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PRINCIPIO DE NECESIDAD

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

El juez debe rechazar las pruebas que no sean conducentes, ni pertinentes y que no lleven a probar un hecho aducido en el proceso.

Auto interlocutorio con estado — Auto que resuelve apelación 2026-01-30 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA ANDREW JULIAN MARTINEZ MARTINEZ Rad. 11001333603620200020302 ACCION CONTRACTUAL
¿Se cumplieron los presupuestos establecidos en la Ley 1437 de 2011 para negar el decreto de la prueba testimonial, el interrogatorio de parte y el informe juramentado? Sí
El contratista no puede obtener el decreto de la prueba testimonial, el interrogatorio de parte ni el informe juramentado, ya que la entidad estatal debe negar estas solicitudes cuando no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso, que exigen que las pruebas sean conducentes, pertinentes y útiles para el proceso. Además, la declaración de parte de la entidad estatal carece de validez y no es procedente decretar la propia declaración de la parte que la solicita, ya que resulta inútil y no aporta nueva información. La entidad debe decretar únicamente las pruebas necesarias para esclarecer los hechos del contrato, y en este caso, el expediente contractual y las pruebas decretadas son suficientes para resolver el debate. Esta decisión reitera y confirma precedentes sobre la limitación de testimonios y la declaración de parte en procesos de contratación estatal, lo que implica que las partes deben presentar pruebas conducentes y pertinentes para demostrar los hechos en disputa.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

No resulta necesario el decreto de los dieciséis testimonios adicionales solicitados por la parte actora

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2022-08-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020200039401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta necesario el decreto de los dieciséis testimonios adicionales solicitados por la parte actora, teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo ordenado por el a quo, el objeto de la prueba se cumple, idónea y suficientemente, con los cinco testimonios ya decretados y, que con en el expediente administrativo solicitado, contentivo de los antecedentes que dieron lugar a los actos administrativos demandados, deben reposar todos los documentos relacionados con su celebración, estructuración y ejecución de los acuerdos derivados? No
El contratista no puede obtener el decreto de dieciséis testimonios adicionales solicitados, ya que el tribunal de primera instancia determinó que los cinco testimonios ya decretados cumplen idóneamente con el objeto de la prueba y que el expediente administrativo solicitado debe contener todos los documentos relacionados con la celebración, estructuración y ejecución de los acuerdos derivados. Además, la entidad estatal, en este caso el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, que son una sola entidad para efectos de liquidación de contratos, deben allegar los informes requeridos que deben estar en el expediente administrativo ya solicitado. Esta regla reitera la necesidad de aplicar el principio de necesidad de la prueba y matiza la posibilidad de decretar pruebas innecesarias, lo que implica que las partes deben limitar sus solicitudes de prueba a lo estrictamente necesario para el caso.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente el decreto como prueba de los informes requeridos por parte del representante administrativo y del director de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa…
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233300020170020701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El extremo activo va contra sus propios actos al demandar el cumplimiento del pago sin haberse allanado previamente a probar el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar? Sí
El contratista no puede demandar el cumplimiento del pago sin acreditar previamente el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar, conforme a los requisitos específicos pactados en el contrato, como la presentación de cuentas de cobro con sus anexos y la certificación del supervisor del contrato, ya que va contra sus propios actos y no cumple con la carga probatoria que le corresponde según el artículo 167 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a pagar sin que se demuestre el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que implica respetar la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de necesidad de la prueba en la contratación estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad de la obligación contractual y la importancia de cumplir con los requisitos específicos para la causación del pago, lo que implica que los contratistas deben acreditar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones para poder reclamar el pago.síntesis automática
También resuelve: ¿La ley no impide que las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad acuerden ciertos requisitos contractuales específicos para la causación de la obligación de pago? ¿No es posible apartarse de la carga probatoria que el contrato le imponía al demandante para poder reclamar el pago, en tanto las cláusulas fueron explícitas al fijar tanto las condiciones como el… ¿Es posible hacer un ajuste final de cuentas que permita declarar a las partes a paz y salvo para extinguir el negocio jurídico y poner fin a los derechos y obligaciones que emergieron de la fuente…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Debe adecuarse el proceso de repetición al trámite de sentencia anticipada

Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada 2023-08-01 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 11001032600020160012300 LEY 1437 REPETICION
¿Debe adecuarse el proceso de repetición al trámite de sentencia anticipada, en cuanto se configuró el supuesto que consagra el literal b del artículo 182A del CPACA, toda vez que se allegaron pruebas documentales, por lo cual, se hace innecesario realizar la audiencia inicial en lo contencioso administrativo? Sí
Adecuación del proceso al trámite de sentencia anticipada. El Despacho dará aplicación a las modificaciones procesales a que hubiere lugar introducidas por la Ley 2080 de 2021 puesto que estas reformas prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación. El proceso ingresó al Despacho para convocar a los sujetos procesales a la audiencia inicial que establece el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), sin embargo, encuentra que se configura el supuesto que da lugar a dictar sentencia anticipada del numeral (sic) [literal] b del artículo 182A del CPACA toda vez que se allegaron pruebas documentales, no es necesario practicar pruebas y no existen situaciones que acarreen posibles nulidades o excepciones que deban ser resueltas.
También resuelve: ¿Deben desestimarse o desecharse los medios de prueba que ofrecen información relevante para el asunto en litigio, es decir, pruebas lícitas, pertinentes, conducentes y útiles?
DISPONE TRAMITE SENTENCIA ANTICIPADA
Consejo de Estado Providencia

En cambio, sí es prorrogable, de que, aunque la autoridad judicial no sea competente puede dictar válidamente sentencia si el vicio no se alega oportunamente.

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-08-22 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020200038801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción de lo contencioso-administrativo es competente para conocer de una controversia derivada de un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera, vigilada por la Superintendencia Financiera, dentro del giro ordinario de sus negocios? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo para resolver una controversia derivada de un contrato celebrado con una entidad pública que actúa como institución financiera y está vigilada por la Superintendencia Financiera, siempre y cuando el contrato se encuentre dentro del giro ordinario de los negocios de la entidad financiera. Esta regla se fundamenta en que la falta de jurisdicción y la incompetencia por factores subjetivo y funcional son improrrogables, generando una nulidad insanable. En el caso del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), su naturaleza como establecimiento de crédito y entidad pública vigilada por la Superintendencia Financiera cumple con los requisitos del artículo 105 del CPACA, excluyendo así la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de controversias contractuales que correspondan al giro ordinario de sus negocios. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la competencia funcional y subjetiva, limitando la jurisdicción contencioso-administrativa en casos específicos de entidades financieras estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), en su calidad de establecimiento de crédito de naturaleza especial y entidad pública vigilada por la Superintendencia Financiera… ¿El contrato celebrado entre el FNA y la Entidad de Certificación Digital corresponde al giro ordinario de los negocios de la entidad? ¿Se debe declarar la nulidad del fallo de primera instancia por falta de competencia, y remitir el expediente al juez competente conforme al factor territorial?
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado Providencia

La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda principal se presentó dentro del término de caducidad

Sentencia — Sentencia 2022-11-23 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 54001233300020160010501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuál es la pauta del conteo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato fue liquidado de manera bilateral? Sí
El contratista debe presentar la acción de controversias contractuales dentro del término de caducidad que comienza a correr desde la fecha de liquidación bilateral del contrato, sin considerar la conciliación extrajudicial. La Sala confirmará la oportunidad de la demanda si se presenta dentro del plazo legal, como ocurrió en este caso donde la liquidación se efectuó el 2 de enero de 2015 y la demanda se radicó el 26 de febrero de 2016. Además, el acta de liquidación bilateral, que tiene efectos de transacción, debe ser acreditada libremente por las partes sin necesidad de requisitos formales específicos, siempre y cuando no se demuestre la existencia de vicios del consentimiento como la fuerza o coacción, que deben ser probados por quien los alega. Esta decisión reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la liquidación de contratos estatales regidos por el derecho privado y establece que la carga de la prueba para alegar vicios del consentimiento recae en quien los invoca, matizando la interpretación previa sobre la necesidad de acreditar estos vicios.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuáles son las causales que pueden alegarse respecto del contenido del acta de liquidación bilateral del contrato estatal regido por el derecho privado? ¿Cuál es el alcance del contenido del acta de liquidación bilateral del contrato estatal regido por el derecho privado? ¿A quien le corresponde acreditar la existencia de vicios del consentimiento plasmados en las actas bilaterales para determinar su validez?
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

El recurso de reposición procede contra todos los autos interlocutorios dictados en el proceso contencioso administrativo, salvo norma legal restrictiva expresa.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-06-06 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 52001233300020180024501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de reposición es procedente contra el auto que niega el decreto de pruebas, por lo que la adecuación del recurso al de apelación fue una decisión equivocada por parte del Tribunal? Sí
El recurso de reposición procede contra todos los autos interlocutorios dictados en el proceso contencioso administrativo, salvo norma legal restrictiva expresa. La providencia analiza la actuación de un tribunal que había adecuado erróneamente un recurso de reposición interpuesto contra un auto denegatorio de pruebas testimoniales para tramitarlo como apelación. Al resolver el caso, el despacho superior aclara que, conforme al artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, la reposición es el mecanismo idóneo frente a cualquier auto que no cuente con una prohibición legal específica. Como el ordenamiento no restringe la procedencia del recurso de reposición frente a los autos que niegan decretar pruebas testimoniales solicitadas por las partes, se concluye que la adecuación procesal efectuada por el tribunal de primera instancia fue equivocada, restableciendo la competencia para tramitar el recurso interpuesto.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede el Consejo de Estado revisar la procedencia de un recurso interpuesto, incluso si fue concedido por el juez de primera instancia? ¿Es procedente decretar la inspección judicial únicamente cuando no sea posible demostrar los hechos por otros medios probatorios? ¿Debe confirmarse el rechazo de una solicitud probatoria cuando los documentos requeridos ya obran en el expediente por haber sido previamente decretados como prueba?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se realizará la audiencia inicial y se adoptarán las medidas que dispone la citada norma

Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada 2023-06-14 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 11001032600020140007000 LEY 1437 REPETICION
¿Procede la adecuación del proceso al trámite de sentencia anticipada en el caso concreto, en cuanto se configura el supuesto que consagra el numeral b del artículo 182A del CPACA, toda vez que se allegaron pruebas documentales, siendo innecesario realizar la audiencia inicial? Sí
Adecuación del proceso al trámite de sentencia anticipada. El Despacho dará aplicación a las modificaciones procesales a que hubiere lugar introducidas por la Ley 2080 de 2021 puesto que estas reformas prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación.… El proceso ingresó al Despacho para convocar a los sujetos procesales a la audiencia inicial que establece el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), sin embargo, el Despacho encuentra que se configura el supuesto que da lugar a dictar sentencia anticipada del numeral b del artículo 182A del CPACA toda vez que se allegaron pruebas documentales, no es necesario practicar pruebas y no existen situaciones que acarreen posibles nulidades o excepciones que deban ser resueltas.
También resuelve: ¿La fijación del litigio consiste en que el juez debe identificar y formular el problema jurídico a resolver en la sentencia? ¿Las decisiones judiciales se deben fundar en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, siendo relevante la regla de la carga de la prueba que establece el artículo 167 del CGP, esto…
DISPONE TRAMITE SENTENCIA ANTICIPADA
Consejo de Estado Providencia

Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994.

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020200029801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994? Sí
Las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y deben resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Constitución y en las normas del Código de Comercio y del Código Civil. La regla se sostiene en tres razones: el objeto de la entidad contratante es la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo que determina el régimen de sus procesos de selección; la ausencia de naturaleza de acto administrativo de las actuaciones precontractuales no impide que la jurisdicción conozca de la controversia, pues el medio de control de controversias contractuales se mantiene; y las pretensiones de incumplimiento y de liquidación judicial del contrato se deciden con las normas civiles y comerciales aplicables. Por ello, la controversia se analiza con esas normas y no con el Estatuto General de Contratación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos de esta regla.síntesis automática
También resuelve: ¿Logró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. demostrar que las dificultades presentadas durante la ejecución contractual obedecieron a circunstancias imprevisibles y ajenas a su… ¿Procede el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato solicitado con fundamento en las dificultades de ejecución derivadas de la falta de información sobre intervenciones de otras… ¿Procede el reconocimiento y pago de los denominados intereses negativos solicitados por la EAAB E.S.P. respecto de los recursos administrados mediante patrimonio autónomo…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Se confirmará la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2024-09-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020200034201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Ser probó la existencia de un vicio redhibitorio habilitante para reclamar perjuicios? Sí
El contratista puede reclamar perjuicios por la existencia de un vicio redhibitorio si demuestra que el defecto era oculto y no evidente a partir de la inspección del bien y su documentación, y que la entidad estatal, por su especialidad y experticia, debía conocerlo pero no lo hizo constar en el pliego de condiciones. La regla establece que el tradente debe manifestar todo vicio que conozca o deba conocer del bien en razón de su profesión u oficio, lo que implica que la entidad estatal incumplió su deber de buena fe al no advertir el defecto presente en el bien al momento de la celebración del contrato. Esta decisión reitera y matiza la responsabilidad del tradente en la identificación y manifestación de vicios ocultos, lo que implica que las entidades estatales deben ser más diligentes en la verificación y documentación de las características del bien antes de la adjudicación del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Es deber de conducta del tradente manifestar todo vicio que conozca o deba conocer del bien en razón de su profesión u oficio? ¿Los vicios redhibitorios son aquellos existentes pero ocultos para el adquirente, quien sin negligencia grave no tuvo como advertirlos? ¿La demandada discute su responsabilidad frente a los vicios encontrados posteriormente en el bien y su saneamiento, en tanto afirma que este se entregó en las mismas condiciones en que fue conocido…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Debe aplicarse al caso sub examine, la Ley 678 de 2001 porque el hecho dañoso origen de la condena ocurrió el 12 de noviembre

Sentencia — Sentencia 2023-10-04 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 18001233300020170011401 LEY 1437 REPETICION
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la Ley 678 de 2001 porque el hecho dañoso origen de la condena ocurrió el 12 de noviembre de 2009, por lo que, el demandante tiene que especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuye responsabilidad al servidor o ex servidor público demandado? Sí
En la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 rige el análisis del dolo o de la culpa grave solo respecto de los hechos ocurridos desde su vigencia y hasta su derogatoria, por el principio de irretroactividad. Si los hechos que originaron la condena son anteriores, continúa aplicándose la normativa previa, y si son posteriores, la ley rige la valoración del agente en lugar de las nociones generales del régimen anterior. La primera razón es la irretroactividad, que constituye la regla general. La segunda es la excepción de efectos retroactivos, que opera de manera excepcional. La tercera es la exigencia de precisar la presunción concreta que fundamenta la responsabilidad del servidor o exservidor demandado, lo que impide un análisis genérico de la conducta. La providencia confirma la decisión de primera instancia y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. En la práctica, cuando el hecho dañoso ocurre después de la vigencia de la ley, el demandante debe identificar la presunción que invoca desde la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede probarse el dolo o la culpa grave del funcionario público con la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado… ¿El demandado en condición de patrullero de la Policía Nacional incurrió en una conducta gravemente culposa por desconocimiento del manual de uso de las armas con sujeción a los principios de… ¿Las sentencias judiciales pueden probar los hechos que le sirvieron de fundamento?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 05001233100020110179702 ACCION DE REPETICION
¿En este caso, el derecho de accionar en repetición se ejerció en tiempo, esto es, dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo? Sí
El contratista puede ejercer la acción de repetición en tiempo, cumpliendo con los plazos establecidos en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, lo que garantiza la oportunidad del medio de control y evita la caducidad de la acción. La Sala determina que la acción se ejerció dentro del plazo legal, otorgando seguridad jurídica y estabilidad a las relaciones contractuales, al tiempo que se protege el interés general y se racionaliza el uso del aparato judicial. Este fallo reitera la jurisprudencia existente sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición, consolidando así la interpretación sobre la necesidad de cumplir con los plazos procesales para el ejercicio efectivo de este derecho.síntesis automática
También resuelve: ¿En el caso sub examine su cumplieron los primeros tres requisitos para la procedencia la acción de repetición, esto es, i) la obligación reparatoria a cargo del Estado… ¿El daño por el cual fue condenada la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, fue causado por algunos de los demandados a título de dolo… ¿El monto de la condena se cuantifica conforme el grado de participación del agente en la producción del daño, por lo que…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de una demanda

Sentencia — Sentencia 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 25000233600020180009301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de una demanda contra un acto administrativo proferido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, cuya pretensión económica supera los 300 SMLMV, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo proferido por una entidad pública del orden nacional, conforme al artículo 104 del CPACA, pues el objeto del litigio es la legalidad de ese acto. La regla se apoya en que la competencia se determina por la naturaleza pública de la entidad que expide el acto, y en que el Consejo de Estado resuelve la apelación de la sentencia del tribunal conforme a los artículos 150 y 152 del CPACA, vigentes a la fecha de radicación de la demanda, por la cuantía de la pretensión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, los actos de entidades públicas nacionales que afecten derechos económicos del administrado quedan sometidos al control de esta jurisdicción, y su apelación corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía lo exige.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es la vía judicial idónea para solicitar la nulidad del acto de adjudicación proferido dentro del proceso de selección abreviada por… ¿Una demanda presentada el 13 de diciembre de 2017 contra un acto administrativo notificado en estrados el 30 de mayo de 2017… ¿Están legitimadas en la causa por activa las sociedades que integran una unión temporal para demandar la nulidad del acto administrativo de adjudicación cuando participaron en el proceso de…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad.

Sentencia Perspectiva de Género — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020120047501 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad? Sí
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño proviene de un hecho, omisión, operación administrativa u otra actuación estatal distinta de un contrato o de un acto administrativo, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se sostiene en dos razones. Primera, la norma atribuye el medio a los daños causados por hechos distintos del contrato y del acto, y el daño reclamado proviene de hechos imputables a la administración de justicia y a una entidad de seguridad del Estado. Segunda, la caducidad constituye un presupuesto procesal que el juez debe verificar aun cuando no haya sido alegada, pues los plazos son perentorios y de orden público. La providencia reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de esta acción y el control oficioso de la caducidad. La consecuencia práctica es que, cuando el daño no se origina en un contrato ni en un acto, la vía procedente es la reparación directa, cuya oportunidad debe verificarse desde el inicio del proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad de la acción representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad? ¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales?
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