Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →

INDICIO GRAVE

15 documentos encontrados
Ordenar:
Atención: tienes 1 filtro marcado Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Consejo de Estado Providencia

¿La conducta de no contestar la demanda es suficiente para acreditar el elemento subjetivo del medio de control de repetición?

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 68001233300020220057201 LEY 1437 REPETICION
¿La conducta de no contestar la demanda es suficiente para acreditar el elemento subjetivo del medio de control de repetición? No
El contratista no acredita el elemento subjetivo del medio de control de repetición simplemente por no contestar la demanda, ya que esta conducta debe ser valorada por el juez como un indicio grave, pero no como un allanamiento a las pretensiones. La entidad estatal no puede ser condenada basándose únicamente en esta omisión, ya que se requiere un análisis más profundo para establecer la causalidad y la culpa grave del agente estatal. La Sala confirma la decisión de negar las pretensiones de la demanda, reiterando que el proceso de repetición debe hacer un juicio objetivo y subjetivo sobre el agente o ex agente del Estado para determinar si su comportamiento es la causa adecuada del daño.síntesis automática
También resuelve: ¿El proceso de repetición está para hacer un juicio objetivo y subjetivo sobre el agente o ex agente del Estado y para determinar si dicho comportamiento es la causa adecuada del daño? ¿No se demostró el elemento subjetivo ni el nexo de causalidad entre la supuesta omisión del demandado y la condena? ¿El tribunal al analizar la conducta que se alegó en la demanda, consideró que el municipio no acreditó la omisión en que incurrió el demandado?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado

Sentencia — Sentencia 2026-08-24 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020160077002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado, como Ecopetrol S.A., pactar cláusulas de terminación y liquidación unilateral de los contratos, sin que su ejercicio constituya el uso de potestades excepcionales de la administración ni dé lugar a la expedición de actos administrativos? Sí
Una entidad estatal sometida por ley especial a un régimen exclusivamente privado puede pactar en el contrato cláusulas de terminación y liquidación unilaterales a su favor, pero el ejercicio de esas cláusulas no constituye el uso de potestades excepcionales de la administración y no da lugar a la expedición de actos administrativos. La regla se sostiene en tres razones: la ley especial regula en forma exclusiva el régimen jurídico de la entidad y descarta la aplicación de las potestades exorbitantes del Estatuto General de Contratación; la autonomía de la voluntad permite a las partes acordar esas decisiones unilaterales como estipulaciones contractuales; y la decisión unilateral genera actos contractuales y no actos administrativos, sin perjuicio de la aplicación del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que impone los principios de la función administrativa. En consecuencia, la terminación y la liquidación unilaterales se producen por la vía contractual. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal sometido al derecho privado cuando se acredita, mediante prueba indiciaria… ¿Procede condenar en costas a la parte demandante cuando se revoca integralmente la sentencia de primera instancia y aquella resulta vencida en el proceso?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-04-24 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 25000232600020100006601 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve: ¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos? ¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos? ¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La sentencia de primera instancia será confirmada

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020130158301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probó la supuesta afectación a los intereses de la demandante como consecuencia de la mayor permanencia en obra? No
La contestación extemporánea de la demanda produce un indicio grave en contra del demandado, pero ese indicio no suple la prueba de los sobrecostos por mayor permanencia en obra, que debe acreditarse con precisión por quien los alega. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el indicio es una prueba indirecta que no permite establecer la dimensión real de la afectación alegada. Segunda, el dictamen pericial practicado en segunda instancia carece de respaldo técnico o científico, pues sus conclusiones son apreciaciones subjetivas que no resultan de un método propio de la profesión del perito. Tercera, el perito no cumplió la labor para la cual fue llamado, lo que impide tener el dictamen como prueba idónea. La providencia confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. La consecuencia práctica es que la parte que reclama sobrecostos por mayor permanencia debe aportar prueba técnica idónea de su magnitud, pues la extemporaneidad de la contestación no la releva de esa carga.síntesis automática
También resuelve: ¿La contestación extemporánea de la demanda por la demandada tiene por efecto la presunción de veracidad de sus fundamentos de hecho? ¿Es indispensable acreditar específicamente cuáles fueron los mayores costos y que estos hayan sido empleados realmente en el sitio de la construcción? ¿Tanto la falta de licencias como la modificación de estudios y diseños ocasionaron las múltiples suspensiones del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público.

Sentencia — Sentencia 2023-07-19 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 50001233100020120009201 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público? Sí
El contratista no puede cometer los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ya que estos son delitos de sujeto activo calificado y solo pueden ser cometidos por servidores públicos, según el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, que equipara a los contratistas con la calidad de servidor público en el ámbito de la responsabilidad penal. La Fiscalía encontró indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos mediante el cobro de facturas de un contrato de suministro celebrado sin cumplir los requisitos legales, lo que configuraba las conductas punibles por las que fue vinculada. Sin embargo, la medida restrictiva de privación de la libertad no fue desproporcionada, ya que la demandante permaneció bajo privación de la libertad durante un año y tres meses, y fue absuelta por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias, lo que implica que no existe responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve: ¿La Fiscalía encontró que existían indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos? ¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto la demandante consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario… ¿La interpretación que acogió la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento encuadraba dentro de la tipificación endilgada?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del fiscal al imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva

Sentencia — Sentencia 2023-04-24 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 18001233100020130000801 ACCION DE REPETICION
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del fiscal al imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva contra un concejal cuyo proceso penal terminó con sentencia absolutoria por conducta atípica? No
La imposición de una medida de aseguramiento fundada en un indicio grave de responsabilidad no configura por sí sola culpa grave del funcionario que la impone, porque el indicio es una inferencia lógica que parte de un hecho debidamente acreditado y de la experiencia. La regla se apoya en la definición de indicio que contenían los artículos 300 y siguientes del Código de Procedimiento Penal entonces vigente, y en que la valoración de la conducta del funcionario debe hacerse con las pruebas de la actuación que se le reprocha. Por ello, la posterior absolución del procesado por una conducta atípica no basta para demostrar que el fiscal actuó con culpa grave. En el asunto, el fiscal definió la situación jurídica con detención preventiva al considerar que la aprobación de un acuerdo municipal era un indicio grave de responsabilidad, y la Sala confirmó la decisión que negó la repetición por no acreditarse la culpa grave. En la práctica, la entidad que repite por una medida de aseguramiento debe demostrar que la inferencia del funcionario carecía de sustento razonable.síntesis automática
También resuelve: ¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia debe recaer sobre la conducta del agente del Estado demandado… ¿Las decisiones de los jueces contencioso administrativo y penal sobre la responsabilidad estatal, y la responsabilidad penal del procesado… ¿Tratándose de una acción de repetición fundada en un error de una providencia judicial que posteriormente fue revocada, la entidad estatal tiene la carga de acreditar la conducta dolosa o gravemente…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100020080071201 ACCION DE REPETICION
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad? No
La Ley 678 de 2001 no se aplica a los aspectos sustanciales de la acción de repetición cuando la condena que la origina y los hechos son anteriores a su vigencia, y que el pago de la condena puede acreditarse por cualquier medio legalmente válido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, la ley se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia y hasta su derogación, sin perjuicio de excepciones; los hechos anteriores siguen la normativa previa. Segunda, las decisiones que sustentaron la condena se dictaron en 1994 y 1995, es decir, antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001. Tercera, el ordenamiento civil no establece una tarifa legal para acreditar el pago, por lo que los documentos aportados, como comprobantes de egreso y certificados de disponibilidad, pueden acreditar el pago de la condena. La providencia confirma la decisión y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. La consecuencia práctica es que la fecha de los hechos y de la condena determina la ley sustancial de la repetición, y la prueba del pago se aprecia por las reglas de la sana crítica.síntesis automática
También resuelve: ¿Los documentos allegados por la parte demandante al caso sub examine, acreditan el pago efectivo de la condena judicial en cumplimiento de la sentencia del 2 de junio de 2005 proferida por el… ¿Se configuró dolo o culpa grave por parte del demandado en el caso sub examine, en cuanto el mismo adoptó las decisiones que condujeron a la privación de la libertad por el delito de peculado por… ¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine, aunque el demandado no haya intervenido en la segunda instancia?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena

Sentencia — Sentencia 2022-10-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 15001233300020140029901 LEY 1437 REPETICION
¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena? Sí
Presentada la demanda de manera oportuna, el objeto de la controversia consiste en determinar si se reúnen los requisitos necesarios para atribuirle responsabilidad personal a la señora… quien, en la condición de Fiscal… le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación al señor… por el delito de secuestro, sindicado que finalmente fue absuelto mediante sentencia… proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores, hechos por los cuales la entidad actora afirma fue condenada a indemnizar perjuicios materiales y morales en favor de terceros en acción de reparación directa, cuyo pago pretende recuperar a través del presente medio de control.
También resuelve: ¿Cuáles son los presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición? ¿Se acreditó uno de los presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición consistente en la existencia de una condena judicial contra el Estado? ¿El pago efectivo de la condena por parte de la Fiscalía General de la Nación se acreditó mediante documentos públicos que gozan de plena validez y capacidad probatoria?
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 19001230000020060000501 ACCION DE REPETICION
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las demandas de repetición que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados por una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 y la Ley 678 de 2001. La caducidad de la acción de repetición no opera en este caso, ya que la demanda se presentó dentro del plazo de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del último pago total de la condena, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, fortaleciendo la competencia del Consejo de Estado en estos asuntos y garantizando el acceso a la justicia para las entidades públicas.síntesis automática
También resuelve: ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de repetición presentada para reclamar el pago de los perjuicios causados con una privación injusta de la libertad? ¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en los artículos 90 de la Constitución… ¿Para la procedencia de la acción de repetición, se debe probar la obligación reparatoria a cargo del Estado; que el demandando tenga la calidad de servidor o exservidor público o particular que…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020090043101 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no logra configurar el daño antijurídico como elemento primario de la responsabilidad del Estado, ya que no acredita la existencia de un perjuicio que satisfaga los requisitos legales, ni demuestra que la medida de aseguramiento impuesta haya carecido de proporcionalidad o razonabilidad, o que haya sido arbitraria. La Sala confirma la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales previstos en la ley penal vigente y no se probó que la Fiscalía hubiera causado un daño antijurídico al procesado, lo que hace infructuoso el análisis de la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿Se allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria? ¿La medida privativa de la libertad no quebrantó lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y garantizó los derechos del procesado? ¿En manos del juez está la labor de definir el régimen de responsabilidad aplicable y la motivación que sustente la decisión que se habrá de adoptar?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

En la parte resolutiva de esta providencia se revocará la sentencia

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 18001233100020080008301 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión? ¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas? ¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-10-10 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 13001233100019971238901 ACCION CONTRACTUAL
¿Cómo se determina la normatividad procesal aplicable al proceso? Sí
El contratista debe determinar la normatividad procesal aplicable al proceso de controversias contractuales según la fecha en que se interpuso la demanda, en este caso, la Sala estima que la demanda interpuesta el 24 de julio de 1997 debe regirse por el Código Contencioso Administrativo de 1984, dado que la Ley 1437 de 2011 entró en vigencia posteriormente. Además, la entidad estatal es competente para conocer del recurso de apelación cuando el monto de las pretensiones indemnizatorias supera la cuantía establecida en el Código Contencioso Administrativo. En cuanto al cómputo del término de caducidad, la Sala establece que este debe iniciarse desde la fecha en que debió efectuarse la liquidación del contrato, que en este caso se prolongó hasta el 11 de mayo de 1995, y que la liquidación debió realizarse dentro de los plazos establecidos por la jurisprudencia, reiterando la importancia de cumplir con los plazos legales para la liquidación del contrato y el cómputo del término de caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos de controversias contractuales? ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando se demanda, ya finalizado el término de ejecución del contrato… ¿En los contratos que se rigen por el Decreto ley 222 de 1986, La existencia de los contratos no sujetos a la formalidad de escritura pública…
Consejo de Estado Providencia

La legitimación que ostentan las partes para formular o contradecir las pretensiones de una demanda, surge en virtud de una relación jurídica sustancial derivada de la participación en una circunstancia fáctica o en una situación jurídica que puede ser de índole contractual, legal o reglamentaria.

Sentencia — Sentencia 2022-11-21 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233300020130003401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva está determinada por el interés legítimo frente a un derecho discutido entre las partes que acuden como demandante y demandado, y la relación sustancial que nace de dicha controversia? Sí
El contratista y la entidad estatal están legitimados en la causa para intervenir en un proceso contractual cuando tienen un interés legítimo en el derecho discutido y una relación sustancial con la controversia, lo que implica que la legitimación en la causa por activa y por pasiva se determina en función de la relación jurídica sustancial derivada de la participación en la circunstancia fáctica o situación jurídica que origina la disputa. En el caso concreto, la entidad estatal que celebró el contrato y que incumplió sus obligaciones es la única legitimada en la causa por pasiva, mientras que la otra parte que reclama el incumplimiento tiene legitimación en la causa por activa, ya que ambos tienen un interés legítimo en la controversia contractual y están vinculados funcional o materialmente a los hechos que dan origen a la reclamación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la legitimación en la causa en controversias contractuales, estableciendo que la relación contractual es el fundamento esencial para determinar la legitimación de las partes en el proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿La legitimación en la causa por pasiva recayó sobre el Hospital contratante en los negocios jurídicos que originaron la controversia… ¿En qué consiste la capacidad jurídica y en qué se diferencia de la capacidad procesal? ¿Los establecimiento de comercio tienen capacidad jurídica para ser parte de un contrato y para comparecer a un proceso judicial iniciado en virtud de controversias surgidas de dicho contrato?
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia.

Sentencia — Sentencia 2023-11-01 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 50001233100020110036101 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia? Sí
El contratista puede ejercer la acción de reparación directa cuando el daño proviene de hechos imputables a la administración de justicia, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal para evitar la caducidad de la acción, que opera como garantía del principio de seguridad jurídica. La caducidad se configura a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación o la sentencia absolutoria, o desde que el procesado recupera su libertad, lo que ocurra último. En el caso analizado, la acción fue ejercida oportunamente, pues la demanda se presentó antes del vencimiento del plazo legal, contado a partir del momento en que quedó claro el carácter injusto de la privación de libertad. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre el tema, consolidando la interpretación sobre el inicio del cómputo del término de caducidad en acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad de la acción de reparación directa representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? ¿Operó el fenómeno preclusivo de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad en el caso sub examine? ¿Tienen legitimación en la causa por activa los demandantes en el caso sub examine, al igual que cuentan con legitimación en la causa por pasiva la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad.

Sentencia Perspectiva de Género — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020120047501 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad? Sí
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño proviene de un hecho, omisión, operación administrativa u otra actuación estatal distinta de un contrato o de un acto administrativo, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se sostiene en dos razones. Primera, la norma atribuye el medio a los daños causados por hechos distintos del contrato y del acto, y el daño reclamado proviene de hechos imputables a la administración de justicia y a una entidad de seguridad del Estado. Segunda, la caducidad constituye un presupuesto procesal que el juez debe verificar aun cuando no haya sido alegada, pues los plazos son perentorios y de orden público. La providencia reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de esta acción y el control oficioso de la caducidad. La consecuencia práctica es que, cuando el daño no se origina en un contrato ni en un acto, la vía procedente es la reparación directa, cuya oportunidad debe verificarse desde el inicio del proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad de la acción representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad? ¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales?
MODIFICA