Titulación de la relatoría 30.482 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.5 CCA (...).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1
OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACCIÓN CONTRACTUAL DE RESPONSABILIDAD
Problema jurídico:
¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios originados de una relación contractual (arts. 50 y 51 Ley 80, 1546 y 1602 CC y 87 CCA).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 51, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos liquidados de común acuerdo caduca en dos años contados desde la firma del acta?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 136.10.c CCA dispone que la demanda se puede intentar en los contratos que requieran liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos años contados desde la firma del acta. La demanda se interpuso en tiempo –30 de julio de 2008– pues las partes suscribieron el acta bilateral de liquidación del contrato n°. 2557 el 15 de agosto de 2007, que requería de liquidación de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 al ser de tracto sucesivo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL C, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / REQUISITOS DE LA DEMANDA / REQUISITOS DE LA DEMANDA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CLASES DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FORMULACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / UNIDAD DE OBJETO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Se configuró la excepción de inepta demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
Conforme al artículo 97.7 CPC, aplicable por remisión expresa del artículo 267 CCA, la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones es una excepción previa. En armonía con esa disposición, los artículos 137 y 138 CCA y 75 CPC disponen que la demanda con que se promueva un proceso debe contener lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las pretensiones se deben formular por separado, con observancia de lo dispuesto en el artículo 82 CPC. En la demanda se pidió –como pretensión declarativa– que se declarara la existencia del contrato n°. 2257 de 2006 y –como pretensiones condenatorias– la indemnización de los perjuicios materiales y morales. Aunque la parte demandante no incluyó una pretensión de incumplimiento, en la demanda quedó consignado que se trataba de una “demanda ordinaria derivada de un contrato estatal de obra pública, en contra de la Nación-Ministerio de Transporte y el INVIAS, ante el incumplimiento del Contrato de Obra n°. 2257”. Según la demanda, además, la entidad pública tenía la obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato cuando este "se viere amenazado por el incumplimiento de la entidad". Se infiere de los hechos y fundamentos de derecho que las pretensiones indemnizatorias se derivaban del incumplimiento del contrato. Por ello, la Sala estudiará este asunto de fondo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 137, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 138, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 75, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 82, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 97 NUMERAL 7
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / DOCUMENTO PÚBLICO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO / REQUISITOS DEL DOCUMENTO PRIVADO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / SISTEMA DE SANA CRÍTICA / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA
Problema jurídico:
¿Los documentos en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art 187 CPC).
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto al valor probatorio de los documentos en copia simple, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 277, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 279
CONTRATOS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / RÉGIMEN JURÍDICO DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA / MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
Problema jurídico:
¿Al contrato se le aplican las disposiciones del Estatuto General de la Contratación Estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 1 de la Ley 80 de 1993 establece que esa ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. En consonancia, el literal a) del numeral 1 del artículo 2, definió, para los solos efectos de esta ley, que los establecimientos públicos serían entidades estatales. El estatuto de contratación regula particularmente cinco materias propias del régimen de la contratación: (i) capacidad: dentro de la cual están las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés, los consorcios y uniones temporales –que pueden celebrar contratos sin ser personas jurídicas– y el registro único de proponentes; (ii) la selección objetiva, que abarca los procedimientos de selección de contratistas; (iii) el perfeccionamiento y la forma del contrato, la urgencia manifiesta y algunos tipos de contratos; (iv) algunos aspectos relativos a su ejecución como el manejo de riesgo, la ecuación contractual y las denominadas "potestades excepcionales" y (v) la liquidación del contrato y la de solución de controversias. El 16 de noviembre de 2006, el INVIAS y el Consorcio Construvías celebraron el contrato n°. 2257, para el mantenimiento de la carretera Pasto-Mocoa, Sector El Encano-La Piscicultura, PR 23+000 al PR 33+000, tramo 1003. Como el INVIAS, parte del contrato, es un establecimiento público –art. 52 Decreto 2171 de 1992– a sus contratos se aplica, además del derecho privado, la regulación especial contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2171 DE 1992 - ARTÍCULO 52, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 1 LITERAL A
SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / RECLAMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MUTUO CONSENTIMIENTO / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO
Problema jurídico:
¿En los casos de liquidación bilateral del contrato, el Juez está habilitado para estudiar solo las pretensiones relacionadas con las salvedades que específicamente se hayan estipulado en el acta?
Respuesta al problema jurídico: Si
La liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública es el acto jurídico por el cual se determina el cumplimiento del objeto contractual y el estado de ejecución de las obligaciones. La liquidación tiene lugar, usualmente, a la terminación del contrato y corresponde, pues, al corte de cuentas que tiene por objeto: (i) establecer si hay obligaciones pendientes (ii) los saldos en favor y en contra y (iii) estar a paz y salvo. La liquidación es, pues, un ajuste de cuentas para que las partes del negocio jurídico puedan finiquitar – definir quién debe a quién y cuánto. En la liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Deben liquidarse los contratos de ejecución sucesiva, es decir aquellos en que el objeto debe ejecutarse en actos escalonados y no solo en un acto único, y en los demás que lo requiera (art. 60 Ley 80 de 1993 subrogado art. 217 Decreto Ley 19 de 2012). La liquidación puede ser: (i) de mutuo acuerdo entre las partes (bilateral), (ii) unilateral, es decir por la administración directamente y (iii) judicial. La Ley 80 de 1993 prefirió, como es natural, la liquidación bilateral, conjunta o de mutuo acuerdo, derivada del ejercicio de la autonomía privada (arts. 32 y 40 Ley 80 de 1993). Constituye un verdadero negocio jurídico, un acuerdo negocial entre personas, es decir, entre sujetos de derecho capaces de disponer, regido por las reglas sobre el consentimiento libre de vicios –error, fuerza y dolo– (arts. 1502, 1508 a 1516 CC) y que tiene por efecto finiquitar el contrato, al definir créditos y deudas recíprocas. Las partes de común acuerdo hacen, pues, el corte de cuentas con posterioridad a su terminación sobre las actividades desarrolladas en el marco del contrato (quién debe a quién, cuánto y por qué). Por ello, si no se dejan “salvedades” –concretas y específicas– no se pueden formular reclamaciones respecto de las prestaciones pendientes de ejecutar (art. 1602 y 1603 CC). Dicho negocio es susceptible de control judicial, por virtud de salvedades en ella contenidas, por los vicios del consentimiento o por eventos sobrevinientes a su perfeccionamiento. Ante el fracaso de la liquidación bilateral o voluntaria, la administración cuenta con la prerrogativa de adoptar unilateralmente un ajuste de cuentas definitivo, sujeto a los recursos legales y al control judicial, que, en el marco razonable del poder dispositivo conferido, refleje los débitos y créditos a favor de la entidad y el contratista. En la ausencia de las dos anteriores modalidades –ya sea por inexistencia total o parcial o por la pérdida de sus efectos vinculantes por causal de nulidad– corresponde al juez del contrato proceder a liquidar el contrato. El contratista expresamente dejó consignado en el acta de liquidación del contrato que sólo quedaba pendiente una reclamación por “mayor distancia de acarreo pactada en el análisis de precios unitarios presentado por el Consorcio Construvías y el mayor valor producto estimado en la suma de $250.178.709 relacionado con el ítem 4 –descripción que corresponde al afirmado”. Como las reclamaciones de la demanda corresponden con las salvedades consignadas en el acta bilateral de liquidación, la Sala se pronunciará frente a las pretensiones del demandante.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la liquidación del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2001, rad. 12660, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 4 de diciembre de 2006, rad. 15239, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; providencia de 9 de junio de 2010, rad. 18971, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; providencia de 9 de agosto de 1984, rad. 3215, C. P. José Alejandro Bonivento Fernández; providencia de 16 de octubre de 1980, rad. 1960, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; providencia de 4 de junio de 2008, rad. 16293, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; y providencia de 31 de agosto de 2006, rad. 14287, C. P. C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 19 DE 2012 - ARTÍCULO 217, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1502, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1508, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1509, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1510, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1511, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1512, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1513, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1514, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1515, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1576
ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CARACTERÍSTICAS DEL IUS VARIANDI / IUS VARIANDI / PRINCIPIO DE REBUS SIC STANTIBUS / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / EFECTOS DE LA TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / CLASES DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / CARGAS PÚBLICAS / DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS PÚBLICAS / PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS
Problema jurídico:
¿La preservación de la ecuación económica del contrato protege a las partes en el aspecto económico por distintas variables, para impedir las perdidas frente a las condiciones bajo las cuales se suscribió el negocio jurídico?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A] pesar de la importancia del postulado según el cual los contratos son ley para las partes y, por ende, deben cumplirse [pacta sunt servanda], se han moderado los efectos de la aplicación estricta del contrato, al hecho de que los términos originales del acuerdo se mantengan. (...) La preservación de la ecuación financiera es, pues, un propósito fundamental en la contratación pública. (...) En esencia, pues, el equilibrio financiero del contrato protege su aspecto económico, frente a las distintas variables que podrían afectarlo para garantizar a las partes el recibo del beneficio pactado, o impedir las pérdidas, de acuerdo con las condiciones que se tuvieron en cuenta al tiempo de su celebración. (…) [S]egún la jurisprudencia, los eventos que configuran ruptura de la ecuación del contrato son: a) cuando la entidad contratante mediante el ejercicio de facultades excepcionales introduce modificaciones al contrato que hacen más onerosa su ejecución bajo un régimen de responsabilidad sin falta. Su ejercicio ilegítimo da lugar al incumplimiento y a una indemnización integral, al amparo de una responsabilidad por culpa [ius variandi] ; b) cuando la Administración como autoridad y no como parte –aunque no hay uniformidad sobre si debe provenir o no de la entidad contratante– expide leyes o actos administrativos de carácter general que afectan directa o indirectamente la ejecución del contrato y alteran de manera extraordinaria, imprevisible y anormal el equilibrio prestacional. El «hecho del príncipe» impone una indemnización integral [«teoría del hecho del príncipe»] ; c) cuando por factores exógenos a las partes del negocio se dan circunstancias externas que alteran de manera extraordinaria la ecuación financiera sin que pudiera preverse al suscribirse el contrato. En este caso hay compensación, no indemnización integral [“teoría de la imprevisión”]; y d) cuando emergen dificultades de orden material derivadas de hechos de la naturaleza que no pudieron preverse y comportan mayores cantidades de obra y soluciones técnicas costosas [“sujeciones técnicas o materiales imprevistas”].
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto al equilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de abril de 1999, rad. 14855, C. P. Daniel Suarez Hernández y sentencia de 21 de junio de 1999, rad. 14943, C. P. Daniel Suarez Hernández.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 13, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 2, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 58
EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLASES DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / MULTA AL CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿El incumplimiento del contrato es una infracción de las cláusulas del contrato por una de las partes que configura la responsabilidad contractual y faculta a reclamar la indemnización de todos los perjuicios causados?
Respuesta al problema jurídico: Si
El incumplimiento del contrato –que supone una lesión del derecho de crédito del cocontratante– genera la obligación de indemnizar integralmente los perjuicios ocasionados (art. 1546 CC). La infracción de las cláusulas del contrato por una de las partes configura la responsabilidad contractual y faculta a reclamar la indemnización de todos los perjuicios causados. El incumplimiento de obligaciones por la entidad pública contratante que: (i) genere una mayor permanencia de obra o prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, aun cuando no implique mayores cantidades de obra u obras adicionales; o (ii) conductas que trasgreden los acuerdos de las partes y extienden temporalmente el plazo u omisiones de la administración (tales como no pagar oportunamente el anticipo, las actas de entrega parcial o el valor de la cuantía del contrato, no pagar según lo acordado el reajuste de los precios del contrato o no entregar oportunamente los terrenos en los cuales debe ser construida la obra o no suministrar oportunamente estudios de terreno, los planos y materiales con los cuales se debe ejecutar) genera responsabilidad y, consecuentemente, derecho a indemnizar los perjuicios que se causen y afecten al contratista , únicamente exonerable por causas no imputables al contratante fallido (fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero, culpa del cocontratante). (…) El “equilibrio o la equivalencia de la ecuación económica” pretende que, en el desarrollo del contrato, se mantengan las condiciones técnicas, económicas o financieras existentes al momento en que fue celebrado. Dicho equilibrio puede verse afectado por factores externos a las partes o por diversas causas que pueden ser imputables a la Administración como consecuencia o por razón de la expedición de actos administrativos en ejercicio legítimo de su condición de autoridad. El incumplimiento, en cambio, evalúa el comportamiento de las partes frente a la ejecución del contenido obligacional, esto es, si fue tardío, defectuoso o conforme con lo que libre y voluntariamente acordaron. Por ello, el incumplimiento debe analizarse desde la perspectiva de la responsabilidad contractual. La tasación económica es distinta en uno y otro caso. En la ruptura del equilibrio económico del contrato se pretende evitar puntos de pérdida (art. 5 de la Ley 80 de 1993), sin perjuicio de lo expuesto en cuanto al hecho del príncipe, mientras que el incumplimiento exige la indemnización plena de los perjuicios, que se derivan de la desatención de las obligaciones del contrato. El incumplimiento, además, faculta a la entidad pública a sancionar al contratista mediante la declaratoria de caducidad administrativa del contrato, o para imponer multas y declarar el incumplimiento con el fin de hacer efectiva la cláusula penal incluida en el contrato (artículos 60 y 70 del Decreto Ley 222 de 1983, 14 y 18 de la Ley 80 de 1993 y 17 de la Ley 1150 de 2007).
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del incumplimiento contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, rad. 17031, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 26 de febrero de 2004, rad. 14043, C. P. German Rodríguez Villamizar; sentencia de 15 de febrero de 1999, rad. 11194, C. P. Ricardo Hoyos Duque. Respecto al hecho del príncipe, consultar la sentencia de 18 de septiembre de 2003, rad. 15119, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 60, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 70, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546
ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / BUENA FE PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / EFECTOS JURÍDICOS DE LA OFERTA / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA / CONDICIONES DE LA OFERTA / CÁLCULO ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS / PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA / PROPUESTA DEL PROPONENTE
Problema jurídico:
¿Las actuaciones de las partes en el contrato deben ceñirse a los postulados de la buena fe?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, que se presume en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas (art. 83 CN). En el ámbito de los contratos, el artículo 1603 CC, en consonancia con el artículo 871 C. Co., establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella. Las partes deben, pues, observar los deberes de fidelidad, lealtad y corrección recíproca. Esos deberes, que dan contenido al postulado de la buena fe, deben respetarse tanto en los actos, tratos o conversaciones preliminares, durante la formación del contrato, como en la ejecución y terminación del vínculo contractual. En la contratación estatal, la buena fe impone un proceder caracterizado por la mutua confianza, diligencia, prudencia y colaboración tanto en la construcción del vínculo jurídico, como en su ejecución, teniendo siempre en consideración que el cumplimiento de los fines estatales (art. 3 Ley 80). En todo caso, la dinámica contractual –tanto en el ámbito público como privado– impone a cada uno de los contratantes ligados por una convención bilateral poner todos los medios para cumplir sus obligaciones. (…) Los proponentes –en la fase precontractual– tienen el deber de elaborar sus ofertas con responsabilidad y diligencia. El proponente, como experto en el objeto que se pretende contratar, debe estructurar su oferta después de un riguroso análisis de los pliegos de condiciones, del mercado y, en general, de los aspectos que puedan afectarla. Los errores que cometan los proponentes al determinar el precio de su oferta no pueden ser asumidos por la entidad contratante. El contratista, en estos casos, debe asumir las consecuencias de haber incluido en su propuesta un precio bajo y deberá cumplir con el objeto del contrato en las condiciones pactadas, sin que sea relevante determinar si el precio bajo fue incluido deliberadamente para ser seleccionado (art. 26.6 de la Ley 80 de 1993) –"principio de responsabilidad"– o si se trató de un error en el cálculo de la oferta.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la buena fe contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2013, rad. 21865, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 83, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 26 NUMERAL 6, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROPUESTA DEL PROPONENTE / CÁLCULO ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS / PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / OBLIGACIONES DEL PROPONENTE / DEBERES DEL CONTRATISTA / CARACTERÍSTICAS DE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / PRECIO UNITARIO / PRECIO DEL CONTRATO / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / OFERTA MÁS FAVORABLE
Problema jurídico:
¿El mayor costo para el contratista en la ejecución del contrato obedeció a una falta de previsión en la formulación de la propuesta?
Respuesta al problema jurídico: Si
La intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), que aparece exteriorizada en las cláusulas primera, segunda y en el parágrafo segundo de la cláusula séptima del contrato, junto con la interpretación armónica de las bases de la contratación y de la propuesta (art.1622 CC), permiten concluir que el contrato fue adjudicado al consorcio –en aplicación del deber de selección objetiva–, pues presentó la oferta con menor valor. De ahí que, el pago se hiciera conforme a los precios unitarios propuestos por el contratista en su oferta, sin derecho a reajustes. Los precios unitarios debían incluir el acarreo o transporte de materiales, pues no sería reconocido por separado el transporte. (…) Las bases de condiciones del proceso de selección –además– dejaron consignada la necesidad de determinar el costo de todos los acarreos de los materiales y de visitar la zona para poder informarse sobre cuáles podían conseguirse en la región y cuánto costaba su transporte. Ese análisis implicaba prever distintas fuentes de material, verificar que cumplieran los requisitos técnicos y determinar sus posibles costos de transporte. El proponente después de hacer un análisis de los costos directos e indirectos para ejecutar la obra previó que el ítem “afirmado” tenía un precio unitario de $28.622. Para su cálculo tuvo en cuenta que el material tenía que ser transportado por una distancia de 5.0 km. Si en la ejecución de la obra hubo un mayor costo de transporte por aspectos que el contratista debió prever al formular su propuesta, como que la fuente de los materiales que cumplía los requisitos técnicos estaba a una mayor distancia, ese sobrecosto es atribuible exclusivamente al contratista. (…) Los documentos acreditan que la entidad le hizo una observación al proponente sobre la distancia de acarreo. El contratista no acogió la observación del INVIAS y ratificó la distancia incluida en su propuesta. Su contenido no fue desvirtuado por otras pruebas. (…) El INVIAS le explicó al contratista que las fuentes de materiales se encontraban a 40 km en promedio –por las condiciones ambientales de la zona– y dejó constancia que esperaba que el contratista pudiera cumplir el contrato en las condiciones que fijó en su oferta. (…) En sus comunicaciones el INVIAS no dio orden alguna, ni modificó las condiciones del contrato. (...) No se acreditó que, después de celebrado el contrato, el INVIAS obligara al contratista a cumplirlo en condiciones distintas a las pactadas, ni que lo modificara. El Consorcio Construvías inició la ejecución del contrato según lo previó en su propuesta. El contratista intentó conseguir el material a 5.0 km de distancia (…) pero la comunidad se opuso y no pudo sacarlo. El aumento de los costos de transporte fue producto de aspectos que debieron ser tenidos en cuenta en la oferta y, por ello, debían ser asumidos por el contratista. La entidad no incumplió ni modificó el contrato al exigir el pago de las obligaciones de acuerdo con las bases de la contratación y lo pactado. Como no quedó acreditado el incumplimiento del contrato por parte de la entidad, la Sala confirmará la sentencia apelada.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de las bases de la contratación de la convocatoria pública, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de noviembre de 2006, rad. 18059, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1622