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IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

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Consejo de Estado Providencia

Se debe revocar la sentencia dictada el 30 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Sentencia — Sentencia 2025-12-12 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020240003900 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se debe revocar la sentencia dictada el 30 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, porque no se probó una falla en el servicio, dado que las autoridades actuaron de manera diligente frente a las actividades ilegales de DMG y que, además, el daño alegado fue consecuencia del actuar imprudente del propio demandante, quien tampoco utilizó los mecanismos legales disponibles para reclamar su acreencia conforme a la Ley 1116 de 2006? Sí
El contratista no puede obtener responsabilidad patrimonial del Estado por daños alegados, dado que no se probó una falla en el servicio por parte de las autoridades, estas actuaron con diligencia frente a actividades ilegales de una organización, y el daño fue consecuencia del actuar imprudente del propio contratista, quien no utilizó los mecanismos legales disponibles para reclamar su acreencia conforme a la Ley 1116 de 2006. Además, la Sala declaró fundado el impedimento manifestado por un consejero debido a que algunos de sus parientes invirtieron en la organización en cuestión, configurándose así la causal de interés directo o indirecto prevista en el artículo 141 del Código General del Proceso. Asimismo, la Sala se abstiene de condenar en costas al no evidenciarse temeridad ni mala fe por parte de los intervinientes en el proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿El impedimento manifestado por el consejero F. I. M. debe declararse fundado, dado que algunos de sus parientes invirtieron en el Grupo DMG S.A.… ¿Al no evidenciarse temeridad ni mala fe por parte de los intervinientes en el proceso, la Sala debe abstenerse de imponer condena en costas conforme al artículo 171 del CCA…
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 17001233100020110006002 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La causa adecuada del daño, accidente de tránsito entre particulares, provino de una conducta ajena al Estado? Sí
El contratista no puede imputar al Estado la responsabilidad por lesiones físicas causadas en un accidente de tránsito entre particulares, ya que la causa adecuada del daño provino de una conducta ajena al Estado, específicamente del conductor de un vehículo que actuó imprudentemente al no respetar la prelación de paso y no tomar las precauciones debidas al cruzar una intersección, lo que resultó en un choque con una motocicleta. La entidad estatal no incurrió en ninguna omisión que contribuyera a la ocurrencia del accidente, y el hecho del tercero fue tanto imprevisible como irresistible para la Administración, por lo que no se configura la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado en casos de accidentes de tránsito, estableciendo que el daño debe ser consecuencia directa de una falla del servicio o de una omisión estatal para que se configure la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿Se probó la falla del servicio imputada al municipio de Villamaría? ¿El accidente se produjo por el hecho del tercero consistente en el actuar del conductor de la camioneta? ¿Los reductores de velocidad son señales preventivas que deben instalarse en zonas en donde se requiera detener completamente el vehículo o disminuir la velocidad?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Sala es competente, para decidir la controversia respecto de todas las demandadas

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 17001233100020100000901 ACCION CONTRACTUAL
¿La Sala es competente, en aplicación del fuero de atracción, para decidir la controversia respecto de todas las demandadas, cuando se observa que se trata de entidades tanto públicas como privadas? Sí
Por el fuero de atracción, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce en un mismo proceso de la controversia contra particulares o entidades privadas demandadas de forma concurrente con una entidad pública, siempre que la imputación a esta última sea seria y razonada. La regla se apoya en tres razones. Primera, la competencia se funda en el factor de conexión y no es provisional ni condicionada, de modo que se conserva aun si la entidad pública resulta no responsable. Segunda, en el caso la demanda imputó de forma seria y razonada omisiones a la entidad pública, como no informar la existencia de un contrato de prenda y no pedir autorización para enajenar el bien, y al particular, lo que justifica el fuero. Tercera, la demanda fue dirigida de forma concurrente contra ambos, por lo que la Sala es competente para decidir la controversia respecto de los dos. En consecuencia, la sentencia se confirma. El documento reitera la línea sobre imputación seria y razonada que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de una omisión imputable a una… ¿Cuentan con valor probatorio los documentos privados emanados de terceros, cuando las partes no lo tachan de falso? ¿El Departamento de Caldas cuenta con legitimación en la causa por pasiva respecto de la omisión de información durante la formación del contrato de cesión de derechos económicos…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Alcance de los medios de prueba: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2022-02-21 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020170089101 LEY 1437 REPETICION
¿Los herederos de quien ostentó la condición de servidor público, que realizó las actuaciones que se califican de culposas o dolosas son los llamados a responder patrimonialmente por la condena impuesta a la entidad demandante? Sí
Los herederos de un exservidor público responden patrimonialmente por la condena impuesta a la entidad, siempre que se acredite su calidad de herederos y que se pruebe el elemento subjetivo de dolo o culpa grave de quien causó el daño. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la muerte no extingue las obligaciones patrimoniales, según el artículo 1625 del Código Civil, y la acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial. La segunda es que la calidad de herederos se acredita con los documentos que lo demuestren, como la escritura pública de protocolización de la sucesión y los registros civiles de nacimiento. En el caso concreto, la entidad accionante aportó la escritura de la sucesión de la exfuncionaria, en la que se reconocen como herederos a sus dos hijos sobrevivientes, por lo que estos están legitimados por pasiva. La condena a los herederos depende de la prueba de la conducta culposa o dolosa, que se valorará con las pruebas del proceso. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Los herederos de la exdirectora del ICETEX se encuentran legitimados por pasiva, puesto que la parte demandante aportó el documento que los reconoce como herederos? ¿El Estado se encuentra en la capacidad de repetir contra sus agentes y de esta forma reintegrar al erario público el dinero pagado por concepto de una condena?
Consejo de Estado Providencia

El Ejército Nacional está acudiendo indebidamente al medio de control de repetición y desconociendo una decisión

Sentencia — Sentencia 2023-08-22 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 18001233300020140004401 LEY 1437 REPETICION
¿El Ejército Nacional, entidad demandante, está acudiendo indebidamente al medio de control de repetición y desconociendo una decisión que ya hizo tránsito a cosa juzgada? Sí
En el medio de control de repetición, la pretensión no procede cuando busca desconocer una decisión que ya hizo tránsito a cosa juzgada y en la que la jurisdicción contencioso administrativa se pronunció sobre la misma controversia. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad demandante no puede acudir a la acción de repetición para reabrir un asunto ya resuelto por una sentencia ejecutoriada, porque ello desconoce la cosa juzgada. Segunda, la acción de repetición está destinada a recuperar lo pagado por la condena, y no a revisar nuevamente la responsabilidad que la sentencia ya declaró. En el caso, la sentencia anterior estableció que el Estado debía responder por las lesiones, y la entidad pretendía discutir de nuevo ese asunto mediante la repetición. La providencia rechaza las pretensiones y, en esa medida, revoca la decisión de primera instancia. En la práctica, la entidad que quiera repetir debe verificar que su pretensión no reproduzca el objeto de una sentencia previa con fuerza de cosa juzgada.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de repetición está prevista para solicitar el reintegro de lo pagado por el Estado en una condena judicial? ¿La demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena? ¿La condena en costas es procedente en la acción de repetición porque en esta se ventilan intereses patrimoniales de las entidades públicas?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado carece de competencia para conocer del presente asunto en única instancia

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2023-10-11 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 11001032600020130016500 LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado carece de competencia para conocer del presente asunto en única instancia, por cuanto la CAR no es una entidad del orden nacional? Sí
La acción de repetición contra los representantes legales de entidades del orden nacional es de única instancia ante el Consejo de Estado, conforme al numeral 13 del artículo 149 del CPACA, pero no cuando la entidad es una corporación autónoma regional, que no pertenece al orden nacional, de modo que la corporación carece de competencia y debe remitir el expediente. La razón es que la naturaleza de la corporación es sui generis y no puede asimilarse a un organismo de la administración central ni a una entidad territorial, mientras que su representante legal ejerce competencias en el ámbito territorial definido por la Ley 99 de 1993. Además, al declararse la falta de competencia, el artículo 152 del CPACA ordena remitir el expediente al tribunal competente, y las actuaciones surtidas conservan su validez según el artículo 16 del Código General del Proceso. En el caso, el despacho declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente al tribunal administrativo competente. Su consecuencia práctica es que la competencia de única instancia exige que la entidad sea del orden nacional, y que una corporación descentralizada no basta para activarla.síntesis automática
También resuelve: ¿Las CAR son organismos administrativos intermedios entre la Nación y las entidades territoriales? ¿La competencia del Consejo de Estado para resolver en única instancia las demandas de repetición, se restringe a los eventos en que se llame a responder patrimonialmente a los representantes legales… ¿El legislador estableció para cada CAR un ámbito territorial limitado para el ejercicio de sus competencias?
FALTA DE COMPETENCIA
Consejo de Estado Providencia

Decidir lo contrario, implicaría un palmario quebranto de la norma procedimental que exige la debida sustentación del recurso de apelación.

Sentencia — Sentencia 2023-02-17 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 15001233100020060079601 ACCION DE REPETICION
¿La competencia del ad quem se contrae a revisar la decisión impugnada de cara a los motivos de censura expuestos por el apelante? Sí
La competencia del juez de segunda instancia se contrae a revisar la decisión impugnada frente a los motivos de censura que formula el apelante, y no puede pronunciarse de fondo sobre una sentencia que no fue cuestionada. La regla se apoya en tres razones. Primera, la apelación exige una debida sustentación que refute los fundamentos de la providencia, y si el recurrente plantea hechos distintos a los de la demanda, se desconecta de la razón de la decisión. Segunda, el juez de segunda instancia no puede analizar oficiosamente los argumentos del tribunal ni los del recurso, porque la instancia no es una nueva oportunidad para estudiar el asunto como si nunca hubiera sido analizado. Tercera, la sentencia de primera instancia quedó libre de censura, por lo que no procede reformarla. En consecuencia, se confirma el fallo que negó las pretensiones. El documento reitera la exigencia de debida sustentación del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve: ¿El apelante no cumplió adecuadamente la carga de sustentar el recurso, pues los argumentos que planteó no refutan los fundamentos de la sentencia? ¿El apelante nada dijo respecto de la conducta de los demandados ni argumentó que hubiese existido una destinación diferente de recursos? ¿El impugnante con la sustentación del recurso de apelación pretende variar los hechos en los que fundó su demanda inicial?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño

Sentencia — Sentencia 2022-08-22 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000232600020090015501 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño, el cual tuvo origen en la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble? Sí
El contratista puede iniciar la acción de reparación directa dentro de los dos años posteriores a que tuvo conocimiento del daño, que en este caso se originó con la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble, independientemente de que no fuera notificado formalmente del acto. La entidad estatal, en este caso la Rama Judicial, está legitimada por pasiva cuando se le imputa el daño causado por la administración de justicia. Las pruebas documentales presentadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio si no han sido tachadas de falsas y han estado a disposición de la parte contraria, según la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la valoración de la prueba documental, lo que implica que los contratistas tienen mayor flexibilidad para ejercer su acción de reparación directa y que los documentos presentados de manera oportuna y regular son válidos para acreditar el daño antijurídico y su imputación al Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre la Rama Judicial por ser la entidad a la que se le imputa el daño? ¿Las pruebas documentales aportadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio por cumplir con el principio de contradicción y no haber sido tachadas de falsas? ¿El daño antijurídico y la imputación de éste al Estado, son elementos que deben acreditarse para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La muerte de la víctima es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 08001233100020110094001 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La muerte de la víctima es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero? Sí
La muerte de la víctima no es imputable a las entidades demandadas y es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero, ya que el accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta que no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha, y no se probó la falla del servicio por omisión en la colocación de reductores de velocidad que hubiera sido la causa eficiente del daño. La entidad demandada no pudo prever ni evitar la conducta negligente del conductor del tractocamión, lo que la exime de responsabilidad patrimonial. Esta decisión confirma la sentencia apelada y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la responsabilidad del Estado no se configura en ausencia de falla del servicio y cuando el daño es exclusivamente atribuible a un hecho del tercero.síntesis automática
También resuelve: ¿El accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta pues no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha? ¿La parte demandante acreditó la omisión por parte de la Administración en la colocación de reductores de velocidad y que ésta hubiera sido la causa eficiente y/o adecuada del daño? ¿El hecho de que posteriormente se hubiesen instalado resaltos en la vía prueba que su ausencia el día de los hechos fue la causa eficiente del daño?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La decisión impugnada será modificada para señalar que la condena decretada deberá ser pagada en favor de la sociedad demandante y el litisconsorte.

Sentencia — Sentencia 2023-09-07 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 81001233100020090003901 ACCION CONTRACTUAL
¿La sociedad demandante y el litisconsorte necesario, en calidad de integrantes del consorcio, ejecutaron mayores cantidades de obra para el cumplimiento del contrato de obra? Sí
En los contratos de obra, las mayores cantidades ejecutadas por los integrantes del consorcio son exigibles cuando fueron ejecutadas con el conocimiento y el aval de la entidad contratante, aunque su valor no haya sido pagado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad que conoce y avala la ejecución de cantidades adicionales asume la obligación de pagarlas, y su omisión configura responsabilidad contractual. Segunda, el silencio de la entidad frente a esas cantidades, habiendo tenido conocimiento de ellas, no la exime del pago. En el caso, la sociedad demandante y el litisconsorte necesario ejecutaron mayores cantidades sin que su valor fuera pagado, y la providencia confirma la declaración de responsabilidad contractual, aunque modifica la decisión impugnada en la forma de señalar la condena. En la práctica, el contratista que ejecute cantidades adicionales debe dejar constancia del conocimiento y aval de la entidad, porque esa prueba sustenta el reconocimiento del pago.síntesis automática
También resuelve: ¿La condena por concepto de pago de mayores cantidades de obra debe efectuarse por la empresa demandada? ¿La interventoría y Emserpa SA ESP autorizaron al contratista expresamente la realización de mayores cantidades de obra? ¿El contrato de obra fue suscrito única y exclusivamente entre Emserpa SA ESP y el consorcio contratista?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020090044701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve: ¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama? ¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática? ¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La parte demandante no cumplió con la carga probatoria

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2023-05-23 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 18001233300020140021401 LEY 1437 REPETICION
¿La parte actora debió probar que los demandados en repetición actuaron de forma grosera, negligente, despreocupada o temeraria? Sí
En la acción de repetición, la parte actora debe probar la conducta del agente que reprocha como gravemente culposa, pues incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. La regla se apoya en el artículo 167 del Código General del Proceso y en que las decisiones adoptadas en otros procesos no bastan por sí solas para acreditar el elemento subjetivo del agente. Por ello, la ausencia de medios que demuestren irregularidades en la planeación y ejecución de la operación impide determinar la culpa grave. En el asunto, la actora aportó decisiones de otros procesos, pero no probó que los militares al mando actuaran de forma grosera, negligente, despreocupada o temeraria, y la Sala confirmó la sentencia de primera instancia. En la práctica, la entidad que repite debe aportar pruebas directas de la conducta del agente y no solo decisiones previas que la condenaron.síntesis automática
También resuelve: ¿La imputación de la conducta gravemente culposa de los demandados, formulada por la parte actora, se basa en las decisiones adoptadas en el marco de los procesos disciplinario y de reparación… ¿La acción de repetición es autónoma e independiente del proceso que le dio origen, razón por la que deben ser allegadas las pruebas que logren demostrar el actuar culposo de los demandados? ¿No cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, ni cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir la responsabilidad pues debe comprobarse la gravedad de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El daño es imputable a la Rama Judicial porque la Corte Suprema de Justicia pertenece a esta entidad

Sentencia — Sentencia 2023-05-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020140144601 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La privación de la libertad que padeció la demandante le generó un daño que no debía soportar porque superó las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad? Sí
El contratista no debe soportar un daño que supere las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad, configurándose la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando la entidad estatal priva injustamente de la libertad a un ciudadano y este es absuelto por atipicidad objetiva de la conducta. En este caso, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante por supuestamente utilizar su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS, pero posteriormente absolvió a la demandante por desvirtuar los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias, al establecer que las facturas no son documentos reservados y que la exhibición de estos documentos se realizó dentro de su rol institucional. La Sala concluyó que la privación de la libertad que padeció la demandante generó un daño que no debía soportar, superando las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar, y que la responsabilidad patrimonial de la rama judicial se configura en estos casos.síntesis automática
También resuelve: ¿Los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias fueron desvirtuados por la Corte en la sentencia absolutoria? ¿La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante porque utilizó su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS? ¿La absolución del sindicado por atipicidad de la conducta era suficiente para considerar como antijurídico el daño recibido por la privación de su libertad?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020090043101 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no logra configurar el daño antijurídico como elemento primario de la responsabilidad del Estado, ya que no acredita la existencia de un perjuicio que satisfaga los requisitos legales, ni demuestra que la medida de aseguramiento impuesta haya carecido de proporcionalidad o razonabilidad, o que haya sido arbitraria. La Sala confirma la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales previstos en la ley penal vigente y no se probó que la Fiscalía hubiera causado un daño antijurídico al procesado, lo que hace infructuoso el análisis de la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿Se allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria? ¿La medida privativa de la libertad no quebrantó lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y garantizó los derechos del procesado? ¿En manos del juez está la labor de definir el régimen de responsabilidad aplicable y la motivación que sustente la decisión que se habrá de adoptar?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

En la parte resolutiva de esta providencia se revocará la sentencia

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 18001233100020080008301 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión? ¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas? ¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La sociedad demandante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía

Sentencia — Sentencia 2023-12-04 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 23001233300020140010901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sociedad demandante cumplió con la carga de probar las circunstancias graves que le atribuye a la entidad pública como generadoras del incumplimiento del contrato? No
Quien alega como causa del incumplimiento contractual unas circunstancias graves atribuibles a la entidad pública tiene la carga de probarlas, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, pues sin esa prueba la excepción de contrato no cumplido no puede prosperar. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que la omisión que se atribuye a la entidad como causa del incumplimiento no quedó demostrada, porque el contrato no evidenció que la sociedad hubiera presentado planes de inversión o solicitudes de aprobación de inversiones ante el municipio, como le correspondía. Otra razón es que la actora no aportó las pruebas que sustentaran las circunstancias graves que invocó, de modo que no pudo declararse la inejecución atribuida a la entidad. En el caso, la sociedad concesionaria pretendió la nulidad de los actos administrativos sancionatorios por la terminación unilateral del contrato de concesión del matadero municipal. La decisión de primera instancia se revocó y las pretensiones fueron negadas. Su consecuencia práctica es que el contratista debe probar los hechos que atribuye a la entidad antes de excusar su propio incumplimiento.síntesis automática
También resuelve: ¿El municipio autorizó la realización de obras para adecuar el matadero así como la realización del plan gradual de cumplimiento? ¿Obran elementos de prueba que conduzcan a determinar que con ocasión de la expedición del decreto la comercializadora hubiese presentado al Municipio algún plan de inversión? ¿Se revoca el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo recurrido por comportar una decisión extra petita?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas

Sentencia — Sentencia 2021-12-14 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 08001233300020120020901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve: ¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
Consejo de Estado Providencia

En la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-12-11 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 68001233300020180005101 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve: ¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal? ¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban? ¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Procede la Sala Plena de la Sección Tercera

Sentencia Unificación — FALLO 2014-08-28 Sección Tercera (Subsección A) Rad. 68001233100020020254801 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿En el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió? Sí
Procede la Sala Plena de la Sección Tercera, con el fin de unificar la jurisprudencia en relación con I) los parámetros que se deben tener en cuenta para la tasación de los perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y II) los criterios para reconocer indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro cesante a la persona que fue privada injustamente de su libertad… . El demandante [víctima] fue privado de su Derecho Fundamental a la Libertad desde el 1 de diciembre de 1998 hasta el 18 de agosto de 1999, sindicado como autor del delito de peculado por apropiación en provecho propio; sin embargo, en el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió.
También resuelve: ¿La Fiscalía impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual se hizo efectiva el 1 de diciembre de 1998? ¿La Sala se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada? ¿El término de caducidad debe contabilizarse a partir de la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se precluyó o se absolvió al procesado?
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte

Sentencia — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 85001233100020110000701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito, ocasionado al caer en un hueco existente en la vía? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de reparación directa para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito, ocasionado al caer en un hueco existente en la vía, siempre que la demanda se interponga dentro del plazo de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho. En este caso, la víctima falleció el 16 de octubre de 2009, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 25 de junio de 2010, y la demanda se interpuso el 4 de febrero de 2011, dentro del plazo legal. La Sala modificó la jurisprudencia anterior sobre la caducidad de la acción, otorgando mayor seguridad jurídica y protegiendo el derecho de acceso a la justicia, lo que implica que los plazos para presentar la demanda deben ser estrictamente respetados para evitar la pérdida del derecho de accionar.síntesis automática
También resuelve: ¿Los demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa para reclamar la reparación de perjuicios ocasionados por la muerte de la víctima en un accidente de tránsito… ¿El Instituto Nacional de Vías (Invías) está legitimado en la causa por pasiva, pero no el Ministerio de Transporte, ni el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Inco… ¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
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