Titulación de la relatoría 34.483 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Problema jurídico:
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86 de Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PLAZO
Problema jurídico:
¿La caducidad es un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, ver, Corte Constitucional, sentencia C-394 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; sentencia C-574 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell; sentencia C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; Así mismo, consultar, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de febrero de 2006, exp.6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres y sentencia del 30 de enero de 2013.
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / REPARACIÓN DIRECTA POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA / DEMANDA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA / MORA JUDICIAL / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / PLAZO / DAÑO / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / BIEN INMUEBLE / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVA / PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / FUERA DEL TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿Debe declararse de oficio la caducidad de la acción de reparación directa por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el caso sub examine, puesto que la demanda se presentó de forma extemporánea?
Respuesta al problema jurídico: Si
Tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante. (…) En el caso sub examine se estima que frente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial el derecho de acción no se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años, teniendo en cuenta: i) que el 7 de diciembre de 2007, la demandante conoció de dicho daño, pues ese día el Inspector 1 de Policía de Montería le entregó el inmueble en virtud de la orden dictada por el Juzgado 3 Civil Municipal de Montería en providencia del 2 de noviembre de 2007; ii) que la demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 22 de marzo de 2011, la cual se declaró fallida el 13 de junio de 2011, y iii) que la demanda se presentó el 28 de abril de 2011.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JURISDICCIONAL / ERROR JURISDICCIONAL / ERROR JUDICIAL / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVA / PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Debe declararse la caducidad de la acción de reparación directa por error jurisdiccional en el caso sub examine, teniendo en cuenta que, la demanda se presentó de forma oportuna?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de un error judicial el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el aludido yerro. (…) De otra parte, se observa que el derecho de accionar sí se ejerció en tiempo frente al error jurisdiccional alegado contra la providencia del 17 de abril de 2009, proferida por el Juzgado 1 Civil del Circuito de Montería, teniendo en cuenta: i) que dicho proveído quedó ejecutoriado el 4 de mayo de 2009, de conformidad con lo establecido en el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, ii) que la demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 22 de marzo de 2011, la cual se declaró fallida el 13 de junio de 2011; y iii) que la demanda se presentó el 28 de abril de 2011.
NOTA DE RELATORÍA:
Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 17493, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; auto del 9 de mayo de 2011, exp. 40196, C.P.J Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 27 de enero de 2012, exp. 22205, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera y sentencia del 17 de abril de 2009.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO 1400 Y 2019 DE 1970 - ARTÍCULO 331
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN POR PASIVA / RESTITUCIÓN DE LA TENENCIA DEL BIEN / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / ERROR JURISDICCIONAL / ERROR JUDICIAL / CANON DE ARRENDAMIENTO / PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO / NACIÓN / RAMA JUDICIAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Existe legitimación en la causa por activa de la demandante en cuanto fungió como parte del proceso de restitución de tenencia que versaba sobre un contrato de arrendamiento suscrito por ella, al igual que, se encuentra legitimada, en cuanto a través de la providencia que se acusa de error judicial, no se le reconoció el pago de los cánones de arrendamiento y de la cláusula penal pactados en el contrato de arrendamiento, así como tiene legitimación en la causa por pasiva la Rama Judicial dado que es la entidad que profirió la sentencia objeto de reproche?
Respuesta al problema jurídico: Si
Legitimación en la causa. (…) está legitimada en la causa por activa, pues fungió como parte en el proceso de restitución de tenencia promovido por (…) que versaba sobre un contrato de arrendamiento suscrito por ella. De igual forma se encuentra legitimada, por cuanto mediante providencia del 17 de abril de 2009, la cual se acusa de contener un error jurisdiccional, el Juzgado 1 Civil del Circuito de Montería se abstuvo de reconocerle el pago de los cánones de arrendamiento y de la cláusula penal pactados en el contrato de arrendamiento que suscribió con (…), según da cuenta copia auténtica del proceso con el número de radicado 2008-00200-12. (…) La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, toda vez que el Juzgado 1 Civil del Circuito de Montería profirió la providencia del 17 de abril de 2009, la cual es objeto de reproche.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 25 de septiembre de 2013, exp. 20420, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / IMPUTACIÓN / PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS / REPARACIÓN DEL DAÑO
Problema jurídico:
¿Para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado, deben acreditarse sus elementos, es decir, la existencia de un daño antijurídico y la imputación del mismo, esto con el fin de solicitar su indemnización, el cual requiere ser proporcional al daño sufrido, lo que conlleva a la aplicación de los principios neminem laedere e igualdad ante las cargas públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. (…) [V]erificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO
Problema jurídico:
¿El daño antijurídico es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere?
Respuesta al problema jurídico: Si
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el asunto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000, exp. 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia del 11 de noviembre de 1999, exp. 11499, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez y sentencia del 27 de enero de 2000, exp. 10867, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / IMPUTACIÓN / CONCEPTO DE IMPUTACIÓN / DAÑO ANTIJURÍDICO
Problema jurídico:
¿La imputación es la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el daño especial, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el asunto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, exp. 36386, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JUDICIAL / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ERROR JUDICIAL / INEXISTENCIA DEL ERROR JUDICIAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL / ERROR JURISDICCIONAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / NORMATIVA DEL ERROR JURISDICCIONAL / NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / CONCEPTO DE ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DEL ERROR JUDICIAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PROVIDENCIA JUDICIAL / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO / MEDIOS DE PRUEBA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / TERCERA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA / ERROR JUDICIAL FÁCTICO / ERROR DE HECHO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO / CANON DE ARRENDAMIENTO / PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / RECURSO JUDICIAL / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / DEMANDA DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO / ARRENDADOR / BIEN INMUEBLE / DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA / DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD / COSA JUZGADA / PRINCIPIO DE COSA JUZGADA / DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO
Problema jurídico:
¿La providencia del 17 de abril de 2009 proferida por el Juzgado 1 Civil del Circuito de Montería incurrió en un error jurisdiccional o judicial por desconocimiento de la normatividad vigente para el momento en que se fallo la misma?
Respuesta al problema jurídico: No
En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996 (…) La mencionada normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad (…) En otras palabras, esta fuente de responsabilidad se refiere a aquellos yerros emanados de una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos transitoriamente de la función de impartir justicia en un proceso determinado, que se materializan en una providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual se interpreta, se declara o se hace efectivo un interés o derecho subjetivo y que causa un daño antijurídico al destinatario de la decisión, pues de haberse dictado conforme al ordenamiento jurídico, el resultado hubiera sido adecuado y no habría causado la afectación patrimonial que se pretende resarcir en el juicio de responsabilidad. (…) Por otra parte, el legislador en el artículo 67 de la ley 270 de 1996 dispuso una serie de requisitos para la procedencia de esta fuente de responsabilidad, a saber: (i) que el afectado haya interpuesto los recursos de ley contra la providencia que se reputa contener el error y; (ii) que dicha decisión judicial haya cobrado firmeza. Lo anterior se traduce en que la persona que persiga la responsabilidad del Estado con fundamento en ese título de atribución, para poder reclamar la responsabilidad producto de una decisión judicial errónea, debe haber presentado oportunamente los recursos ordinarios procedentes para controvertir la providencia a la que se le atribuye el error y debe haber certeza de que la manifestación judicial acusada es inmodificable por haber cobrado firmeza, pues, en caso de no haberse controvertido aquella, el daño se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la propia víctima que ahora busca el resarcimiento de los efectos patrimoniales nocivos que la disposición del juez le pudo haber causado o, podría considerarse que el daño que pudo haber producido es apenas eventual. Así las cosas, la ley prevé que cuando tales decisiones implican resultados sin razón legalmente válida, la misma no esté soportada en pruebas debidamente recaudadas, se aleje de los cánones procesales, sea el resultado o se dicte bajo el amparo de una violación al debido proceso o signifique una vía de hecho y que aquella no pueda además ser corregida por los medios y recursos ordinarios idóneos en el proceso, se califiquen de error judicial y se ordene la indemnización de los perjuicios que tal equívoco causó, cuando adicionalmente se encuentren acreditados en el proceso todos los demás elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado. Empero, tal error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia judicial, pues este debe surgir de una conducta carente de fundamento objetivo, debe significar la vulneración de derechos o intereses subjetivos y ser contraria al ordenamiento jurídico. Es por ello que el error jurisdiccional contenido en la providencia debe ser determinante para el proceso y para los intereses de las partes y nunca podrá convertirse en una instancia adicional del proceso , por lo que el juez deberá verificar si la decisión controvertida se encuentra jurídicamente motivada y probatoriamente sustentada, para luego, en virtud de lo preceptuado en el artículo 90 constitucional y en la Ley 270 de 1996, determinar si el Estado está obligado a responder patrimonialmente por el daño antijurídico que la decisión de uno de sus jueces causó, previa comprobación de los demás elementos estructurales de la responsabilidad patrimonial del Estado. No se trata pues, el juicio que busca declarar la existencia de responsabilidad de los administradores de justicia por las decisiones erróneas que estos dicten en desarrollo de sus atribuciones judiciales, de una tercera instancia del juicio en el cual se dictó la decisión lesiva, ni de evitar que la misma cobre firmeza, destruir su fuerza obligatoria para sus destinatarios, así como tampoco de levantar el estado de cosa juzgada sobre el proceso en la cual se produjo, ni de sustituir la decisión errónea por una más acertada, pues en el sistema legal colombiano para ello existen otros mecanismos judiciales apropiados. En cambio, se trata, como se deduce del texto legal que define la figura, de verificar si la providencia reputada de contener el error produjo consecuencias patrimoniales adversas para los destinatarios de esa decisión judicial y que no les corresponde asumir, así como hacer la imputación de tales daños a la administración de justicia bajo cuyo amparo y en ejercicio de las potestades estatales se dictó la decisión errada. De igual manera, y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, este error puede ser de carácter fáctico o sustantivo, esto es, puede enmarcarse en una equivocación entre la realidad procesal y la decisión judicial, o residir en la aplicación distorsionada del derecho. Es así que se puede presentar, entre otros casos, cuando la autoridad, en ejercicio de funciones jurisdiccionales: i) no valoró un hecho debidamente probado, que era fundamental para adoptar una decisión de fondo; ii) consideró que un hecho era fundamental, cuando realmente no lo era; iii) no decretó una prueba conducente para determinar un hecho relevante y solucionar el caso concreto; iv) adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que era falso; v) aplicó una norma que no era aplicable al caso concreto; vi) dejo de aplicar una norma que era necesaria para solucionar la litis; vii) aplicó una norma inexistente o derogada o; viii) actuó sin competencia. Asimismo, y en punto del régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error jurisdiccional, es dable aclarar que este es un título de atribución de responsabilidad de carácter subjetivo que impone la carga a la parte demandante de indicar en que consiste el aludido yerro y demostrar, además del error jurisdiccional, el daño y la imputación fáctica y jurídica frente al Estado, ante lo cual, la parte demandada, para eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional, una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los elementos que componen el juicio de responsabilidad patrimonial. (…) En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la merma patrimonial sufrida por la demandante con ocasión de lo dispuesto en la providencia del 17 de abril de 2009, proferida por el Juzgado 1 Civil del Circuito de Montería, en la cual no se condenó a la arrendataria, (…), a pagarle los cánones de arrendamiento y la cláusula penal establecida en el contrato de arrendamiento que habían suscrito, frente a lo cual se alega un error jurisdiccional. (…) Ahora, según el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, para que sea procedente reclamar indemnización de perjuicios por un error jurisdiccional, el afectado debe haber interpuesto los recursos de ley contra dicha providencia y ésta debe encontrarse en firme. Bajo el anterior contexto, se observa que en el sub lite se cumplen los presupuestos generales para estudiar la eventual configuración de un error jurisdiccional frente a la providencia del 17 de abril de 2009, proferida por el Juzgado 1 Civil del Circuito de Montería, toda vez que el proveído que se acusa de contener el yerro judicial se encuentra en firme y a su vez, se evidencia que contra el mismo no procedía recurso alguno por tratarse de una decisión de segunda instancia. (…) Pues bien, en el caso sub examine se alega que la sentencia del 17 de abril de 2009 incurrió en un error jurisdiccional, porque i) inobservó el numeral 10 del artículo 408 del Código de Procedimiento Civil, por medio del cual se establece el reconocimiento de indemnizaciones a que hubiere lugar en los procesos de “restitución de inmueble arrendado”; ii) desconoció el numeral 3, del parágrafo 2, del artículo 424 ibidem, que dispone la obligación para el arrendatario de consignar los cánones adeudados de arrendamiento para ser oído en el proceso de “restitución de inmueble arrendado”; y iii) se apartó de lo dispuesto en el artículo 426 ejusdem, por medio del cual se establece la aplicación de normas de restitución de tenencia en los eventos en el que es el arrendatario quien presenta la demanda para que el arrendador le reciba la cosa arrendada. (…) Pues bien, frente al primer cargo, consistente en que la sentencia del 17 de abril de 2009, proferida por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Montería, incurrió en un error jurisdiccional, porque inobservó el numeral 10 del artículo 408 del Código de Procedimiento Civil que, a juicio de la actora, establece el reconocimiento de indemnizaciones en los procesos de “restitución de inmueble arrendado”, se observa que dicha norma solamente enlista los asuntos sujetos a trámite mediante el proceso abreviado, sin que de ello pueda concluirse que existió un desconocimiento de indemnizaciones a que hubiere lugar en los procesos de restitución de tenencia.(…) Según lo expuesto, se advierte que la sentencia del 17 de abril de 2009 no inobservó el numeral 10 del artículo 408 del Código de Procedimiento Civil, pues dicha norma no concedía ningún tipo de indemnización a favor del arrendador y, como se expuso, se limitaba a hacer una lista de procesos abreviados, sin que de ello pueda concluirse que el proveído acusado contravino dicha norma al no haber concedido la aludida indemnización a favor de la demandante. Ahora, frente al segundo cargo, consistente en que la sentencia acusada desconoció el parágrafo 2, del artículo 424 ibidem que dispone la obligación del arrendatario de consignar los cánones de arrendamiento adeudados para ser oído en el proceso de “restitución de inmueble arrendado”, es preciso señalar que en el caso de autos (…) arrendataria fue quien presentó demanda de restitución de tenencia pretendiendo la entrega del mencionado bien a su arrendadora, así como la nulidad del contrato de arrendamiento. (…) [E]s dable concluir que si el arrendatario no efectúa los pagos puede dejar de ser escuchado en el proceso, porque así lo dispone el parágrafo 2 del artículo 424 del C.P.C. Ello es así, porque la norma busca que el arrendatario que actúe como demandado o como demandante, pague la renta mientras siga con la tenencia del bien. (…) En el caso en concreto se evidencia que (…) no había incumplido el pago de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento para el momento en el que abandonó el inmueble por “encontrarse en mal estado” 5 de marzo de 2006, según da cuenta el recibo de pago de (…) del 28 de febrero de 2006 por suma de $1.600.000, por los meses de febrero y marzo de 2006 (…) En consecuencia, la limitación establecida en el parágrafo 2° del artículo 424 del C.P.C., relacionada con el pago de los cánones arrendados para poder ser oída en el proceso no era aplicable a (…), pues para el 27 de marzo de 2006, fecha en la que presentó la demanda de restitución de tenencia, había desocupado el inmueble y no presentaba retardo en el pago de los cánones de arrendamiento. Así las cosas, se advierte que no asiste razón al extremo activo cuando afirma que se desconoció lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 424 ibidem, pues, como se expuso, Patricia Carolina Rodríguez Salazar se encontraba al día en sus obligaciones contractuales para el momento en el que abandonó el inmueble arrendado y, en consecuencia, no tenía ninguna limitación para ejercer su derecho de acción. Es de aclarar que la demanda de restitución de tenencia presentada por la arrendataria, (…), versaba solamente sobre la entrega del mencionado bien y sobre la nulidad del contrato de arrendamiento. Asimismo, el parágrafo 2, del artículo 424 del C.P.C. no establece una indemnización para el arrendador. Por ello, este cuestionamiento tampoco tiene vocación de prosperar. Finalmente, frente al tercer cargo, consistente en que la providencia del 17 de abril de 2009, proferida por el Juzgado 1 Civil del Circuito de Montería se apartó de lo dispuesto en el artículo 426 ejusdem , se evidencia que la demandante no formuló ningún reparo sobre esta norma y la Sala no advierte cómo ésta pudo afectarla, pues se evidencia que en el proceso de “restitución de tenencia” se cumplió con el objeto pretendido, esto es, entregar el bien a su propietario. Por ello, lo pretendido en este reparo tampoco está llamado a prosperar. Lo que observa la Sala, luego de analizar lo pretendido por la actora, es que ésta busca utilizar como tercera instancia el medio de control de reparación directa sin el debido uso que se le debe dar cuando se demanda al Estado por error jurisdiccional, pues busca controvertir nuevamente la decisión del 17 de abril de 2009, proferida por el Juzgado 1 Civil del Circuito de Montería, que fue adversa a sus intereses. A propósito, esta Subsección ha señalado que el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene ni puede tener- la vocación de constituirse en una instancia adicional, a las tramitadas dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a la providencia judiciales a las cuales se le endilga la producción del daño antijurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia del 28 de septiembre de 2015, exp. 33733, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, exp. 14837, C.P. Alier Eduardo Hernández; sentencia del 23 de abril de 2008, exp. 16271, C.P. Ruth Stella Correa; sentencia del 21 de noviembre de 2017, exp. 39515, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, exp. 14837, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de julio de 2012, exp. 22581, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 17 de noviembre de 2011, exp. 250002326000 1997 05238 01 (22982), C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 6 de junio de 2012, exp. 250002326000 1997 15324 01 (24690), C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 27 de junio de 2013, exp. 250002326000 2001 02345 01 (28189), C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 29 de enero de 2014, exp. 250002326000 2000 02527 01 (28215), C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 12 de febrero de 2014, exp. 250002326000 2001 00349 02 (28428), C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 250002326000 2001 02368 01 (29540), C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 1° de octubre de 2014, exp. 250002326000 2000 01292 01 (27862), C.P. Hernán Andrade Rincón; Sentencia del 12 de febrero de 2015, exp. 250002326000 2000 02235 02 (28482), C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia del 23 de octubre de 2017, exp. 25000-23-26-000-2009-01042-01(49493), C.P. Hernán Andrade Rincón. Así mismo, ver, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, exp. 11001-02-03-000-2017-02559-00; sentencia de tutela del 27 de septiembre de 2017; sentencia del 28 de abril de 2017, exp. 110001-22-03-000-2017-00450-01; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de tutela del 27 de septiembre de 2017, exp. 11001-02-03-000-2017-02559-00 y sentencia del 28 de abril de 2017, exp. 110001-22-03-000-2017-00450-01.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 1400 Y 2019 DE 1970 - ARTÍCULO 408 NUMERAL 10, DECRETO 1400 Y 2019 DE 1970 - ARTÍCULO 424 NUMERAL 3 PARÁGRAFO 2, DECRETO 1400 Y 2019 DE 1970 - ARTÍCULO 426, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 65,66,67,68 Y 70
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DAÑO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Para verificar si existe responsabilidad patrimonial del Estado, es necesario analizar de forma ordenada los elementos que la conforman, es decir, el daño antijurídico y su imputación frente al Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y ii) su imputación frente al Estado. Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad patrimonial de la Administración.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre este aspecto, ver, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. sentencia del 13 de agosto de 2008, exp. 16516, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 6 de junio de 2012, exp. 24633, C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia del 5 de marzo de 2020, exp. 50264, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Así mismo, consultar, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril de 1968, M.P. Antonio Moreno.