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clave: "consejo_estado:providencia:52001233100020080026701-41653-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-12-16"
radicado: "52001233100020080026701"
numero: "41653"
ponente: "GUILLERMO SANCHEZ LUQUE"
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# Consejo de Estado: es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-12-16
- **Radicado:** 52001233100020080026701
- **Número interno:** 41653
- **Ponente:** GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** CONSORCIO CONSTRUVIAS.
- **Demandado:** INVIAS, NACIÓN MINISTERIO DE TRASPORTE
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:52001233100020080026701-41653-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/52001233100020080026701/47BB48A6443F6DE28F363543039461D6F101AE38086BA3D3418C6FC4F731D258/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=520012331000200800267011100103

## Problema jurídico

¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato?
- ¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos liquidados de común acuerdo caduca en dos años contados desde la firma del acta?
- ¿Se configuró la excepción de inepta demanda?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, arts. 132 núm. 5 y 82
- Decreto 1400 de 1970, art. 20 núm. 2
- Ley 1107 de 2006, art. 1

## Extracto

La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.5 CCA… .

## Síntesis temática

El contratista puede interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado en segunda instancia por controversias contractuales cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido en el artículo 132.5 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, la entidad estatal negó las pretensiones del contratista, pero el Consejo de Estado confirmó su competencia para conocer del asunto en razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. La Sala estableció que la jurisdicción administrativa es competente para resolver controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para casos de controversias contractuales de gran cuantía, lo que implica que los contratistas pueden recurrir a esta instancia para resolver disputas de alto valor económico.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ACCIÓN CONTRACTUAL DE RESPONSABILIDAD, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO, CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA, EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA, REQUISITOS DE LA DEMANDA, REQUISITOS DE LA DEMANDA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CLASES DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA, FORMULACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, UNIDAD DE OBJETO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, DOCUMENTO PÚBLICO, AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO, PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO, REQUISITOS DEL DOCUMENTO PRIVADO, VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO, APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO, SISTEMA DE SANA CRÍTICA, PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA, CONTRATOS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, RÉGIMEN JURÍDICO DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA PÚBLICA, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA, SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO, RECLAMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, MUTUO CONSENTIMIENTO, VICIOS DEL CONSENTIMIENTO, ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CARACTERÍSTICAS DEL IUS VARIANDI, IUS VARIANDI, PRINCIPIO DE REBUS SIC STANTIBUS, PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA, EFECTOS DE LA TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE, TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE, CLASES DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, CARGAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS PÚBLICAS, PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS, EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, CLASES DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO, CLÁUSULAS DEL CONTRATO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL, MULTA AL CONTRATISTA, RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL, DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, BUENA FE CONTRACTUAL, BUENA FE PRECONTRACTUAL, PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL, EFECTOS JURÍDICOS DE LA OFERTA, EVALUACIÓN DE LA OFERTA, EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA, CONDICIONES DE LA OFERTA, CÁLCULO ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS, PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA, PROPUESTA DEL PROPONENTE, INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, OBLIGACIONES DEL PROPONENTE, DEBERES DEL CONTRATISTA, CARACTERÍSTICAS DE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL, PRECIO UNITARIO, PRECIO DEL CONTRATO, PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL, OFERTA MÁS FAVORABLE

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.5 CCA (...).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1
OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACCIÓN CONTRACTUAL DE RESPONSABILIDAD
Problema jurídico:
¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios originados de una relación contractual (arts. 50 y 51 Ley 80, 1546 y 1602 CC y 87 CCA).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 51, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos liquidados de común acuerdo caduca en dos años contados desde la firma del acta?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 136.10.c CCA dispone que la demanda se puede intentar en los contratos que requieran liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos años contados desde la firma del acta. La demanda se interpuso en tiempo –30 de julio de 2008– pues las partes suscribieron el acta bilateral de liquidación del contrato n°. 2557 el 15 de agosto de 2007, que requería de liquidación de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 al ser de tracto sucesivo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL C, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / REQUISITOS DE LA DEMANDA / REQUISITOS DE LA DEMANDA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CLASES DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FORMULACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / UNIDAD DE OBJETO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Se configuró la excepción de inepta demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
Conforme al artículo 97.7 CPC, aplicable por remisión expresa del artículo 267 CCA, la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones es una excepción previa. En armonía con esa disposición, los artículos 137 y 138 CCA y 75 CPC disponen que la demanda con que se promueva un proceso debe contener lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las pretensiones se deben formular por separado, con observancia de lo dispuesto en el artículo 82 CPC. En la demanda se pidió –como pretensión declarativa– que se declarara la existencia del contrato n°. 2257 de 2006 y –como pretensiones condenatorias– la indemnización de los perjuicios materiales y morales. Aunque la parte demandante no incluyó una pretensión de incumplimiento, en la demanda quedó consignado que se trataba de una “demanda ordinaria derivada de un contrato estatal de obra pública, en contra de la Nación-Ministerio de Transporte y el INVIAS, ante el incumplimiento del Contrato de Obra n°. 2257”. Según la demanda, además, la entidad pública tenía la obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato cuando este "se viere amenazado por el incumplimiento de la entidad". Se infiere de los hechos y fundamentos de derecho que las pretensiones indemnizatorias se derivaban del incumplimiento del contrato. Por ello, la Sala estudiará este asunto de fondo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 137, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 138, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 75, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 82, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 97 NUMERAL 7
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / DOCUMENTO PÚBLICO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO / REQUISITOS DEL DOCUMENTO PRIVADO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / SISTEMA DE SANA CRÍTICA / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA
Problema jurídico:
¿Los documentos en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art 187 CPC).
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto al valor probatorio de los documentos en copia simple, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 277, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 279
CONTRATOS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / RÉGIMEN JURÍDICO DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA / MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
Problema jurídico:
¿Al contrato se le aplican las disposiciones del Estatuto General de la Contratación Estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 1 de la Ley 80 de 1993 establece que esa ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. En consonancia, el literal a) del numeral 1 del artículo 2, definió, para los solos efectos de esta ley, que los establecimientos públicos serían entidades estatales. El estatuto de contratación regula particularmente cinco materias propias del régimen de la contratación: (i) capacidad: dentro de la cual están las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés, los consorcios y uniones temporales –que pueden celebrar contratos sin ser personas jurídicas– y el registro único de proponentes; (ii) la selección objetiva, que abarca los procedimientos de selección de contratistas; (iii) el perfeccionamiento y la forma del contrato, la urgencia manifiesta y algunos tipos de contratos; (iv) algunos aspectos relativos a su ejecución como el manejo de riesgo, la ecuación contractual y las denominadas "potestades excepcionales" y (v) la liquidación del contrato y la de solución de controversias. El 16 de noviembre de 2006, el INVIAS y el Consorcio Construvías celebraron el contrato n°. 2257, para el mantenimiento de la carretera Pasto-Mocoa, Sector El Encano-La Piscicultura, PR 23+000 al PR 33+000, tramo 1003. Como el INVIAS, parte del contrato, es un establecimiento público –art. 52 Decreto 2171 de 1992– a sus contratos se aplica, además del derecho privado, la regulación especial contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2171 DE 1992 - ARTÍCULO 52, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 1 LITERAL A
SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / RECLAMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MUTUO CONSENTIMIENTO / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO
Problema jurídico:
¿En los casos de liquidación bilateral del contrato, el Juez está habilitado para estudiar solo las pretensiones relacionadas con las salvedades que específicamente se hayan estipulado en el acta?
Respuesta al problema jurídico: Si
La liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública es el acto jurídico por el cual se determina el cumplimiento del objeto contractual y el estado de ejecución de las obligaciones. La liquidación tiene lugar, usualmente, a la terminación del contrato y corresponde, pues, al corte de cuentas que tiene por objeto: (i) establecer si hay obligaciones pendientes (ii) los saldos en favor y en contra y (iii) estar a paz y salvo. La liquidación es, pues, un ajuste de cuentas para que las partes del negocio jurídico puedan finiquitar – definir quién debe a quién y cuánto. En la liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Deben liquidarse los contratos de ejecución sucesiva, es decir aquellos en que el objeto debe ejecutarse en actos escalonados y no solo en un acto único, y en los demás que lo requiera (art. 60 Ley 80 de 1993 subrogado art. 217 Decreto Ley 19 de 2012). La liquidación puede ser: (i) de mutuo acuerdo entre las partes (bilateral), (ii) unilateral, es decir por la administración directamente y (iii) judicial. La Ley 80 de 1993 prefirió, como es natural, la liquidación bilateral, conjunta o de mutuo acuerdo, derivada del ejercicio de la autonomía privada (arts. 32 y 40 Ley 80 de 1993). Constituye un verdadero negocio jurídico, un acuerdo negocial entre personas, es decir, entre sujetos de derecho capaces de disponer, regido por las reglas sobre el consentimiento libre de vicios –error, fuerza y dolo– (arts. 1502, 1508 a 1516 CC) y que tiene por efecto finiquitar el contrato, al definir créditos y deudas recíprocas. Las partes de común acuerdo hacen, pues, el corte de cuentas con posterioridad a su terminación sobre las actividades desarrolladas en el marco del contrato (quién debe a quién, cuánto y por qué). Por ello, si no se dejan “salvedades” –concretas y específicas– no se pueden formular reclamaciones respecto de las prestaciones pendientes de ejecutar (art. 1602 y 1603 CC). Dicho negocio es susceptible de control judicial, por virtud de salvedades en ella contenidas, por los vicios del consentimiento o por eventos sobrevinientes a su perfeccionamiento. Ante el fracaso de la liquidación bilateral o voluntaria, la administración cuenta con la prerrogativa de adoptar unilateralmente un ajuste de cuentas definitivo, sujeto a los recursos legales y al contr

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

A / CÁLCULO ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS / PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA / PROPUESTA DEL PROPONENTE
Problema jurídico:
¿Las actuaciones de las partes en el contrato deben ceñirse a los postulados de la buena fe?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, que se presume en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas (art. 83 CN). En el ámbito de los contratos, el artículo 1603 CC, en consonancia con el artículo 871 C. Co., establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella. Las partes deben, pues, observar los deberes de fidelidad, lealtad y corrección recíproca. Esos deberes, que dan contenido al postulado de la buena fe, deben respetarse tanto en los actos, tratos o conversaciones preliminares, durante la formación del contrato, como en la ejecución y terminación del vínculo contractual. En la contratación estatal, la buena fe impone un proceder caracterizado por la mutua confianza, diligencia, prudencia y colaboración tanto en la construcción del vínculo jurídico, como en su ejecución, teniendo siempre en consideración que el cumplimiento de los fines estatales (art. 3 Ley 80). En todo caso, la dinámica contractual –tanto en el ámbito público como privado– impone a cada uno de los contratantes ligados por una convención bilateral poner todos los medios para cumplir sus obligaciones. (…) Los proponentes –en la fase precontractual– tienen el deber de elaborar sus ofertas con responsabilidad y diligencia. El proponente, como experto en el objeto que se pretende contratar, debe estructurar su oferta después de un riguroso análisis de los pliegos de condiciones, del mercado y, en general, de los aspectos que puedan afectarla. Los errores que cometan los proponentes al determinar el precio de su oferta no pueden ser asumidos por la entidad contratante. El contratista, en estos casos, debe asumir las consecuencias de haber incluido en su propuesta un precio bajo y deberá cumplir con el objeto del contrato en las condiciones pactadas, sin que sea relevante determinar si el precio bajo fue incluido deliberadamente para ser seleccionado (art. 26.6 de la Ley 80 de 1993) –"principio de responsabilidad"– o si se trató de un error en el cálculo de la oferta.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la buena fe contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2013, rad. 21865, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 83, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 26 NUMERAL 6, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROPUESTA DEL PROPONENTE / CÁLCULO ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS / PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / OBLIGACIONES DEL PROPONENTE / DEBERES DEL CONTRATISTA / CARACTERÍSTICAS DE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / PRECIO UNITARIO / PRECIO DEL CONTRATO / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / OFERTA MÁS FAVORABLE
Problema jurídico:
¿El mayor costo para el contratista en la ejecución del contrato obedeció a una falta de previsión en la formulación de la propuesta?
Respuesta al problema jurídico: Si
La intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), que aparece exteriorizada en las cláusulas primera, segunda y en el parágrafo segundo de la cláusula séptima del contrato, junto con la interpretación armónica de las bases de la contratación y de la propuesta (art.1622 CC), permiten concluir que el contrato fue adjudicado al consorcio –en aplicación del deber de selección objetiva–, pues presentó la oferta con menor valor. De ahí que, el pago se hiciera conforme a los precios unitarios propuestos por el contratista en su oferta, sin derecho a reajustes. Los precios unitarios debían incluir el acarreo o transporte de materiales, pues no sería reconocido por separado el transporte. (…) Las bases de condiciones del proceso de selección –además– dejaron consignada la necesidad de determinar el costo de todos los acarreos de los materiales y de visitar la zona para poder informarse sobre cuáles podían conseguirse en la región y cuánto costaba su transporte. Ese análisis implicaba prever distintas fuentes de material, verificar que cumplieran los requisitos técnicos y determinar sus posibles costos de transporte. El proponente después de hacer un análisis de los costos directos e indirectos para ejecutar la obra previó que el ítem “afirmado” tenía un precio unitario de $28.622. Para su cálculo tuvo en cuenta que el material tenía que ser transportado por una distancia de 5.0 km. Si en la ejecución de la obra hubo un mayor costo de transporte por aspectos que el contratista debió prever al formular su propuesta, como que la fuente de los materiales que cumplía los requisitos técnicos estaba a una mayor distancia, ese sobrecosto es atribuible exclusivamente al contratista. (…) Los documentos acreditan que la entidad le hizo una observación al proponente sobre la distancia de acarreo. El contratista no acogió la observación del INVIAS y ratificó la distancia incluida en su propuesta. Su contenido no fue desvirtuado por otras pruebas. (…) El INVIAS le explicó al contratista que las fuentes de materiales se encontraban a 40 km en promedio –por las condiciones ambientales de la zona– y dejó constancia que esperaba que el contratista pudiera cumplir el contrato en las condiciones que fijó en su oferta. (…) En sus comunicaciones el INVIAS no dio orden alguna, ni modificó las condiciones del contrato. (...) No se acreditó que, después de celebrado el contrato, el INVIAS obligara al contratista a cumplirlo en condiciones distintas a las pactadas, ni que lo modificara. El Consorcio Construvías inició la ejecución del contrato según lo previó en su propuesta. El contratista intentó conseguir el material a 5.0 km de distancia (…) pero la comunidad se opuso y no pudo sacarlo. El aumento de los costos de transporte fue producto de aspectos que debieron ser tenidos en cuenta en la oferta y, por ello, debían ser asumidos por el contratista. La entidad no incumplió ni modificó el contrato al exigir el pago de las obligaciones de acuerdo con las bases de la contratación y lo pactado. Como no quedó acreditado el incumplimiento del contrato por parte de la entidad, la Sala confirmará la sentencia apelada.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de las bases de la contratación de la convocatoria pública, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de noviembre de 2006, rad. 18059, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1622

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-12-16. C.P. GUILLERMO SANCHEZ LUQUE. Rad. 52001233100020080026701. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:52001233100020080026701-41653-sentencia).
