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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración

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Fecha
2024-03-13
Radicado
25000232600020120047501
Número interno
68409
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPARACION DIRECTA
Actor
BIBIANO RIAÑO SAENZ, PORFILIO RIAÑO RIAÑO, BERTHA MARIA RIAÑO MAYORGA, LUZ MARIAN RIAÑO RIAÑO, ANGIE ESMERALDA LOPEZ PAEZ, ANGIE PAOLA RIAÑO LOPEZ, KAROL ANDREA RIAÑO LOPEZ, YEISON STEVAN RIAÑO LOPEZ, JESUS DAVID RIAÑO LOPEZ, BIVIANO RIAÑO RIAÑO, LEONARDO RIAÑO RIAÑO, ALBINO RIAÑO RIAÑO, RAUL RIAÑO RIAÑO
Demandado
NACION- RAMA JUDICIAL, FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración

Regla de decisión

Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño proviene de un hecho, omisión, operación administrativa u otra actuación estatal distinta de un contrato o de un acto administrativo, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se sostiene en dos razones. Primera, la norma atribuye el medio a los daños causados por hechos distintos del contrato y del acto, y el daño reclamado proviene de hechos imputables a la administración de justicia y a una entidad de seguridad del Estado. Segunda, la caducidad constituye un presupuesto procesal que el juez debe verificar aun cuando no haya sido alegada, pues los plazos son perentorios y de orden público. La providencia reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de esta acción y el control oficioso de la caducidad. La consecuencia práctica es que, cuando el daño no se origina en un contrato ni en un acto, la vía procedente es la reparación directa, cuya oportunidad debe verificarse desde el inicio del proceso.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 86

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Lo que dijo la Sala

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DAÑO DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DAS REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DERECHO DE ACCIÓN EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO PROCESAL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA PLAZO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CONTEO DE LOS TÉRMINOS EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD SENTENCIA ABSOLUTORIA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DERECHO A LA LIBERTAD SINDICADO CONSTANCIA DE EJECUTORIA DE LA SENTENCIA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVA OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA LEGITIMACIÓN POR ACTIVA LEGITIMACIÓN POR PASIVA PROCESO PENAL INVESTIGACIÓN PENAL COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN REGISTRO CIVIL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACIÓN RAMA JUDICIAL IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO MEDIDA DE ASEGURAMIENTO AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO SUCESIÓN PROCESAL AGENTE DEL ESTADO CLÁUSULA GÉNERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DAÑO ANTIJURÍDICO CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD REGÍMENES DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD REGULACIÓN NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ERROR JURISDICCIONAL TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA JUEZ DEBERES DEL JUEZ FACULTADES DEL JUEZ JUEZ ADMINISTRATIVO FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO RÉGIMEN OBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD ANTIJURICIDAD DEL DAÑO DETENCIÓN PREVENTIVA DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO FALLA DEL SERVICIO RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA ENFOQUE DIFERENCIAL ENFOQUE DIFERENCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO RECUENTO JURISPRUDENCIAL MUJER DELITOS CONTRA LA MUJER DAÑO CONTRA LA MUJER VIOLENCIA CONTRA LA MUJER MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA MUJER VÍCTIMA DEL DELITO SEXUAL VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO INEXISTENCIA DE DAÑO INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO PRUEBA DIRECTA ACCESO CARNAL VIOLENTO DENUNCIA PENAL INDICIO GRAVE DECLARACIÓN DE PARTE VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN DE PARTE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS FALTA DE PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA CARGA PROCESAL INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD NEGACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CAPTURA LEGALIDAD DE LA CAPTURA LEGALIZACIÓN DE LA CAPTURA REQUISITOS DE LA ORDEN DE CAPTURA RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE DEL DAS ORDEN DE CAPTURA PROCEDENCIA DE LA ORDEN DE CAPTURA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL RESPONSABILIDAD DE LA RAMA JUDICIAL AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS AUDIENCIA PÚBLICA SENTENCIA JUDICIAL EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO VENCIMIENTO DEL TÉRMINO JUDICIAL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL PUBLICACIÓN DE SENTENCIA PUBLICACIÓN DE SENTENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONCEPTO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DICTAMEN MÉDICO PRUEBA CIENTÍFICA PRUEBA DE ADN DERECHO AL DEBIDO PROCESO PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DERECHO DE DEFENSA PRINCIPIO DE NECESIDAD PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD CONDENADA RECLASIFICACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN FUNCIONARIO JUDICIAL INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES TEMERIDAD PROCESAL INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL

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Contratación estatal: Sentencia
Titulación de la relatoría 60.955 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DAS Problema jurídico: ¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad? Respuesta al problema jurídico: Si La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86 REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTO PROCESAL / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PLAZO Problema jurídico: ¿La caducidad de la acción representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? Respuesta al problema jurídico: Si Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal. Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. (…) NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver, Corte Constitucional, sentencia C-394 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; sentencia C-574 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell; sentencia C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; Así mismo, consultar, Consejo de Estado, sentencia del 16 de diciembre de 2020, exp. 51252, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de febrero de 2006. exp.6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres y sentencia del 30 de enero de 2013. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DAÑO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / SENTENCIA ABSOLUTORIA / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / DERECHO A LA LIBERTAD / SINDICADO / CONSTANCIA DE EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN Problema jurídico: ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta que, aunque no hay constancia de la fecha en la que quedó notificado y/o ejecutoriado el proveído del 14 de diciembre de 2009, mediante el cual el Juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá absolvió al sindicado, los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 12 de diciembre de 2011, la cual se declaró fallida el 8 de marzo de 2012 y a su vez la parte actora radicó la demanda al día siguiente, por lo que resulta evidente que entre la fecha del proveído y aquella en la que se presentó la demanda, esto es, el 9 de marzo de 2012, no transcurrieron más de dos años. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 13622, C.P. María Elena Giraldo; sentencia del 19 de julio de 2017, exp. 49898, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 23 de octubre de 2017, exp. 48130, C.P. Carlos Alberto Zambrano; sentencia del 10 de noviembre de 2017, exp. 49206, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia del 23 de noviembre de 2017, exp. 54716, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRESUPUESTO PROCESAL / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN POR PASIVA / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN PENAL / COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO / RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN / REGISTRO CIVIL / REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO / NACIÓN / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACIÓN / RAMA JUDICIAL / SINDICADO / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO / DAS / SUCESIÓN PROCESAL / AGENTE DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales? Respuesta al problema jurídico: Si Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis. (víctima), (…) (cónyuge), (…) (hija), (…) (hija), (…) (hijo), (…) (hijo), (…) (padre), (…) (madre), (…) (hermano), (…) (hermana), (…) (hermana), (…) (hermano) y (…) (hermano), están legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal identificado con el número de radicado 548.908, según da cuenta copia auténtica de la Resolución del 19 de abril de 2006 dictada por la Fiscalía 230 Seccional de Bogotá, y los demás hacen parte de su núcleo familiar, de conformidad con las copias auténticas de los correspondientes registros civiles de nacimiento y de matrimonio, respectivamente. (…) La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, puesto que la primera fue la entidad que adelantó la investigación penal en contra del sindicado y le impuso medida de aseguramiento, y la segunda lo absolvió. (…) La Agencia de Defensa Jurídica del Estado, como sucesora procesal del DAS, está legitimada en la causa por pasiva, de conformidad con los criterios señalados por la Ley 1444 de 2011, el Decreto 108 de 2016 y por la jurisprudencia de esta Sección, puesto que agentes del DAS fueron quienes capturaron a (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 25 de septiembre de 2013, exp. 20420, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 26 de mayo de 2016, exp. 42478, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. FUENTE FORMAL: DECRETO 108 DE 2016 - ARTÍCULO 1, LEY 1444 DE 2011 - ARTÍCULO 5 REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CLÁUSULA GÉNERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Problema jurídico: ¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo integralmente. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros . Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el asunto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000, exp. 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia del 11 de noviembre de 1999, exp. 11499, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia del 27 de enero de 2000, exp. 10867, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez y, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, exp. 36386, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CLÁUSULA GÉNERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / REGÍMENES DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / RÉGIMEN OBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA / RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / DETENCIÓN PREVENTIVA / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / SINDICADO / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / FALLA DEL SERVICIO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA Problema jurídico: ¿Puede el juez administrativo en aplicación del principio iura novit curia definir el régimen de responsabilidad patrimonial y el título de imputación aplicable en eventos de privación injusta de la libertad, realizando un análisis riguroso de los medios de prueba que reposen en el proceso y dependiendo de las particularidades del asunto bajo litigio? Respuesta al problema jurídico: Si En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, (…) en su artículo 65 (…). La mencionada normatividad estableció que el Estado resulta patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad. En cuanto a esta última, esto es, la responsabilidad por los daños antijurídicos derivados de la privación injusta de la libertad de las personas, [se establece] el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 (…). Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, por lo que en aplicación del principio iura novit curia dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. Como corolario de lo anterior, los títulos de imputación aplicables por el juez deben guardar sintonía con la realidad probatoria que se presenta en el caso en particular, de manera que la solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen la responsabilidad extracontractual del Estado, así como a los fines y deberes de éste. Bajo la óptica de la cláusula general de responsabilidad contenida en la Constitución, no existe fundamento para favorecer un régimen de tinte marcadamente objetivo como el previsto en la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 (Rad.23354), con la cual fundamentalmente se buscaba proteger el derecho ambulatorio de las personas y restablecer el desvalor patrimonial sufrido por quien fue objeto de la medida de restricción de la libertad cuando el sindicado recobraba el pleno goce de su derecho al resultar sobreseído o absuelto por alguno de los supuestos desarrollados por la jurisprudencia, para los cuales se reservaba la asignación objetiva de responsabilidad al Estado cuando: i) el detenido no cometió el delito, ii) el hecho no existió, iii) la conducta por la cual fue detenido no es típica o, iv) por aplicación del principio in dubio pro reo; eventos en cuya ocurrencia la antijuridicidad del daño se consideraba de antemano presente y por tanto el análisis de la responsabilidad se simplificaba y con ello el de los elementos estructurales de la responsabilidad, debiendo probarse únicamente la ocurrencia del daño mismo, es decir, de la privación material de la libertad, dejando de lado verificar si con la medida se contradecía el ordenamiento jurídico o si esta se produjo al margen del derecho, régimen bajo el cual la única manera para el Estado de librarse de una condena era lograr probar alguna causal de justificación y, en particular, la culpa o hecho de la propia víctima, con lo cual se rompe la imputación de la responsabilidad y se desestima el deber de responder para la Administración. Es en ese aspecto que se ha encontrado necesario reconducir esta fuente de responsabilidad buscando mayor cercanía y armonía con la teleología del artículo 90 Constitucional y por ello el análisis debe partir, no solo de la verificación de la existencia del daño bajo su condición de elemento estructural, sino también de su antijuridicidad como condición sine qua non de la lesión indemnizable, que de suyo implica consultar el apego al ordenamiento jurídico de la orden de detención o privación, así como de la conducta de quien padece el daño en carne propia, para luego acreditar, si ello llega a hacerse necesario, los demás elementos de la responsabilidad y el título de atribución que se pretende utilizar, sin que de antemano, en tal juicio, deba privilegiarse alguno de ellos en particular, que lo escogerá el juez en cada caso dependiendo de las particularidades del proceso en concreto. En otras palabras, en cuanto al necesario examen de la antijuridicidad del daño que se discute en el juicio de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, se exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales esta se llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucionales o no, e igualmente si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la medida era necesaria, razonable y proporcional, de donde, si la detención se realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de antijuridicidad y por lo tanto quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le indemnicen los perjuicios por su padecimiento. Así, cuando el operador jurídico o el ente acusador levanta la medida restrictiva de la libertad que pesaba sobre una persona, independientemente de la causa de dicha decisión, debe realizarse el análisis pertinente bajo la óptica del artículo 90 Superior, con el fin de identificar la antijuridicidad del daño que se discute. En el anterior sentido, el primer examen debe hacerse sobre la medida cautelar misma, pues su apego a la normatividad implica la juridicidad de la afectación, que tiene un efecto definitorio de la solución jurídica que se otorgue a la demanda en la medida en que en el régimen colombiano de responsabilidad del Estado, este responde únicamente por los daños antijurídicos que cause en desarrollo del principio alterum non laedere, pero no de aquellos que hallan amparo en el ordenamiento. Deberá establecerse si el detenido causalmente contribuyó y determinó con su actuar doloso o gravemente culposo la detención, para estimar si debe asumir las consecuencias de su actuación que pudo sentar las bases para que se adoptara la medida restrictiva de su libertad. Esta concepción de la fuente de responsabilidad en comento, si bien encuentra amplia aplicación y desarrollo en la falla del servicio, que exige el estudio de la adecuada actuación del Estado a la hora de dictar la orden de detención contra una persona y por tanto el apego de dicha medida al ordenamiento jurídico, no excluye la posibilidad de estudiar la responsabilidad derivada de la restricción a la libertad de las personas bajo alguno de los otros títulos de atribución como ocurre con el daño especial, en eventos en los cuales el sindicado sufre injustificada e inmerecidamente los rigores de la medida adoptada en debida forma por el órgano competente, pero, en tales casos, ello resulta de aplicación residual frente a la falla del servicio y puede presentarse en situaciones en las cuales el mismo reo no dio pie a la adopción de la medida dictada en su contra, donde la actuación del Estado se ajustó al ordenamiento jurídico, pero se causó un desequilibrio de las cargas públicas respecto del administrado, como cuando logra establecerse que el hecho que pretendía imputarse al detenido no existió o la conducta era objetivamente atípica, eventos en donde el daño antijurídico resulta acreditado sin mayor arrojo. Otra circunstancia sucede cuando en la sentencia penal se logra establecer que el sindicado no cometió la conducta o que fue absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo, por cuanto, en estos casos, el juez penal debe concluir su veredicto luego de un riguroso análisis probatorio que permita calificar la conducta y verificar la participación del individuo en el ilícito al cual se lo vincula de cara a las pruebas que se recauden y valoren en el proceso penal respectivo, de cuya valoración se desprende la suerte procesal penal del investigado, lo que implica el deber de auscultar tales circunstancias bajo la óptica del régimen subjetivo de falla del servicio. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, ver, Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, M.P. José Fernando Reyes y sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Así mismo, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 17 de octubre de 201, exp. .23354, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 28, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 65, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 68 REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / JUEZ ADMINISTRATIVO / DEBERES DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / ENFOQUE DIFERENCIAL / ENFOQUE DIFERENCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO / RECUENTO JURISPRUDENCIAL / MUJER / DELITOS CONTRA LA MUJER / DAÑO CONTRA LA MUJER / VIOLENCIA CONTRA LA MUJER / MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA / MUJER VÍCTIMA DEL DELITO SEXUAL / VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER / VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER Problema jurídico: ¿El juez administrativo se encuentra en la obligación de estudiar los casos con un enfoque diferencial y bajo una perspectiva de género, siempre que se encuentre acreditado que se está en presencia de actos de discriminación y de violencia contra la mujer, los cuales afecten sus derechos y libertades? Respuesta al problema jurídico: Si La garantía por parte de las autoridades y Ramas del Poder Público del concepto constitucional de igualdad material impone la eliminación y sanción de todo tipo de discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión pública o filosófica, mediante actos o hechos positivos y negativos que efectivicen y hagan realidad la protección de aquellas personas que por su condición económica, física o mental se ven expuestas a los abusos o maltratos que contra ellas se cometen. (…) [E]s evidente que existe en cabeza de los jueces del país, y de manera aún más latente en el juez contencioso administrativo que se halla instituido para juzgar la actividad de los órganos del Estado, la obligación de investigar, sancionar y reparar la violencia estructural contra las personas en situación de debilidad, en este evento que comprometen los derechos y garantías de la mujer. Este sentido de justicia e igualdad material emergen de lo que la jurisprudencia y la doctrina han denominado el enfoque y la equidad de género, que se instituyen como la guía que orienta el diseño de las políticas públicas y el quehacer de la función judicial, en el que todas las acciones judiciales y todos los medios de control previstos en el ordenamiento jurídico imponen a los jueces de la República estudiar los casos con una orientación diferencial que permite fallar en forma disímil cuando la situación fáctica es desigual y cuando se requiere una protección reforzada de los derechos, por ejemplo, de la niñez y las mujeres víctimas de violencia, acoso y discriminación, entre otros hechos que lesionan el núcleo fundamental de los intereses reconocidos por el ordenamiento convencional y constitucional. Sobre el particular, el Consejo de Estado ha advertido la obligación del juez contencioso administrativo de abordar el proceso bajo una perspectiva de género siempre que ella se encuentre acreditada. (…) En vista del recuento jurisprudencial (…) es dable concluir que son numerosas las decisiones de la Corporación que advierten el deber de las autoridades judiciales de mantener un enfoque de equidad de género contra los actos de discriminación contra la mujer y el repudio frente a todo tipo de violencia que afecte sus derechos y libertades. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, ver, Corte Constitucional, sentencia T-878 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y sentencia T- 388 de 2018., M.P. Gloria Stella Ortíz. De igual forma, consultar, Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de noviembre de 2018, exp. 11001031500020180062200; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de octubre de 2018, exp. 05001-23-33-000-2013-01975-01(0038-16), M.P. Carmelo Darío Perdomo; Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 28 de junio de 2016, exp. 11001031500020150340600; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 16 de agosto de 2016; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de diciembre de 2016, exp. 39393, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 3 de agosto de 2017, exp. 40683, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 5 de diciembre de 2017, exp. 42243, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 31 de mayo de 2016, exp. 40648, M.P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 17 de agosto de 2017, exp. 43955., C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 23 de noviembre de 2017, exp. 48070, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 9 de octubre de 2020, exp. 46435, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 93, CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS , LEY 16 DE 1972 - ARTÍCULO 2455, CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ, LEY 248 DE 1998 - ARTÍCULO 1, CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ, LEY 248 DE 1998 - ARTÍCULO 2, CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ, LEY 248 DE 1998 - ARTÍCULO 3, CONVENCIÓN INTERNACIONAL 47 CFR. SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL , LEY 22 DE 1981 - ARTÍCULO 151, CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, , LEY 51 DE 1981 - ARTÍCULO 2, CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO , LEY 12 DE 1991 - ARTÍCULO 254, DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS , LEY 16 DE 1972 - ARTÍCULO 148, DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS , LEY 16 DE 1972 - ARTÍCULO 249, PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS , LEY 74 DE 1968 - ARTÍCULO 350, PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR, LEY 319 DE 1996 - ARTÍCULO 356 REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DAÑO / RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Problema jurídico: ¿Para verificar si existe responsabilidad patrimonial del Estado, es necesario analizar de forma ordenada los elementos que la conforman, es decir, el daño antijurídico y su imputación frente al Estado? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y ii) su imputación frente al Estado. Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad patrimonial de la Administración. NOTA DE RELATORÍA: Sobre este aspecto, ver, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. sentencia del 13 de agosto de 2008, exp. 16516, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 6 de junio de 2012, exp. 24633, C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia del 5 de marzo de 2020, exp. 50264, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Así mismo, consultar, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril de 1968, M.P. Antonio Moreno Velilla. REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / DETENCIÓN PREVENTIVA / DAÑO / INEXISTENCIA DE DAÑO / DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRUEBA DIRECTA / ACCESO CARNAL VIOLENTO / DENUNCIA PENAL / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / INDICIO GRAVE / DECLARACIÓN DE PARTE / VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN DE PARTE / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA PROCESAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / NEGACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO Problema jurídico: ¿La demandante acreditó el daño alegado, consistente en que la medida de aseguramiento que le fue impuesta el 25 de junio de 2007 no cumplió con los presupuestos legales que establecía la ley para su procedencia, por lo cual, se configuró responsabilidad patrimonial por privación injusta de la libertad por parte de la demandada? Respuesta al problema jurídico: No La medida de aseguramiento impuesta el 25 de junio de 2007 por la Fiscalía 230 Seccional de Bogotá. En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la privación de la libertad de (…) [del demandante] derivada de la medida de aseguramiento impuesta el 25 de junio de 2007 por la Fiscalía 230 Seccional de Bogotá, la cual es calificada como injusta por los demandantes. (…) [S]e observa que la medida de aseguramiento impuesta el 25 de junio de 2007 por la Fiscalía 230 Seccional de Bogotá cumplió con los requisitos previstos en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, pues decretó la detención preventiva de (…) [el demandante] con fundamento en una prueba directa que daba cuenta, de forma preliminar, que éste podía ser autor del delito de acceso carnal violento. (…) En suma, la denuncia penal presentada por (…) [el demandante]. fue uno de los fundamentos para imponer la medida privativa de la libertad, toda vez que en esta se señaló (…) [al demandante] de ser presunto autor del delito de acceso carnal violento. (…) [E]l fundamento de la medida de aseguramiento superó las exigencias previstas en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, pues la declaración de la víctima, como prueba directa, vinculaba a (…) [demandante] como presunto autor del delito de acceso carnal violento. Precisamente, dicha declaración era una prueba directa que permitió superar las exigencias previstas en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, pues por su naturaleza tenía fuerza probatoria más categórica que aquella que brindan los indicios graves de responsabilidad, exigidos por dicha norma procesal para poder imponer una medida de aseguramiento de detención preventiva. (…) Bajo la óptica de lo anterior, se observa que la Resolución del 25 de junio de 2007, proferida por la Fiscalía 230 Seccional de Bogotá, que ordenó imponer medida de aseguramiento en contra de (…) [del demandante]. (…) cumplió con lo dispuesto en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, porque se fundamentó en la declaración de la víctima, declaración que, según lo consagrado en la medida precautelar, fue clara y consistente, alcanzando el estándar probatorio exigido en la ley procesal penal para imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del implicado. (…) [T]ambién se advierte que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos previstos en el artículo 357 de la Ley 600 de 2000, puesto que el delito por el cual se investigaba al indiciado tenía prevista una pena de prisión que excedía de cuatro (4) años. De hecho, el delito por el que se investigaba a (…) [demandante]. era el de acceso carnal violento, que según el artículo 205 de la Ley 599 de 2000, suponía una pena de prisión mínima de ocho (8) años de prisión. Igualmente, la medida restrictiva fue necesaria, proporcional y razonable, tal y como se desprende de los elementos de prueba obrantes en el expediente, debido a la gravedad del delito por el cual estaba siendo investigado, que no solo permitía sino aconsejaba la medida restrictiva de la libertad. En otras palabras, se evidencia que el daño alegado encuentra amparo legal por haberse derivado de una actuación de la Administración ajustada a derecho y porque la medida de aseguramiento se dictó con fundamento en el material probatorio mínimo que exigía la ley para la adopción de tales medidas, frente a la cual la parte demandante no puede pretender indemnización de perjuicios. En efecto, la medida resultaba: i) necesaria, dado que existía el mérito probatorio suficiente para decretarla conforme al ordenamiento procesal penal vigente al momento de su imposición, puesto que era menester impedir la continuación de su actividad delictual y garantizar la presencia del sindicado en el proceso penal que se le seguía en su contra; ii) proporcional, por cuanto el delito por el cual se investigaba al indiciado era el de acceso carnal violento, que implicaba una pena privativa de la libertad de al menos ocho (8) años de prisión; y iii) razonable, de cara a la gravedad de la conducta. De igual manera, debe tenerse en cuenta que en el caso concreto la parte demandante no allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria, carga que le correspondía asumir con el propósito de acreditar la injusticia de la medida cuya omisión significa la imposibilidad de acreditar responsabilidad al Estado por la privación de la libertad de (…) [demandante]., pues no logró establecerse la antijuridicidad del daño que se le pudo haber causado. En vista de lo expuesto se evidencia que la medida de aseguramiento impuesta contra (…) [demandante] satisfizo las prerrogativas previstas en los artículos 355, 356 y 357 de la Ley 600 de 2000. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 29 de junio de 2011, exp. 36402; sentencia del 22 de noviembre de 2016, exp. 37568; auto del 22 de julio de 2009, exp. 31338 y sentencia del 18 de enero de 2017, exp. 40120. De igual forma, ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de junio de 2019, exp. 44473, C.P. Jaime Enrique Rodríguez. Así mismo, ver, Corte Constitucional, sentencia SU 072 de 2018, M.P. José Fernando Reyes. FUENTE FORMAL: LEY 599 DE 2000 - ARTÍCULO 205, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 355, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 356, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 357 PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO / INEXISTENCIA DE DAÑO / DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / CAPTURA / LEGALIDAD DE LA CAPTURA / LEGALIZACIÓN DE LA CAPTURA / REQUISITOS DE LA ORDEN DE CAPTURA / DAS / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE DEL DAS / ORDEN DE CAPTURA / PROCEDENCIA DE LA ORDEN DE CAPTURA / RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RAMA JUDICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL / RESPONSABILIDAD DE LA RAMA JUDICIAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿La captura del sindicado efectuada el 24 de junio de 2009 no cumplió con los presupuestos que establece la ley para su procedencia, por lo cual, se configuró responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, el Das o la Rama Judicial, ya que se configuró un daño antijurídico susceptible de indemnización? Respuesta al problema jurídico: No En el caso sub examine se tiene que el daño, consiste en la privación de la libertad de (…) [el demandante]., derivada de la captura efectuada el 24 de junio de 2009 por agentes del DAS en virtud de la orden de captura proferida por la Fiscalía 230 Seccional de Bogotá. (…) Bajo el anterior contexto, se observa que la orden de captura librada el 26 de junio de 1998 en contra de (…) [el demandante] cumplió con el requisito previsto en el artículo 350 de la Ley 600 de 2000, pues ésta contenía todos los datos necesarios para la identificación de (…) [demandante]. así como el motivo de su captura (…).De otro lado, se observa que la captura de (…) [el demandante] atendió a lo dispuesto en el artículo 349 de la Ley 600 de 2000 y que se respetaron las garantías y derechos fundamentales del procesado, pues a partir de lo consignado en las actas de buen trato y derechos del capturado queda evidenciado que a (…) [demandante] se le pusieron de presente sus derechos y garantías procesales, frente a lo cual el indiciado no presentó ninguna objeción. (…) Además, se evidencia que la captura del procesado cumplió con lo dispuesto en el artículo 351 de la Ley 600 de 2000, puesto que (…) [demandante]. fue capturado y el mismo día fue puesto a disposición del funcionario judicial que ordenó su aprehensión. En este sentido se observa que el 24 de junio de 2009, agentes del DAS capturaron a (…) [demandante] y en la misma fecha fue puesto a disposición del Juzgado Penal del Circuito de Bogotá (…). Finalmente, la Sala encuentra que la captura cumplió con lo dispuesto en el artículo 352 de la Ley 600 de 2000, toda vez que el funcionario judicial bajo cuya orden se encontraba el procesado expidió mandamiento escrito al director del establecimiento de reclusión dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a su captura. En efecto, el 24 de junio de 2009, agentes del DAS capturaron a (...) [demandante] en virtud de orden de captura (…) y en la misma fecha el Juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá le solicitó al Director de la Cárcel Modelo mantenerlo detenido (…) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 352 de la Ley 600 de 2000. En este orden de ideas, se evidencia que la captura de (…) [demandante] satisfizo las prerrogativas previstas en los artículos 349, 350, 351 y 352 de la Ley 600 de 2000. Así, se concluye que el procedimiento de captura de (…) [demandante]. estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad procesal vigente que regula dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales del procesado, sin evidenciar actuaciones arbitrarias, caprichosas o contrarias al ordenamiento jurídico por parte de la Fiscalía General de la Nación, el DAS o la Rama Judicial que pudieran ocasionar la configuración de un daño antijurídico digno de ser indemnizado. FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 349, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 350, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 351, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 352 DAÑO / INEXISTENCIA DE DAÑO / DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / NEGACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / AUDIENCIA PÚBLICA / SENTENCIA JUDICIAL / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA PROCESAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL / RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN / EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN / ACCESO CARNAL VIOLENTO / PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / VENCIMIENTO DEL TÉRMINO JUDICIAL / VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿Se configuró responsabilidad patrimonial del Estado en el caso concreto, consistente en el vencimiento de términos para celebrar audiencia pública y para proferir sentencia, en cuanto se prolongó de forma injustificada la detención del procesado, generándole un daño antijurídico susceptible de indemnización? Respuesta al problema jurídico: No En el caso sub examine se tiene que el daño consiste en la privación de la libertad de (…) [demandante] derivada del vencimiento de términos para celebrar audiencia pública y proferir sentencia. (…) En ese sentido, frente a los términos procesales previstos en los artículos 400 y 401 de la Ley 600 de 2000, del anterior recuento probatorio se observa que no existe prueba en el plenario que permita acreditar un daño, pues no obra constancia de la fecha de la ejecutoria de la resolución de acusación, ni del día en que fue recibido el proceso por secretaría, tampoco del día en que fue celebrada la audiencia pública, frente a las cuales pueda hacerse el análisis para establecer si la detención en la etapa de juzgamiento se realizó de forma ilegal, bien por el desconocimiento sustancial o procesal de una norma jurídica o por una actuación administrativa abiertamente ilegal e irracional; es decir, por no haber cumplido con los términos procesales y no hallar justificación en el ordenamiento jurídico. Finalmente, se evidencia que el Juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá cumplió con lo dispuesto en el artículo 410 de la Ley 600 del 2000, porque no transcurrieron más de quince (15) días hábiles entre la fecha en que finalizó la práctica de pruebas y la intervención de los sujetos procesales en la Audiencia Pública, y aquella en la que se profirió sentencia de primera instancia (…). En efecto, el 25 de noviembre de 2009, finalizó la práctica de pruebas y la intervención de los sujetos procesales en la Audiencia Pública (…) y el 14 de diciembre de 2009, el Juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá absolvió a (…) [demandante] del delito de acceso carnal violento en aplicación del principio in dubio pro reo (…). En el anterior sentido, se evidencia que el daño consistente en la privación de (…) [demandante] derivada del vencimiento de términos para celebrar audiencia pública y para proferir sentencia no reviste el carácter de antijurídico, puesto que i) no se probó que se hubieran desconocido los términos procesales establecidos en los artículos 400 y 401 de la Ley 600 del 2000 para celebrar audiencia pública, y ii) ésta satisfizo la prerrogativa prevista en el artículo 410 de la Ley 600 del 2000. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 21 de octubre de 2009, exp. 38892. Así mismo, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, sentencia del 17 de septiembre de 2018, exp.. 47273, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 401, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 410, LEY 600 DE 2001 - ARTÍCULO 400 ENFOQUE DIFERENCIAL / ENFOQUE DIFERENCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO / PUBLICACIÓN DE SENTENCIA / PUBLICACIÓN DE SENTENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MUJER / CONCEPTO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER / MUJER VÍCTIMA DEL DELITO SEXUAL / VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER / VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER / VIOLENCIA CONTRA LA MUJER / MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA / DENUNCIA PENAL / DICTAMEN MÉDICO / SINDICADO / PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / PRUEBA CIENTÍFICA / PRUEBA DE ADN / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / DERECHO DE DEFENSA / DERECHO A LA LIBERTAD / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PRINCIPIO DE NECESIDAD / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / DETENCIÓN PREVENTIVA Problema jurídico: ¿El enfoque de diferencial y de perspectiva de género refuerza los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida de aseguramiento del sindicado en los casos de violencia contra la mujer, otorgando un mayor soporte a la imposición de dicha medida restrictiva de la libertad? Respuesta al problema jurídico: Si Finalmente, en el sub lite se probó que el 19 de febrero de 2001, (…) presentó denuncia penal afirmando que el 13 de febrero de ese año, aproximadamente a las 7:30 p.m., (…) [que él demandante]. la accedió carnalmente, cuando ella transitaba por un potrero que la dirigía a su casa de habitación, luego de recoger el uniforme de su hija (…). Nótese que en este evento (…) desempeñaba su rol de madre, cuando ocupándose de las labores propias de su hogar se vio violentada por quien aprovechó la oscuridad de la noche, lo desolado del lugar y su fuerza física para mediante amenazas y golpes agredir a su víctima desprotegida. Así, no cabe duda que (…). fue violentada por quien la golpeó y amenazó físicamente para coaccionar la relación sexual, lo cual fue corroborado con el dictamen rendido el 14 de febrero de 2001 por el Instituto de Medicina Legal, que sirvió de fundamento a la resolución de la situación jurídica del sindicado (…) Ahora, se tiene que son precisamente las condiciones en las que se cometió el delito las que dieron lugar a la absolución del demandante en aplicación del principio in dubio pro reo. Evidentemente, lo desolado del lugar y la hora de los hechos, conllevan la ausencia de testigos y deja la carga probatoria que corresponde al ente investigador en cabeza de la víctima del abuso que se ve forzada a revivir, una y otra vez, la situación -de suyo dolorosa-. En este sentido la víctima de la agresión sexual se ve expuesta al respectivo examen médico legal y a la presentación de la respectiva denuncia, que necesariamente implican la narrativa de las circunstancias en que la agresión tuvo lugar. Ahora, no siendo suficiente lo anterior, en el caso de autos la decisión absolutoria proferida por el Juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá (…) reprochó que la violentada presentara su denuncia 6 días después de lo ocurrido, que no hubiera ratificado dicha denuncia y que no se practicara la prueba científica que confrontara el ADN del agresor con las células sexuales halladas en la víctima, en el examen efectuado por el galeno sexólogo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Visto lo anterior, debe reiterarse que en el ejercicio de sus funciones las autoridades administrativas y judiciales, y por supuesto del personal médico, tienen la importante tarea de evitar la usual revictimización de las mujeres objeto de agresión sexual. Asimismo, deviene de la mayor importancia advertir que en eventos como el presente el criterio de justicia material exige confrontar los intereses sacrificados de la víctima del delito con los del presunto victimario, a fin de establecer la soportabilidad de la acción punitiva y de la respectiva privación de la libertad en cabeza de quienes resultan penalmente procesados por delitos de agresión sexual. En este sentido, de una parte, se tienen las garantías del penalmente enjuiciado al debido proceso, a la presunción de inocencia, al derecho de defensa, a un juicio sin dilaciones y a un juez natural, independiente e imparcial y, sobre todo, el derecho a la libertad que se ve limitado en razón de la medida de aseguramiento. De otra parte, se tiene la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar los delitos de agresión sexual que atacan los derechos más esenciales del ser humano, tales como el de la dignidad y la sexualidad de la mujer e, incluso de la niñez, como parte de sus obligaciones internacionales de eliminación de las formas de discriminación contra la Mujer y de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer. A la sazón, se resalta que la “Convención de Belém do Pará” condena todas las formas de violencia contra la mujer y exige a los Estados adoptar los medios apropiados para prevenir, sancionar y erradicar tales actos de violencia, en este evento mediante mecanismos y procedimientos efectivos que se correspondan y convaliden el derecho de toda mujer a una vida libre de todo tipo de violencia. Así, conviene reconocer que las investigaciones y procesos que giran en torno a delitos de violencia contra la mujer están enmarcados dentro de un enfoque diferencial y de equidad de género que refuerza los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida de aseguramiento de detención preventiva. Entonces, el enfoque diferencial y de equidad de género, en eventos como el que aquí se estudia, refuerza el criterio de necesidad de la medida de aseguramiento con detención preventiva, porque eleva el deber del Estado de impedir la continuación de la actividad delictual y de garantizar la presencia del sindicado en el proceso penal. Igualmente, la perspectiva sobre la mujer acentúa y equilibra la proporcionalidad de la medida en atención a los intereses vulnerados de la víctima del delito sexual respecto de la libertad del procesado que se ve limitada, por supuesto, bajo el respecto de las demás garantías procesales. Finalmente, esta orientación hacía la justicia e igualdad material confirma la razonabilidad de la limitación a la libertad, advirtiendo que el objeto de investigación es un delito de violencia sexual contra la mujer, fuertemente reprochado por el ordenamiento interno e internacional que exige del Estado un compromiso mayor de las autoridades en el ejercicio de los mecanismos procesales, se itera, en aras de la eliminación de las formas de violencia y discriminación contra la Mujer, mediante la prevención y sanción efectivas de tales conductas. En este sentido, se evidencia aún más la soportabilidad de la medida de aseguramiento de detención preventiva padecida por (…) [demandante]., respecto al debido desarrollo de la acción penal y de la garantía y protección de los intereses de la víctima de la agresión sexual. ENFOQUE DIFERENCIAL / ENFOQUE DIFERENCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO / MUJER / VIOLENCIA CONTRA LA MUJER / VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER / VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER / VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER / DELITOS CONTRA LA MUJER / DAÑO CONTRA LA MUJER / MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA / MUJER VÍCTIMA DEL DELITO SEXUAL / PUBLICACIÓN DE SENTENCIA / PUBLICACIÓN DE SENTENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD CONDENADA / RECLASIFICACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / FUNCIONARIO JUDICIAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Procede publicar lo concerniente de esta sentencia respecto al enfoque diferencial y a la equidad de género, protección a la mujer y no revictimización por parte de las autoridades judiciales, así como el análisis frente a la ausencia del daño antijurídico en este tipo de eventos, en el sitio oficial de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala ordenará la publicación de la parte correspondiente a la valoración mediante un enfoque diferencial y de equidad de género en los sitios web oficiales de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial para garantizar el pleno conocimiento de estas consideraciones en los funcionarios judiciales. En suma, la Sala encuentra que en el caso sub examine no se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad, lo que hace infructuoso el análisis de los demás elementos del instituto indemnizatorio, pues debe recordarse que la responsabilidad es una institución de carácter derivado que depende necesariamente de la suma y presencia condicional de la totalidad de sus elementos y que, ante la ausencia de alguno de estos, no puede reconocerse la obligación de reparar. En síntesis, la Sala modificará la sentencia del 11 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico allí alegado, en el sentido de ordenar la publicación de los ítems 6.3 y 7.2.4. de esta providencia en el sitio oficial de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial, a fin de satisfacer los lineamientos del enfoque diferencial y de equidad de género. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas, en cuanto las partes procesales actuaron con temeridad procesal? Respuesta al problema jurídico: No No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda y las mismas no se hallan probadas. FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201200475011100103