el cual, en demandas relativas a contratos que requieren de liquidación y esta no se logra por mutuo acuerdo o no se practica unilateralmente por la administración, el medio de control de controversias contractuales caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados una vez cumplido el término de dos (2) meses a partir del vencimiento del plazo convenido liquidar el contrato bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el presente caso el contrato de arrendamiento objeto de reproche es, sin duda, un negocio jurídico de tracto sucesivo que requería de liquidación -artículo 60 de la Ley 80 de 1993- y no se probó que esta su hubiera efectuado. (…) En este orden, para determinar el momento a partir del cual se debe empezar a contabilizar la caducidad del medio de control, es menester establecer la fecha de terminación del contrato de arrendamiento n.º 052 del 23 de agosto de 2012. Bajo el anterior contexto, para la Sala resulta claro que el contrato de arrendamiento n.º 052 del 23 de agosto de 2012 finalizó el 25 de junio de 2014, fecha en la que iniciaron las labores de ampliación y adecuación del espacio arrendado, lo que en efecto motivó la terminación del negocio jurídico. De hecho, la misma demandante solicitó la restitución del goce del espacio del inmueble arrendado, el cual, según adujo, se vio afectado a partir de esta fecha, de donde se desprende que el contrato expiró ese día. (…) De acuerdo con lo anterior, en el caso sub judice se advierte que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, esto es, dentro de los dos (2) años contados a partir del vencimiento de los seis (6) meses para liquidar el contrato, los cuales expiraron el 27 de diciembre de 2016, teniendo en cuenta: i) que el 5 de septiembre de 2014 se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial, trámite que fue declarado fallido el 11 de noviembre de 2014, y ii) que la demanda se presentó el 18 de diciembre de 2014. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la determinación de la regla de caducidad cuando se presentan conflictos entre normas, consultar providencia de 24 de abril de 2017, Exp. 56902, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / PARTES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA Problema jurídico: ¿El departamento del Atlántico está legitimado en la causa por pasiva en el presente proceso de controversias contractuales, en el que se solicita la declaratoria del incumplimiento de un contrato de arrendamiento del que no se hizo parte dicha entidad territorial? Respuesta al problema jurídico: No Para resolver el primer problema jurídico planteado, conviene comenzar por anotar que la legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo, de modo que la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. Así las cosas, la legitimación en la causa corresponde a un elemento necesario para obtener sentencia favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por tanto, desde el extremo activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico procesal, supone ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial por el derecho o interés que es objeto de controversia. En este sentido, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. (…) En suma, la legitimación en la causa por activa supone la verificación de que quien demanda tenga la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que la legitimación en la causa por pasiva supone ser la persona llamada a responder por el derecho o interés que es objeto de controversia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 del CPACA, tratándose del medio de control de controversias contractuales la legitimación en la causa se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato y, por tanto, aquellas son las llamadas a demandar y ser demandadas. (…) Bajo el anterior contexto, y teniendo en cuenta que en casos como el que nos ocupa, en los que se pretende la declaratoria del incumplimiento contractual -responsabilidad contractual-, la legitimación en la causa recae en la partes del contrato, en el presente caso se concluye que la sociedad Centro Integral de Tránsito S.A.S. y el Instituto de Tránsito del Atlántico están legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, toda vez que son los extremos del contrato de arrendamiento n.º 052 suscrito el 23 de agosto de 2012, esto es, ostentan la condición de arrendatario y arrendador. (…) En lo que se refiere al departamento del Atlántico, la Sala estima que no le asiste razón a la parte recurrente, toda vez que el ente territorial no hizo parte de la relación contractual controvertida, de donde se desprende, sin lugar a dudas, que no está llamado a responder en el presente caso, de manera que no está legitimado en la causa por pasiva, máxime cuando el contrato de arrendamiento n.º 052 del 23 de agosto de 2012 fue suscrito por el Instituto de Tránsito del Atlántico, entidad pública del orden departamental que, de conformidad con la ordenanza departamental n.º 000035 del 29 de agosto de 2008, cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente”. Por tanto, sobre este particular se confirmará la sentencia de primera instancia en lo que atañe a la falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento del Atlántico. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la legitimación en la causa, consultar providencias de 20 de septiembre de 2001, Exp. 10973, C.P. de26 de septiembre de 2012, Exp. 24677, C.P. Enrique Gil Botero. CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / LEY APLICABLE AL CONTRATO / NORMATIVA DEL CONTRATO / CLÁUSULA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL DE ARRENDAMIENTO / PROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ESTATAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / DERECHO A LA AUTONOMÍA PRIVADA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES Problema jurídico: ¿La terminación unilateral del contrato de arrendamiento obedeció al ejercicio de una facultad exorbitante como la consagrada en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993? Respuesta al problema jurídico: No [E]l régimen aplicable al negocio jurídico [contrato de arrendamiento] es el previsto en la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de la remisión al derecho privado prevista en el artículo 13 ibídem, estatuto vigente al tiempo de su celebración, de modo que este será el marco normativo bajo el cual se abordará el análisis de las pretensiones de la demanda. El artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que consagra los medios que pueden utilizar las entidades públicas para el cumplimiento del objeto contractual, prevé las denominadas cláusulas excepcionales de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad, las cuales, en pro del interés general, se encuentran reservadas a la Administración. En tal sentido, la cláusula excepcional de terminación unilateral del contrato tiene “[…] el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos … y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación […]” de los mismos y cuando es ejercida la entidad debe proceder al reconocimiento y pago de las compensaciones “… e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial”. Además, las causales por las cuales se puede ejercer dicha potestad excepcional se encuentran recogidas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993 (…). Ahora bien, en cuanto al contenido de los contratos estatales, es de resaltar que el estatuto general de contratación de la administración pública establece que las estipulaciones contractuales han de ajustarse a las disposiciones legales que correspondan a la naturaleza y la esencia del negocio jurídico de que se trate, pudiendo la partes acordar libremente, en el marco de su autonomía de la voluntad, las cláusulas que consideren convenientes o necesarias y que no contraríen el ordenamiento jurídico. A partir de lo anterior, cabe precisar que la Administración, además de pactar la terminación unilateral del contrato como cláusula excepcional (artículos 14 y 17 de la Ley 80 de 1993), puede estipular de común acuerdo con la otra parte y dotarse mutuamente o a una de ellas, en ejercicio de la autonomía privada, la facultad de resolver el contrato, pacto que constituye ley para las partes y que, por tanto, no puede ser anulado sino por contrariar el orden público y las buenas costumbres o cuando implique abuso del derecho, de manera que ambas posibilidades pueden convenirse en una relación contractual estatal. En suma, en contratos sometidos al estatuto general de contratación de la administración pública en los que la entidad proceda a la terminación unilateral del contrato, como ocurre en el presente caso, le corresponderá al juez establecer si dicha terminación: (i) obedeció al ejercicio de la potestad excepcional prevista en el artículo 17 Ley 80 de 1993 y si, en tal sentido, estaban dados los presupuestos establecidos en la Ley para la aplicación de esta figura -control de legalidad-; o (ii) si tuvo lugar en virtud de una estipulación contractual pactada en el negocio jurídico en ejercicio de la autonomía privada, caso en el cual se deberá examinar si se cumplieron o no los presupuestos regulados en el contrato para proceder en tal sentido, es decir, si se incumplió o no el acuerdo de voluntades -responsabilidad contractual-. En el presente caso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1618 del Código Civil, se advierte que la común intención de las partes expresada en el numeral 5 de la cláusula decimosexta del contrato de arrendamiento n.º 052 del 23 de agosto de 2012, da cuenta que el ITA y CENINTRA S.A.S convinieron libre y voluntariamente que la Administración podría terminar el negocio jurídico si la entidad pretendía realizar obras de modernización o reparación en la sede objeto del arrendamiento (…). A este efecto, en el asunto sub judice quedó acreditado que el ITA dio por terminado el contrato de arrendamiento n.º 052 del 23 de agosto de 2012 con fundamento en lo establecido en el numeral 5 de la cláusula decimosexta del contrato (…) según la cual procedía su terminación inmediata “5. Por requerirlo el ITA para otros fines diferentes o para efectuar mejoras u obras de modernización o reparación”, de lo cual se colige que la entidad hizo uso de la prerrogativa pactada por las partes de común acuerdo para la resolución del acuerdo de voluntades, sin que de aquello pueda derivarse el ejercicio de una facultad exorbitante como la consagrada en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de las cláusulas excepcionales en el contrato estatal, consultar providencia de 24 de octubre de 2013, Exp. 24697, C.P. Enrique Gil Botero. Sobre la facultad de las partes del contrato estatal para pactar cláusulas de terminación o resolución unilateral, en el marco de la autonomía privada, consultar providencia de 18 de agosto de 2020, Exp. 36875, C.P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618 FOTOGRAFÍA / VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA / FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA / FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Las fotografías aportadas al proceso pueden ser valoradas cuando no se tiene certeza de la persona que las realizó y tampoco de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas? Respuesta al problema jurídico: No En el expediente reposan 16 fotografías en las que se observa mobiliario de oficina, computadores e impresoras agrupados en un espacio, las cuales, según se afirma en la demanda, dan cuenta de “la ocupación y perturbación indebida y violatoria del debido proceso, y del derecho al goce que concede el contrato de arrendamiento”. (…) Para la Sala, a pesar de lo manifestado por los testigos, las fotografías obrantes en el expediente tan solo dan cuenta del registro de imágenes. De hecho, no existe plena convicción acerca de la persona que las realizó ni sobre las circunstancias de tiempo en que fueron tomadas, es decir, no se puede cotejar ni determinar si en efecto corresponden a fotografías que se hubiesen realizado para la fecha de los hechos objeto de debate en esta sede judicial, puntualmente para la época en la que se terminó unilateralmente el contrato; además de que la prueba no tiene soporte alguno sobre este particular, los testigos tampoco dieron cuenta de ello ni brindaron mayor detalle al respecto en su relato, de tal suerte que la Sala no le dará mérito probatorio a la prueba. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del valor probatorio de las fotografías, consultar providencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 28832, C.P. Danilo Rojas Betancourth. TESTIMONIO / PRUEBA TESTIMONIAL / TESTIMONIO SOSPECHOSO / TESTIGO SOSPECHOSO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Aunque los testimonios que provienen de personas que tenían un vínculo de cercanía o contractual con las partes resultan sospechosos, no pueden desecharse de plano por el juez, sino que deben ser valorados con especial severidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada caso? Respuesta al problema jurídico: Si [C]omoquiera que los testimonios (…) provienen de personas con un vínculo laboral con la sociedad demandante, a juicio de la Sala sus declaraciones resultan sospechosas, por lo cual serán valoradas con la especial severidad que se requiere. Al respecto, vale reiterar que conforme lo ha manifestado esta Corporación, los testimonios que resulten sospechosos no pueden desecharse de plano, sino que deben ser examinados y valorados con mayor rigurosidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada asunto litigioso. Ahora bien, aun cuando los anteriores testimonios no brindan mayor detalle diferente al contenido en las pruebas documentales obrantes en el proceso, serán objeto de valoración en lo que atañe al periodo de ejecución del contrato, así como también de su valor y de su terminación, pues al respecto el dicho de los testigos es preciso, claro y encuentra respaldo en las pruebas documentales referidas anteriormente (...). Por su parte, con relación a las respuestas formuladas por los testigos frente a las imágenes fotográficas (...), la Sala no le dará credibilidad a su dicho, pues aquel partió de la base de una relación fotográfica que, como quedó visto, no será objeto de valoración, en la medida que tan solo da cuenta del registro de imágenes. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de los testimonios sospechosos, consultar providencias de 28 de febrero de 2011, Exp. 20262, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 217 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL DE ARRENDAMIENTO / CLÁUSULA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿La terminación unilateral del contrato de arrendamiento constituyó un incumplimiento de lo pactado por las partes, imputable a la entidad estatal demandada? Respuesta al problema jurídico: No CENINTRA S.A.S. alega que el ITA incumplió el contrato de arrendamiento n.° 052 del 23 de agosto de 2012, porque en el presente caso no procedía su terminación unilateral. (…) [C]omoquiera que en el asunto sub judice la terminación unilateral del contrato obedeció al uso de una estipulación convenida por las partes y no al ejercicio de una facultad exorbitante (...), le corresponde al juez del contrato determinar si se reúnen los elementos propios de la responsabilidad contractual, es decir, aquella que surge de la inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un contrato existente y válido. Por tanto, además de la existencia y validez del contrato, es necesario encontrar demostrado en el proceso que la obligación derivada del negocio jurídico celebrado fue totalmente incumplida o se cumplió de manera defectuosa o tardía por la parte demandada, debiendo acreditarse, igualmente, que el incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que reclama la responsabilidad y el vínculo de causalidad entre el incumplimiento y el daño. Adicionalmente, como es bien sabido, en principio es carga del actor demostrar todos los elementos de la responsabilidad y, dentro de ellos, no solamente el incumplimiento de la obligación a cargo de la demandada, sino también el perjuicio, el cual, de acuerdo con lo afirmado en las demandas acumuladas, corresponde al costo de los valores en que incurrió el contratista para la ejecución de los contratos y la utilidad dejada de percibir. Con relación a la oportunidad de cumplimiento, se debe tener en cuenta que el deudor debe cumplir su obligación cuando la misma es exigible, circunstancia que se presenta: (i) cuando es pura y simple, desde su nacimiento; (ii) si es a plazo, al vencimiento de este y (iii) si es condicional, al cumplirse la condición. Ahora bien, si una vez la obligación es exigible y la misma no es satisfecha por el deudor, se produce el retardo que puede tener lugar por la inejecución de la obligación principal o por su ejecución defectuosa o tardía, pero para que tal retardo permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, es necesario además: (i) que el incumplimiento sea imputable al deudor; (ii) que el acreedor haya sufrido perjuicio a consecuencia de tal incumplimiento y (iii) que si la obligación es positiva, el deudor esté constituido en mora. A la vista de los hechos probados en el caso sub examine y del derrotero probatorio (…), así como también del alcance de los compromisos acordados por las partes contratantes en el contrato de arrendamiento n.° 052 del 23 de agosto de 2012, puntualmente en lo que hace a su terminación, la Sala advierte que el incumplimiento alegado por la parte actora en cuanto a que no estaban dados los presupuestos para que el ITA terminara unilateralmente el contrato, no se encuentra acreditado (…). [E]n el presente asunto, a juicio de la Sala, emerge con claridad que la voluntad de las partes -artículo 1618 del C.C.-, al amparo de lo acordado en la cláusula decimosexta del contrato, consistió en pactar su terminación inmediata en ciertos eventos, entre ellos, cuando el ITA requiriera el inmueble arrendado “para efectuar mejoras u obras de modernización o reparación”, prerrogativa que, al tenor de lo estipulado en el numeral 5 de la cláusula referida, se radicaba en cabeza de la entidad pública demandada ante la necesidad de realizar obras tendientes a la mejora, modernización o reparación del inmueble. En tal sentido, aun cuando la sociedad demandante estimó que en el presente caso no estaban dados los presupuestos para la terminación unilateral del contrato de arrendamiento n.º 052 del 23 de agosto de 2012, para la Sala resulta claro que el ITA procedió a la resolución del negocio jurídico, esto es, a su terminación inmediata, en estricto acatamiento de la prerrogativa que le fue otorgada en el numeral 5 de la cláusula decimosexta del contrato, pues en efecto requería de forma inmediata el espacio arrendado para efectuar labores encaminadas a la adecuación de la sede arrendada. (…) A la anterior conclusión arriba la Sala partiendo de recordar que el soporte sobre el que se estructura el régimen contractual es el mutuo consentimiento de las partes que da lugar al nacimiento de obligaciones recíprocas, como expresión de la autonomía de la voluntad y del que emerge la fuerza vinculante del negocio jurídico libremente convenido y el deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados. El principio enunciado –pacta sunt servanda, garante de la seguridad jurídica, constituye pilar esencial de las relaciones contractuales y encuentra su fundamento en la autonomía privada de la voluntad como fuente primaria de derechos y obligaciones. Tanto es así, que toda la estructura jurídica construida sobre la base del poder de la voluntad para que los sujetos puedan darse sus propias reglas de conducta descansa en la confianza de que se cumplirá aquello que se conviene libre y voluntariamente. En efecto, la fuerza obligatoria del contrato se funda en la voluntad o querer de las partes que intervienen en él, teniendo éstas la facultad de limitar su libertad para asumir un deber de conducta en razón a una determinada causa. En nuestro ordenamiento jurídico, tanto el Código Civil como el Código de Comercio, recogen este principio en los artículos 1602 y artículo 871, respectivamente, según los cuales los contratos válidamente celebrados son ley para los contratantes y no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por las causas legales. En este orden de ideas, comoquiera que en el presente caso la demandante no probó que la entidad pública demandada hubiese inobservado las estipulaciones contractuales pactadas de común acuerdo, atinentes a la terminación del contrato -numeral 5 de la cláusula decimosexta del negocio jurídico-, se concluye que no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, pues no probó el incumplimiento alegado. Lo anterior, teniendo en cuenta que según lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, (…) de donde el incumplimiento contractual que se alega requiere de prueba y sin ella no es posible su declaración. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad contractual y sus elementos, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 9 de marzo de 2001, Exp. 5659. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1615, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618 CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / ACTUACIÓN EN EL PROCESO / ACTUACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Hay lugar a condenar en agencias en derecho a la parte vencida en el proceso, cuando se observa que la contraparte no intervino en el trámite de la segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: No [S]e condenará en costas en segunda instancia a la parte demandante, pues interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la parte demandada no intervino en segunda instancia, de tal manera que aquellas no se entienden causadas. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la condena en agencias en derecho, consultar providencia de 5 de marzo de 2021, Exp. 51034, C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=080012333004201401652011100103