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¿Colombia Compra Eficiente se encuentra legitimada en la causa en calidad de litisconsorte necesario de la parte pasiva, por haber sido la entidad que celebró el acuerdo marco de precios del que se derivó la orden de compra objeto de litigio? No
El contratista no está legitimado para demandar a Colombia Compra Eficiente como litisconsorte necesario en la causa, ya que no se cumplen los requisitos para configurar un litisconsorcio necesario, como la necesidad de resolver el asunto de manera uniforme para ambas partes y que la decisión no pueda adoptarse sin la presencia de Colombia Compra Eficiente. Además, la entidad demandante no acredita el incumplimiento del contrato por parte del contratista, al no presentar pruebas suficientes que demuestren el incumplimiento de las cláusulas acusadas y no cumplir con su carga probatoria. La Sala declara la falta de legitimación en la causa por pasiva de Colombia Compra Eficiente y niega la pretensión de declarar el incumplimiento contractual del contratista, lo que implica que las acciones judiciales basadas en la falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales deben estar respaldadas por pruebas concluyentes y cumplir con los requisitos legales de legitimación en la causa.síntesis automática
También resuelve:¿Está acreditado en el proceso que la demandada Subatours S.A.S. incumplió las obligaciones contenidas en las cláusulas 8º…
¿Los contratos de ejecución instantánea y los contratos u órdenes de prestación de servicios deben ser liquidados? No
Los contratos de ejecución instantánea y los contratos u órdenes de prestación de servicios celebrados por una universidad estatal no requieren liquidación, mientras que los de tracto sucesivo y los terminados por mutuo acuerdo sí deben liquidarse, según lo dispone el estatuto de contratación de la universidad. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 somete los contratos que celebran las universidades estatales u oficiales al derecho privado, salvo las excepciones consagradas en la ley, de modo que su régimen de liquidación se fija en el estatuto de contratación de la institución. Segundo, el artículo 57 de la misma ley reconoce a estas universidades un régimen especial que comprende el régimen de contratación, por lo que la clasificación interna de los contratos según su forma de ejecución determina cuáles requieren liquidación. La providencia confirma la decisión de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control, pues la demanda fue extemporánea con independencia de la fecha de terminación que se tome; en la práctica, la clasificación del contrato dentro del estatuto determina si debía liquidarse.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de prestación de servicios celebrado es un contrato que se rige por el derecho privado?¿La parte demandante interpuso recurso frente al auto que ordenó correr traslado a las partes para alegar?¿Se condenará en costas de esta instancia a la unión temporal contratista?
¿Debe liquidarse judicialmente el contrato de prestación de servicios No. 000995 del 2019, con reconocimiento del saldo a favor del contratista, Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Águila de Oro de Colombia Ltda., por la suma de $502.614.130,oo, a cargo del Departamento de Amazonas? No
El contratista no puede liquidar judicialmente el contrato de prestación de servicios por falta de evidencia que demuestre el cumplimiento de los servicios de vigilancia en las fechas y sedes especificadas, ya que la cláusula del contrato establece que el supervisor designado debe emitir una certificación y cada sede debe expedir una acta de satisfacción del servicio, documentos que no fueron presentados en el expediente. Además, la aportación de las contribuciones al Sistema de Seguridad Social no es suficiente para acreditar el cumplimiento del contrato, ya que estas son obligaciones legales independientes del mismo. La entidad estatal solicitó la liquidación en cero del contrato, por lo que no se reconoce ningún valor a favor del contratista. Esta sentencia reitera la importancia de cumplir con los requisitos establecidos en el contrato para la liquidación judicial y rechaza la pretensión de liquidación por falta de evidencia del cumplimiento del contrato.síntesis automática
Sentencia — Sentencia2024-11-18Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020240005600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Existe un problema de congruencia entre lo pedido, los hechos en que se fundó el litigio, y lo resuelto en el laudo, en la medida que no se dejaron de resolver los temas objeto de la controversia? No
El contratista no puede impugnar el laudo arbitral por falta de congruencia entre lo pedido, los hechos del litigio y la decisión, ya que el tribunal resolvió todos los temas objeto de controversia, evitando convertir el recurso extraordinario en una segunda instancia no prevista en el proceso arbitral. La cláusula compromisoria del contrato estatal otorga competencia al árbitro para conocer de incumplimientos en pagos y reconocimiento de intereses moratorios, independientemente de la ausencia de salvedades en el acta de liquidación bilateral. Además, la causal séptima de anulación no se configura si el laudo se basa en el acervo probatorio recopilado, pues la decisión no proviene de la conciencia del árbitro sino de elementos externos al proceso. Estas reglas reafirman la taxatividad de las causales de nulidad del laudo y la obligatoriedad de la cláusula compromisoria en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿En la cláusula se precisó que el arbitraje se extendía al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato?¿La causal séptima de anulación se configura si el laudo arbitral se emite con prescindencia absoluta del acervo probatorio recaudado?¿No se decidió más allá de lo pedido, y por el contrario se falló conforme a lo pretendido al haberse hallado incumplimiento en el plazo del segundo pago fundado en la obligación pactada en la…
¿En el proceso se acreditó que Arenera del Sur Ltda. – En Liquidación incumplió obligaciones contenidas en los numerales 6.2, 6.3, 6.7, 6.14 y 6.15 de la cláusula sexta, así como en la cláusula décima segunda del contrato de concesión minera No. IID-09371 de 2009 suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y Minerías – INGEOMINAS, hoy Agencia Nacional de Minería? ¿Corresponde liquidar judicialmente el contrato de concesión minera No. IID-09371 de 2009 suscrito entre Arenera del Sur Ltda. – En Liquidación y el Instituto Colombiano de Geología y Minerías – INGEOMINAS, hoy Agencia Nacional de Minería, ordenando – exclusivamente - a la contratista cumplir con las obligaciones de hacer emanadas de los numerales 6.14 y 6.15 de la cláusula sexta, así como en la cláusula décima segunda del acuerdo de voluntades? ¿Debe declararse que la liquidación judicial se efectúa con estricta sujeción a las pretensiones incumplidas por el titular minero de carácter no pecuniario y que la Agencia Nacional de Minería podrá seguir ejecutando coactivamente las pretensiones pecuniarias incumplidas por el concesionario, cuyo incumplimiento fue declarado mediante acto administrativo en el que se declaró la caducidad del contrato? Sí
La liquidación judicial de un contrato estatal procede cuando la entidad carece de facultad para liquidarlo unilateralmente, y que el juez del contrato analiza de fondo las pretensiones incumplidas. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, sin potestad para declarar unilateralmente el incumplimiento ni para finiquitar la relación contractual, la entidad debe acudir al juez, que se pronuncia sobre las obligaciones pactadas. Segunda, el incumplimiento se acredita con conceptos técnicos de seguimiento y control que constatan la omisión de documentos exigidos para la etapa de construcción y montaje. Tercera, la liquidación judicial se ajusta estrictamente a las pretensiones incumplidas de carácter no pecuniario, de modo que las obligaciones de hacer se ordenan exclusivamente al contratista. La providencia no modifica precedente y deja a la entidad la ejecución coactiva de las obligaciones pecuniarias declaradas en el acto de caducidad. La consecuencia práctica es que la liquidación judicial se limita a lo no cumplido, mientras las sumas exigibles se cobran por la vía administrativa.síntesis automática
¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, cuando se alegan perjuicios por los actos proferidos con ocasión de la liquidación de un contrato? Sí
La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por los actos proferidos con ocasión de la liquidación de un contrato (arts. 1546 y 1602 CC y 87 CCA).
También resuelve:¿Cuentan con valor probatorio los documentos aportados en copia simple?¿La liquidación de los contratos estatales es un acto jurídico por el cual se determina el cumplimiento del objeto contractual y el estado de ejecución de las obligaciones…¿La Administración cuenta con competencia temporal para liquidar el contrato, hasta dos años después al incumplimiento de la obligación de liquidar?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2026-07-09Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 68001233300020250039101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales una vez vencidos los plazos de liquidación contractual? Sí
El demandante acude nuevamente ante la jurisdicción contencioso administrativa tras haberse emitido una sentencia inhibitoria anterior en el litigio contractual. Una sentencia inhibitoria no hace tránsito a cosa juzgada, lo que, en principio, permite que el demandante acuda nuevamente ante la jurisdicción, pero ello no significa que la nueva demanda quede exenta del cumplimiento de los presupuestos procesales exigidos por el ordenamiento jurídico para su procedencia. En particular, el medio de control debe ejercerse dentro del plazo legalmente previsto, pues el fenómeno de la caducidad se configura de manera objetiva e inexorable, con independencia de las vicisitudes procesales que hayan ocurrido en procesos anteriores, constituyendo una institución jurídica de orden público que opera ipso iure para evitar la indefinición de las controversias.síntesis automática
También resuelve:¿Procede un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de liquidación judicial del contrato orientadas al reconocimiento económico de los valores del acta de obra No. 15…
"¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia, para en su lugar declarar que la entidad demandada incumplió el convenio interadministrativo objeto de litigio y ordenar el reintegro de los rendimientos financieros generados sobre los cuatro mil millones de pesos ($4.000’000.000) que había girado inicialmente la demandante?" Sí
El contratista debe revocar la sentencia de primera instancia para declarar el incumplimiento del convenio interadministrativo y ordenar el reintegro de los rendimientos financieros generados sobre la suma de cuatro mil millones de pesos, ya que la cláusula de la acta de terminación anticipada por mutuo acuerdo que excluye dichos rendimientos es nula, al desconocer las obligaciones contractuales y las disposiciones legales que regulan los recursos y rendimientos públicos. La Sala establece que la parte que alega incumplimiento debe demostrar que cumplió sus propias obligaciones y que el incumplimiento del contratante es determinante y trascendente, además de respetar el principio de buena fe contractual al informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento. Esta decisión reitera la importancia de la liquidación judicial del contrato cuando la liquidación unilateral no cumple con las obligaciones legales, afectando la práctica en casos de terminación anticipada y liquidación de contratos estatales.síntesis automática
¿Procede la liquidación del contrato estatal en sede judicial ante la no liquidación del mismo ni bilateral ni unilateralmente? Sí
La liquidación de los contratos estatales se define como aquella actuación posterior a la terminación normal o anormal del contrato, mediante la cual se busca determinar si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo o en favor de cada una de las partes, para, de ésta forma, realizar un balance final o un corte definitivo de las cuentas derivadas de la relación negocial, definiéndose quién le debe a quién y cuanto, es decir, que con dicha actuación se finiquita y se obtiene el paz y salvo de la relación negocial. La liquidación judicial es así el balance o corte de cuentas económico que realiza el juez sobre un determinado contrato estatal dentro de un proceso judicial y, que sólo resulta procedente en tanto no se haya realizado la liquidación bilateral, ni unilateral del respectivo contrato estatal celebrado.
También resuelve:¿Procede el reintegro de dineros correspondiente a un mayor valor devuelto y que no hacia parte del contrato interadministrativo?¿Procede la compensación entre las partes ante un saldo insoluto que no proviene de la obligación contractual?
¿La liquidación de los contratos celebrados por la Administración es el acto jurídico mediante el que se determina el estado de ejecución de las obligaciones de las partes, que puede realizarse de forma bilateral, unilateralmente por la administración o por el juez contencioso, a falta de estas últimas? Sí
El contratista no puede solicitar la liquidación judicial de un contrato estatal cuando ya se ha realizado una liquidación bilateral, incluso si dejó salvedades en el acta de liquidación, ya que estas salvedades no constituyen un incumplimiento contractual per se y no afectan la competencia del juez para liquidar judicialmente el contrato. La liquidación bilateral es un acto jurídico que determina el estado de ejecución de las obligaciones de las partes y que puede incluir salvedades que permiten al contratista reclamar ante autoridad judicial las obligaciones pendientes, pero no impiden que la liquidación bilateral sea válida y vinculante. En consecuencia, la entidad estatal no incumplió su obligación de liquidar el contrato al no incluir las salvedades en la liquidación, y el juez no puede proceder a una liquidación judicial en ausencia de un incumplimiento contractual evidente y previamente establecido.síntesis automática
También resuelve:¿El ente demandado incumplió la obligación de liquidar un contrato, por no haber reconocido en la liquidación bilateral suscrita algunos rubros sobre los que el contratista demandante dejó salvedades…¿Puede el juez realizar un análisis del incumplimiento contractual por falta de pago de la totalidad de las obras acometidas, cuando se observa que no fueron formuladas pretensiones en tal sentido…¿Debe condenarse en costas a la parte accionante, dado que interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y este no prosperó?
¿El objeto del contrato previó el trámite necesario para el cobro persuasivo, coactivo o judicial para recuperar los recursos adeudados al departamento del Valle del Cauca por concepto de las cuotas partes pensionales en mora de pago? Sí
El contratista, al liquidar un contrato de prestación de servicios con la entidad estatal, puede acordar en el acta de liquidación los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, así como expresar sus reparos o salvedades, siempre y cuando no asuma obligaciones ajenas a las establecidas en el contrato original. En este caso, la entidad contratante y el contratista acordaron en la cláusula vigésima sexta del contrato la obligación del contratista de brindar apoyo en la sustanciación del trámite necesario para el cobro persuasivo, coactivo o judicial de las cuotas partes pensionales en mora de pago. La Sala revocó la decisión de primera instancia, reafirmando que el acta de liquidación no configura un nuevo contrato, sino que implica el reconocimiento de las obligaciones asumidas dentro del contrato inicial, y que la demanda por incumplimiento del contrato debe interponerse dentro del plazo previsto por la normativa vigente al momento de la liquidación, en este caso, el Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿En el acta de liquidación las partes pueden disponer de los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual, llegar a acuerdos sobre los ajustes…¿Según lo consignado en el acta, la demandante aceptó la liquidación y declaró a paz y salvo a la entidad contratante sin expresar salvedad alguna?¿Cómo la presentación de la demanda fue extemporánea, se impone declarar de oficio la caducidad de la acción contractual?
¿Corresponde a la entidad estatal definir la modalidad de remuneración y la forma de pago del contrato de interventoría, con fundamento en la naturaleza del contrato, las necesidades públicas por satisfacer y los costos que la ejecución contractual demanda? Sí
Corresponde a la entidad estatal definir la modalidad de remuneración y la forma de pago del contrato de interventoría, atendiendo a la naturaleza del contrato, a las necesidades públicas por satisfacer y a los costos que demanda su ejecución. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 ubica la interventoría dentro de la categoría de consultoría y la hace obligatoria en los contratos de obra pública, debiendo contratarse con una persona independiente de la entidad y del contratista; entre el contrato de obra y el de interventoría existe una coligación contractual, de modo que la existencia del primero es necesaria para la del segundo; y las obligaciones del contrato de obra constituyen el objeto abstracto del contrato de interventoría, por lo que su remuneración debe responder a esa relación de dependencia unilateral. Por ello, la entidad no puede desligar la forma de pago de la ejecución de la obra que supervisa. La providencia se modifica en el aspecto relativo a la remuneración.síntesis automática
También resuelve:¿Conduce la interpretación sistemática del contrato y de su ejecución a concluir que el valor pactado operaba como monto máximo y que la remuneración dependía de los recursos efectivamente utilizados?¿Incumplió el consorcio interventor sus obligaciones contractuales al omitir la entrega completa y oportuna de la documentación técnica exigida y desatender los requerimientos formulados por la…¿Constituye la entrega incompleta del informe final de interventoría un incumplimiento contractual que impide exigir el pago de las actas pendientes?
¿Se probó el vicio del consentimiento alegado sobre el acta de liquidación bilateral del contrato? No
El acta de liquidación bilateral de un contrato estatal solo puede anularse si se demuestra un vicio del consentimiento, como el dolo, y que la carga de probar ese vicio corresponde a quien lo alega, de modo que, mientras no se pruebe, el acta conserva su validez y el juez no debe analizar de fondo las demás pretensiones. Una razón es que los correos electrónicos señalaban de forma general que las facturas pendientes correspondían a servicios de 2013, sin certeza de que estuvieran incluidas en la relación de pagos del acta, y uno de ellos mencionaba servicios de 2012, fuera del plazo de ejecución. Otra razón es que no se acreditó un acuerdo entre la entidad y el apoderado con la intención de causar daño mediante la suscripción del acta, y el apoderado tenía capacidad para suscribirla. En el caso, la Sala confirmó la sentencia y, en aplicación del artículo 282 del Código General del Proceso, no analizó de fondo las pretensiones de pago. Su consecuencia práctica es que el acta de liquidación bilateral solo se controvierte con prueba concreta del vicio y no con correos generales sobre facturas.síntesis automática
También resuelve:¿Los correos contienen una aceptación o reconocimiento expreso de la Armada respecto de la deuda, su monto y la intención de reconocer dichas sumas de dinero a la demandante?¿La demanda fue presentada dentro del término establecido en la ley?¿Los negocios jurídicos suscritos por el apoderado en nombre de la demandante se entienden celebrados directamente por la sociedad?
¿Cuál es la pauta del inicio del conteo del término de caducidad en asuntos de controversias contractuales cuando existen decisiones encadenadas de la Administración que subsisten de forma independiente a la liquidación del contrato? Sí
El cómputo del término de caducidad para la acción de controversias contractuales comienza a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento, salvo que la controversia esté directamente relacionada con la liquidación del contrato, en cuyo caso el plazo se inicia una vez concluida la liquidación o vencido el plazo para su realización. La Sala establece que cuando las decisiones administrativas subsisten de forma independiente a la liquidación del contrato, el cómputo de la caducidad debe realizarse desde la ocurrencia de los hechos que dan origen a la controversia, lo que armoniza con la norma especial del artículo 136, numeral 10, literal d) del Código Contencioso Administrativo. Esta regla matiza la jurisprudencia anterior y permite una aplicación más flexible del cómputo del plazo de caducidad en función de la naturaleza de los hechos que generan la controversia, evitando una aplicación rígida que podría dejar sin efecto controversias legítimas.síntesis automática
También resuelve:¿Al estar las pretensiones de la demanda relacionadas con el incumplimiento de unas metas adicionales en venta, el conteo de la caducidad debió realizarse a partir de la liquidación del contrato?¿Cuáles son las hipótesis sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales respecto a las particularidades del caso y el contrato?
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo idóneo para cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, y que el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las sentencias de los tribunales administrativos cuando el contrato fue celebrado por una de las entidades mencionadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA vigentes a la fecha de la demanda. Una razón es que el artículo 141 del CPACA permite pedir la declaratoria de incumplimiento, las indemnizaciones, la liquidación judicial y las demás declaraciones consecuenciales derivadas del contrato. Otra razón es que el contrato controvertido fue celebrado por un distrito, entidad territorial mencionada en el artículo 2 de la Ley 80, y la cuantía del proceso excedía el umbral de los 500 SMLMV para el año 2016. En el caso, la demanda perseguía el incumplimiento del contrato y la liquidación judicial del negocio. Su consecuencia práctica es que la cuantía fijada al momento de la demanda determina la doble instancia ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el procedente frente a las controversias derivadas de un negocio jurídico?¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad estipulado para el medio de control de controversias contractuales teniendo en cuenta que el contrato no fue liquidado?¿El contrato de obra del cual se deriva la controversia está dentro del régimen jurídico del estatuto general de la contratación pública establecido en la Ley 80 de 1993?
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la expiración del plazo para liquidar el contrato? Sí
El contratista tiene un plazo de dos años para ejercer la acción de controversias contractuales desde la expiración del término para liquidar el contrato, conforme a lo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Este plazo se inicia luego de que se agote el tiempo acordado para la liquidación voluntaria bilateral o unilateral del contrato, según lo pactado en las cláusulas del mismo. La Sala reitera que la liquidación es obligatoria para los contratos de tracto sucesivo, y que la falta de liquidación por parte de la entidad estatal no interrumpe el cómputo del plazo para la acción de controversias contractuales, lo que implica que el contratista debe actuar oportunamente para evitar la caducidad de su derecho a la indemnización de perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿Para que el retardo del deudor permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, debe demostrar que el incumplimiento le causó un perjuicio y que el deudor está constituido en mora?¿La liquidación del contrato es obligatoria para los que contemplan obligaciones de tracto sucesivo?¿Cuál es el plazo estipulado en la ley para la liquidación bilateral y unilateral del contrato?
¿Es procedente en esta instancia analizar una petición que no fue elevada oportunamente por el medio que el ordenamiento previó para tal efecto? No
El contratista no puede plantear súplicas o hechos novedosos a través del recurso de apelación, ya que esto vulnera el principio de congruencia, y si la entidad demandada tenía la intención de que la jurisdicción emitiera un pronunciamiento sobre el anticipo no amortizado por su contraparte, debió presentar una demanda de reconvención dentro del lapso legalmente establecido. La Sala confirma que no es procedente analizar la existencia de un crédito a favor del demandado cuando no fue reclamado oportunamente por dicho extremo procesal, lo que implica que la entidad accionada no puede invocar nuevos argumentos en el recurso de apelación que no fueron planteados en primera instancia, matizando precedentes sobre la procedencia de la demanda de reconvención y la necesidad de agotar los medios procesales adecuados para reclamar créditos.síntesis automática
También resuelve:¿No pueden plantearse súplicas o hechos novedosos a través del recurso de apelación, porque con ello se vulnera el principio de congruencia?¿Si la entidad demandada tenía la intención de que la Jurisdicción emitiera un pronunciamiento atinente al anticipo no amortizado por su contraparte debió presentar demanda de reconvención dentro del…¿No es procedente analizar la existencia de un crédito a favor del demandado cuando ello no fue reclamado oportunamente por dicho extremo procesal?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-10-10Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 13001233300020160072101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se confirma el auto proferido por el Tribunal mediante el cual declaró no probada la excepción de caducidad del medio de control? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, el término de caducidad de la acción sobre un contrato que requiere liquidación comienza a correr al día siguiente de la firma del acta de liquidación bilateral, y que la solicitud de conciliación extrajudicial suspende ese término hasta la constancia de no conciliación, conforme al artículo 21 de la Ley 640 de 2001. Una razón es que la causa del daño, consistente en la mayor permanencia en obra y los sobrecostos, se produjo como salvedad a la liquidación bilateral, de modo que el término se cuenta desde la firma de esa acta y no desde la ocurrencia del daño. Otra razón es que la conciliación extrajudicial que se presentó dentro del término suspendió su curso, y la constancia de no conciliación se expidió con posterioridad, de manera que la demanda presentada el día siguiente a esa constancia fue oportuna. En el caso, el Consejo de Estado confirmó el auto del tribunal que declaró no probada la excepción de caducidad. Su consecuencia práctica es que la salvedad incluida en el acta de liquidación bilateral no alarga el plazo, y que la conciliación prejudicial solo suspende la caducidad mientras se tramita.síntesis automática
También resuelve:¿Desde la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato fue que el demandante tuvo conocimiento del daño por el cual reclama en la demanda?¿Tratándose de contratos que se rigen por el derecho privado las partes no pueden atribuirse la facultad de efectuar la liquidación unilateral del negocio jurídico?¿Los contratantes pactaron cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato así como en los documentos del proceso de selección?
¿Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo sometido al derecho privado deben resolverse con arreglo a las reglas del incumplimiento contractual? Sí
Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo con iglesias y confesiones religiosas, celebrado conforme al literal c) del artículo 4 del Decreto 2355 de 2009, se resuelven con las normas civiles y comerciales pertinentes y con la regulación especial del sector educativo, no con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 establece un régimen que excluye la aplicación de las normas de contratación pública y somete el negocio al derecho privado; la regulación especial del servicio educativo rige aspectos concretos, como la idoneidad del prestador, la planeación, la cobertura y el cálculo de la remuneración; y la mención de la Ley 80 de 1993 o de la Ley 1150 de 2007 en el encabezado o en algunas estipulaciones no cambia ese régimen. Por ello, el incumplimiento de este tipo de contratos debe analizarse conforme al derecho privado y a las reglas que regulan el incumplimiento contractual en ese ámbito. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato estatal regido por el derecho privado, la facultad de la entidad contratante para liquidar unilateralmente el contrato deriva exclusivamente del acuerdo de voluntades y no de los…¿En el contrato de administración del servicio educativo regido por el Decreto 2355 de 2009, el valor fijo por alumno determinado con fundamento en los componentes de la canasta educativa ofrecidos…¿Debe declararse el incumplimiento de la entidad territorial por no reconocer al contratista los costos derivados de la disminución de la matrícula estudiantil…
¿Previo a la liquidación unilateral del contrato, el contratista debe haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista debe tener la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción antes de que la entidad estatal liquide unilateralmente el contrato, ya que la ley establece un procedimiento administrativo que garantiza este derecho, aunque la intención del legislador es que la liquidación se realice por mutuo acuerdo entre las partes. La Sala modificó la interpretación anterior de que la liquidación unilateral puede realizarse sin este trámite, lo que implica que las entidades estatales deben seguir un procedimiento más riguroso antes de tomar esta decisión, protegiendo así los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que las partes hubieran tenido acercamientos sobre el trámite bilateral de liquidación?¿Ni en la resolución ni en su acto confirmatorio la entidad hizo alusión a incumplimientos del consorcio respecto de las obligaciones asociadas al manejo del anticipo que le fue entregado?¿Los diversos amparos de las garantías de cumplimiento se asocian a las diferentes obligaciones de los contratistas?