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¿Los contratos de ejecución instantánea y los contratos u órdenes de prestación de servicios deben ser liquidados? No
Los contratos de ejecución instantánea y los contratos u órdenes de prestación de servicios celebrados por una universidad estatal no requieren liquidación, mientras que los de tracto sucesivo y los terminados por mutuo acuerdo sí deben liquidarse, según lo dispone el estatuto de contratación de la universidad. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 somete los contratos que celebran las universidades estatales u oficiales al derecho privado, salvo las excepciones consagradas en la ley, de modo que su régimen de liquidación se fija en el estatuto de contratación de la institución. Segundo, el artículo 57 de la misma ley reconoce a estas universidades un régimen especial que comprende el régimen de contratación, por lo que la clasificación interna de los contratos según su forma de ejecución determina cuáles requieren liquidación. La providencia confirma la decisión de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control, pues la demanda fue extemporánea con independencia de la fecha de terminación que se tome; en la práctica, la clasificación del contrato dentro del estatuto determina si debía liquidarse.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de prestación de servicios celebrado es un contrato que se rige por el derecho privado?¿La parte demandante interpuso recurso frente al auto que ordenó correr traslado a las partes para alegar?¿Se condenará en costas de esta instancia a la unión temporal contratista?
¿Procede la nulidad sobreviniente del contrato de concesión minera por la declaratoria de zona de reserva forestal? Sí
El contratista no puede obtener la nulidad sobreviniente del contrato de concesión minera por la declaratoria posterior de zona de reserva forestal, ya que al momento de celebrar el contrato no se contrariaron las normas vigentes, y la declaratoria posterior no puede generar la nulidad del mismo. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y niega las pretensiones de la demanda, afirmando que la nulidad es una consecuencia legal que impone la terminación del contrato cuando adolece de vicios al momento de su celebración, no siendo viable la nulidad sobreviniente salvo norma legal expresa. Además, la Sala se abstiene de condenar en costas a la parte vencida al considerar que en el proceso se ventiló un interés público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas cuando se ventila un interés público?
¿[L]a declaratoria de nulidad de un contrato de compraventa da lugar a las restituciones mutuas, pero para eso es necesario que se acredite la entrega de los bienes y el pago del precio, es decir, el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 permite el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas, siempre que se demuestre que beneficiaron a la entidad? Sí
La nulidad absoluta de un contrato de compraventa estatal da lugar a restituciones mutuas, pero estas solo proceden si se acredita la entrega de los bienes y el pago del precio, pues esos son los requisitos previos para ordenar la devolución de cada prestación. La regla se complementa con el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, que permite reconocer las prestaciones ejecutadas cuando se demuestra que beneficiaron a la entidad. Estos elementos deben probarse, de modo que la mera pretensión de restitución de los dineros pagados no basta para ordenarla. En el asunto, la entidad demandó la nulidad absoluta de un contrato para la adquisición de medicamentos e insumos médicos y pidió la devolución de lo pagado, indexado, y subsidiariamente el incumplimiento y los perjuicios. La Sala examinó si procedía ordenar la restitución de los dineros supuestamente pagados y confirmó la decisión desfavorable a esa pretensión. En la práctica, la entidad que pide restituciones mutuas debe demostrar la entrega y el pago antes de obtener la devolución.síntesis automática
También resuelve:¿La simple declaración de un funcionario público, así sea la supervisor de contrato, no es suficiente para acreditar el pago del contrato, ya que…¿Para que las prestaciones ejecutadas del contrato sean reconocidas al momento de declarar la nulidad absoluta del contrato "restituciones mutuas", deben acreditarse dos aspectos…¿Hay situaciones en las que no será procedente ordenar las restituciones mutuas?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-05-03Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 25000233600020180022701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer apelación de auto que negó las excepciones de caducidad del medio de control de controversias contractuales y de inepta demanda propuestas por la parte demandada? Sí
La Corporación es competente en segunda instancia para conocer la apelación del auto que, en audiencia inicial, niega las excepciones de caducidad y de inepta demanda en un proceso de controversias contractuales, conforme a los artículos 125, 150 y el inciso final del numeral 6 del artículo 180 del CPACA, y la decisión corresponde al despacho del consejero ponente. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la apelación se dirige contra una decisión de primera instancia del Tribunal Administrativo que resolvió excepciones previas. La segunda es que, para determinar la oportunidad del medio de control de los contratos de tracto sucesivo que no se liquidan, el artículo 164 numeral 2 literal j del CPACA ofrece una forma alternativa de contabilizar el término. En el caso concreto, el despacho estima que el plazo bienal debe contarse desde la situación que incita el interés para demandar, que corresponde al resultado definitivo y favorable de los procesos de reparación directa vinculados al contrato, por lo que la caducidad no operó. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales?¿Hay lugar a configurarse la excepción de inepta demanda cuando se sustenta en un aspecto reservado al fallo?
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales respecto a un contrato que no fue liquidado inicia desde el día siguiente a la fecha en que debió liquidarse? Sí
El contratista debe presentar la acción de controversias contractuales dentro del término de caducidad que comienza desde el día siguiente a la fecha en que debió liquidarse el contrato, incluso si este no fue liquidado, lo que implica que la entidad estatal puede demandar oportunamente si la acción se presenta dentro del plazo establecido. La Sala determina que la demanda fue presentada dentro del término de caducidad, iniciando desde el 1° de julio de 2016, fecha en que debió liquidarse el contrato de arrendamiento, y concluye que la condena en costas y agencias en derecho procede conforme a la norma procesal aplicable, condenando a la demandante a pagar tres salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la providencia, de acuerdo con los criterios y tarifas establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró un daño antijurídico derivado de la ocupación del bien inmueble durante la ejecución del contrato de arrendamiento?¿Procede la condena en costas y agencias en derecho de acuerdo con la norma procesal aplicable?
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, considerando que, en casos de controversias contractuales, cuando se trata de contratos de ejecución sucesiva en el tiempo, como el de interventoría, se entiende que a la entidad estatal le es imponible o exigible como deber legal proceder con la liquidación, por lo que, el término de caducidad se debe computar desde de la terminación del plazo contractual, teniendo en cuenta sus respectivas adiciones? Sí
La entidad estatal es imponible como deber legal para proceder con la liquidación en contratos de ejecución sucesiva en el tiempo, como el de interventoría. Por lo tanto, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales debe computarse desde la terminación del plazo contractual, considerando sus respectivas adiciones. En el caso en estudio, el contrato terminó el 18 de septiembre de 2004, y el término de caducidad comenzó a contarse a partir del 19 de marzo de 2005, con una duración de 2 años, lo que significa que la demanda fue presentada fuera del plazo legal.síntesis automática
También resuelve:¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993?
¿Fue el concesionario quien incumplió el Contrato al no tramitar el permiso de vertimientos necesario para la operación de la PBA y que dicha omisión determinó la materialización de la medida de cierre de la PBA que, a su vez, causó los perjuicios reclamados en la demanda? Sí
En los contratos de concesión, la obligación de tramitar el permiso de vertimientos corresponde al concesionario cuando así se pactó, y su omisión no genera perjuicios reclamables a la entidad contratante por la suspensión de la operación. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la asignación contractual de la obligación de solicitar el permiso determina quién debe cumplirla, de modo que el incumplimiento de esa carga es imputable al concesionario. Segunda, la suspensión de la operación por autoridades ambientales no se atribuye a la entidad cuando la causa de la medida es la omisión del concesionario en tramitar el permiso. En el caso, el concesionario no tramitó el permiso de vertimientos, y esa omisión determinó la medida de cierre que causó los perjuicios reclamados, por lo que la providencia confirma la negativa de las pretensiones. En la práctica, el concesionario que deba tramitar licencias ambientales debe cumplir esa carga, porque su omisión no es trasladable a la entidad contratante.síntesis automática
También resuelve:¿En aquellos casos en los que la acción de controversias contractuales versa sobre un contrato de tracto sucesivo, el término de caducidad debe contabilizarse desde su terminación o liquidación…¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
¿En los casos en los que el medio de control de controversias contractuales versa sobre un contrato de tracto sucesivo, el término de caducidad debe contabilizarse desde su terminación o liquidación, sin que esta regla pueda inaplicarse cuando el término del contrato objeto de la demanda no haya vencido? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de controversias contractuales sobre un contrato de tracto sucesivo fuera del término de dos años contados desde la terminación o liquidación del contrato, independientemente de si el plazo del contrato objeto de la demanda aún no ha vencido. La entidad estatal debe considerar que la caducidad del medio de control se computa desde la liquidación o terminación del contrato, no desde la fecha de vencimiento del plazo pactado, lo que implica que las demandas presentadas fuera de este plazo serán improcedentes. La Sala reitera esta posición, lo que tiene implicaciones significativas para el cómputo del término de caducidad en contratos de tracto sucesivo.síntesis automática
También resuelve:¿La Agencia Nacional de Minería incumplió el contrato de concesión minera al reducir el área de explotación como consecuencia de la delimitación del páramo del altiplano cundiboyacense mediante el…¿Debe confirmarse la decisión de negar las pretensiones de terminación y liquidación del contrato de concesión minera, dado que en el recurso de apelación no se formularon reproches concretos contra…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales para demandar el incumplimiento alegado en el contrato de prestación de servicios profesionales en la modalidad de outsourcing – tercerización? Sí
Las partes celebraron un contrato de prestación de servicios profesionales y el contratista demandante asegura, en su respectiva demanda, que su contraparte incumplió lo pactado; sin embargo, promovió sus pretensiones cuando ya había operado la caducidad del medio de control jurisdiccional.… Una vez precisado lo anterior, se advierte que el negocio celebrado por las partes fue un contrato de prestación de servicios profesionales que, según los artículos 321 (numeral 3) de la Ley 80 de 1993 y 3.4.2.5.12 del Decreto 734 de 2012, podía celebrarse entre una entidad estatal y una persona jurídica para desarrollar actividades relacionadas con el cumplimiento de las funciones propias de la entidad pero, para las cuales su planta de personal resultara insuficiente, como en efecto ocurrió en el presente asunto…
También resuelve:¿Es obligatoria la liquidación del contrato de prestación de servicios profesionales así no se haya pactado en el contrato?¿Cuál es la normatividad aplicable al proceso por incumplimiento del contrato de prestación de servicios teniendo en cuenta que la entidad contratante es una institución estatal de educación superior…¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
¿La nulidad es una consecuencia legal que, tratándose de contratos de tracto sucesivo, impone su terminación y se estructura cuando el negocio jurídico adolece de vicios al momento de su celebración, lo que conlleva a que no sea viable utilizar el concepto de nulidad sobreviniente, salvo norma legal expresa? Sí
El contratista no puede fundamentar la nulidad de un contrato de concesión minera en la violación de los principios de precaución y prevención previstos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993, ya que estos principios no constituyen disposiciones legales que prohíban la celebración de contratos en determinados casos, sino que buscan orientar las políticas ambientales basadas en investigaciones científicas. La nulidad del contrato estatal se estructura cuando el negocio jurídico adolece de vicios al momento de su celebración, y no es viable utilizar el concepto de nulidad sobreviniente salvo norma legal expresa. Además, las causales de nulidad de los contratos son de interpretación restrictiva y tienen reserva de ley, por lo que no toda infracción normativa tiene como consecuencia la invalidez del negocio jurídico. Esto implica que los jueces no pueden ampliar el alcance de las causales de nulidad ni crear nuevas causales que no hayan sido previstas por el legislador.síntesis automática
También resuelve:¿Si con posterioridad a la celebración del contrato una norma prohibió desarrollar la actividad objeto del mismo, ello conlleva su nulidad por objeto ilícito?¿Las causales de nulidad de los contratos son de interpretación restrictiva y tienen reserva de ley, por lo que no toda infracción normativa tiene como consecuencia la invalidez de un negocio…¿La anulación de un contrato de concesión minera puede fundamentarse en la violación de los principios de precaución y prevención previstos en el 1º de la Ley 99 de 1993?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-09-04Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 68001233300020220037101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Bajo cualquier escenario es evidente que el actor ejerció el derecho de acción cuando había operado el fenómeno de la caducidad? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, la suspensión de términos judiciales decretada por el Gobierno Nacional no aumenta el término de caducidad, que sigue siendo de dos años. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la suspensión solo paraliza el cómputo de los términos durante el periodo que la norma determina, y no modifica la duración del plazo previsto en la ley. Segunda, la solicitud de conciliación extrajudicial no revive un término que ya había vencido. En el caso, el término de caducidad culminó el 12 de enero de 2022, antes de la presentación de la demanda y antes de la solicitud de conciliación, por lo que la providencia confirma la caducidad declarada. Así, la suspensión no altera la duración del término, que sigue siendo de dos años. En la práctica, la parte que considere que la suspensión de términos extendió su plazo debe contar los días transcurridos antes de la suspensión, porque la suspensión no reinicia el plazo.síntesis automática
También resuelve:¿Hay que valorar las disposiciones del decreto que suspendió los términos de caducidad en consideración a la pandemia del COVID-19?¿Cómo el manual de contratación de la ESE estipulaba que los contratos de tracto sucesivo debían liquidarse, el contrato sí requería del trámite de la liquidación…¿El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de…
¿Resulta procedente la nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad del contrato de suministro de alimentación escolar, por ausencia del incumplimiento grave del contratista que condujera a la parálisis del contrato? No
El contratista no puede solicitar la nulidad del acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato de suministro de alimentación escolar, ya que la entidad estatal fundamentó su decisión en incumplimientos graves del contratista que afectaron directamente el objeto del contrato, como la entrega tardía de alimentos vencidos, falta de mantenimiento de equipos y no pago de seguridad social a las madres procesadoras. La Sala determinó que los argumentos del contratista, que incluían la acumulación de incumplimientos menores y la subsanación de estos, no eran válidos, ya que los incumplimientos fueron graves y no se demostró que hubieran sido subsanados. Además, la resolución no se basó en una norma derogada, sino en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Por último, la entidad no se basó en los mismos reparos que dieron origen a la imposición de una multa revocada, sino en nuevos incumplimientos que afectaron la ejecución del contrato. Esta decisión confirma y reitera la jurisprudencia existente sobre la procedencia de la declaratoria de caducidad en casos de incumplimiento grave.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad del contrato de suministro de alimentación escolar, por fundarse en una norma derogada, esto es…¿Resulta procedente la nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad del contrato de suministro de alimentación escolar…¿Resulta procedente la nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad del contrato de suministro de alimentación escolar, por no reducirse el valor de la cláusula penal…
¿Al encontrarse configurada la causal de contrato contra expresa prohibición constitucional o legal se produce la nulidad absoluta del negocio jurídico? Sí
Cuando un contrato estatal se celebra contra expresa prohibición constitucional o legal, se configura la causal de nulidad absoluta prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 1519 del Código Civil considera que toda violación de un mandato imperativo o de una prohibición de la ley produce nulidad absoluta, salvo que la norma consagre otra sanción. Segunda, la causal de objeto ilícito del Código Civil es amplia y no se confunde con la causal 2 del estatuto, que se reserva para desconocer el régimen de prohibiciones de rango constitucional y legal. Tercera, la causal exige dos presupuestos: la violación del régimen de prohibiciones en normas constitucionales, legales o con fuerza de ley, y que la prohibición sea expresa y explícita, pues no toda irregularidad la configura. En el caso, ambos presupuestos quedaron acreditados y la decisión se confirmó. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Las administradoras cooperativas hacen parte de las sociedades de economía solidaria?¿Las empresas de administración pública cooperativa están sometidas al régimen contractual del Estatuto General de la Contratación Estatal?¿Los convenios interadministrativos gozan de características que los diferencian de los contratos estatales?
¿ Cuando la entidad estatal aún tiene competencia para liquidar unilateralmente el contrato puede solicitar su liquidación judicial? No
El contratista no puede solicitar la liquidación judicial del contrato cuando la entidad estatal aún tiene competencia para liquidarlo unilateralmente, ya que esta prerrogativa es irrenunciable y su ejercicio corresponde exclusivamente a la administración pública. La Sala establece que la jurisdicción contenciosa administrativa no puede usurpar las funciones que la ley ha asignado a la administración, limitándose a controlar la legalidad de los actos administrativos en caso de controversia. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y reafirma la obligación de la administración de ejercer sus competencias conforme a la ley, evitando la renuncia o delegación de sus funciones.síntesis automática
También resuelve:¿En los convenios interadministrativos de tracto sucesivo, cuando las partes no logren un acuerdo sobre el cruce final de cuentas…¿En el grado jurisdiccional de consulta, el juez está habilitado para revisar oficiosamente todos los aspectos que puedan llegar a comprometer la legalidad de la condena?¿El objeto de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es de naturaleza eminentemente contradictorio?
¿La reclamación del reajuste de precios, como salvedad consignada en el acta de liquidación por el consorcio demandante, conlleva la reclamación de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal? No
Una salvedad en el acta de liquidación que solo se refiere a la reclamación de reajustes de precios no comprende la reclamación de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal, ni por mayor permanencia en obra. La regla se apoya en tres razones. Primera, la única observación del acta se refería a la reclamación de los reajustes de precios previstos en la cláusula del contrato, y no a otras pretensiones. Segunda, la salvedad no encaja con el desequilibrio económico por mayor permanencia en obra causado por suspensiones y prórrogas, que es lo debatido en el proceso. Tercera, el silencio administrativo positivo no se configuró porque la petición de sobrecostos no fue entregada a la entidad contratante, sino al interventor, y el contratista no protocolizó documentos que acreditaran su derecho. En consecuencia, se confirma la sentencia de primera instancia. Por ello, la salvedad del acta no se extiende a reclamaciones distintas de los reajustes de precios. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Con la omisión de dar respuesta a la solicitud del reconocimiento de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal presentada a la interventoría operó el silencio administrativo positivo…¿Con la suscripción de convenios modificatorios del contrato de obra celebrados, sin efectuar salvedad alguna, el contratista renunció a la reclamación del restablecimiento del equilibrio financiero?¿Cuando se pacta una fórmula de reajuste de precios se está ante una situación imprevista?
¿Se probó que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación? Sí
Como en efecto en el proceso quedó probado que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación, pues ordenó la disminución del ritmo de avance de la obra, porque no tenía los recursos para pagarle al contratista… y el contrato de obra se quedó sin interventoría, debido a que el contrato de la firma interventora terminó por vencimiento del término… , la Sala modificará la sentencia de primera instancia para declarar el incumplimiento del contrato.
También resuelve:¿Es posible calcular los intereses moratorios debidos al contratista por el retardo en el pago?¿Se probaron los daños que la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato le causó a la demandante?¿Las cifras presentadas en la experticia se fundamentaron en documentos que no obran en el proceso?
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación?¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista?¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
¿Las entidades públicas están facultadas para celebrar contratos interadministrativos bajo la modalidad de contratación directa siempre que las obligaciones que emanan del negocio jurídico tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora? Sí
El contratista puede celebrar contratos interadministrativos mediante contratación directa siempre que las obligaciones del contrato estén relacionadas con el objeto de la entidad ejecutora, según lo establecido por el literal c), numeral 4°, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado parcialmente por los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011. Esta regla permite a las entidades públicas contratar directamente cuando las obligaciones del contrato tienen relación directa con su objeto, pero excluye esta modalidad para ciertas instituciones como las de educación superior, sociedades de economía mixta con participación mayoritaria estatal, asociaciones de entidades públicas sin ánimo de lucro o federaciones de entes territoriales. La Sala reitera esta posición, lo que implica que las entidades estatales deben considerar cuidadosamente los requisitos y excepciones establecidos para la contratación directa en contratos interadministrativos.síntesis automática
También resuelve:¿La contribución por valorización es una prestación impositiva que se origina a partir de la realización actual o potencial de una obra o actividad de interés colectivo?¿La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia como sociedad de responsabilidad limitada puede tener un objeto social indeterminado?¿Las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo tienen relación directa con el objeto social de la contratista?
¿Se probó la relación de causalidad entre el incumplimiento del deber de planeación en que incurrió la demandada y el incumplimiento del contrato por la entrega incompleta de las obras? No
No hay nexo causal demostrado entre la infracción del deber de planeación de la SED y los perjuicios clamados por el Consorcio. Por el contrario, entre ellos existen varios señalamientos en su contra, que aluden a la trasgresión de sus obligaciones contractuales, y que no merecieron despliegue probatorio alguno del actor. Por lo tanto, el sentido del fallo de primera instancia debe mantenerse.… Una de las razones por las que no hay lugar a declarar la nulidad del acto demandado, la responsabilidad por incumplimiento contractual, y la consecuente reparación de perjuicios que perseguía el demandante, es que no se probó la relación de causalidad entre el incumplimiento del deber de planeación en que incurrió la SED, y el incumplimiento del contrato por la entrega incompleta de las obras.
También resuelve:¿La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra un fallo de controversias contractuales proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado de manera oportuna?¿La competencia funcional del juez de segunda instancia se circunscribe a los aspectos del fallo confrontados específicamente por el recurrente, que se entienden desfavorables a sus intereses?
¿El proceso de controversias contractuales debe regirse bajo el Código Contencioso Administrativo al haberse presentado la demanda cuando esta norma aún se encontraba vigente? Sí
El proceso de controversias contractuales debe regirse bajo el Código Contencioso Administrativo al haberse presentado la demanda cuando esta norma aún se encontraba vigente. La Ley 1437 de 2011 (CPACA), conforme a su artículo 308, entró en vigor el 2 de julio de 2012, y en virtud del inciso tercero de la misma disposición, los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural?¿La liquidación del contrato de obra debe someterse a lo estipulado en el Estatuto General de Contratación contenido en la Ley 80 de 1993?¿Cuál es el alcance de la liquidación bilateral del contrato y sus efectos sobre las partes del contrato?