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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-10Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 50001233100020060051203ACCION CONTRACTUAL
¿Si la parte que pidió la prueba no cumple con el deber de consignar oportunamente los gastos periciales, se entiende que ya no tiene interés en la práctica de la prueba y desiste de esta? Sí
El juez declara formalmente el desistimiento tácito de la prueba pericial cuando la parte interesada omite consignar oportunamente los gastos correspondientes dentro del término procesal establecido por la ley. En este caso judicial específico, el Consejo de Estado confirma el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Meta que declaró el desistimiento tácito de la prueba, al recordar que las normas procesales son de orden público y perentorio cumplimiento, operando dicha consecuencia de pleno derecho sin requerir advertencia previa en el auto que fija los gastos.síntesis automática
También resuelve:¿La parte actora realizó equivocadamente la consignación y además no hizo ningún seguimiento para verificar que el débito del dinero se haya realizado y que la transferencia bancaria haya sido…¿La segunda transacción no se puede tener en cuenta porque se efectuó extemporáneamente cuando el plazo otorgado ya había fenecido?
¿Hay lugar a declarar la caducidad de la acción? Sí
El contratista no puede interponer una acción de repetición después de que caduque, lo que ocurre dos años después del día siguiente en que la entidad estatal debió haber pagado la condena, ya sea cuando efectúa el pago o cuando vence el plazo de 18 meses para hacerlo, según el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, la acción de repetición caducó el 28 de enero de 2009, dos años después del vencimiento del plazo de 18 meses para el pago de la condena, que expiró el 27 de enero de 2007. La solicitud de conciliación presentada por el contratista el 8 de septiembre de 2009 no suspendió el plazo de caducidad, ya que la acción ya estaba vencida en ese momento. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición, lo que implica que los contratistas deben ser cuidadosos con los plazos para interponer acciones legales.síntesis automática
También resuelve:¿El plazo de 18 meses que tenía la entidad demandada para el pago de la condena, se cumplió el 27 de enero de 2007?¿El término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-04-24Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233300020160024301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La compañía aseguradora presentó la “demanda adhesiva” cuando ya había vencido el término legal de dos años para emprender el medio de control de controversias contractuales? Sí
La presentación oportuna de la demanda por uno de los sujetos procesales no interrumpe el término de caducidad para que otro formule una demanda adhesiva, de modo que, si la intervención se presenta después del vencimiento del término bienal del medio de control de controversias contractuales, opera la caducidad y la intervención debe rechazarse. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el término de dos años es un plazo objetivo que se cuenta desde la notificación del acto y se extiende al día hábil siguiente cuando el último día no es hábil, sin depender de la actuación de otra parte. Segundo, la demanda oportuna de la parte principal no equivale a la presentación de la demanda adhesiva ni suspende la caducidad, conforme a la línea jurisprudencial citada en la nota de relatoría sobre el litisconsorte cuasinecesario. La providencia confirma el auto que rechazó la intervención; en la práctica, quien pretenda intervenir como litisconsorte debe presentar su demanda dentro del término de caducidad contado desde su propia oportunidad, sin acogerse a la demanda oportuna de otro sujeto procesal.síntesis automática
También resuelve:¿El término para presentar la demanda de controversias contractuales es de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de…¿La caducidad para demandar se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición si presenta la demanda fuera del plazo legal, configurándose la caducidad del derecho de acción. Según la jurisprudencia, el término para instaurar la demanda de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo que la administración tiene para pagar las condenas, lo que garantiza la seguridad jurídica y evita situaciones indefinidas en el tiempo. La Sala revoca la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y declara probada, de oficio, la excepción de caducidad, reiterando la importancia de cumplir con los plazos establecidos para el ejercicio de los medios de control, lo que implica la pérdida de la facultad de accionar y la imposibilidad de decidir sobre el fondo del asunto.síntesis automática
También resuelve:¿Las demandas de repetición debían instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o, a más tardar…¿La ley estableció unos plazos razonables con el propósito de que las personas acudan ante la jurisdicción, término que, en caso de vencerse…¿El proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-05Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 13001233300020170051801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los elementos probatorios obrantes en el expediente no evidencian la fecha en la que culminó el contrato? Sí
El contratista no puede acreditar la fecha en la que culminó el contrato ni la fecha en que el interventor recibió el objeto del contrato a su entera satisfacción, lo que impide determinar el inicio del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. Ante la insuficiencia probatoria, se aplican los principios pro actione y pro damato para garantizar el acceso a la administración de justicia, revocando la decisión que rechazó la demanda y ordenando la devolución del expediente para continuar el trámite del proceso, sin perjuicio de que en etapas posteriores se declare la caducidad si se encuentran elementos que la demuestren.síntesis automática
También resuelve:¿Esta Corporación conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos?¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?¿No se cuenta con los elementos suficientes para tener por probada la fecha de terminación del negocio jurídico?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición? Sí
El contratista no puede interponer una acción de repetición si la demanda se presenta después del término legal de caducidad, que comienza a correr dos años después del pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses para efectuar el pago, según lo establecido en la Ley 678 de 2001 y el Código Contencioso Administrativo. La entidad estatal debe pagar la condena dentro del plazo legal para evitar la caducidad de la acción, y si el pago se realiza fuera de este plazo, el término de caducidad comienza a contar desde la fecha límite del plazo legal. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y confirma que la interposición extemporánea de la demanda impide un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo que limita las opciones del contratista para obtener una resolución favorable.síntesis automática
¿El ejercicio del medio de control de repetición permite buscar la integridad del patrimonio público en los casos en que el Estado ha sido condenado a la reparación patrimonial de los daños antijurídicos originados en las conductas dolosas o gravemente culposas de sus agentes? Sí
El ejercicio del medio de control de repetición busca la integridad del patrimonio público cuando el Estado es condenado a reparar daños causados por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes, pero la caducidad es un presupuesto procesal que el juez debe declarar de oficio. La regla se apoya en que la caducidad garantiza la seguridad jurídica de los sujetos procesales y en que la carga de promover el litigio dentro del plazo corresponde a los interesados. Por ello, si la acción no se promueve en ese término, precluye la posibilidad de accionar. En el asunto, la Sala declaró de oficio la excepción de caducidad del medio de control de repetición y revocó la sentencia del tribunal. En la práctica, la entidad que pretende recuperar el pago debe verificar el término de caducidad antes de ejercer la acción, aunque la finalidad de proteger el patrimonio público sea legítima.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la declaración oficiosa de la excepción de caducidad del medio de control de repetición?¿Se configuró la caducidad de la acción?¿Los 18 meses que tenía la entidad para pagar se vencieron el 20 de mayo de 2016; sin embargo, ello apenas ocurrió hasta el 23 de marzo de 2018?
¿Se probó que la oferta del consorcio demandante habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, o que el Consorcio demandado no habría resultado adjudicatario en esa situación? No
Quien impugna un acto de adjudicación en un proceso de selección debe probar que su oferta habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, o que el adjudicatario no habría resultado seleccionado en esa situación, pues sin esa prueba no hay lugar a declarar la irregularidad de la adjudicación. Esta carga procesal se explica por dos razones. Una razón es que la adjudicación solo puede anularse si se demuestra que la selección desconoció la oferta más favorable, y la mera prueba del rechazo de la propuesta no basta para establecer ese orden. Otra razón es que el consorcio demandante concentró sus pruebas en demostrar el rechazo sin justificación y el cuantum de los perjuicios, sin aportar elementos sobre la calificación técnica de las propuestas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda, y la conciliación aprobada y el dictamen sobre perjuicios no suplieron esa falta de prueba. Su consecuencia práctica es que el proponente que reclama la adjudicación debe demostrar, con la evaluación técnica, que su oferta era la mejor calificada.síntesis automática
También resuelve:¿El consorcio demandante cumplió con la carga de probar que su oferta era la mejor para la entidad?¿El demandante probó que su oferta era la mejor de conformidad con la fórmula establecida en el pliego?¿Una vez celebrado el contrato sin que se hubieran enjuiciado los actos previos, estos sólo eran demandables en ejercicio de la acción de controversias contractuales?
¿El demandante para probar el elemento subjetivo únicamente allegó las sentencias de nulidad y restablecimiento las cuales no tienen la virtud de acreditarlo? Sí
Las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho no acreditan por sí mismas el elemento subjetivo de la acción de repetición, pues la demostración de la culpa grave o del dolo del agente debe fundarse en su propia conducta y en las circunstancias que la rodearon. Una razón es que en el caso la supresión del cargo se adoptó mediante decreto aprobado por un comité de evaluación de oficios, que verificó el cumplimiento de los requisitos legales, de modo que la decisión administrativa tenía respaldo institucional distinto de la conducta individual del agente. Otra razón es que las sentencias que anularon esa supresión decidieron sobre la legalidad del acto, pero no describen un comportamiento doloso o gravemente culposo del servidor. Por ello el demandante no logró probar el elemento subjetivo y la Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la entidad que repite debe aportar pruebas directas de la conducta del servidor, y no basta con acreditar la existencia de una nulidad previa.síntesis automática
También resuelve:¿ De las sentencias de nulidad y restablecimiento se puede concluir que la actuación del demandado hubiera estado provista de dolo?¿En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo se deberá repetir contra él?¿Es posible en este caso adoptar la decisión con base en las consideraciones de la sentencia de nulidad y restablecimiento?
¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve:¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama?¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática?¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento? Sí
El término de caducidad de la acción de nulidad absoluta de un contrato estatal celebrado bajo el régimen anterior es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que la fundan, y que el juez debe declararla de oficio cuando la demanda se presenta por fuera de ese término. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, para la suscripción y la inscripción del contrato en el registro minero, la norma aplicable era el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989. Segunda, la nulidad absoluta se configura por la transgresión de disposiciones que regularon la formación del negocio o sus requisitos esenciales, de modo que el plazo corre desde esos motivos. Tercera, la demanda se radicó después de vencidos los dos años, lo que la hace extemporánea. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara de oficio la caducidad. La consecuencia práctica es que la pretensión de nulidad absoluta debe presentarse dentro de los dos años contados desde el vicio que la sustenta.síntesis automática
También resuelve:¿Es claro que en esta oportunidad la CAR ejerció el derecho de acción cuando ya se había vencido el plazo de la caducidad?¿Solo se vinculó a la litis a la sociedad minera a pesar de que los titulares del contrato minero eran varias personas?¿La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca puede demandar la nulidad de un contrato minero cuando este se superponga con áreas de especial protección ambiental de su jurisdicción?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-10-10Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 13001233300020160072101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se confirma el auto proferido por el Tribunal mediante el cual declaró no probada la excepción de caducidad del medio de control? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, el término de caducidad de la acción sobre un contrato que requiere liquidación comienza a correr al día siguiente de la firma del acta de liquidación bilateral, y que la solicitud de conciliación extrajudicial suspende ese término hasta la constancia de no conciliación, conforme al artículo 21 de la Ley 640 de 2001. Una razón es que la causa del daño, consistente en la mayor permanencia en obra y los sobrecostos, se produjo como salvedad a la liquidación bilateral, de modo que el término se cuenta desde la firma de esa acta y no desde la ocurrencia del daño. Otra razón es que la conciliación extrajudicial que se presentó dentro del término suspendió su curso, y la constancia de no conciliación se expidió con posterioridad, de manera que la demanda presentada el día siguiente a esa constancia fue oportuna. En el caso, el Consejo de Estado confirmó el auto del tribunal que declaró no probada la excepción de caducidad. Su consecuencia práctica es que la salvedad incluida en el acta de liquidación bilateral no alarga el plazo, y que la conciliación prejudicial solo suspende la caducidad mientras se tramita.síntesis automática
También resuelve:¿Desde la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato fue que el demandante tuvo conocimiento del daño por el cual reclama en la demanda?¿Tratándose de contratos que se rigen por el derecho privado las partes no pueden atribuirse la facultad de efectuar la liquidación unilateral del negocio jurídico?¿Los contratantes pactaron cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato así como en los documentos del proceso de selección?
¿La entidad demandante realizó un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave de la demandada? No
La entidad demandante no realiza un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave del servidor público, toda vez que limita su demanda a pedir la declaratoria de responsabilidad con base en sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, sin aportar pruebas del actuar irregular de los servidores públicos. La figura de la repetición no pretende imponer cargas desproporcionadas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, por lo que su procedencia requiere acreditar con suficiencia que la intervención de los funcionarios en la ocurrencia de daños antijurídicos fue premeditada, negligente o manifiestamente imprudente. En este caso, la Auditoría General de la República no demostró la culpa grave del servidor público y se acreditó que la declaratoria de insubsistencia fue adoptada en uso de sus facultades y precedida de un comportamiento diligente, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Las decisiones de la entidad pública demandada fueron debidamente razonadas y su propósito fue preservar los principios que rigen la función pública?¿La declaratoria de insubsistencia se produjo por la pérdida de confianza en la funcionaria, derivada de unos hechos que evidenciaban su falta de integridad?¿La declaratoria de insubsistencia de la servidora fue una decisión que se adoptó con la debida diligencia y cuidado?
¿Existe base probatoria para calificar el actuar médico como doloso o gravemente culposo y así sustentar el juicio de repetición? No
La condena al Estado por falla del servicio médico no basta para calificar la conducta del médico como dolosa o gravemente culposa en la acción de repetición, y que corresponde al demandante demostrar fehacientemente ese elemento subjetivo. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la materialización de un daño antijurídico imputable al Estado como ente abstracto no implica por sí misma dolo o culpa grave en cabeza del agente individualizado. Segunda, la entidad no controvirtió eficazmente el dictamen pericial decretado ni solicitó prueba directa para demostrar la culpa grave que atribuía al facultativo. Tercera, la institución hospitalaria cambió de criterio sobre la conducta del médico después del fallo condenatorio, lo que restó capacidad suasoria a sus afirmaciones, y ninguna prueba acreditó un reproche subjetivo en la atención brindada. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que la entidad que repite contra un médico debe aportar prueba directa y técnica de la culpa grave, sin apoyarse solo en la condena previa por falla del servicio.síntesis automática
También resuelve:¿El extremo demandante tiene la carga de demostrar fehacientemente el dolo o la gravedad de la culpa del servidor contra quien pretende repetir?¿El cuadro clínico del paciente exteriorizó signo de focalización que demostrara deterioro neurológico de relevancia?¿El testimonio del médico general constituye un medio de convicción idóneo y útil para demostrar la configuración de una conducta gravemente culposa endilgada al demandado por la atención clínica…
¿La parte actora cumplió con la carga de probar la conducta dolosa y/o gravemente culposa del demandado en repetición? No
En la acción de repetición, la parte actora debe probar el dolo o la culpa grave del demandado, porque la carga de demostrar el supuesto de hecho de la norma corresponde a quien pretende el efecto jurídico que ella consagra. La regla se apoya en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que atribuye a las partes la prueba de los supuestos de hecho que invocan, de modo que el elemento subjetivo que se alega requiere prueba concreta. Por ello, la omisión de esa prueba impide establecer uno de los elementos estructurales de la acción de repetición, sin que el juez pueda suplirla con inferencias. En el asunto, la demandante no probó la conducta dolosa o gravemente culposa del demandado, y la Sala confirmó la sentencia del tribunal que negó las pretensiones. En la práctica, la entidad que repite debe aportar la prueba del elemento subjetivo y no puede sustituirla con afirmaciones.síntesis automática
También resuelve:¿Existe prueba que indique que la actuación del demandado fue dolosa y/o gravemente culposa?¿La copia de la conciliación extrajudicial y el auto que la aprobó por sí solos acreditan que la conducta del entonces contralor fue dolosa o gravemente culposa?¿La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o exagente del Estado fue dolosa o gravemente culposa?
Sentencia — Sentencia2023-06-28Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020220019600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación tiene por objeto única y exclusivamente el estudio de posibles errores procesales? Sí
El recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral tiene por objeto únicamente el estudio de posibles errores procesales, de modo que no permite revisar los criterios, las valoraciones probatorias ni las interpretaciones que el tribunal arbitral hizo de la materia controvertida. La regla se apoya en el inciso final del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, que margina expresamente esos aspectos del alcance del recurso. Además, el cargo que reprocha la motivación con que el tribunal resolvió un punto de la controversia desnaturaliza la finalidad de la anulación y no puede prosperar por esa vía. En el asunto, el cargo planteaba un reproche a la motivación del tribunal, y la Sala lo despachó desfavorablemente y no encontró configurada la causal del numeral 2 del artículo 41. En la práctica, las críticas de fondo al laudo deben formularse por la vía que la ley ofrece para ellas y no por el recurso de anulación.síntesis automática
También resuelve:¿Como a juicio de la convocante, la demanda se presentó oportunamente, resulta claro que este punto no podrá ser objeto de análisis en sede del recurso de anulación por considerarse como un vicio in…¿La causal de anulación por la caducidad de la acción fue instituida con el fin de garantizar la seguridad jurídica en cabeza de las partes del litigio?¿En opinión del recurrente, la visita buscaba determinar si el contratista cumplió con la totalidad de las observaciones formuladas por el municipio de Garagoa frente a la entrega de la obra?
¿La causa adecuada del daño, accidente de tránsito entre particulares, provino de una conducta ajena al Estado? Sí
El contratista no puede imputar al Estado la responsabilidad por lesiones físicas causadas en un accidente de tránsito entre particulares, ya que la causa adecuada del daño provino de una conducta ajena al Estado, específicamente del conductor de un vehículo que actuó imprudentemente al no respetar la prelación de paso y no tomar las precauciones debidas al cruzar una intersección, lo que resultó en un choque con una motocicleta. La entidad estatal no incurrió en ninguna omisión que contribuyera a la ocurrencia del accidente, y el hecho del tercero fue tanto imprevisible como irresistible para la Administración, por lo que no se configura la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado en casos de accidentes de tránsito, estableciendo que el daño debe ser consecuencia directa de una falla del servicio o de una omisión estatal para que se configure la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Se probó la falla del servicio imputada al municipio de Villamaría?¿El accidente se produjo por el hecho del tercero consistente en el actuar del conductor de la camioneta?¿Los reductores de velocidad son señales preventivas que deben instalarse en zonas en donde se requiera detener completamente el vehículo o disminuir la velocidad?
¿Se configuró la caducidad de la acción contractual? Sí
El contratista no puede presentar una demanda de controversias contractuales fuera del término de caducidad, que comienza a correr desde el día siguiente en que tuvo conocimiento del incumplimiento del contrato de seguro, tal como ocurrió en este caso el 6 de mayo de 2008. La caducidad se suspende durante la conciliación prejudicial y reanuda su cómputo una vez finalizado el plazo de tres meses, venciendo el 9 de agosto de 2010, fecha en la cual la demanda presentada el 26 de agosto de 2010 resultó extemporánea. La Sala declara la caducidad de la acción contractual, reiterando que este es un presupuesto procesal y una norma de orden público que no puede ser desatendida, lo que implica revocar la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es cierto que el hospital conoció que el vehículo no pasó por un banco de enderezamiento de chasis solamente hasta que el taller informó que el impacto fue leve y no fue necesario el banco chasis?¿El término de caducidad del contrato de seguro deberá contarse a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento?¿La prescripción de la acción derivada del contrato de seguro se refiere a la efectividad de la póliza y la cobertura del riesgo asegurado?
¿Se demostró en que los exagentes demandados desconocieron normas de derecho en el proceso de reestructuración administrativa? No
La presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 no se configura cuando no se demuestra que el agente desconoció normas de derecho en el proceso que precedió al acto, de modo que la entidad que promueve la repetición debe probar la infracción normativa que imputa al agente. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la falta de un documento en los archivos de la entidad no basta por sí sola para demostrar la omisión de un informe técnico cuando la prueba testimonial y documental acredita que existió y que fue socializado entre directivos de varias dependencias. Segundo, si no se demuestra la infracción del artículo 41 de la Ley 443 de 1998, norma de carrera vigente al momento de los hechos, no se establece la conducta que da origen a la presunción. La providencia confirma la sentencia de primera instancia; en la práctica, la acción de repetición fundada en culpa grave exige acreditar la norma de derecho desconocida y el momento en que se incurrió en ella.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento del Huila adelantó un proceso de reestructuración de la planta de personal de la entidad?¿A los empleados de carrera de los cargos suprimidos se les planteó las opciones de reubicación e indemnización?¿El demandado tiene el deber de atacar la presunción y le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que la configura?
¿Se incumple el contrato –que se rige por el derecho privado– cuando el contratante lo termina unilateralmente al encontrar configurada una causal de nulidad prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993? No
Como el régimen del contrato n°. ALC-042 es el derecho privado, el Municipio de Puerto Berrío no podía darlo por terminado por nulidad absoluta prevista –causal de terminación prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993–. Esta terminación configura un incumplimiento de lo pactado, pues la conducta de la entidad demandada contravino la fuerza normativa del pacto que deviene de la autonomía de la voluntad (art. 1602 CC).
También resuelve:¿Se probó que la demandante realizó las inversiones y las actividades previstas en el plan de optimización?¿Si lo recaudado por concepto de tarifa no era suficiente, el operador debía gestionar créditos para obtener los recursos para prestar el servicio?¿Se establecerán los valores adeudados entre las partes hasta la terminación del contrato?