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PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD

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Consejo de Estado Providencia

Existe fundamento jurídico para negar la prueba documental solicitada

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica 2025-06-03 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020140012100 LEY 1437 REPETICION
¿Existe fundamento jurídico para negar la prueba documental solicitada, de tal suerte que la decisión del ponente no resulta irrazonable, desproporcionada o arbitraria? Sí
El contratista no puede obtener el decreto de prueba documental en un proceso de repetición contra la entidad estatal si no demuestra que la petición previa no fue atendida, de acuerdo con el artículo 173 del Código General del Proceso. La entidad estatal puede negar la prueba documental solicitada si la parte demandante no acredita que la petición fue radicada y la entidad guardó silencio, lo que no constituye un exceso ritual manifiesto. La Sala confirmará la decisión del ponente si encuentra fundamento jurídico para negar la prueba documental sin que resulte irrazonable, desproporcionada o arbitraria, reafirmando que la parte actora debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 173 del CGP para solicitar la prueba documental. Esta decisión matiza la interpretación de la obligación de solicitar previamente la prueba documental y restringe la posibilidad de obtenerla en la fase judicial sin cumplir con dichos requisitos, lo que limita la capacidad del contratista para obtener pruebas adicionales en la etapa judicial.síntesis automática
También resuelve: ¿La parte actora no probó lo que exige la norma, esto es, que la petición no hubiera sido atendida?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Existe fundamento jurídico para negar la prueba documental solicitada de tal suerte

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-08-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 66001233300020160019204 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Existe fundamento jurídico para negar la prueba documental solicitada de tal suerte que la decisión del tribunal no resulta irrazonable, desproporcionada o arbitraria? Sí
El contratista no puede obtener la prueba documental solicitada si no demuestra haber ejercido el derecho de petición de manera diligente y oportuna, conforme a los artículos 173 y 78 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a proporcionar documentos que el actor pudo haber obtenido por sí mismo mediante el derecho de petición, y si no se presenta prueba de que se intentó obtener dicha información, la negativa del tribunal a decretar la prueba no resulta irrazonable, desproporcionada o arbitraria. La administración puede negar la prueba documental si no se acredita que el actor ha cumplido con su deber de diligencia, lo que implica que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante no prospera, confirmando la decisión del tribunal.síntesis automática
También resuelve: ¿No existe prueba que el interesado hubiera radicado la petición del documento en la entidad respectiva o que la petición no hubiera sido atendida?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

¿La medida de aseguramiento era procedente, por cuanto al ser adoptada se contaba con más de un indicio en la investigación penal en contra de los sindicados?

Sentencia — Sentencia 2023-04-24 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 05001233100020090045701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La medida de aseguramiento era procedente, por cuanto al ser adoptada se contaba con más de un indicio en la investigación penal en contra de los sindicados? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por privación injusta de la libertad cuando la medida de aseguramiento fue procedente y ajustada a derecho, ya que se contaba con más de un indicio en la investigación penal y la medida cumplía con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. A pesar de que el proceso penal cesó en favor de los sindicados por aplicación del principio in dubio pro reo, esto no desvirtúa la legalidad de la medida de aseguramiento, la cual fue impuesta por el delito de abandono del puesto y se basó en la declaración de un testigo y la prueba de alcoholimetría que demostró el incumplimiento del deber funcional de los agentes de policía. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la privación de la libertad no fue injusta.síntesis automática
También resuelve: ¿La medida de aseguramiento de detención preventiva que se impuso estuvo ajustada a derecho, fue legal, proporcional y razonable? ¿El fiscal cesó el procedimiento en contra de los sindicados, en aplicación del principio in dubio pro reo? ¿Los agentes de la policía se encontraban en un establecimiento de comercio en el horario en que debían estar prestando el servicio de vigilancia de los alumbrados navideños?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Corresponde a la Sala Dual declarar infundado el impedimento que manifestó el magistrado

Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento o recusación 2021-12-01 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 50001233300020140013101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Resuelve impedimento Sí
El contratista no puede impedir al consejero de Estado para que conozca del proceso de controversias contractuales, si la intervención del magistrado en una audiencia extrajudicial anterior no implicó la exteriorización de su postura frente al caso concreto, ni configuró el segundo supuesto de hecho contenido en el numeral 2 del artículo 141 del Código General del Proceso, que establece la imparcialidad del funcionario judicial. La Sala Dual declara infundado el impedimento presentado, basándose en que la audiencia previa fue declarada fallida sin abordar las pretensiones de la entidad convocante, por lo que no se pone en riesgo la ecuanimidad del consejero. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la necesidad de que el impedimento esté justificado por hechos que comprometan la imparcialidad del juez, y permite continuar con el trámite del proceso.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

La Sala Plena de la Sección Tercera debe avocar conocimiento para unificar jurisprudencia en relación con los juicios

Auto interlocutorio — Auto que resuelve si avoca para fines de unificación del artículo 271 CPACA 2025-06-05 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020200039901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala Plena de la Sección Tercera, debe avocar conocimiento para unificar jurisprudencia en relación con los juicios de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos que adjudican o declaran desierto un proceso de selección de contratista específicamente, en lo que concierne al análisis de la oferta más favorable; y los presupuestos para tasar el perjuicio por la utilidad esperada? Sí
El contratista debe demostrar el quantum de su afectación en un juicio de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo que declara desierto o adjudica un proceso de selección de contratista, y la entidad estatal puede ser condenada a pagar una indemnización por la utilidad esperada, siempre que no existan criterios disímiles en la Sección Tercera del Consejo de Estado. La Sala ha constatado la necesidad de unificar jurisprudencia en relación con el análisis de la oferta más favorable y los presupuestos para tasar el perjuicio por la utilidad esperada, debido a la existencia de criterios disímiles en la evaluación de propuestas y la determinación de la oferta más conveniente. En algunos casos, la Sala ha estimado que basta con corregir la puntuación no tenida en cuenta en favor del demandante, mientras que en otros ha requerido una revisión integral de todas las ofertas. Además, la Sala ha considerado que, en ausencia de prueba directa del perjuicio, puede aplicarse un criterio de razonabilidad basado en las reglas de la experiencia y la sana crítica para establecer la suma de dinero que debe ser reconocida al demandante, siempre y cuando el valor de la propuesta sea equivalente al presupuesto oficial. Esta unificación jurisprudencial permitirá una mayor coherencia en la aplicación del EGCAP y en la tasación de perjuicios en casos similares.síntesis automática
También resuelve: ¿En los conflictos relacionados con la escogencia de la oferta más favorable, existen criterios disimiles para resolver el asunto en cuanto… ¿Puede el juez reconocer la indemnización por no adjudicación de un contrato estatal con base en un criterio de razonabilidad, en ausencia de prueba directa del perjuicio?
AVOCA
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-03-25 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233100019980297901 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿En casos de privación injusta de la libertad el juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad es irrazonable y desproporcionada, por lo cual debe determinar si el perjuicio que sufre la victima debe repararse bajo el titulo de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño? Sí
El juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad en casos de privación injusta es irrazonable y desproporcionada, determinando si el perjuicio sufrido por la víctima debe repararse bajo el título de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño. Esto implica que si el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del procesado ni materializar la conducta investigada, procede la indemnización del daño antijurídico, atribuyéndose la responsabilidad a la Rama Judicial en las etapas del proceso penal en las que tuvo competencia. La regla reitera la importancia de la proporcionalidad y razonabilidad en la restricción del derecho a la libertad, y subraya que la culpa exclusiva de la víctima no se configura en este caso, lo que implica que la reparación integral del daño es obligatoria para el Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la indemnización de perjuicios por privación injusta de la libertad cuando el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del sindicado ni materializar la conducta investigada… ¿Procede la culpa exclusiva de la victima como causal eximente de responsabilidad del Estado cuando el demandante despliega conductas que permiten la causación del daño… ¿La prueba del parentesco dentro del primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge, su compañero o compañera permanente, constituye presunción del perjuicio moral, sin embargo…
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-04-24 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 25000232600020100006601 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve: ¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos? ¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos? ¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público.

Sentencia — Sentencia 2023-07-19 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 50001233100020120009201 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público? Sí
El contratista no puede cometer los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ya que estos son delitos de sujeto activo calificado y solo pueden ser cometidos por servidores públicos, según el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, que equipara a los contratistas con la calidad de servidor público en el ámbito de la responsabilidad penal. La Fiscalía encontró indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos mediante el cobro de facturas de un contrato de suministro celebrado sin cumplir los requisitos legales, lo que configuraba las conductas punibles por las que fue vinculada. Sin embargo, la medida restrictiva de privación de la libertad no fue desproporcionada, ya que la demandante permaneció bajo privación de la libertad durante un año y tres meses, y fue absuelta por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias, lo que implica que no existe responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve: ¿La Fiscalía encontró que existían indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos? ¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto la demandante consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario… ¿La interpretación que acogió la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento encuadraba dentro de la tipificación endilgada?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 05001233100020110179702 ACCION DE REPETICION
¿En este caso, el derecho de accionar en repetición se ejerció en tiempo, esto es, dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo? Sí
El contratista puede ejercer la acción de repetición en tiempo, cumpliendo con los plazos establecidos en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, lo que garantiza la oportunidad del medio de control y evita la caducidad de la acción. La Sala determina que la acción se ejerció dentro del plazo legal, otorgando seguridad jurídica y estabilidad a las relaciones contractuales, al tiempo que se protege el interés general y se racionaliza el uso del aparato judicial. Este fallo reitera la jurisprudencia existente sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición, consolidando así la interpretación sobre la necesidad de cumplir con los plazos procesales para el ejercicio efectivo de este derecho.síntesis automática
También resuelve: ¿En el caso sub examine su cumplieron los primeros tres requisitos para la procedencia la acción de repetición, esto es, i) la obligación reparatoria a cargo del Estado… ¿El daño por el cual fue condenada la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, fue causado por algunos de los demandados a título de dolo… ¿El monto de la condena se cuantifica conforme el grado de participación del agente en la producción del daño, por lo que…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La sociedad demandante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía

Sentencia — Sentencia 2023-12-04 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 23001233300020140010901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sociedad demandante cumplió con la carga de probar las circunstancias graves que le atribuye a la entidad pública como generadoras del incumplimiento del contrato? No
Quien alega como causa del incumplimiento contractual unas circunstancias graves atribuibles a la entidad pública tiene la carga de probarlas, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, pues sin esa prueba la excepción de contrato no cumplido no puede prosperar. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que la omisión que se atribuye a la entidad como causa del incumplimiento no quedó demostrada, porque el contrato no evidenció que la sociedad hubiera presentado planes de inversión o solicitudes de aprobación de inversiones ante el municipio, como le correspondía. Otra razón es que la actora no aportó las pruebas que sustentaran las circunstancias graves que invocó, de modo que no pudo declararse la inejecución atribuida a la entidad. En el caso, la sociedad concesionaria pretendió la nulidad de los actos administrativos sancionatorios por la terminación unilateral del contrato de concesión del matadero municipal. La decisión de primera instancia se revocó y las pretensiones fueron negadas. Su consecuencia práctica es que el contratista debe probar los hechos que atribuye a la entidad antes de excusar su propio incumplimiento.síntesis automática
También resuelve: ¿El municipio autorizó la realización de obras para adecuar el matadero así como la realización del plan gradual de cumplimiento? ¿Obran elementos de prueba que conduzcan a determinar que con ocasión de la expedición del decreto la comercializadora hubiese presentado al Municipio algún plan de inversión? ¿Se revoca el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo recurrido por comportar una decisión extra petita?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer litigios sobre convenios de apoyo financiero suscritos por entidades públicas.

Sentencia — Sentencia 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 44001234000020140008101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, el conocimiento de un proceso relativo al convenio de apoyo financiero, en razón de la naturaleza de las entidades contratantes y la cuantía del litigio? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de convenios de apoyo financiero suscritos por municipios, ministerios y entidades públicas para la ejecución de proyectos de infraestructura, con fundamento en el artículo 104 del CPACA. En este asunto, la Sala determinó que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, de conformidad con los artículos 150 y 152 del CPACA, al tratarse de un proceso de doble instancia donde la cuantía de la demanda excedió los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición.síntesis automática
También resuelve: ¿La legitimación en la causa recae sobre las entidades públicas y la entidad territorial que celebraron el convenio de apoyo financiero… ¿Debe entenderse que, tratándose de contratos que requieren liquidación, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se computa a partir del vencimiento del plazo… ¿Los convenios interadministrativos se diferencian de los contratos administrativos en cuanto a su finalidad cooperativa y ausencia de retribución patrimonial…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Los fundamentos del recurso extraordinario de anulación son meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos

Sentencia — Sentencia 2024-11-08 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 11001032600020240001500 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Los fundamentos del recurso extraordinario de anulación son meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos por el panel arbitral sobre el presupuesto procesal de caducidad? Sí
El contratista no puede basar un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral en meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos por el panel arbitral sobre el presupuesto procesal de caducidad, ya que la causal analizada no implica la configuración de un error in procedendo que comprometa la ritualidad de las actuaciones o vulnere las garantías del derecho de defensa y del debido proceso. La Sala declara infundado el recurso, al considerar que la función del juez de anulación no es intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del tribunal de arbitramento, sino limitarse a examinar si se han cumplido los requisitos formales y procesales establecidos. Además, las apreciaciones y conclusiones del panel arbitral deben ser consideradas como producto de una válida interpretación y aplicación de la ley, sin que el juez de anulación pueda revisar la pertinencia de dicha interpretación.síntesis automática
También resuelve: ¿La función del juez de anulación no es operar como superior jerárquico, ni intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del tribunal de arbitramento? ¿Las apreciaciones y conclusiones del panel arbitral se muestran como producto de una válida interpretación y aplicación de la ley? ¿Se considera que la demanda fue presentada dentro del término establecido para ello y que el análisis realizado por el panel arbitral no fue irrazonable?
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la muerte de un civil ocasionada

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2025-03-10 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 73001233100020070008802 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la muerte de un civil ocasionada por el uso imprudente e irresponsable de armas de dotación oficial, en el contexto de la ejecución de la orden de operaciones “Nórdico” por tropas Ejército Nacional, en la vereda Maracaibo de Rioblanco – Tolima? Sí
Aunque la caducidad no se haya discutido en el proceso ni fuera alegada por las partes, el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio. Los plazos que el legislador establece para cada medio de control son razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, de modo que su vencimiento sin que el interesado presente la solicitud judicial extingue el derecho de accionar y consolida las situaciones pendientes. La finalidad de estos plazos es otorgar seguridad jurídica y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo. En el caso concreto, la acción de reparación directa por la muerte de un civil fue presentada dentro del término legal, y la sentencia fue modificada. Como consecuencia práctica, la oportunidad de la acción de reparación directa debe verificarse de oficio en los procesos de daños con ocasión de operaciones militares, aun cuando la caducidad no haya sido discutida.síntesis automática
También resuelve: ¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación? ¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas… ¿El empleo de la fuerza y las armas de fuego por agentes del Estado, debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, atendiendo los principios de necesidad, proporcionalidad…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El juez examina de oficio la caducidad de la acción como presupuesto procesal indispensable para garantizar la seguridad jurídica y el interés general.

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 76001233100020100112702 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional, considerando que el asunto sub lite versa sobre un caso de grave violación de los derechos humanos, por la muerte de un civil presentado como baja en combate, esto es, de un falso positivo? Sí
El juez examina de oficio la caducidad de la acción como presupuesto procesal ineludible con el propósito fundamental de otorgar seguridad jurídica y evitar la parálisis del tráfico jurídico que dejaría situaciones indefinidas en el tiempo mediante plazos legales orientados a la protección del interés general. Dentro de la acción de reparación directa por la muerte de un civil presentado como baja en combate por el Ejército Nacional, la Sala verifica la oportunidad de la demanda y analiza las solicitudes indemnizatorias por perjuicios inmateriales y daño psíquico o psicológico de los demandantes, confirmando la decisión del Tribunal a quo al no probarse la necesidad de tratamiento médico derivado del homicidio ocurrido el 5 de agosto de 2008.síntesis automática
También resuelve: ¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación? ¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas… ¿El empleo de la fuerza y las armas de fuego por agentes del Estado, debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, y conforme con los principios de necesidad, proporcionalidad…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de una demanda

Sentencia — Sentencia 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 25000233600020180009301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de una demanda contra un acto administrativo proferido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, cuya pretensión económica supera los 300 SMLMV, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo proferido por una entidad pública del orden nacional, conforme al artículo 104 del CPACA, pues el objeto del litigio es la legalidad de ese acto. La regla se apoya en que la competencia se determina por la naturaleza pública de la entidad que expide el acto, y en que el Consejo de Estado resuelve la apelación de la sentencia del tribunal conforme a los artículos 150 y 152 del CPACA, vigentes a la fecha de radicación de la demanda, por la cuantía de la pretensión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, los actos de entidades públicas nacionales que afecten derechos económicos del administrado quedan sometidos al control de esta jurisdicción, y su apelación corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía lo exige.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es la vía judicial idónea para solicitar la nulidad del acto de adjudicación proferido dentro del proceso de selección abreviada por… ¿Una demanda presentada el 13 de diciembre de 2017 contra un acto administrativo notificado en estrados el 30 de mayo de 2017… ¿Están legitimadas en la causa por activa las sociedades que integran una unión temporal para demandar la nulidad del acto administrativo de adjudicación cuando participaron en el proceso de…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado tiene competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2024-12-11 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020150254901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado tiene competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de controversias contractuales? Sí
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un medio de control de controversias contractuales, dado que la controversia involucra a un establecimiento público y la cuantía de las demandas acumuladas supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, el medio de control de controversias contractuales es procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato, y las demandas fueron presentadas oportunamente dentro del plazo de dos años desde la ejecutoria de los actos cuestionados. La Sala también admite la valoración de documentos en copia simple, siempre y cuando no hayan sido tachados de falsedad por las partes y no existan disposiciones legales que exijan copias auténticas. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y confirma la procedencia del medio de control de controversias contractuales para resolver disputas relacionadas con contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales es el procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato? ¿Las demandas en los procesos acumulados fueron presentadas oportunamente? ¿Procede la valoración de documentos en copia simple?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad.

Sentencia Perspectiva de Género — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020120047501 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad? Sí
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño proviene de un hecho, omisión, operación administrativa u otra actuación estatal distinta de un contrato o de un acto administrativo, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se sostiene en dos razones. Primera, la norma atribuye el medio a los daños causados por hechos distintos del contrato y del acto, y el daño reclamado proviene de hechos imputables a la administración de justicia y a una entidad de seguridad del Estado. Segunda, la caducidad constituye un presupuesto procesal que el juez debe verificar aun cuando no haya sido alegada, pues los plazos son perentorios y de orden público. La providencia reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de esta acción y el control oficioso de la caducidad. La consecuencia práctica es que, cuando el daño no se origina en un contrato ni en un acto, la vía procedente es la reparación directa, cuya oportunidad debe verificarse desde el inicio del proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad de la acción representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad? ¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: la norma no distinguió el tipo de controversia

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-05-14 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020170238601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En la liquidación unilateral es la Administración quien adquiere la competencia para precisar el balance final de las obligaciones contractuales que faciliten la extinción del vínculo? Sí
El criterio adoptado en el fallo objeto de aclaración, que condiciona la incidencia del término de liquidación de los contratos en la contabilización de los dos años previstos en la premisa general del artículo 164, numeral 2, literal j del [CPACA], a que el “conflicto se relacione directamente con los temas que deben ser definidos en tal etapa, no así respecto de aquellos que han quedado precisados desde mucho antes”, no se condice con la exigencia de estricta legalidad, interpretación restrictiva y pro actione… porque, sencillamente, no hay norma jurídica que establezca cuáles conflictos tienen esa relación directa o cuáles no admiten, bajo ningún punto de vista, su variación posterior total o parcial.
También resuelve: ¿En los contratos regidos por el derecho privado el deber de liquidar ha de constar en una estipulación que gobierne el acuerdo? ¿En ningún aparte de la ley procesal se impone a las partes aguardar el inicio de su reclamación hasta la etapa de liquidación?
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: el primero de ellos se refiere a los fines que guían la contratación estatal

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-05-05 Sección Tercera (Subsección A) MARÍA ADRIANA MARÍN Rad. 76001233100020090103701 ACCION CONTRACTUAL
¿Las causas que generan la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal no se limitan a supuestos específicos como la teoría de la imprevisión, y deben identificarse con base en una lectura sistemática del Estatuto General de Contratación? Sí
Estimo pertinente precisar que las causas que pueden generar la ruptura del equilibrio financiero del contrato no se limitan a los supuestos mencionados en la providencia: teoría de la imprevisión, hecho del príncipe, ius variandi.… El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –EGCA– no contiene una lista –ni enunciativa ni taxativa– de las causas que pueden dar lugar a la alteración del equilibrio económico del contrato y la consecuente obligación de las entidades públicas contratantes de restablecerlo, sino a unos criterios generales que permiten identificarlas, establecer cuándo surge tal obligación y la medida de la recomposición del sinalgama contractual a la que se debe llevar al contratista.
También resuelve: ¿Surge la obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato estatal cuando ocurren circunstancias imprevistas no imputables al contratista, que afectan la ejecución del objeto pactado? ¿El restablecimiento del equilibrio económico del contrato procede frente a cualquier situación fáctica que cumpla con los criterios generales establecidos por la ley… ¿Puede surgir la obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato estatal por causas no previstas al momento de contratar, aunque no sean imprevisibles…