Titulación de la relatoría 20.660 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / CONTRATO DE CONSULTORÍA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / ZONA VERDE DE USO PÚBLICO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / CARTOGRAFÍA TEMÁTICA / TÉRMINOS DE REFERENCIA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / CONSULTOR / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL / PRESUPUESTO DE LA OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿La ejecución de labores tendientes a completar la cartografía base necesaria para el cumplimiento del objeto contractual era una obligación del contratista, cuyos costos debieron ser asumidos conforme a los términos de referencia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien está demostrado que, efectivamente, el contratista debió adelantar algunas labores tendientes a completar la cartografía base que era necesaria para ejecutar el objeto contractual, lo cierto es que no se puede afirmar, como lo hizo el demandante, que esa era una labor que no le correspondía realizar (…). Como quedó visto, en los términos de referencia que rigieron el procedimiento de selección que precedió al contrato expresamente se dispuso que se requería que el consultor realizara “(…) la georreferenciación (GPS) de aquellos espacios públicos verdes que no se encuentran en la cartografía suministrada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá” (…). Es evidente, entonces, que desde ese momento el contratista ya sabía de la posibilidad de que la cartografía entregada por la AMVA -así se refiriera al 100% del área a cubrir por el Plan Maestro contratado-, tuviera vacíos que le correspondería completar para la correcta ejecución del objeto contractual, por lo que resultaba imperioso que tomara las medidas pertinentes y presupuestara lo necesario para esa eventualidad. (…) No es acertada, por lo tanto, la afirmación del demandante en el sentido de que él no estaba obligado a adelantar labores de actualización y complementación de la cartografía base y que, por lo tanto, no le correspondía asumir los gastos generados por las mismas, puesto que ello hacía parte de las labores necesarias para la cumplida ejecución del objeto contractual (…). Es claro entonces que, desde este punto de vista, no se probó en el plenario el incumplimiento de una obligación a cargo de la entidad demandada que le haya generado sobrecostos al contratista que éste no estaba en el deber de asumir.
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Le corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 19 de diciembre de 2016, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-, norma vigente al momento de presentación de la demanda, según la cual el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en primera instancia. Adicionalmente, conoce la Sala del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, dado que las pretensiones ascendieron a $545.550.661 por concepto de perjuicios materiales, mientras que el monto exigido para que un proceso iniciado en 2010, en ejercicio de la acción de controversias contractuales, tuviera vocación de doble instancia era de $ 257’500.000.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la firma del acta de liquidación bilateral del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo dispuesto por el literal c) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A, en los contratos que requieran de liquidación y ésta se efectúe de común acuerdo por las partes, el término de caducidad de la acción será de dos años, contados a partir de la firma del acta. Dado que, en el presente caso, el contrato objeto de la controversia fue liquidado por las partes mediante acta del 11 de febrero de 2008 y la demanda fue presentada el 11 de febrero de 2010, es decir dentro de los dos años siguientes a su firma -literal c), numeral 10 del artículo 136 del C.C.A, resulta evidente que lo fue en tiempo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL C
CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Las salvedades plasmadas de forma clara y expresa en el acta de liquidación bilateral del contrato, habilitan al contratista afectado a acudir al juez contractual, para reclamar los pagos a los que cree tener derecho y que no fueron reconocidos en dicha liquidación?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 vigentes para la época de celebración del Contrato 151 de 2005-, los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, deben ser liquidados de común acuerdo por las partes y, en su defecto, unilateralmente por la entidad contratante. (…) [P]or regla general, resulta improcedente elevar pretensiones originadas en el contrato que fue debidamente liquidado en forma bilateral por las partes, puesto que ello implicaría ir en contra de los propios actos y de una previa manifestación de voluntad efectuada por personas capaces de disponer de sus derechos, que quedó plasmada en el acta de liquidación cuando fue suscrita por la entidad contratante y el contratista. (…) [Las] reclamaciones son admisibles en dos casos: i) cuando se ataca la validez misma del negocio jurídico contenido en el acta de liquidación bilateral, alegando la existencia de un vicio del consentimiento -error, fuerza o dolo- y ii) cuando expresamente en el acta la parte inconforme ha dejado plasmada una salvedad, conforme a la cual se reserva el derecho a reclamar judicial y/o extrajudicialmente, los pagos a los que cree tener derecho y que no fueron reconocidos allí, caso en el cual se ha exigido que tal salvedad sea clara y expresa, es decir que dé cuenta de los puntos concretos de desacuerdo y futura reclamación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los efectos del acta de liquidación del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de mayo de 1984, rad. 2796, C. P. José Alejandro Bonivento; sentencia de 20 de noviembre de 2003, rad. 15308, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 20 de octubre de 2014, rad. 27777, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 10 de septiembre de 2020, rad. 50296, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 14 de febrero de 2019, rad. 57385, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61
CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / EXCEPCIONES DE LA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / CARTOGRAFÍA TEMÁTICA / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Las salvedades por parte del contratista, quedaron expresa y claramente plasmadas en el acta de liquidación bilateral, al igual que en las pretensiones de la demanda, siendo procedente el estudio y resolución mediante la acción de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]el contenido del acta de liquidación bilateral, así como del documento al que aludió el apelante y que sí obra en el plenario (…), resulta posible establecer los motivos de reclamación aducidos por la parte actora y que coinciden con los esgrimidos en la demanda presentada ante esta jurisdicción. (…) No cabe duda de que el motivo central aducido en una y otra correspondió a la afectación económica que manifestó haber sufrido el contratista con ocasión de los incumplimientos precontractuales y contractuales de la entidad en torno a su obligación de entregar (…) la Cartografía Base Urbana o Cartografía Topográfica en formato digital, (…) lo cual correspondió a actividades que no estaban contractualmente a su cargo y que implicaron la inversión de más tiempo y recursos para el contratista. (…) De igual manera, consta que en las reclamaciones de restablecimiento de la ecuación contractual, el contratista también se refirió -como lo hizo en la demanda para sustentar sus pretensiones (…)- a los desfases cronológicos y por ende económicos que tuvo que asumir por causa de la orden de la interventoría de no desarrollar trabajos de campo y el condicionamiento de su realización a un evento de socialización del proyecto y a la entrega de una nueva metodología para el desarrollo del estudio (…). En las condiciones anotadas, considera la Sala que la objeción o salvedad plasmada por el contratista en el acta de liquidación bilateral se encuentra suficientemente soportada y cuenta con la concreción y claridad necesarias para su admisión, siendo procedente el estudio y resolución de las pretensiones de la demanda, a lo cual procederá la Sala.
IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA / AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Debe negarse la solicitud de nulidad parcial del acta de liquidación bilateral del contrato por ausencia de razonamientos sobre la existencia de algún vicio del consentimiento que hubiera afectado su validez?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se recuerda que en los numerales impugnados del acta de liquidación, se consignó i) la negativa de la entidad a la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato presentada por el contratista, ii) el valor total ejecutado del contrato y iii) la declaración de que las partes se encontraban a paz y salvo respecto de la ejecución del contrato y de las obligaciones derivadas del mismo y su renuncia a hacer cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial con ocasión de su suscripción y ejecución. No obstante, se advierte que, si bien la demandante pidió que se declarara la nulidad de los referidos numerales 2.3, 3 y 4 del acta de liquidación bilateral del Contrato 151 de 2005, no adujo razonamiento alguno sobre la existencia de algún vicio del consentimiento -error, fuerza o dolo- que hubiere afectado la validez de dichas estipulaciones, por lo que esa pretensión no está llamada a prosperar.
INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL / INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿El incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato generan una afectación económica al contratista cuyas fuentes y consecuencias son diferentes?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala procede a interpretar las pretensiones de la demanda, encontrando que la subsidiaria se adujo a título de incumplimiento, como pasa a explicar a continuación. Observa la Sala en primer lugar, que la parte actora aduce en su demanda, indistintamente y refiriéndose a los mismos hechos que sirven de fundamento a su reclamación, el incumplimiento de la entidad demandada y el rompimiento del equilibrio económico del contrato como el origen de su afectación económica, proveniente de los mayores costos en los que tuvo que incurrir para la ejecución de los trabajos a su cargo. Por dicha razón, resulta necesario recordar que se trata de dos figuras jurídicas diferentes, tanto por su origen como por sus consecuencias, tal y como lo ha establecido la jurisprudencia, en la medida en que el incumplimiento contractual, consistente en el desconocimiento del débito prestacional y de las obligaciones legalmente acordadas en un contrato, da lugar al surgimiento de la responsabilidad de la parte incumplida y, en consecuencia, a su deber de indemnizar integralmente los perjuicios que hubiere causado con su incumplimiento; al paso que el deber de restablecer el equilibrio económico de un contrato (…) surge (…) de la afectación de la relación de equivalencia de las prestaciones surgida al momento de contratar, y que por mandato legal -artículo 27, Ley 80 de 1993- debe conservarse a lo largo de toda la ejecución contractual, y su restablecimiento consistirá en llevar a un punto de no pérdida al contratista -o a la entidad, si fue la parte afectada- si la perturbación proviene de un hecho imprevisto e imprevisible ajeno a las partes, o mediante el reconocimiento de los costos y utilidades dejadas de percibir, si su origen se ubica en una actuación legal de la entidad en ejercicio de sus funciones estatales -hecho del príncipe- o como parte contratante -ejercicio del ius variandi-.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la diferencia entre el incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de marzo de 2013, rad 20524, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 16 de septiembre de 2013, rad. 30571, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 18 de septiembre de 2003, rad. 15119, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27
INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL / PERJUICIO IMPREVISTO / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INAPLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / PAGO AL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN
Problema jurídico:
¿Se configuró un evento que pudiera encuadrarse en la teoría de la imprevisión que dé lugar a la pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[D]e acuerdo con los hechos relatados y los argumentos expuestos, no se configuró un evento que pudiera encuadrarse en la teoría de la imprevisión que da lugar al restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Al respecto, resulta necesario recordar que la teoría de la imprevisión, como lo tiene sentado la jurisprudencia, se presenta cuando hechos extraordinarios, sobrevinientes a la celebración del contrato, y que se presentan durante su ejecución, ajenos a las partes y que no eran razonablemente previsibles por ellas cuando se suscribió el acuerdo de voluntades, afectan de manera significativa el cumplimiento de las obligaciones, haciéndolo mucho más gravoso para uno de los contratantes. (…) [N]o cabe duda de que el origen de la afectación económica por la cual reclama el demandante no se halla en un hecho imprevisto e imprevisible, ajeno a las partes, que se presentó con posterioridad a la celebración del contrato y que afectó de manera extraordinaria la relación de equivalencia de las prestaciones surgidas al momento de contratar; sino que tal origen lo ubica la parte actora en un incumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad contratante, específicamente, de la obligación que, según el consorcio, le asistía de entregar la cartografía base con unas determinadas características y especificaciones, que no reunía la que fue puesta a disposición del contratista. (…) En tales condiciones, no resulta procedente la pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la teoría de la imprevisión, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 31 de enero de 2019, rad. 37910, C. P. María Adriana Marín.
INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRÓRROGA DEL PLAZO / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / TÉRMINOS DE REFERENCIA / TERMINO DEL CONTRATO ADICIONAL / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ADICIONAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se acreditaron graves retrasos en la ejecución del contrato, imputables a un incumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad contratante, que hayan dado lugar a sobrecostos en cabeza del contratista por mayor permanencia en la ejecución del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n relación con los supuestos atrasos que se presentaron en la ejecución contractual y que le representaron al contratista una mayor permanencia y sobrecostos derivados, según el demandante, de la no aprobación de la metodología de trabajo por parte de la interventoría y los retrasos en las labores de socialización, información y divulgación del programa, se observa: (…) que el contrato se celebró inicialmente por 8 meses y que su plazo fue adicionado a solicitud del contratista por 75 días calendario; en cuanto a las razones para la extensión del término de ejecución, se observa que esta no sólo obedeció a la demora en la presentación y aprobación de la metodología detallada del programa de trabajo por parte del contratista y a la necesidad de que se adelantaran las labores de socialización del proyecto tal y como sucedió al principio, sino principalmente a la necesidad de ejecutar trabajos extras que fueron pactados por las partes. (…) Por lo tanto, no es que se le hubiera impedido adelantar las labores de socialización que tenía a su cargo, sino que las mismas debían llevarse a cabo en las condiciones establecidas en los términos de referencia y el contrato y acatando las instrucciones impartidas en esta materia por la Interventoría. Ahora bien, durante la ejecución del contrato fue necesario prorrogar su plazo (...), para ejecutar las nuevas actividades que fueron incluidas mediante el Contrato Adicional No. 1 (…). Es claro entonces, que la mayor permanencia en la ejecución del contrato obedeció a las nuevas labores adicionadas, para cuya ejecución se pactaron los respectivos precios unitarios y se suscribió, así mismo, una prórroga del plazo contractual. En las anteriores condiciones, considera la Sala que no se acreditó en el plenario que la ejecución del contrato hubiera presentado graves retrasos por causas imputables a un incumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad contratante y que éste hubiera sido la causa de los sobre costos que alega haber sufrido y cuyo reconocimiento reclama. En consecuencia, las pretensiones no están llamadas a prosperar (...).