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Sentencia — Sentencia que confirma sentencia apelada2025-12-11SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)FERNANDO IREGUI CAMELORad. 11001334306620230037101ACCION DE REPETICION
¿La acción de repetición es procedente para obtener la restitución de lo pagado por el Ministerio de Educación por vía administrativa a título de indemnización moratoria en favor de un docente? No
El contratista no puede ejercer la acción de repetición para obtener la restitución de sumas pagadas por el Ministerio de Educación a título de indemnización moratoria a un docente, ya que no se dan los elementos necesarios para considerar procedente dicha acción, como la existencia de un daño antijurídico causado por un servidor público y la falta de una sentencia condenatoria. La sanción moratoria por pago tardío de cesantías no constituye un daño antijurídico, sino una penalización prevista en la ley por incumplimiento de los plazos legales para el pago de cesantías. Además, el pago no se realizó en cumplimiento de un acuerdo en el marco de mecanismos alternativos de solución de conflictos, lo que implica que no se configura el supuesto de responsabilidad extracontractual del Estado que habilita la acción de repetición. Esta decisión reitera y matiza la posición del Consejo de Estado sobre la procedencia del medio de control de repetición en casos similares, limitando su aplicación a situaciones donde se cumplan los requisitos legales y constitucionales establecidos.síntesis automática
¿El pago efectuado por la entidad demandante en el marco del procedimiento administrativo de cobro coactivo adelantado por la DIAN puede constituir el presupuesto objetivo exigido para el ejercicio de la acción de repetición? No
El contratista no puede ejercer la acción de repetición basándose en un pago realizado en el marco del procedimiento administrativo de cobro coactivo de la DIAN, ya que este pago no constituye una condena judicial ni un acuerdo indemnizatorio, sino el cumplimiento de una obligación tributaria y el pago de intereses y sanciones por mora, lo cual no configura un daño antijurídico en sentido estricto. La Sala confirma que la sanción impuesta por la DIAN no es el reconocimiento de un daño a un tercero, sino una consecuencia legal derivada del incumplimiento de una obligación legal, por lo que no se cumple con el presupuesto objetivo de la acción de repetición. Esta decisión reitera y confirma la interpretación de que la acción de repetición requiere la existencia de una condena judicial o un acuerdo indemnizatorio, y no el simple cumplimiento de una obligación tributaria, lo que implica que el contratista no puede recurrir a este medio de control para obtener la restitución de pagos realizados en el marco del cobro coactivo administrativo.síntesis automática
¿Es procedente que las entidades, en este caso, el Ministerio de Educación Nacional, ejerzan el medio de control de repetición para obtener el reintegro de lo reconocido y pagado por concepto de indemnización moratoria por pago extemporáneo del auxilio de cesantías de docentes afiliados al FOMAG? No
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición para obtener el reintegro de lo reconocido y pagado por concepto de indemnización moratoria por pago extemporáneo del auxilio de cesantías de docentes afiliados al FOMAG, ya que dicha indemnización no constituye un daño antijurídico causado por la entidad, sino una sanción legal por mora prevista en la Ley 1071 de 2006. La sanción por mora no se origina del reconocimiento de un daño antijurídico, sino de la falta de cumplimiento de los plazos legales para el pago de cesantías, lo que no configura la responsabilidad extracontractual del Estado que habilita la acción de repetición. La Sala reitera su precedente horizontal, estableciendo que la procedencia de la acción de repetición se limita a casos en que el Estado haya sido condenado por un daño antijurídico, excluyendo así la recuperación de recursos públicos desembolsados como consecuencia de sanciones legales impuestas por incumplimiento de obligaciones normativas.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-11-07Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 25000233600020240056301LEY 1437 REPETICION
¿Es competente la Subsección para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de repetición cuando el pago realizado por la entidad estatal proviene de una sanción administrativa impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ya que esta no constituye una condena judicial, conciliación u otro mecanismo que ponga fin a un conflicto por un daño antijurídico. La sanción administrativa se expide en el marco de un proceso sancionatorio por incumplimiento de normas y procedimientos, y no causa un daño antijurídico a la entidad, sino que se trata de un daño que está en el deber jurídico de soportar, en tanto es parte de las instituciones públicas sometidas al control del Estado como desarrollo de la facultad sancionatoria. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y limita la procedencia del medio de control de repetición en casos de sanciones administrativas, lo que implica que el contratista no podrá obtener indemnización por dichas sanciones.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición es procedente cuando provenga de una condena judicial, de una conciliación u de otro mecanismo que haya puesto fin a un conflicto por un daño antijurídico?¿Es improcedente el medio de control de repetición cuando el pago realizado por la entidad proviene de una sanción administrativa impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios…¿Es improcedente la condena en costas por cuanto no se causaron?
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales respecto a un contrato que no fue liquidado inicia desde el día siguiente a la fecha en que debió liquidarse? Sí
El contratista debe presentar la acción de controversias contractuales dentro del término de caducidad que comienza desde el día siguiente a la fecha en que debió liquidarse el contrato, incluso si este no fue liquidado, lo que implica que la entidad estatal puede demandar oportunamente si la acción se presenta dentro del plazo establecido. La Sala determina que la demanda fue presentada dentro del término de caducidad, iniciando desde el 1° de julio de 2016, fecha en que debió liquidarse el contrato de arrendamiento, y concluye que la condena en costas y agencias en derecho procede conforme a la norma procesal aplicable, condenando a la demandante a pagar tres salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la providencia, de acuerdo con los criterios y tarifas establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró un daño antijurídico derivado de la ocupación del bien inmueble durante la ejecución del contrato de arrendamiento?¿Procede la condena en costas y agencias en derecho de acuerdo con la norma procesal aplicable?
¿Las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato son aplicables a los contratos celebrados por Ecopetrol cuyo régimen es el derecho privado por tratarse de una sociedad de economía mixta? No
El contratista no puede aplicar las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato a los contratos celebrados por Ecopetrol bajo el régimen del derecho privado, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que estos contratos se rigen exclusivamente por las reglas del derecho privado, excluyendo así la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas específicas sobre equilibrio económico. Además, la Sala rechaza las pretensiones del contratista basadas en la excesiva onerosidad sobrevenida, ya que el contrato fue terminado y liquidado por mutuo acuerdo, lo que impide la revisión de prestaciones futuras. Asimismo, el contratista no cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación, y el dictamen pericial no constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el presunto incumplimiento de Ecopetrol. Estas decisiones reafirman que los contratos de Ecopetrol regidos por el derecho privado no están sujetos a las normas del derecho público y limitan las posibilidades de revisión y reclamación por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó una excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de derecho privado que fue objeto de liquidación por mutuo acuerdo entre Ecopetrol y la Sociedad demandante ?¿El recurrente cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación frente las inconformidades por las presuntas obligaciones que había incumplido Ecopetrol?¿El dictamen pericial constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el contratista por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de Ecopetrol?
¿Procede el reconocimiento de perjuicios por mayor duración del contrato cuando el contratista no acredita, mediante prueba pericial sólida y soportes contables verificables, los costos efectivamente asumidos por dicha extensión? No
El contratista no obtiene el reconocimiento de perjuicios por mayor duración del contrato cuando no acredita los costos efectivamente asumidos mediante prueba pericial sólida y soportes contables verificables. La Sala confirmó que los modificatorios del contrato no implicaron reconocimiento de contraprestación adicional ni renuncia a las reclamaciones del contratista, y que el dictamen pericial no cumplió con los requisitos de solidez, claridad y exhaustividad exigidos por la jurisprudencia. La Sección Tercera del Consejo de Estado reitera que la valoración del dictamen pericial debe hacerse con sana crítica, considerando la idoneidad del perito y la calidad de sus fundamentos, así como la concordancia con los soportes documentales presentados. Esta regla implica que los contratistas deben aportar pruebas robustas y detalladas para demostrar los costos asociados a la extensión del contrato, evitando así la negativa a sus reclamaciones por falta de evidencia suficiente.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas y agencias en derecho cuando la apelación no prospera, conforme al artículo 188 del CPACA y los artículos 365 y 366 del CGP?
¿Procede la acumulación de pretensiones contractuales y extracontractuales por cuanto existe una relación de dependencia entre ellas y están llamadas a servirse de las mismas pruebas? Sí
En un mismo proceso, pueden acumularse pretensiones contractuales y extracontractuales cuando son conexas, pueden ser decididas por el mismo juez mediante el mismo procedimiento, no son excluyentes entre sí y no están afectadas por la caducidad, conforme al artículo 165 del CPACA, y que la acumulación subjetiva de pretensiones contra varios demandados se rige por el artículo 88 del Código General del Proceso, por remisión del artículo 306 del CPACA. Una razón es que las pretensiones contractuales se dirigían contra el contratante y derivaban de la relación negocial, mientras que las extracontractuales se dirigían contra un tercero que adoptó una decisión unilateral que se alegó dañina, de modo que no se excluían. Otra razón es que existía una relación de dependencia entre ellas y las dos debían servirse de las mismas pruebas, lo que justificaba decidirlas en conjunto. En el caso, la Sala decidió de fondo porque no había impedimento, y las pretensiones contractuales no se analizaron por haberse declarado la nulidad absoluta del contrato. La providencia cita precedente de la Sección sobre acumulación de pretensiones principales; su consecuencia práctica es que la acumulación es admisible cuando las pretensiones comparten pruebas y no se excluyen.síntesis automática
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad del medio de control de controversias contractuales respecto de las pretensiones derivadas del contrato número 008 de 2004?¿Hay lugar a declarar la nulidad absoluta de los contratos materia de la litis y sus adicionales, por objeto ilícito, debido a que se otorgó, de manera indebida…¿El contratista probó haber ejecutado prestaciones que estén pendientes de pago a cargo de la entidad contratante?
¿Se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual y fue antijurídica la conducta de la entidad demandada? No
La alteración grave del equilibrio económico del contrato debe probarse por quien la alega, y el simple incremento de un tributo no basta para acoger las pretensiones económicas del contratista. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el gravamen de la estampilla alcanzaba a los documentos de cobro de obligaciones a cargo de la empresa pública, por lo que no hubo aplicación retroactiva del acuerdo municipal que lo creó. La segunda es que el contratista no allegó la propuesta económica del contrato ni otra prueba que permitiera concluir que el cobro adicional alteró gravemente el equilibrio o lo dejó en pérdida. En consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda por falta de prueba del desequilibrio y de la conducta antijurídica de la entidad. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contratista no obtiene la compensación reclamada por el tributo.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad contratista acreditó la alteración grave del equilibrio financiero del contrato?¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato?¿Fue antijurídica la conducta de Metro Cali SA de aplicar el acuerdo del Concejo Municipal?
¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve:¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama?¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática?¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
¿Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público? Sí
El contratista no puede cometer los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ya que estos son delitos de sujeto activo calificado y solo pueden ser cometidos por servidores públicos, según el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, que equipara a los contratistas con la calidad de servidor público en el ámbito de la responsabilidad penal. La Fiscalía encontró indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos mediante el cobro de facturas de un contrato de suministro celebrado sin cumplir los requisitos legales, lo que configuraba las conductas punibles por las que fue vinculada. Sin embargo, la medida restrictiva de privación de la libertad no fue desproporcionada, ya que la demandante permaneció bajo privación de la libertad durante un año y tres meses, y fue absuelta por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias, lo que implica que no existe responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿La Fiscalía encontró que existían indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos?¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto la demandante consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario…¿La interpretación que acogió la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento encuadraba dentro de la tipificación endilgada?
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico, que debe ser cierto, real, determinado o determinable e indemnizable, y su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas? Sí
El contratista no puede obtener la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado sin acreditar un daño antijurídico cierto, real, determinado o determinable e indemnizable, y su imputación a la acción u omisión de autoridades públicas, según establece el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. La Sala reitera que para configurar la responsabilidad patrimonial del Estado, es necesario demostrar un daño antijurídico que no esté amparado por la ley o el derecho y que no tenga una causa justificativa, y que este daño debe ser cierto y real, no eventual o hipotético. En el caso particular, la Sala confirma la falta de pruebas que acrediten el detrimento patrimonial y los daños morales y a la honra del demandante, derivados de la imposición de medidas no privativas de la libertad y la vinculación al proceso penal por delitos de peculado y falsedad ideológica, lo que impide la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Está probado que la imposición de medidas no privativas de la libertad y la vinculación del demandante al proceso penal adelantado por los delitos de peculado por apropiación y de falsedad…¿Está probado que la imposición de medidas no privativas de la libertad y la vinculación del demandante al proceso penal adelantado por los delitos de peculado por apropiación y de falsedad…¿Debe condenarse en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Se configuró la caducidad de la acción de repetición al haberse presentado la demanda dentro de los dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que la entidad contaba para pagar? No
La demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que la entidad contaba para pagar. En este caso, el pago se realizó el 26 de junio de 2013, por lo que la demanda presentada el 3 de marzo de 2014 se radicó oportunamente.síntesis automática
También resuelve:¿Puede la Sala estudiar la presunción de culpa grave invocada en el recurso de apelación, cuando dicha imputación no se hizo en la demanda, sin vulnerar el derecho a la defensa de los demandados?¿Tenían legitimación en la causa por pasiva los agentes estatales que no profirieron el oficio que negó la reliquidación de las cesantías y que fue discutido en la conciliación extrajudicial…¿Constituye un daño antijurídico el pago de las cesantías reliquidadas a un empleado público, cuando corresponden a una prestación legítima a la que el funcionario del servicio exterior tenía derecho…
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la producción del daño ocasionado por la denuncia penal presentada en contra de la demandante por el punible de abuso de confianza calificado? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de reparación directa para demandar la producción del daño ocasionado por la denuncia penal, siempre que la denuncia penal haya sido resuelta con firmeza dentro del término legal y la demanda se interponga dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del daño o al conocimiento del mismo. En este caso, la denuncia penal fue resuelta con firmeza el 16 de agosto de 2013, y la demanda se presentó el 21 de octubre de 2015, dentro del plazo legal. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la caducidad del medio de control de la reparación directa, asegurando que el ejercicio oportuno del derecho de acción es fundamental para evitar la pérdida del derecho a demandar.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?¿Se acreditó un daño antijurídico susceptible de ser reparado e indemnizado como consecuencia de la denuncia penal presentada por la Previsora S.A. en contra de la demandante…¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en razón de la cuantía? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, incluidas las universidades públicas, y el Consejo de Estado conoce de la apelación cuando el asunto tiene vocación de doble instancia por razón de la cuantía. Esta regla se apoya en el régimen contractual de la universidad pública, que puede estar sujeto al derecho privado en ciertos aspectos, sin que ello excluya la competencia de la jurisdicción. Por ello el carácter público de la entidad determina la jurisdicción, y la cuantía de la pretensión determina la segunda instancia. En el caso concreto la corporación conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia del tribunal, y la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la competencia del Consejo de Estado en apelación depende de la cuantía y del carácter público de la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos emitidos por la Universidad Militar Nueva Granada en las fases precontractual y contractual, no son actos administrativos?¿El medio de control de controversias contractuales es procedente cuando el negocio jurídico fue perfeccionado con independencia de si la causa dañosa deviene de una actuación adelantada en la etapa…¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato?
¿Se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no logra configurar el daño antijurídico como elemento primario de la responsabilidad del Estado, ya que no acredita la existencia de un perjuicio que satisfaga los requisitos legales, ni demuestra que la medida de aseguramiento impuesta haya carecido de proporcionalidad o razonabilidad, o que haya sido arbitraria. La Sala confirma la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales previstos en la ley penal vigente y no se probó que la Fiscalía hubiera causado un daño antijurídico al procesado, lo que hace infructuoso el análisis de la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Se allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria?¿La medida privativa de la libertad no quebrantó lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y garantizó los derechos del procesado?¿En manos del juez está la labor de definir el régimen de responsabilidad aplicable y la motivación que sustente la decisión que se habrá de adoptar?
¿La Sala es competente, en aplicación del fuero de atracción, para decidir la controversia respecto de todas las demandadas, cuando se observa que se trata de entidades tanto públicas como privadas? Sí
Por el fuero de atracción, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce en un mismo proceso de la controversia contra particulares o entidades privadas demandadas de forma concurrente con una entidad pública, siempre que la imputación a esta última sea seria y razonada. La regla se apoya en tres razones. Primera, la competencia se funda en el factor de conexión y no es provisional ni condicionada, de modo que se conserva aun si la entidad pública resulta no responsable. Segunda, en el caso la demanda imputó de forma seria y razonada omisiones a la entidad pública, como no informar la existencia de un contrato de prenda y no pedir autorización para enajenar el bien, y al particular, lo que justifica el fuero. Tercera, la demanda fue dirigida de forma concurrente contra ambos, por lo que la Sala es competente para decidir la controversia respecto de los dos. En consecuencia, la sentencia se confirma. El documento reitera la línea sobre imputación seria y razonada que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de una omisión imputable a una…¿Cuentan con valor probatorio los documentos privados emanados de terceros, cuando las partes no lo tachan de falso?¿El Departamento de Caldas cuenta con legitimación en la causa por pasiva respecto de la omisión de información durante la formación del contrato de cesión de derechos económicos…
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión?¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas?¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal?¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban?¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
¿El medio de control de reparación directa es el procedente para reclamar por daños provenientes de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo? Sí
El proponente acude a la jurisdicción contencioso administrativa formulando pretensiones indemnizatorias por daños derivados de actuaciones imputables a la administración de justicia. El juez de la causa analiza la idoneidad del medio de control elegido a la luz del ordenamiento procesal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del CPACA, la pretensión de reparación directa constituye el mecanismo procesal idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el perjuicio invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato o a un acto administrativo. Verificada la oportunidad en la presentación de la demanda y acreditados los presupuestos procesales, la Sala confirma la sentencia de primera instancia. Asimismo, al advertir que la parte vencedora no desplegó actuación alguna en segunda instancia, se abstiene de imponer condena por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte demandante.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?¿El medio de control de reparación directa por privación injusta de la libertad se interpuso dentro del término establecido en la ley?¿Las partes que integran la litis se encuentran legitimadas en la causa?
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