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¿La teoría del hecho del príncipe hace referencia a la adopción de medidas de orden legal o administrativa de carácter general que, aunque no modifican el objeto del contrato ni precisamente pretenden esa finalidad, sí inciden en él de modo necesario haciendo más oneroso el cumplimiento a cargo del contratista? Sí
El contratista no puede reclamar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por el hecho del príncipe cuando las medidas que afectan el contrato son expedidas por una entidad distinta a la contratante y no se aporta prueba de las consecuencias económicas derivadas de dichas medidas, ya que la teoría del hecho del príncipe requiere que la medida sea adoptada por la propia entidad contratante y que altere gravemente el equilibrio económico del contrato de manera imprevisible al momento de su celebración. Esta decisión reitera la necesidad de cumplir con los requisitos específicos para configurar el hecho del príncipe y subraya que la falta de estos elementos impide la aplicación de la teoría, lo que implica que el contratista no podrá obtener una compensación económica por tales medidas.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar al restablecimiento del equilibrio económico del contrato a favor del concesionario demandante, por cuenta del hecho del príncipe derivado de la expedición de las Resoluciones mediante las…¿Resulta procedente la condena en costas a cargo de la parte vencida en el proceso, en este caso, de la parte demandante?
El contratista que pretende controvertir en sede judicial aspectos relacionados con la celebración o ejecución de un contrato estatal ya liquidado unilateralmente debe demandar la nulidad del acto administrativo de liquidación unilateral con el lleno de los requisitos legales. Una vez expedido dicho acto administrativo, la única vía para cuestionar la relación contractual consiste en levantar el velo de legalidad que lo ampara, por lo que constituye un requisito indispensable solicitar expresamente en la demanda la declaratoria de ilegalidad total o parcial del acto de liquidación e indicar y desarrollar el concepto de la violación que sustenta la causa de nulidad. Esta exigencia no es meramente formal, pues una pretensión incompleta limita la acción del juez y vulnera el derecho de defensa de la administración demandada, conduciendo a la ineptitud sustantiva de la demanda y a la inhibición para decidir de fondo, imponiéndose costas conforme al artículo 55 de la Ley 446 de 1998 solo por temeridad.síntesis automática
También resuelve:Contrato es tatal: acción de controversias contractuales, nulidad, liquidación unilateralConsejo de estadoSala de lo contencioso administrativo
La entidad estatal o el particular que ventila controversias sobre un contrato de arrendamiento estatal en acción de controversias contractuales para obtener su terminación y la restitución del inmueble debe sujetarse al trámite especial del procedimiento abreviado previsto en los artículos 408 y 424 del C. de P.C., pues sus términos y celeridad responden a la naturaleza de la restitución de inmuebles pese a la ausencia de un trámite especial en la legislación contenciosa. Asimismo, cuando el contrato estipula que las mejoras o adaptaciones instaladas por el arrendatario requieren autorización y solo pueden retirarse al expirar el plazo sin menoscabo ni perjuicio del inmueble, quedando de lo contrario para el arrendador sin contraprestación alguna, tal pacto es válido conforme a la renuncia autorizada por el artículo 15 del Código Civil frente al artículo 1993 ibídem, por mirar solo al interés individual del renunciante, e impide reconocer su pago.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: acción de controve rsias contractuales, contrato de arrendamiento, régimen jurídicoConsejo de estadoSala de lo contencioso administrativo
El juez contencioso administrativo verifica cuidadosamente los presupuestos procesales requeridos para la acumulación de pretensiones en una misma demanda conforme al mandato del artículo 82 de la ley procesal civil y las normas del Código Contencioso Administrativo, exigiendo imperativamente que el juez sea competente por cuantía y materia, que las pretensiones de nulidad simple y las controversias contractuales no se excluyan entre sí y que correspondan exactamente al mismo trámite de procedimiento ordinario, garantizando plenamente los principios de economía procesal y el respeto absoluto al equilibrio económico del contrato estatal frente a los actos de la administración.síntesis automática
También resuelve:Acumulacion de pretensiones: naturaleza, simple nulidad, normativa prevalencia, derecho sustancialTasa de alumbrado publico: regulación normativaServicio de alumbrado publico: prestación del servicio
¿Es procedente la pretensión de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual? No
El contratista no puede invocar la acción de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual, ya que la controversia debe ser resuelta bajo la óptica contractual y no mediante la compensación por enriquecimiento sin causa, salvo en casos excepcionales donde la afectación del interesado carezca de razón jurídica contractual o extracontractual. La entidad estatal, en este caso, debe tramitar el litigio bajo las reglas de la reparación directa o del contrato, según corresponda, lo que implica que las pretensiones relacionadas con el enriquecimiento sin causa resultan improcedentes. La Sala reitera la jurisprudencia en este sentido, lo que limita la posibilidad de utilizar esta acción en casos de cumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Los argumentos del recurso de apelación delimitan el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia?¿Está sometida una empresa industrial y comercial del Estado al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en los contratos celebrados para el cumplimiento de su misión?¿Constituye la ausencia de salvedades en instrumentos contractuales modificatorios una renuncia automática del contratista a formular reclamaciones por desequilibrio económico?
¿Corresponde al juez de segunda instancia complementar la sentencia cuando el Tribunal omitió pronunciarse sobre una pretensión y la parte perjudicada con dicha omisión apeló e insistió expresamente en que fuera resuelta? Sí
El juez de segunda instancia complementa la sentencia recurrida cuando la autoridad judicial de primer grado omite pronunciarse sobre una pretensión debidamente formulada por las partes. El Tribunal no se pronunció respecto de la pretensión de declaratoria de existencia del contrato de obra pública 1872 de 22 de diciembre de 2017; sin embargo, como la parte perjudicada con la omisión apeló e insistió en dicha pretensión, corresponde a la Sala complementar la Sentencia recurrida, de conformidad con el inciso segundo del artículo 287 del CGP, resolviendo los aspectos que no fueron objeto de decisión inicial a pesar de las solicitudes expresas formuladas dentro del proceso judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Procede declarar la existencia de un contrato de obra celebrado por una entidad estatal sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública cuando las partes elevaron el…¿Procede declarar el incumplimiento contractual de la entidad estatal por falta de pago de determinadas obras cuando el contratista no acreditó que las obras reclamadas hubieran sido ejecutadas de…¿Carece el juez de segunda instancia de competencia para pronunciarse sobre un aspecto de la sentencia apelada cuando el recurrente se limita a reiterar los argumentos de la demanda y no formula…
¿La ruptura del equilibrio económico del contrato por la fijación de nuevos impuestos o gravamenes en el curso del contrato estatal se da de manera automática? No
El rompimiento del equilibrio económico del contrato estatal no se produce por el solo hecho de que el contratista deje de obtener utilidades o de que surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, pues para reconocerlo el hecho debe ser imprevisible y anormal y no haberse originado dentro del margen de riesgo propio del contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 exige mantener el equilibrio respecto de las condiciones pactadas al celebrar el contrato, de modo que la alteración debe medirse frente a ese pacto. Segundo, las causas de ruptura, ya se encuadren en la teoría de la imprevisión, en el hecho del príncipe o en el ius variandi, comparten como denominador común la imprevisibilidad y la anormalidad del hecho. Tercero, las partes distribuyen los riesgos en las cláusulas o en los ajustes económicos durante la ejecución, por lo que los costos que no superan el álea normal o corresponden a esas contingencias asumidas no dan lugar a restablecimiento. En la práctica, el contratista que reclame el restablecimiento debe probar que el hecho superó el riesgo asumido en el contrato y excedió el álea normal.síntesis automática
También resuelve:¿El silencio del contratista frente a los acuerdos modificatorios y la eventual insuficiencia de los mismos para solventar situaciones que puedan alterrar la economía del contrato…¿Para octubre de 2006, cuando tuvo lugar la licitación que precedió al contrato de obra materia de controversia, era imprevisible la operabilidad de la contribución especial prevista en la Ley 1106…¿Se le debía reconocer a la sociedad A.I.A. S.A. el restablecimiento del equilibrio económico del contrato N° 18 de 2007 por mayor permanencia en la obra…
¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, pues resultaría contrario al deber de lealtad de las partes, permitir que una parte prevalezca en juicio desconociendo que prestó su voluntad en la celebración de un negocio jurídico, sin advertir a su contraparte que aceptaba con reserva lo que estaba firmando? Sí
En el presente asunto, el contratista apelante insiste en que no es procedente negar las súplicas dirigidas al reconocimiento del desequilibrio económico en su contra por cuenta de las suspensiones realizadas al contrato de consultoría… , porque el proceso da cuenta precisamente de tales hechos.… La Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación… reiteró la prevalencia del deber de lealtad de las partes frente a las reclamaciones que surjan por cuenta de la ejecución de los negocios.… En esa perspectiva, es claro que el comportamiento de las partes durante la ejecución de sus negocios es determinante para la prosperidad de sus pedimentos en el escenario judicial.… En la hipótesis del consorcio contratista y ahora apelante…
También resuelve:¿La expedición del Decreto 563 de 2007 constituyó causa del hecho del príncipe, que afectara gravemente la ecuación financiera del contrato estatal?
¿La variación de la cotización de la TRM durante la ejecución del contrato objeto de la controversia, causó un desequilibrio económico, con afectación grave a la economía del negocio, ajena a la responsabilidad del demandante? No
En los contratos estatales debe mantenerse la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al celebrarse el contrato, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, y que el restablecimiento solo procede si la ruptura se produce por causas no imputables a quien la alega y genera una afectación grave del negocio. Una razón es que la variación de la tasa de cambio fue previsible, y la exposición del contrato a esa variable se originó en la conducta de la parte que la alega. Otra razón es que no se acreditó que la variación hubiera sacado las obligaciones del alea normal del negocio, ni que afectara la utilidad esperada o generara pérdidas. En el caso, la Sala confirmó la negación del desequilibrio económico. La providencia contiene un obiter dictum sobre la teoría de la imprevisión y el hecho del príncipe, sin indicar que reitera o cambia precedente; su consecuencia práctica es que el contratista que asume una variable previsible en su oferta no puede luego reclamar su variación como desequilibrio.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos estatales debe mantenerse la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, por lo que…¿La variación de la divisa fue la condición que afectó la economía del contrato y el incumplimiento del mismo?¿Conforme al criterio objetivo, procede la condena en costas contra el demandante por ser la parte recurrente y al confirmarse en su totalidad la decisión proferida por el Tribunal Administrativo?
¿Se reúnen los elementos del desequilibrio económico en el contrato de obra padecido por el Consorcio demandante, por la mayor permanencia con sobrecostos, que se produjo por pluviosidad, modificaciones técnicas, suspensiones por falta de recursos y mayores costos, pese a lo expresado u omitido por el contratista en las actas suscritas durante el desarrollo contractual? No
El desequilibrio económico del contrato de obra por causas exógenas no se configura cuando la alteración de la equivalencia prestacional no se prueba como grave, anormal, extraordinaria y completamente ajena al contratista, y cuando las modificaciones se pactaron de mutuo acuerdo. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, no existe un acto administrativo unilateral que haya alterado el contrato, pues las modificaciones fueron acordadas por las partes, lo que desplaza el análisis hacia la teoría de la imprevisión. Segunda, para que proceda esa teoría debe probarse el carácter exterior del hecho y que era razonablemente imposible prever su ocurrencia al suscribir el contrato. Tercera, el dictamen pericial sobre los mayores costos carece de solidez porque sus datos de partida no son firmes, de modo que el impacto económico resulta hipotético. La providencia confirma la negativa de las pretensiones, aunque sí reconoce que las causas de las variaciones de plazo están probadas. La consecuencia práctica es que el contratista que reclama el restablecimiento debe acreditar con datos precisos el sobrecosto causado por esas causas, y no basta con las suspensiones o la pluviosidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes del proceso aportaron los elementos suficientes para realizar la liquidación judicial del contrato de obra?¿Conforme a la norma procesal aplicable, para los contratos sometidos a liquidación y en los que las partes o la administración no adelantan la liquidación…
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado en segunda instancia por controversias contractuales cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido en el artículo 132.5 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, la entidad estatal negó las pretensiones del contratista, pero el Consejo de Estado confirmó su competencia para conocer del asunto en razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. La Sala estableció que la jurisdicción administrativa es competente para resolver controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para casos de controversias contractuales de gran cuantía, lo que implica que los contratistas pueden recurrir a esta instancia para resolver disputas de alto valor económico.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato?¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos liquidados de común acuerdo caduca en dos años contados desde la firma del acta?¿Se configuró la excepción de inepta demanda?
¿La sola variación del diseño durante la ejecución de un contrato es suficiente para dar por acreditados los defectos o deficiencias en la planeación y estructuración del proyecto? No
El contratista no puede alegar defectos en la planeación y estructuración del proyecto basándose únicamente en la variación del diseño durante la ejecución del contrato, ya que la Sala no encontró pruebas que demuestren dichos defectos ni incumplimiento por parte de la entidad estatal en su deber de planeación, y considera que la modificación de diseños es común en contratos de obra debido a la imposibilidad de prever todos los eventos que pueden surgir durante la ejecución. Además, la Sala confirma que el aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios no constituye un reajuste o revisión del contrato, sino un alea normal, y que la parte demandante debe demostrar un riesgo extraordinario para reclamar un desequilibrio financiero, lo que no fue evidenciado en este caso. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la necesidad de pruebas concretas para acreditar defectos en la planeación y la imposibilidad de reajustar precios basándose únicamente en el aumento de cantidades de obra.síntesis automática
También resuelve:¿El recurrente no presentó reparos concretos en contra de los argumentos del Tribunal relacionados con la falta de pruebas sobre la configuración del desequilibrio económico?¿El aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios es un alea normal del contrato?¿El riesgo de variación de fuentes de material era un riesgo que había sido asignado a la contratista y había expresamente sido aceptado por esta con la suscripción del contrato?
¿Cuál es la incidencia en el proceso judicial del comportamiento de las partes en el procedimiento contractual? No
El contratista no puede reclamar en el proceso judicial por daños causados durante la ejecución del contrato si su propia conducta vulneró el principio de buena fe objetiva, ya que este comportamiento determina la prosperidad de las pretensiones en el escenario judicial. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reiterado que el silencio de la contratista al suscribir contratos adicionales sin salvedades constituye una violación al principio de buena fe, lo que impide que posteriormente reclame por la alteración del equilibrio económico contractual. Además, la Sala establece que no existe incumplimiento contractual cuando las partes mancomunadamente deciden prorrogar el plazo del contrato sin generar costos adicionales, y que la diferencia entre el incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio económico radica en que este último puede ser causado por actos del Estado o factores externos imprevisibles, mientras que el incumplimiento implica una falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de una de las partes. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la importancia del principio de buena fe en la contratación estatal y la necesidad de distinguir entre incumplimiento y alteración del equilibrio económico contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Está probado en el proceso el incumplimiento contractual alegado?¿Cuál es la diferencia que hay entre el incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio económico del contrato para el estudio de la responsabilidad?¿Cuál es el concepto y presupuestos de la mayor permanencia en obra?
¿Cuáles son los presupuestos para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia en procesos de controversias contractuales? Sí
El contratista y la entidad estatal deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 para que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tenga competencia en controversias contractuales, incluyendo la cuantía del monto en disputa y la naturaleza de la entidad estatal. Además, el cómputo del término de caducidad para el medio de control de controversias contractuales se determina según el plazo de ejecución del contrato y la liquidación, con la posibilidad de interrupción por solicitudes de conciliación extrajudicial. La diferencia entre el desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual radica en que el primero se refiere a la alteración de las condiciones económicas pactadas debido a factores externos o acciones legítimas de la administración, mientras que el segundo implica la inobservancia de las obligaciones contractuales, lo cual puede dar lugar a responsabilidades distintas. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para estos casos y establece claramente los plazos y requisitos legales para el ejercicio de los medios de control contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se demanda un supuesto de incumplimiento y/o desequilibrio económico…¿Cuál es la diferencia entre el desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual y cuáles son los presupuestos de cada uno?¿Cuáles son los presupuestos para determinar la naturaleza y la tipología del contrato y cómo se determina el objeto contractual?
¿Es procedente el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de consultoría celebrado entre los extremos del proceso, por mayor permanencia, pese a que las prórrogas fueron suscritas por la contratista demandante sin objeción alguna? No
La suscripción de prórrogas sin salvedades no impide al juez estudiar la reclamación de restablecimiento del equilibrio económico por mayor permanencia, pero esa reclamación solo prospera si se acredita la existencia de sobrecostos. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la prórroga de un contrato de interventoría puede ajustar su valor sin que se aplique el límite del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, pero la norma no excluye la autonomía de la voluntad que origina el acuerdo. Segunda, el juez debe desentrañar, en cada caso, el alcance del acuerdo de las partes según las reglas de interpretación de los contratos y la ejecución de buena fe. Tercera, en el expediente no existe prueba de los sobrecostos que justifiquen el restablecimiento. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el consultor o interventor que pretenda el restablecimiento por mayor permanencia debe probar los sobrecostos, incluso si las prórrogas fueron suscritas sin objeción.síntesis automática
También resuelve:¿La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo proferido en el marco del medio de control contencioso administrativo de…¿El medio de control de controversias contractuales se ejerció dentro del término previsto por la ley?¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia contra la parte vencida en el proceso?
¿El incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato generan una afectación económica al contratista cuyas fuentes y consecuencias son diferentes? Sí
El contratista puede demandar a la entidad estatal por incumplimiento contractual o por la ruptura del equilibrio económico del contrato, dependiendo de la fuente y las consecuencias de la afectación económica sufrida. La primera opción implica la inobservancia de las obligaciones pactadas, mientras que la segunda se refiere a factores externos o decisiones de la administración que alteran las condiciones del contrato. En este caso, la entidad estatal no ajustó los precios de las obras ejecutadas por el contratista, a pesar de la existencia de cláusulas ambiguas en el contrato y en el pliego de condiciones que permitían el ajuste de precios. La Sala concluyó que la entidad incumplió el contrato al no aplicar el ajuste de precios según el ICCP del DANE, lo que implica que en casos similares, la entidad estatal debe cumplir con las disposiciones contractuales y legales para proteger los intereses del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Incumplió el departamento del Tolima el contrato 1183 de 2009 al no ajustar los precios de las obras ejecutadas por el contratista…¿Incumplió el departamento del Tolima el contrato 1183 de 2009 al haber calculado y pagado las actividades concernientes a la “conformación de la calzada existente” e “imprimación con asfalto…¿Se encuentra probado que la U.T. Cesva ejecutó obras adicionales previas para la reconstrucción de un muro que colapsó como consecuencia de un deslizamiento de tierra…
¿Si el incumplimiento es imputable al deudor y es la causa de un daño cierto, personal y directo, el acreedor tiene derecho a pedir la indemnización integral de los perjuicios? Sí
El incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputable al deudor y causante de un daño cierto, personal y directo, confiere al acreedor el derecho a solicitar la indemnización integral de los perjuicios. Este principio se fundamenta en el equilibrio económico del contrato estatal, que busca garantizar la continuidad del servicio público y los intereses generales. La responsabilidad contractual y el desequilibrio financiero del contrato estatal son conceptos distintos, con la primera orientada al derecho de crédito y la segunda al mantenimiento del servicio público. La variación de la causa petendi impide pronunciamiento de fondo, reiterando la importancia de la congruencia y la imparcialidad en el proceso judicial.síntesis automática
También resuelve:¿El equilibrio económico del contrato estatal se concreta en el derecho del contratista a que se mantenga la equivalencia entre derechos y obligaciones surgida al momento de proponer o contratar?¿El incumplimiento de obligaciones contractuales y el desequilibrio financiero del contrato estatal son diferentes?¿La variación de la causa petendi impide pronunciamiento de fondo?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede interponer recurso de apelación ante el Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, dado que el Consejo de Estado es competente para conocer estos recursos de acuerdo con el artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, y su competencia también se fundamenta en la cuantía de la pretensión, conforme al artículo 20 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 132 numeral 8 del Decreto Ley 1 de 1984. La Sala reitera esta posición, lo que implica que los recursos de apelación contra sentencias de primera instancia serán conocidos por el Consejo de Estado siempre que se cumplan con los requisitos de competencia y cuantía establecidos en la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene del incumplimiento de un contrato?¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993?¿Procede la valoración de la copia simple de documento?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en razón a la cuantía? Sí
El contratista y la entidad estatal deben distinguir entre la responsabilidad por incumplimiento contractual y el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, pues constituyen figuras jurídicas diferentes con consecuencias económicas distintas. El incumplimiento contractual surge de una conducta antijurídica y culposa de uno de los contratantes que desconoce injustificadamente las prestaciones a su cargo, ya sea por inejecución o por ejecución tardía o defectuosa, dando lugar a la indemnización integral de los perjuicios acreditados. En cambio, el restablecimiento del equilibrio económico deriva del deber legal de preservar la ecuación de equivalencia de las prestaciones surgida al contratar cuando se afecta por circunstancias ajenas a las partes (teoría de la imprevisión), evento en el que se lleva al punto de no pérdida, o por actos administrativos sin culpa de la entidad contratante (ius variandi o hecho del príncipe), reconociéndose mayores costos y utilidad dejada de percibir; aplicándose en lo procesal el artículo 136 del C.C.A., subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue interpuesta dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que dieron lugar a la reclamación?¿El incumplimiento contractual de la entidad demandada da lugar al rompimiento del equilibrio económico del contrato?¿La ausencia de reclamaciones en las adiciones, prórrogas o suspensiones del contrato, es impedimento para analizar los argumentos del demandante y para denegar las pretensiones?
¿Puede la Sala analizar el enriquecimiento sin causa alegado por el consorcio en el recurso de apelación, con fundamento en la ejecución de mayores cantidades de obra, pese a que no formuló esa pretensión en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de ejercer su defensa frente a ella? No
El contratista no puede introducir en el recurso de apelación un nuevo argumento sobre enriquecimiento sin causa basado en la ejecución de mayores cantidades de obra, ya que no fue planteado en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de defenderse, lo que violaría el principio de congruencia y el derecho de defensa, según establece el artículo 281 del Código General del Proceso aplicado por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala reitera que el análisis de nuevos cargos en segunda instancia es improcedente, limitando así el pronunciamiento del juez a las pretensiones y argumentos presentados en la demanda original.síntesis automática
También resuelve:¿La ocurrencia de un hecho ajeno a las partes e imprevisible al momento de contratar, que genera una afectación grave de la ecuación económica del contrato y lo torna más oneroso para una de ellas…¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato por la teoría de la imprevisión, debido a los mayores costos que el consorcio atribuyó a las crecientes del río Bugalagrande…¿Debe mantenerse la condena en abstracto por el desequilibrio económico del contrato derivado de la implementación de los protocolos de bioseguridad por el COVID-19…
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