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¿El contrato celebrado con una empresa de servicios públicos está sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se configuró desequilibrio económico del contrato? No
El contratista no puede solicitar la revisión del desequilibrio económico del contrato celebrado con una empresa de servicios públicos, ya que este tipo de contratos no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994. La Sala establece que la revisión de la excesiva onerosidad de las prestaciones debe ajustarse al artículo 868 del Código de Comercio, que requiere que las circunstancias extraordinarias afecten una prestación de futuro cumplimiento, lo cual no se da en este caso, ya que las reclamaciones se basan en actividades ya realizadas. Esta decisión reitera y confirma la interpretación de que los contratos de servicios públicos no están regidos por el estatuto de contratación estatal, limitando así las posibilidades de revisión de desequilibrios económicos en contratos celebrados bajo el derecho privado.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve si avoca para fines de unificación del artículo 271 CPACA2022-11-10Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 05001233100019990215101ACCION CONTRACTUAL
¿Se avoca el conocimiento con el fin de unificar jurisprudencia en cuanto a los efectos que produce la ausencia de salvedades? Sí
El conocimiento es avocado con el fin de unificar jurisprudencia en cuanto a los efectos que produce la ausencia de salvedades cuando las partes pactan suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o acuerdan contratos adicionales durante la ejecución del contrato estatal. La Sala ha identificado dos criterios jurisprudenciales en este sentido: una posición que sostiene que quien esté afectado por la alteración de las condiciones económicas del contrato debe consignar la reclamación o salvedad al momento de suscribir esos acuerdos, y otra que considera que la ausencia de salvedades no impide una decisión de fondo ni constituye un requisito para el reconocimiento de pretensiones, siempre y cuando se analice el acuerdo de las partes y su alcance para definir el litigio.síntesis automática
¿Se incumplió el contrato y se presentó desequilibrio económico del contrato originado por la mayor permanencia en la obra? No
El contratista no puede excusarse en dificultades financieras de la entidad contratante para no entregar la obra convenida, ya que el pago está supeditado al efectivo avance de la obra y el contratista debe asumir los costos asociados a la ejecución para luego exigir la debida contraprestación; en este caso, la entidad reconoció dificultades financieras, pero estas no alteraron el objeto contractual ni disminuyeron el tamaño del proyecto, por lo que el contratista no puede solicitar un restablecimiento de la ecuación económica del contrato que desconozca la solución acordada entre las partes, lo cual contraviene la buena fe y el respeto del acto propio. Además, la ausencia de salvedades en los documentos de prórroga del plazo no impide el análisis de los reclamos económicos de las partes, ya que no existe fundamento legal que imponga tal actuación como presupuesto para reclamar, y el silencio del contratista al momento de suscribir los documentos de prórroga no puede interpretarse como una renuncia tácita de su derecho a reclamar. En este caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia y condenó a la parte demandante a asumir las costas procesales de la segunda instancia, incluidas las agencias en derecho.síntesis automática
También resuelve:¿La ausencia de salvedades cuando se pactan suspensiones o modificaciones del contrato, impide el análisis de los reclamos económicos de las partes?¿Procede la condena en costas en segunda instancia contra la parte demandante?
Auto interlocutorio con estado — Auto de llamamiento en garantia ponente2026-07-17SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)FERNANDO IREGUI CAMELORad. 25000233600020250012600ACCION CONTRACTUAL
¿Es Procede el llamamiento en garantía formulado por una entidad pública demandada contra la interventoría y la aseguradora vinculadas a un contrato estatal, cuando el proceso principal de nulidad y restablecimiento del derecho tiene por objeto exclusivamente el control de legalidad de los actos administrativos que declararon la ocurrencia de un siniestro y ordenaron la afectación de una garantía, sin que la decisión judicial implique determinar responsabilidades contractuales ni trasladar a dichos terceros una eventual condena patrimonial? No
El contratista no puede formular un llamamiento en garantía contra la interventoría y la aseguradora vinculadas a un contrato estatal cuando el proceso principal de nulidad y restablecimiento del derecho se limita a examinar la legalidad de los actos administrativos que declararon la ocurrencia de un siniestro y ordenaron la afectación de una garantía, sin implicar la determinación de responsabilidades contractuales ni el traslado de una eventual condena patrimonial a dichos terceros. La Sala establece que para que proceda el llamamiento en garantía, debe existir una conexión material entre la relación jurídica entre el llamante y el tercero convocado y las consecuencias económicas derivadas de la sentencia, lo que no se da en este caso ya que la controversia se circunscribe a la legalidad de los actos administrativos y no a la responsabilidad contractual de los terceros. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la procedencia del llamamiento en garantía en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, limitando su aplicación a casos donde efectivamente se discute la responsabilidad contractual de los terceros llamados.síntesis automática
¿Las horas adicionales en que incurrió el consultor para ejecutar su objeto debían ser asumidas por la entidad contratante? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento y pago de horas adicionales por la entidad contratante, ya que no se demostró un desequilibrio financiero del contrato ni la ocurrencia de un riesgo imprevisto, dado que las horas adicionales correspondieron a un riesgo previsible asumido por el contratista en su matriz de riesgos. Además, el contratista no demostró haber desplegado mecanismos para mitigar el impacto del riesgo ni que las horas adicionales tuvieran origen en actividades no previstas en la etapa precontractual. La Sala también rechazó los argumentos relacionados con un presunto enriquecimiento sin causa, considerando que no se incluyó en la demanda una pretensión tendiente a declarar la configuración de esa figura y que su estudio resultaría inconsecuente para acceder a las pretensiones de la demanda. Por lo tanto, la Sala confirma la decisión de primera instancia, rechazando la pretensión del contratista y condenándolo en costas.síntesis automática
También resuelve:¿Son procedentes los argumentos relacionados con un presunto enriquecimiento sin causa?¿Procede la condena en costas contra la parte demandante y su litisconsorte, por ser las vencidas en el proceso?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La Sala determina que el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales por desequilibrio económico se computa desde la terminación del contrato, según el artículo 164 del CPACA, y que la pretensión de desequilibrio económico no es procedente en contratos regidos por el derecho privado, como los de arrendamiento, y debe sustituirse por la solicitud de ajuste de canon prevista en el artículo 519 del Código de Comercio. Además, la Sala rechaza la pretensión de revisión del canon de arrendamiento por falta de pruebas que demuestren alteraciones sobrevinientes a la celebración del contrato. Finalmente, la Sala condena a la demandante en costas por no prosperar el recurso de apelación, fijando el monto de las agencias en derecho en tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme al Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales por desequilibrio económico, se computa desde la terminación del contrato?¿Procede la pretensión de desequilibrio económico en los contratos regidos por el derecho privado?¿Se acreditó la alteración de las condiciones del canon de arrendamiento?
¿El contrato de interventoría de obra pública al haber sido suscrito para atender la emergencia generada por el fenómeno invernal de la Niña, estaba sujeto a las reglas del derecho privado y a las disposiciones aplicables a la contratación del Fondo Nacional de Calamidades? Sí
El contratista no puede reclamar sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en un contrato de interventoría celebrado para atender emergencias generadas por fenómenos naturales, como el fenómeno de La Niña, debido a que el contrato se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Sala establece que el contrato de interventoría celebrado en estas circunstancias se somete a las disposiciones del Código de Comercio y no a las del Estatuto General de Contratación, por lo que la onerosidad sobrevenida debe afectar una prestación futura, no una ya cumplida. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la aplicación del derecho privado en contratos de emergencia, limitando la posibilidad de reclamar sobrecostos basados en prestaciones ya ejecutadas.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el reconocimiento de los sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de interventoría, que tienen su origen en prestaciones ya cumplidas por las partes durante su…¿La condena en costas procede contra la parte a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación tramitado bajo el criterio objetivo previsto en el CPACA?
¿El incumplimiento contractual se origina en el desconocimiento del débito prestacional y de las obligaciones legalmente pactadas en el contrato? Sí
La parte contratante está obligada a satisfacer estrictamente el débito prestacional y las obligaciones legalmente pactadas en los negocios jurídicos estatales, cuja inejecución, tardanza o defecto genera responsabilidad patrimonial contractual y el deber de indemnizar perjuicios conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En esta providencia de controversias contractuales sobre la instalación de redes de acueducto, la Sala precisa que el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato son figuras jurídicas autónomas con distinto origen y consecuencias. En el caso examinado se estableció que la entidad demandada atendió las solicitudes de restablecimiento de la ecuación financiera y que las salvedades formuladas en el acta de liquidación bilateral no lograron demostrarse probatoriamente, confirmando así la decisión de instancia con base en la jurisprudencia de la Sección Tercera.síntesis automática
También resuelve:¿En lo que concierne a la pretensión de nulidad relativa del contrato, el término para demandar corrió de manera autónoma frente a cada contrato adicional suscrito entre las partes?¿El contratista no demostró que el desequilibrio económico alegado hubiera ocurrido efectivamente durante la ejecución del contrato y que hubiera generado un daño patrimonial real?¿La parte actora no demostró las circunstancias imprevistas y extraordinarias que hubieren afectado el alea normal de la ecuación contractual?
¿La variación de la cotización de la TRM durante la ejecución del contrato objeto de la controversia, causó un desequilibrio económico, con afectación grave a la economía del negocio, ajena a la responsabilidad del demandante? No
En los contratos estatales debe mantenerse la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al celebrarse el contrato, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, y que el restablecimiento solo procede si la ruptura se produce por causas no imputables a quien la alega y genera una afectación grave del negocio. Una razón es que la variación de la tasa de cambio fue previsible, y la exposición del contrato a esa variable se originó en la conducta de la parte que la alega. Otra razón es que no se acreditó que la variación hubiera sacado las obligaciones del alea normal del negocio, ni que afectara la utilidad esperada o generara pérdidas. En el caso, la Sala confirmó la negación del desequilibrio económico. La providencia contiene un obiter dictum sobre la teoría de la imprevisión y el hecho del príncipe, sin indicar que reitera o cambia precedente; su consecuencia práctica es que el contratista que asume una variable previsible en su oferta no puede luego reclamar su variación como desequilibrio.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos estatales debe mantenerse la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, por lo que…¿La variación de la divisa fue la condición que afectó la economía del contrato y el incumplimiento del mismo?¿Conforme al criterio objetivo, procede la condena en costas contra el demandante por ser la parte recurrente y al confirmarse en su totalidad la decisión proferida por el Tribunal Administrativo?
¿Las salvedades en el acta de liquidación son requisito para el ejercicio de la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado? No
El contratista no necesita incluir salvedades en el acta de liquidación para ejercer la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado, ya que la ley no establece este requisito. La entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales al pagar de acuerdo a los precios unitarios pactados, y la modificación de precios en otros contratos no es aplicable en este caso, ya que cada acuerdo tiene fuerza de ley para las partes involucradas. Además, la teoría de la imprevisión no aplica a contratos de derecho privado, por lo que el contratista no puede modificar el acuerdo inicial por circunstancias sobrevinientes. Este fallo confirma la sentencia de primera instancia y reitera que en contratos de derecho privado, el acuerdo de voluntades es vinculante y no permite la modificación del contrato por imprevistos, a diferencia de los contratos estatales donde el cumplimiento del objeto es de interés general.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo celebrado entre las partes tiene fuerza de ley para ellas?¿En los contratos estatales el cumplimiento de su objeto es de interés general¿La revisión judicial del contrato de derecho privado procede cuando el desequilibrio de las prestaciones es producido por una circunstancia que las partes no pudieron prever al momento de su…
Sentencia — Sentencia2024-08-23Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020240005500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene la competencia en única instancia para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral? Sí
El contratista no puede interponer un recurso de anulación contra un laudo arbitral basado en la omisión de pronunciamiento sobre pruebas testimoniales, ya que estas fueron solicitadas y decretadas por el tribunal, pero desistidas por la propia parte que las había solicitado, y no se interpuso recurso de reposición contra la decisión de aceptar el desistimiento. La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia en única instancia para conocer del recurso de anulación contra laudos arbitrales que surgen de contratos celebrados con establecimientos públicos municipales o empresas industriales y comerciales del Estado, según lo dispuesto en el CPACA y la Ley 1563 de 2012. La competencia del juez en estos casos está condicionada al principio dispositivo, por lo que no puede pronunciarse sobre aspectos no contenidos en el recurso, y el recurso no constituye una instancia adicional dentro del trámite arbitral, sino que se limita a cuestionar errores in procedendo que comprometan la ritualidad de las actuaciones.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia del juez del recurso de anulación está condicionada al principio dispositivo?¿Se configuró la causal establecida en el artículo 41.5 de la Ley 1563 de 2012, porque a juicio de la recurrente, el panel arbitral omitió pronunciarse sobre el decreto de oficio de unas pruebas…¿Se configuró la causal establecida en el artículo 41.7 de la Ley 1563 de 2012 porque el Tribunal de Arbitramento no tenía material probatorio suficiente para declarar el desequilibrio económico del…
¿Se acreditaron las inversiones realizadas, pero no se cumplió la carga de probar el presupuesto consistente en la incidencia que tales erogaciones causaron a la economía del contrato? Sí
El contratista no logra restablecer el equilibrio financiero del contrato de concesión portuaria debido a su incapacidad para probar el impacto económico de las inversiones realizadas, a pesar de acreditar las causas e inversiones. La entidad estatal y el tribunal mantienen que la prueba documental presentada no cumple con los estándares de idoneidad técnica y valor probatorio necesarios para demostrar la perturbación financiera del contrato. La Sala confirma que la parte demandante debe aportar pruebas técnicas especializadas y científicas, proporcionadas por expertos en finanzas y contabilidad, para justificar la afectación de la ecuación económica del contrato. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en casos de teoría de la imprevisión, limitando la posibilidad de ajustar los términos del contrato sin evidencia adecuada.síntesis automática
También resuelve:¿En las condiciones en las que la sociedad actora enmarcó su pedimento no es posible arribar a un pronunciamiento positivo al respecto?¿Demostrar que un gasto extraordinario afecta objetivamente la ecuación económica en un contrato de concesión, implica análisis razonables que permitan evaluar si el impacto alegado justifica ajustar…¿Para que se configure el desequilibrio económico del contrato es necesario demostrar, además de la alteración extraordinaria, la pérdida real, grave y anormal de la economía del contrato?
¿Hay lugar al restablecimiento del equilibrio de la ecuación prestacional en el contrato celebrado entre Ecopetrol y la CCE S.A.S., con sustento en la teoría de la imprevisión, aun cuando su objeto contractual ya se hubiera cumplido y, en consecuencia, no quedaran prestaciones futuras por ejecutar? No
El contratista no puede solicitar el restablecimiento del equilibrio de la ecuación prestacional en un contrato estatal celebrado con Ecopetrol, basándose en la teoría de la imprevisión, cuando el objeto contractual ya se ha cumplido y no quedan prestaciones futuras por ejecutar. Esta regla se sostiene en que la teoría de la imprevisión requiere que el contrato aún esté vigente y que existan prestaciones futuras por cumplir, lo cual no se cumple en este caso dado que la demanda fue presentada después del cumplimiento del contrato y la suscripción de la acta de liquidación bilateral. Además, el contrato no se ajusta a los supuestos que permiten la excepción de aplicar la teoría de la imprevisión, ya que no es un contrato directamente relacionado con el interés general. Esta decisión confirma que no es procedente el reajuste del equilibrio prestacional en estas circunstancias, lo que implica que el contratista no podrá obtener una revisión judicial del contrato una vez cumplido su objeto.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen jurídico aplicable al negocio jurídico cuyo reajuste de prestaciones se pretende es el derecho privado, régimen contractual al que no resulta aplicable la figura del “desequilibrio…¿Los otrosíes y suspensiones pactados de mutuo acuerdo, pueden considerarse como cláusulas abusivas?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual y fue antijurídica la conducta de la entidad demandada? No
La alteración grave del equilibrio económico del contrato debe probarse por quien la alega, y el simple incremento de un tributo no basta para acoger las pretensiones económicas del contratista. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el gravamen de la estampilla alcanzaba a los documentos de cobro de obligaciones a cargo de la empresa pública, por lo que no hubo aplicación retroactiva del acuerdo municipal que lo creó. La segunda es que el contratista no allegó la propuesta económica del contrato ni otra prueba que permitiera concluir que el cobro adicional alteró gravemente el equilibrio o lo dejó en pérdida. En consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda por falta de prueba del desequilibrio y de la conducta antijurídica de la entidad. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contratista no obtiene la compensación reclamada por el tributo.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad contratista acreditó la alteración grave del equilibrio financiero del contrato?¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato?¿Fue antijurídica la conducta de Metro Cali SA de aplicar el acuerdo del Concejo Municipal?
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos, ya que este organismo es competente para conocer los recursos de apelación en virtud del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y por superar la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento contractual, según los artículos 50 y 51 de la Ley 80 de 1993 y 87 del Código Contencioso Administrativo. Asimismo, las controversias derivadas del incumplimiento del contrato se rigen por la prescripción de 20 años, conforme a la interpretación del artículo 55 de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Por último, el mérito probatorio de los documentos públicos o privados lo determina el juez en función de la apreciación global de las pruebas y las reglas de la sana crítica, según el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por incumplimiento de un…¿Las controversias derivadas del incumplimiento del contrato o la responsabilidad civil de los servidores públicos se rigen por la prescripción de la acción de 20 años?¿El mérito probatorio de los documentos públicos o privados los asigna el juez?
¿Se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento del municipio demandado? Sí
Cuando la sentencia reconoce sumas líquidas a título de condena, los intereses moratorios sobre esas sumas se causan desde la ejecutoria de la providencia que las liquide, y no desde una fecha anterior. Esta regla se apoya en que solo a partir de esa liquidación las sumas adquieren carácter líquido y exigible para efectos de intereses. Por ello, cuando el contrato termina por el incumplimiento de la entidad, la declaración de incumplimiento se confirma y la condena pecuniaria se ajusta solo en el momento en que se causan los intereses. En el caso concreto se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento de la entidad territorial, por lo que se confirmó la declaración de incumplimiento y de terminación del negocio jurídico. Solo se modificó la sentencia en la precisión sobre el inicio de los intereses. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la fecha de causación de intereses debe ligarse a la providencia de liquidación de la condena.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio tampoco se comprometió o allanó al cumplimiento de las obligaciones, por lo cual en el presente asunto no tiene vocación de prosperidad la excepción de contrato no cumplido pretendida?¿De los riesgos asumidos en cabeza del concesionario no hay ningún evento que releve al municipio de su compromiso de asignar los cuatro mil cupos estudiantiles durante el plazo de ejecución del…¿El presente asunto se trata de una discusión en relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el municipio de Bello con la suscripción del contrato de concesión?
¿Se acreditó la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato? No
El contratista no acredita la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato, ya que debe demostrar que las circunstancias que impidieron el cumplimiento eran imprevisibles e irresistibles, requisitos que no se cumplen en este caso. La Contraloría de Bogotá constató que las suspensiones del contrato no se debieron a causas legales o contractuales, sino a reiterados incumplimientos del contratista en la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, así como en el mantenimiento de la red hídrica y la tramitación de los permisos ambientales. La Sala establece que la acreditación de la fuerza mayor o caso fortuito requiere pruebas sólidas que demuestren la imprevisibilidad e irresistibilidad de las circunstancias adversas, lo que no ocurrió en este caso, reiterando la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales sin alegar causales que no se acreditan adecuadamente.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento del contratista?¿Se configuró el rompimiento del equilibrio económico del contrato?¿Se acreditó el deber del contratista de asumir los costos derivados del contrato?
¿El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral de los contratos estatales, cuando así se hubiere estipulado expresamente, debe tenerse en cuenta para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. De conformidad con el numeral 2 literal j) del artículo 164 del CPACA, el término de dos años para demandar se cuenta desde el vencimiento del plazo fijado para liquidar el negocio jurídico, consolidando la oportunidad procesal de la acción cuando se interpone dentro del lapso legal.síntesis automática
También resuelve:¿No se allego el estatuto de contratación de la sociedad demandada, en calidad de E.S.P.?¿Con el otrosí las partes ajustaron los rubros relativos a los costos directos y los costos indirectos, según lo establecido en los anexos técnicos de la prórroga?¿Hay prueba de la manifestación expresa del consorcio que las suspensiones y prórrogas no generarían desbalance económico o mayores costos para la entidad contratante?
¿El cargo de la apelación resulta infundado pues la sentencia de primera instancia acertó en cuanto no encontró demostrada la ocurrencia de sobrecostos causados durante el lapso en el cual se amplió el plazo de ejecución contractual? Sí
Los sobrecostos derivados de la ampliación del plazo de ejecución de un contrato de obra pública deben acreditarse con una certificación contable que discrimine los conceptos y permita distinguir los gastos causados por la mayor permanencia en la obra de los gastos inherentes a la ejecución, así como con un análisis de ingresos y egresos que muestre si esos costos fueron cubiertos por el precio o por el rubro de imprevistos. Una razón es que la certificación contable presentada no permitía distinguir si los gastos eran consecuencia directa de la extensión del plazo o correspondían a los inherentes al contrato, y no discriminaba los conceptos que integraban las sumas. Otra razón es que el expediente no incluía documentos que verificaran el estado contable de la ejecución, ni un análisis comparativo entre el valor del contrato y los costos que superaban ese valor. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia que no encontró demostrados los sobrecostos, y las razones por las cuales se apartó del dictamen pericial fueron compartidas. Su consecuencia práctica es que el reclamo por mayor permanencia en obra exige contabilidad discriminada del contrato y no basta con certificaciones generales.síntesis automática
También resuelve:¿Las razones por las cuales la primera instancia se apartó del dictamen pericial son compartidas por esta instancia?¿En los documentos de prórroga y suspensión del plazo contractual se introdujo el compromiso del contratista de mantener el índice de ajustes del programa de inversiones?¿En la demanda se pretendió la nulidad de las cláusulas de renuncia invocando como fundamento que se vulneraron normas de orden público?
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios derivados de un contrato celebrado entre una sociedad y un departamento, entidad territorial, conforme al artículo 104 del CPACA, y el Consejo de Estado es competente para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo cuando la cuantía de la demanda supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el contrato de prestación de servicios especializados para la modernización tecnológica de la gobernación se origina en la actividad contractual de una entidad territorial; el artículo 150 del CPACA atribuye a la Corporación la apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA define la competencia de segunda instancia por la cuantía de la demanda a la fecha de su interposición. Por ello, la competencia de la jurisdicción y del Consejo de Estado se determina por la naturaleza del contrato y la cuantía. La providencia de primera instancia se revoca.síntesis automática
También resuelve:¿Como el asunto sub judice se refiere al presunto incumplimiento del contrato, a la ruptura de la ecuación económica y a su liquidación judicial…¿Las partes estipularon de manera expresa que una vez finalizado el plazo de ejecución, el contrato sería objeto de liquidación conforme a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación?¿La nulidad absoluta de los contratos estatales puede y debe ser declarada de oficio cuando aparezca plenamente demostrada y no sea susceptible de ser saneada mediante ratificación?
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