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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Sala es competente, para decidir la controversia respecto de todas las demandadas

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Fecha
2022-12-16
Radicado
17001233100020100000901
Número interno
40941
Ponente
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACION
Demandado
GOBERNACION DE CALDAS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Sala es competente, para decidir la controversia respecto de todas las demandadas

Lo que dijo la Sala

En virtud del fuero de atracción, que se fundamenta en el factor de conexión de la competencia, la jurisdicción en lo contencioso administrativo conoce de controversias en que se demande a personas naturales o jurídicas, cuyo juzgamiento estaría, en principio, asignado a la jurisdicción ordinaria, pero que acuden aquí al ser demandados de forma concurrente con una entidad pública. En estos eventos, esta jurisdicción conoce –en el mismo proceso– de la controversia que involucra a la entidad pública y al particular o entidad, que en principio sería ajeno a esta jurisdicción. La jurisprudencia ha determinado que la imputación a la entidad pública debe ser seria, es decir, estar debidamente fundamentada con una exposición razonada de las circunstancias que permiten hacer esa imputación.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Por el fuero de atracción, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce en un mismo proceso de la controversia contra particulares o entidades privadas demandadas de forma concurrente con una entidad pública, siempre que la imputación a esta última sea seria y razonada. La regla se apoya en tres razones. Primera, la competencia se funda en el factor de conexión y no es provisional ni condicionada, de modo que se conserva aun si la entidad pública resulta no responsable. Segunda, en el caso la demanda imputó de forma seria y razonada omisiones a la entidad pública, como no informar la existencia de un contrato de prenda y no pedir autorización para enajenar el bien, y al particular, lo que justifica el fuero. Tercera, la demanda fue dirigida de forma concurrente contra ambos, por lo que la Sala es competente para decidir la controversia respecto de los dos. En consecuencia, la sentencia se confirma. El documento reitera la línea sobre imputación seria y razonada que recoge en su nota de relatoría.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La Sala es competente, en aplicación del fuero de atracción, para decidir la controversia respecto de todas las demandadas, cuando se observa que se trata de entidades tanto públicas como privadas?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de una omisión imputable a una…
  • ¿Cuentan con valor probatorio los documentos privados emanados de terceros, cuando las partes no lo tachan de falso?
  • ¿El Departamento de Caldas cuenta con legitimación en la causa por pasiva respecto de la omisión de información durante la formación del contrato de cesión de derechos económicos…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

COMPETENCIA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO FUERO DE ATRACCIÓN ENTIDAD PÚBLICA ENTIDAD PRIVADA CONEXIDAD COMPETENCIA POR CONEXIDAD IMPUTACIÓN CRITERIOS DE LA IMPUTACIÓN IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CRITERIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA OBJETO DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CAUSAS DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN DOCUMENTO PRUEBA DOCUMENTAL CLASES DE DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO CONTENIDO DEL DOCUMENTO PRIVADO COPIA DE DOCUMENTO PRIVADO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL DOCUMENTO PRIVADO DECLARATIVO DE TERCERO LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA NATURALEZA JURÍDICA DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HONORARIOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PRENDA CONTRATO DE PRENDA OMISIÓN EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO ANTICIPO DEL CONTRATO CONTRATO DE CESIÓN CESIÓN DEL CRÉDITO EFECTOS DE LA CESIÓN DEL CRÉDITO NOTIFICACIÓN DE LA CESIÓN DEL CRÉDITO EFECTOS DEL CONTRATO PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DEL CONTRATO EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO CESIÓN DE DERECHOS CESIÓN DE DERECHOS DEL CRÉDITO COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO PRESUPUESTOS DE IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DAÑO ANTIJURÍDICO CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO ELEMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO ANTIJURICIDAD DEL DAÑO NEXO DE CAUSALIDAD TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO SOCIEDAD RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD PRUEBA DEL PAGO FALTA DE PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO FALTA DE CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO ETAPA PRECONTRACTUAL DAÑO PRECONTRACTUAL RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL OBLIGACIÓN PRECONTRACTUAL DE INFORMACIÓN NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

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Competencia: Sentencia
Titulación de la relatoría 21.760 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / FUERO DE ATRACCIÓN / ENTIDAD PÚBLICA / ENTIDAD PRIVADA / CONEXIDAD / COMPETENCIA POR CONEXIDAD / IMPUTACIÓN / CRITERIOS DE LA IMPUTACIÓN / IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Problema jurídico: ¿La Sala es competente, en aplicación del fuero de atracción, para decidir la controversia respecto de todas las demandadas, cuando se observa que se trata de entidades tanto públicas como privadas? Respuesta al problema jurídico: Si En virtud del fuero de atracción, que se fundamenta en el factor de conexión de la competencia, la jurisdicción en lo contencioso administrativo conoce de controversias en que se demande a personas naturales o jurídicas, cuyo juzgamiento estaría, en principio, asignado a la jurisdicción ordinaria, pero que acuden aquí al ser demandados de forma concurrente con una entidad pública. En estos eventos, esta jurisdicción conoce –en el mismo proceso– de la controversia que involucra a la entidad pública y al particular o entidad, que en principio sería ajeno a esta jurisdicción. La jurisprudencia ha determinado que la imputación a la entidad pública debe ser seria, es decir, estar debidamente fundamentada con una exposición razonada de las circunstancias que permiten hacer esa imputación. Aunque la persona pública no fuere responsable, esta jurisdicción conserva la competencia para declarar la responsabilidad de la persona pública o privada «atraída», porque la competencia no es provisional, ni condicionada, y se conserva aun cuando ocurran hechos sobrevinientes (art. 21 CPC). La demanda imputó de forma seria y razonada unas omisiones al Departamento de Caldas y a Insco Ltda.: no informar a la demandante la existencia del contrato de prenda, antes de celebrar el contrato de anticipo y cesión de derechos, y no pedir autorización de Granbanco-Bancafé para enajenar el bien dado en prenda. Adujo que si le hubieran informado de la prenda, no habría celebrado el contrato de cesión con Insco Ltda. La demandante, entonces, alegó el incumplimiento del contrato de anticipo y cesión de derechos, por omisión de información en la etapa precontractual, y del contrato de prenda, por no pedir autorización del deudor para suscribir la cesión. Como la demanda fundamentó su imputación al Departamento de Caldas e Insco Ltda. –persona jurídica de derecho privado– fue demandada de forma concurrente, la Sala es competente para decidir la controversia respecto de ambos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia por fuero de atracción, consultar providencia de 29 de agosto de 2007, Exp. 15526, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Acerca de la imputación seria y razonada de responsabilidad a la entidad pública demandada, como requisito de procedencia para el fuero de atracción, consultar providencia de 11 de noviembre de 2009, Exp. 17380, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CRITERIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / OBJETO DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CAUSAS DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN Problema jurídico: ¿La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de una omisión imputable a una entidad pública? Respuesta al problema jurídico: Si La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, en este caso por una omisión que se imputa a las demandadas (art. 90 CN y art. 86 CCA). NOTA DE RELATORÍA: Referente a la procedencia excepcional del medio de control de reparación directa contra actos administrativos, consultar providencias de 17 de junio de 1993, Exp. 7303, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, 8 de marzo de 2007, Exp. 16421, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86 DOCUMENTO / PRUEBA DOCUMENTAL / CLASES DE DOCUMENTO / DOCUMENTO PRIVADO / AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO / CONTENIDO DEL DOCUMENTO PRIVADO / COPIA DE DOCUMENTO PRIVADO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / DOCUMENTO PRIVADO DECLARATIVO DE TERCERO Problema jurídico: ¿Cuentan con valor probatorio los documentos privados emanados de terceros, cuando las partes no lo tachan de falso? Respuesta al problema jurídico: Si Los documentos se clasifican en representativos, cuando sin plasmar narraciones o declaraciones, contienen imágenes, como las fotografías, pinturas, dibujos, etc.; declarativos, cuando contienen un testimonio o una declaración de hombre y; dispositivos, cuando contienen una declaración constitutiva o de carácter negocial encaminada a producir un efecto jurídico. Esta clasificación importa para otorgar valor probatorio a un documento, pues la ley procesal civil tiene exigencias diferentes según se trate de documento proveniente de las partes o emanado de terceros. Según el artículo 252 CPC, un documento privado es auténtico cuando habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, esta no lo tachó de falso oportunamente. En cuanto a la fase de formación del contrato de anticipo y cesión de derechos, obra en el expediente copia simple de la comunicación de Insco Ltda. a la secretaria de infraestructura de la gobernación de Caldas del 13 de febrero de 2008. (…) Esta comunicación entre las demandadas es un documento privado, de naturaleza declarativa, y es auténtico pues lo aportó la demandante y las demandadas no lo tacharon de falso. Según el documento, (i) el 20 de diciembre de 2007 –antes del contrato de anticipo y cesión de derechos económicos– Insco Ltda. habría informado al gobernador que obtuvo financiación de Interbolsa para reactivar las obras. En el expediente, sin embargo, no obra comunicación de esa fecha; y (ii) el 13 de febrero de 2008 –doce días después de la celebración del contrato de anticipo y cesión de derechos económicos– Insco Ltda. informó al Departamento las razones que –a su juicio– causaron retrasos en la programación. Este documento no acredita que el Departamento haya participado en la negociación del contrato de anticipo y cesión de derechos económicos. Sólo da cuenta de que conocía el estado de los contratos de obra y la necesidad del contratista de obtener financiación. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 252 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / HONORARIOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRENDA / CONTRATO DE PRENDA / OMISIÓN EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO / ANTICIPO DEL CONTRATO / CONTRATO DE CESIÓN / CESIÓN DEL CRÉDITO / EFECTOS DE LA CESIÓN DEL CRÉDITO / NOTIFICACIÓN DE LA CESIÓN DEL CRÉDITO / EFECTOS DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DEL CONTRATO / EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO / CESIÓN DE DERECHOS / CESIÓN DE DERECHOS DEL CRÉDITO Problema jurídico: ¿El Departamento de Caldas cuenta con legitimación en la causa por pasiva respecto de la omisión de información durante la formación del contrato de cesión de derechos económicos, que fue celebrado entre el demandante y uno de sus contratistas, y que recaía sobre unos contratos de obra convenidos con dicha entidad territorial? Respuesta al problema jurídico: No La legitimación en la causa por activa corresponde a la capacidad jurídica y procesal de la parte demandante para comparecer en juicio y formular pretensiones. La legitimación en la causa es de hecho y material. La legitimación de hecho es la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal y la legitimación material alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda y es una condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito. (…) Según la demanda, el Departamento de Caldas omitió informar a la demandante la existencia del contrato de prenda, antes de celebrar el contrato de anticipo y cesión de derechos, y no pidió la autorización de Granbanco-Bancafé para enajenar el bien dado en prenda. Adujo que si le hubiera informado de la prenda, no habría celebrado el contrato de cesión con Insco Ltda. Está acreditado que el 16 de noviembre de 2005, el Departamento de Caldas e Insco Ltda. celebraron contratos de obra n°. 05122005-1066 y n°. 05122005-1068 (…). Insco Ltda. y Granbanco-Bancafé celebraron un contrato de prenda sobre los derechos económicos derivados de los contratos de obra, regulado por las normas del Código de Comercio (…). Insco Ltda. y la demandante suscribieron un contrato de anticipo y cesión de derechos económicos de los contratos de obra (…). El Departamento de Caldas fue notificado de los contratos después de su suscripción (…). Como se trata de contratos de obra firmados por una entidad de las señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, sobre los que versaron los acuerdos de cesión, anticipo y prenda, el régimen jurídico aplicable era el previsto en esa ley, antes de la modificación introducida por la Ley 1150 de 2007. (…) Es decir, el contrato público se rige principalmente por las disposiciones comerciales y civiles y solo por excepción por las normas de orden público previstas en la Ley 80 y sus modificaciones. Sobre la cesión del contrato estatal, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 dispone que ese contrato se suscribe por la calidad de las personas [intuito persona] y, en consecuencia, una vez celebrado no podrá cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante. La intervención del Departamento de Caldas, según las normas referidas, por tratarse de la cesión de derechos y no de la cesión del contrato, se limitaba a la necesidad de notificación de dicha cesión para que produjera efectos respecto de ese ente territorial. El contrato de cesión es obligatorio para las partes una vez lo suscriben, pues se reitera, el cedente se hace responsable del crédito cedido. La notificación al deudor es posterior al surgimiento del contrato y no tiene ningún efecto respecto de las obligaciones entre cedente y cesionario. (…) El ente territorial demandado, conforme a las pruebas de este proceso, no intervino en la etapa previa de formación del contrato de cesión de derechos, tampoco tenía obligación alguna de información por no ser parte de las tratativas previas y su intervención se limitaba a la notificación de la cesión una vez firmada por las partes. El Departamento de Caldas, entonces, no está legitimado en la causa por (…) [pasiva] respecto de la omisión de información durante la formación del contrato de cesión. Tampoco está legitimado por el incumplimiento del contrato de cesión ni del contrato de anticipo pues no fue parte (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la legitimación en la causa, consultar providencia de 17 de junio de 2004, Exp. 14452, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Sobre el régimen aplicable al contrato celebrado por una entidad estatal en vigencia de la Ley 80 de 1993, consultar providencia de 28 de febrero de 2020, Exp. 31628, C.P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1960, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1963, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1964, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1965 COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Cuentan con valor probatorio los documentos aportados en copia simple? Respuesta al problema jurídico: Si Las copias simples serán valoradas porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, consultar providencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / ELEMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / NEXO DE CAUSALIDAD / TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere analizar el daño, el nexo causal entre la conducta del Estado y ese daño, y un juicio de atribución que permita explicar por qué su causación genera el deber de indemnizar? Respuesta al problema jurídico: Si En los procesos de responsabilidad civil del Estado, el primer elemento que debe quedar demostrado es el daño. La noción de daño en el ámbito de la responsabilidad administrativa no difiere de aquella propia del derecho común. Su esencia es la misma: una afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico. Esa afectación relevante para el derecho, al ser opuesta al ordenamiento jurídico –antijuricidad–, permite a su titular obtener una indemnización. La responsabilidad supone la existencia de un perjuicio. El perjuicio es, pues, uno de los elementos esenciales constitutivos de la responsabilidad civil, sin cuya existencia y demostración no nace a la vida jurídica la obligación indemnizatoria. El daño, como tiene determinado la jurisprudencia civil, es la base o punto de partida de toda acción reparatoria. Según el artículo 90 CN, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ausencia de una definición constitucional de «daño antijurídico», el Consejo de Estado –en algunos pronunciamientos, sustentados en ciertos sectores de la doctrina española– ha entendido que para estudiar la antijuricidad del daño no es relevante la conducta que lo causa, sino que lo esencial es determinar si la víctima estaba en el deber o no de soportarlo. Esa noción de daño antijurídico podría llevar a una idea: que el artículo 90 CN prevé una responsabilidad objetiva, es decir, sin importar cómo se causó el daño. Esa tesis, sin embargo, fue superada por esta Corporación desde 1993, pues antijuridicidad significa contrariedad al derecho y, por ello, no puede hablarse de antijuridicidad o ilicitud al margen de los actos humanos. Además, la responsabilidad del Estado no puede estar basada en criterios de solidaridad –como el deber de soportar–, que no son propios del juez de la Administración. La regla general, entonces, debe ser la atribución de culpa de la Administración. Ahora bien, el daño –entendido como una afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico– se caracteriza por ser cierto, personal y directo. La certeza del daño supone el conocimiento seguro y claro de su existencia, es decir, que aparezca como real y efectivamente causado, pues si se trata solo de una posibilidad de producirse o una hipótesis, no es un daño indemnizable. En otros términos, el daño o perjuicio debe ser real y efectivo, no hipotético. El juicio de responsabilidad, entonces, supone analizar el daño, el nexo causal entre la conducta del Estado y ese daño, y un juicio de atribución que permita explicar por qué su causación genera el deber de indemnizar. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, consultar providencias de 2 de marzo de 1993, Exp. 7429, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 13 de julio de 1993, Exp. 8163, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, de 29 de agosto de 1960; de 4 de abril de 1968, Gaceta Judicial, Tomo CXXXIV, n°. 2297-2299, p.58-65; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 10 de agosto de 1976, Gaceta Judicial, Tomo CLII, nº. 2393, p 320; y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de octubre de 1982. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / ENTIDAD PRIVADA / SOCIEDAD / RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD / CONTRATO DE CESIÓN / CESIÓN DE DERECHOS / CESIÓN DE DERECHOS DEL CRÉDITO / CESIÓN DEL CRÉDITO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / HONORARIOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ANTICIPO DEL CONTRATO / PRUEBA DEL PAGO / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FALTA DE CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO / FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO / ETAPA PRECONTRACTUAL / DAÑO PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL / OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL / OBLIGACIÓN PRECONTRACTUAL DE INFORMACIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se acreditó el daño antijurídico por omisión de información en la etapa precontractual de un contrato de anticipo y cesión de derechos económicos? Respuesta al problema jurídico: No Según la demanda, Insco Ltda. omitió informar a la demandante que había constituido una prenda sobre los derechos económicos de los contratos de obra y si la demandante hubiera conocido esa información, no habría suscrito el contrato de cesión ni pagado el precio. Solicitan $1.413.797.746 por el valor total del capital que afirma pagó e intereses moratorios. Está acreditado que el 16 de noviembre de 2005, el Departamento de Caldas e Insco Ltda. celebraron los contratos de obra n°. 05122005-1066 y n°. 05122005-1068 y luego los modificaron y prorrogaron (…). El 13 de marzo de 2007, Insco Ltda. y Granbanco-Bancafé celebraron contrato de prenda global o abierta, con tenencia, de primer grado, sobre los derechos económicos derivados de esos contratos de obra (…). En diciembre de 2007, Expocredit Colombia S.A. e Insco Ltda. intercambiaron comunicaciones sobre un posible negocio de compra de flujos futuros y cesión de los derechos económicos (…). El 1 de febrero de 2008, Insco Ltda. e Interbolsa Sociedad Administradora de Inversión S.A., en su calidad de administradora de la Cartera Colectiva Cerrada Títulos Crediticios Nación, celebraron contrato de anticipo y cesión de derechos económicos de los contratos de obra n°. 05122005-1066 y n°. 05122005-1068 (…). En 2008, Insco Ltda. y Expocredit intercambiaron comunicaciones sobre la ejecución del contrato de anticipo y cesión de derechos económicos (…) y el 7 de enero de 2009, Insco Ltda. informó al Departamento de Caldas que pagó $83.000.000 a Expocredit S.A. (…). Conforme a las pruebas de este proceso, no está acreditado el monto desembolsado por el contrato de anticipo y cesión de derechos, ni el monto que –a la fecha– adeudaría Insco Ltda. En efecto, la parte demandante no aportó registro contable alguno que acredite el valor desembolsado por el contrato de anticipo y cesión de derechos, ni los posibles pagos que Insco Ltda. abonó a su deuda. Tampoco está probada la calidad en que actuó Expocredit S.A. ni su relación con Interbolsa. (…) Según el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA, las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. En concordancia, el artículo 1757 CC prevé que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. De modo que, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudor –si excepciona– debe probar su extinción (carga de la prueba). Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones. La demandante pretende el pago de la suma que pagó a Insco Ltda. por el contrato de anticipo y cesión de derechos, pero no probó ese pago. Como la parte demandante no acreditó la suma que desembolsó, ni el monto que –a la fecha– le deben, no probó el daño que alegó y la Sala confirmará la decisión de negar esas pretensiones. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la carga de la prueba, consultar providencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 13 de febrero de 1936, Gaceta Judicial, Tomo XLIII n°. 1907 - 1908, pp. 334 - 336; y de 13 de enero de 1971, Gaceta Judicial, Tomo CXXXVIII, nº. 2340 a 2345, p. 24. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 168, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=170012331000201000009011100103