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PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

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Consejo de Estado Providencia

Concurso de méritos: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-09-19 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 41001233100019950838501 ACCION CONTRACTUAL
¿El régimen normativo aplicable al concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo, era el contenido en el Decreto 222 de 1983? Sí
El concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo, iniciado por el ICEL como establecimiento público, estaba sujeto al Decreto 222 de 1983. La Sala reitera la aplicación de este decreto, que establece que los contratos celebrados por los establecimientos públicos se someten a las reglas del Estatuto General de Contratación. Además, la Sala valora las copias simples presentadas, considerando que no fueron tachadas de falsas y su validez no fue controvertida. En cuanto a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, la Sala determina que es competente, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. La acción de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios por responsabilidad precontractual derivadas de la presunta omisión de suscribir un contrato, y su caducidad debe contarse a partir del momento en que se abrió una nueva licitación pública con objeto análogo.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la valoración de las copias simples ya que obraron a lo largo del proceso, sin que fueran tachadas de falsas, ni su validez fuera controvertida? ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? ¿La acción de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios por pretensiones de responsabilidad precontractual derivadas de la presunta omisión de suscribir un contrato?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2025-10-21 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020100041102 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, siempre que la cuantía de la demanda supera los 500 SMLMV al momento de su presentación, conforme a lo establecido en los artículos 129, 132-6 y 181 del Código Contencioso Administrativo. En el caso particular, el Consejo revocó la decisión del tribunal al determinar que la cuantía de la demanda superaba el umbral legal, lo que le confería competencia para resolver el recurso de apelación. Además, la corporación reiteró su jurisprudencia sobre la facultad del juez de adecuar la acción en casos excepcionales, siempre y cuando no se afecte el derecho de defensa del demandado y no haya variación en la causa petendi o en las pretensiones de la demanda. Asimismo, el Consejo estableció que los actos precontractuales emitidos por entidades sometidas al derecho privado, como Ecopetrol, no constituyen actos administrativos, sino actos de gestión contractual, por lo que la acción de reparación directa es el mecanismo adecuado para demandar responsabilidad bajo las reglas de la culpa in contrahendo.síntesis automática
También resuelve: ¿Excepcionalmente, el juez administrativo puede adecuar la acción, siempre que el derecho de defensa del demandado no se vea afectado? ¿Los actos precontractuales emitidos por una entidad sometida al derecho privado constituyen actos administrativos? ¿La acción de reparación directa es adecuada para demandar la responsabilidad precontractual de las entidades sujetas a régimen exceptuado, y, en caso de haberse acudido a una acción inadecuada…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2021-12-10 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100020010322501 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, siempre que la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta competencia se fundamenta en la naturaleza de la jurisdicción administrativa como guardiana del orden jurídico y en la necesidad de garantizar el debido proceso en controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas. La modificación de la regla implica que los litigantes deben considerar la cuantía de sus pretensiones para determinar la jurisdicción competente en segunda instancia, lo que puede afectar significativamente la estrategia procesal y los costos asociados a la litigación.síntesis automática
También resuelve: ¿Es la reparación directa el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por enriquecimiento sin justa causa? ¿La acción de reparación directa fue presentada dentro de los dos años siguientes al registro del trámite de liquidación obligatoria del Ingenio Vegachí? ¿Procede la valoración de la copia simple de documento?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La Sala es competente, para decidir la controversia respecto de todas las demandadas

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 17001233100020100000901 ACCION CONTRACTUAL
¿La Sala es competente, en aplicación del fuero de atracción, para decidir la controversia respecto de todas las demandadas, cuando se observa que se trata de entidades tanto públicas como privadas? Sí
Por el fuero de atracción, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce en un mismo proceso de la controversia contra particulares o entidades privadas demandadas de forma concurrente con una entidad pública, siempre que la imputación a esta última sea seria y razonada. La regla se apoya en tres razones. Primera, la competencia se funda en el factor de conexión y no es provisional ni condicionada, de modo que se conserva aun si la entidad pública resulta no responsable. Segunda, en el caso la demanda imputó de forma seria y razonada omisiones a la entidad pública, como no informar la existencia de un contrato de prenda y no pedir autorización para enajenar el bien, y al particular, lo que justifica el fuero. Tercera, la demanda fue dirigida de forma concurrente contra ambos, por lo que la Sala es competente para decidir la controversia respecto de los dos. En consecuencia, la sentencia se confirma. El documento reitera la línea sobre imputación seria y razonada que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de una omisión imputable a una… ¿Cuentan con valor probatorio los documentos privados emanados de terceros, cuando las partes no lo tachan de falso? ¿El Departamento de Caldas cuenta con legitimación en la causa por pasiva respecto de la omisión de información durante la formación del contrato de cesión de derechos económicos…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se olvide que las normas que exigen solemnidades constitutivas son de orden público e imperativas, y por lo tanto inmodificables e inderogables por el querer de sus destinatarios.

Sentencia Unificación — FALLO 2012-11-19 Sección Tercera (Subsección C) Rad. 73001233100020000307501 ACCION CONTRACTUAL
¿Cuál es el elemento determinante para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin causa en materia contenciosa administrativa? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de enriquecimiento sin causa para reclamar el pago de obras o servicios ejecutados sin un contrato estatal previo, ya que esta acción requiere que no se pretenda desconocer o contrariar normas imperativas, como la exigencia de solemnidad en la celebración de contratos estatales. La Sala establece que la buena fe objetiva, que debe regir en el contrato, implica el cumplimiento de principios como la transparencia y la selección objetiva, y no permite eludir mandatos legales. Aunque existen hipótesis excepcionales en las que podría proceder la acción sin contrato, estas son interpretadas restrictivamente. En materia contenciosa administrativa, la pretensión de enriquecimiento sin causa se ejerce mediante la acción de reparación directa, y el procedimiento se rige por las reglas de la reparación directa, incluyendo la competencia y los términos de caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Se vulnera el principio de la buena fe al pretenderse la restitución del contrato por hecho cumplido? ¿En qué eventos es procedente la actio de in rem verso por hecho cumplido? ¿Cuál es la acción contenciosa procedente para reclamar los perjuicios derivados del enriquecimiento sin justa causa?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

No se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020090044701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve: ¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama? ¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática? ¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se presentó incumplimiento de los deberes derivados de la buena fe exenta de culpa

Sentencia — Sentencia 2021-10-08 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 25000232600020060077901 ACCION CONTRACTUAL
¿Se presentó incumplimiento de los deberes derivados de la buena fe exenta de culpa, la lealtad y la corrección que orientan las fases de negociación previas? Sí
El contratista no puede demostrar la responsabilidad precontractual de la entidad estatal si no demuestra que su oferta era la mejor y que la entidad prefirió celebrar el negocio jurídico con otra persona, conforme al principio de buena fe y lealtad contractual que rige las fases de negociación previas. En este caso, la entidad permitió al proponente completar su propuesta en aspectos que las reglas de participación habían señalado como obligatorios e insubsanables, lo que configuró un incumplimiento de los deberes derivados de la buena fe exenta de culpa y la lealtad contractual. La entidad, al no seguir las reglas que había establecido para determinar cuál era el mejor oferente, incurrió en responsabilidad precontractual por culpa in contrahendo, lo que impidió que el proceso de selección continuara de manera justa y transparente. Esta decisión reitera la importancia de que las entidades públicas cumplan con las reglas que establecen unilateralmente para evaluar las ofertas y seleccionar al mejor proponente, garantizando así la seriedad y la integridad del proceso de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿La entidad podía, después de recibir todas las ofertas, permitir al proponente completar su propuesta en aspectos obligatorios e insubsanables? ¿El proponente debe demostrar que su oferta era la mejor y que no obstante ser así la entidad prefirió celebrar el negocio jurídico con otra persona? ¿La intención de la entidad era invitar a que se presentaran propuestas para estudiarlas de acuerdo con las reglas que estableció?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

¿Los socios de una sociedad de responsabilidad limitada, que se encuentra en liquidación obligatoria, deben responder por el incumplimiento de un contrato celebrado por la sociedad y, de no ser así, es procedente el enriquecimiento sin justa causa?

Sentencia — Sentencia 2021-12-10 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100020000377601 ACCION CONTRACTUAL
¿Los socios de una sociedad de responsabilidad limitada, que se encuentra en liquidación obligatoria, deben responder por el incumplimiento de un contrato celebrado por la sociedad y, de no ser así, es procedente el enriquecimiento sin justa causa? No
El contratista no responde subsidiariamente por el incumplimiento de un contrato celebrado por una sociedad de responsabilidad limitada en liquidación obligatoria, ya que no se probó que el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para cubrir las obligaciones y que el crédito del demandante hubiera sido reconocido en el trámite de liquidación. Además, la entidad estatal no asumió las obligaciones de la sociedad bajo condiciones que no se cumplieron, por lo que no puede ser responsabilizada por el incumplimiento. La acción de enriquecimiento sin justa causa no procede porque el desplazamiento patrimonial tiene una causa jurídica y el contratante tiene otras acciones contractuales para reparar la situación. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior y limita la responsabilidad de los socios en casos de liquidación obligatoria de sociedades.síntesis automática
También resuelve: ¿Persona, sujeto de derechos y personalidad jurídica son conceptos análogos? ¿El abuso del derecho se presenta cuando el ejercicio de una prerrogativa otorgada por la ley se realiza en forma contraria a su propia finalidad? ¿La acumulación de pretensiones en contra de un mismo demandado procede, siempre que el juez sea competente para conocerlas todas…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Se impone denegar las pretensiones de la demanda y, confirmar la decisión del a quo.

Sentencia — Sentencia 2024-05-06 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233100020100132701 ACCION CONTRACTUAL
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato? ¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto? ¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La responsabilidad extracontractual del Estado exige la existencia de un daño antijurídico y su imputación a la administración pública.

Sentencia — Sentencia 2025-10-21 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020100074301 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Cumplieron las capturas y su legalización los requisitos previstos en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al artículo 90 de la Constitución Política? Sí
El Estado asume responsabilidad patrimonial extracontractual cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico y su debida imputación, entendido aquel como el perjuicio que la persona no tiene el deber jurídico de soportar conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En el presente litigio se examinan las capturas y su legalización conforme a los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, determinando la ausencia de responsabilidad patrimonial por parte de la Fiscalía General de la Nación ante la legalidad de los procedimientos restrictivos de la libertad cuestionados en la demanda de reparación directa.síntesis automática
También resuelve: ¿Cumplieron las solicitudes y la imposición de medidas de aseguramiento los presupuestos establecidos en los artículos 295, 306, 308 y 310 de la Ley 906 de 2004… ¿La Rama Judicial incurre en responsabilidad patrimonial por el vencimiento del término previsto en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004… ¿Cumplió la Fiscalía General de la Nación el término previsto en la Ley 906 de 2004 para presentar escrito de acusación, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020010223901 ACCION CONTRACTUAL
¿Si el demandado no alega la existencia de la cláusula compromisoria —porque no contestó la demanda— debe concluirse que renunció tácitamente a someter este asunto a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria de un contrato estatal si no alega su existencia en la demanda, lo que permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca del asunto, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando la entidad demandada no contesta la demanda, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver recursos de apelación contra sentencias de tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido. Además, la entidad estatal puede ser responsable extracontractualmente por los daños causados a terceros derivados de decisiones administrativas que impidan la ejecución del contrato, como el cierre y liquidación de una empresa industrial y comercial del Estado, según el artículo 206 de la Ley 222 de 1995. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior sobre la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, lo que implica que las partes deben ser más cautelosas al no responder a las demandas para evitar renunciar a la justicia arbitral.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia, dado que resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? ¿La pretensión segunda alude a la responsabilidad extracontractual de las entidades socias, administradoras del Ingenio, por virtud de que adoptaron la decisión de cerrar la operación y procedieron a… ¿Hay una pretensión extracontractual, en cuanto la responsabilidad reclamada a los socios de la sociedad en liquidación, no se deriva de una inobservancia obligacional en el marco de un vínculo…
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Consejo de Estado Providencia

Procede la acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia.

Sentencia — Sentencia 2023-02-28 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 23001233100020110042301 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia? Sí
El contratista puede interponer una acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, que establece esta como el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado. La caducidad de la acción de reparación directa es un límite al derecho de acción y una garantía del principio de seguridad jurídica, operando por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial, consolidando los derechos de los actores jurídicos y limitando el ejercicio del derecho de acción. En casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, considerando el conocimiento del daño por parte del demandante, lo que implica que la acción debe ejercerse en tiempo, dentro del término de dos años, de lo contrario, el juez puede declarar de oficio la caducidad de la acción.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad es un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? ¿Debe declararse de oficio la caducidad de la acción de reparación directa por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el caso sub examine… ¿Debe declararse la caducidad de la acción de reparación directa por error jurisdiccional en el caso sub examine, teniendo en cuenta que, la demanda se presentó de forma oportuna?
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Consejo de Estado Providencia

Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia.

Sentencia — Sentencia 2023-11-01 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 50001233100020110036101 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia? Sí
El contratista puede ejercer la acción de reparación directa cuando el daño proviene de hechos imputables a la administración de justicia, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal para evitar la caducidad de la acción, que opera como garantía del principio de seguridad jurídica. La caducidad se configura a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación o la sentencia absolutoria, o desde que el procesado recupera su libertad, lo que ocurra último. En el caso analizado, la acción fue ejercida oportunamente, pues la demanda se presentó antes del vencimiento del plazo legal, contado a partir del momento en que quedó claro el carácter injusto de la privación de libertad. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre el tema, consolidando la interpretación sobre el inicio del cómputo del término de caducidad en acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad de la acción de reparación directa representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? ¿Operó el fenómeno preclusivo de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad en el caso sub examine? ¿Tienen legitimación en la causa por activa los demandantes en el caso sub examine, al igual que cuentan con legitimación en la causa por pasiva la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad.

Sentencia Perspectiva de Género — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020120047501 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad? Sí
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño proviene de un hecho, omisión, operación administrativa u otra actuación estatal distinta de un contrato o de un acto administrativo, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se sostiene en dos razones. Primera, la norma atribuye el medio a los daños causados por hechos distintos del contrato y del acto, y el daño reclamado proviene de hechos imputables a la administración de justicia y a una entidad de seguridad del Estado. Segunda, la caducidad constituye un presupuesto procesal que el juez debe verificar aun cuando no haya sido alegada, pues los plazos son perentorios y de orden público. La providencia reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de esta acción y el control oficioso de la caducidad. La consecuencia práctica es que, cuando el daño no se origina en un contrato ni en un acto, la vía procedente es la reparación directa, cuya oportunidad debe verificarse desde el inicio del proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad de la acción representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad? ¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales?
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Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: los actos precontractuales expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios se consideran actos administrativos

Aclaración voto — Aclaración de voto 2022-11-11 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 44001234000020140008301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los actos precontractuales expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios se consideran actos administrativos y pueden ser demandables a través del medio de control de controversias contractuales? Sí
Si bien acompaño lo resuelto en la providencia cuyo voto aclaro, las razones que me llevan a considerar que en el presente caso no podían acogerse las pretensiones de la parte actora son distintas a las que expuso la Sala como fundamento de su conclusión final, pues en esta se partió de una base que no comparto y que fue establecida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020, al determinar que los actos precontractuales expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios en sus procesos de selección no tienen la naturaleza de actos administrativos, por lo que no son demandables por la vía de la nulidad ni de nulidad y restablecimiento del derecho, sino a través del medio de control de reparación directa.
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: la parte demandante pidió que sus pretensiones se estudiaran como si la fuente de la obligación fuera un enriquecimiento sin causa

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-04-12 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 47001233100020100020701 ACCION CONTRACTUAL
¿Cuando el demandante esté reclamando el pago de una prestación cumplida en desarrollo de un contrato, así este no haya sido elevado a escrito, lo que procede es instaurar una acción contractual en la que se solicite su reconocimiento y pago? Sí
Creo necesario que la Sala reconsidere la tesis, según la cual, en estos casos puede afirmarse que la fuente de la obligación es el enriquecimiento sin causa y si, por ende, la acción procedente para reclamar es la acción de reparación directa. En contra de lo anterior considero que cuando el demandante esté reclamando el pago de una prestación cumplida en desarrollo de un contrato, así este no haya sido elevado a escrito, lo que procede es instaurar una acción contractual en la que se solicite su reconocimiento y pago. La parte demandante pidió que sus pretensiones se estudiaran como si la fuente de la obligación fuera un enriquecimiento sin causa, mediante una acción de reparación directa.
También resuelve: ¿La pretensión del demandante —que es “páguenme una prestación que ejecuté en desarrollo de un acuerdo de voluntades”— tiene una causa que es dicho acuerdo y, por ende… ¿En los casos de verdadera inexistencia del acuerdo de voluntades en los que el particular haya ejecutado la obra o prestado el servicio, es cuando realmente estamos ante un enriquecimiento sin causa? ¿La acción de enriquecimiento sin causa le permite a quien se ha empobrecido patrimonialmente reclamarle la restitución del valor de dicho empobrecimiento a quien recibió un enriquecimiento…