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Auto interlocutorio — Auto que deja sin efecto providencia2025-05-19Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020190057601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuándo esta Corporación se pronunció sobre la admisión de los recursos interpuestos contra la Sentencia de 15 de septiembre de 2023,omitió pronunciarse sobre el recurso de apelación presentado por la parte demandante, la circunstancia advertida configura una irregularidad procesal y no una de las nulidades previstas en el artículo 133 del CGP? Sí
El despacho procede a realizar un control de legalidad del proceso, con fundamento en el artículo 132 del CGP,… . En el estado en el que se encuentra el proceso, la circunstancia advertida configura una irregularidad procesal y no una de las nulidades previstas en el artículo 133 del CGP, las cuales, vale la pena recordar, son taxativas y deben ser interpretadas de forma restrictiva. En principio, dicha irregularidad se entendería subsanada al no haber sido impugnado por la parte interesada (parágrafo del artículo 133 del CGP); sin embargo, como la admisión del recurso de apelación es condición necesaria para que este pueda ser decidido con el fin de evitar posibles nulidades a futuro, se considera necesario admitir el recurso de apelación presentado por la parte actora y así garantizar el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales2024-02-01Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 18001233100020110020201ACCION DE REPETICION
¿Resulta procedente declarar la nulidad del proceso por la inobservancia de la plenitud de las formas del juicio, dada la sustitución íntegra del procedimiento ejecutivo, conforme a las pretensiones de la demanda, cuando se observa que la causal de nulidad alegada no encuadra en las causales taxativas previstas en el artículo 133 CGP, normativa procesal aplicable en razón al tránsito legislativo del caso? Sí
De acuerdo con lo relatado por el ente accionante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Caquetá que declaró configurada la cosa juzgada, la responsabilidad del médico… fue analizada y decidida en el proceso de reparación directa en el que fue declarado patrimonialmente responsable “por el hecho dañoso”, a título de culpa grave. En este contexto, la pretensión formulada consistió en “librar mandamiento de pago” por la suma de dinero pagada en cumplimiento de la sentencia condenatoria.
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro del término legal? Sí
La demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de controversias contractuales fue formulada dentro de la oportunidad que tenía para ello, ya que mediante acto administrativo emitido el 9 de marzo de 2018 la ATNV confirmó la liquidación unilateral del contrato de concesión no. 012 de 1987 y la demanda fue radicada ante la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 20 de enero de 2020.
También resuelve:¿Los actos administrativos mediante los cuales la ANTV no concedió la prórroga del plazo del contrato de concesión no. 012 de 1987 y liquidó unilateralmente dicho negocio jurídico…¿Procede la condena en costas contra la parte demandante por cuanto el recurso de apelación interpuesto no prosperó?
¿El régimen jurídico de contratación de las Universidades Públicas, como otros de los denominados regímenes especiales, no es exclusivamente el derecho privado, sino que lo es “salvo las excepciones consagradas en la Ley"? Sí
El contratista no puede declarar la nulidad del acto de liquidación unilateral proferido por la entidad estatal, como las universidades públicas, cuando el contrato se rige por el derecho privado y no se allega prueba del estatuto interno que regula los actos administrativos de la universidad. La Sala confirmó que el régimen jurídico de contratación de las universidades públicas no es exclusivamente el derecho privado, sino que lo es salvo las excepciones consagradas en la Ley 30 de 1992, y que los reglamentos internos de estas instituciones pueden establecer cuáles de sus actos son administrativos. Sin embargo, en este caso, el contratista no cumplió con su deber probatorio de demostrar que el acto de liquidación era un acto administrativo, por lo que la Sala rechazó la pretensión de declarar la nulidad del acto y reconoció la regla general de que el régimen de los contratos es el derecho privado. Esto implica que el acto de liquidación no es un acto administrativo, sino un acto contractual unilateral sin naturaleza de acto administrativo, y que el contratista debe demostrar la naturaleza jurídica del acto para poder anularlo.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente declarar la nulidad de los actos de liquidación unilateral proferidos por la Universidad Tecnológica de Pereira y, en consecuencia…¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del contrato de obra celebrado por la Universidad Tecnológica de Pereira, por el ejercicio indebido de la facultad de liquidar unilateralmente…¿A los contratos estatales especiales sometidos al derecho privado, como los celebrados por las Universidades Públicas, les resultan aplicables las normas relacionadas con el equilibrio económico del…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-09-13Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 76001233300020170128601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consejo de Estado tiene la competencia para conocer del recurso de apelación contra el auto que decide sobre la aprobación del acuerdo conciliatorio? Sí
Corresponde al Consejo de Estado conocer de la apelación contra el auto que decide sobre la aprobación de un acuerdo conciliatorio cuando el proceso se refiere a un contrato en el que intervienen entidades públicas. Esta competencia se apoya en el numeral 2 del artículo 104 del CPACA, vigente al presentarse la demanda, y en el artículo 150 del mismo código, que atribuye a esta corporación los recursos de apelación contra los autos de primera instancia de los tribunales administrativos. También existe competencia por cuantía, porque el valor de la pretensión mayor superaba los quinientos salarios mínimos exigidos por el numeral 5 del artículo 152 del CPACA para la época de la demanda. En el caso concreto la sala confirmó el auto que aprobó el acuerdo. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión mayor, fijada al presentar la demanda, determina la competencia en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Las personas de derecho público, a través de sus representantes legales o de sus apoderados, pueden conciliar conflictos de carácter particular y de contenido económico que se puedan conocer a…¿Para la aprobación de un acuerdo conciliatorio, este debe estar previamente avalado por los comités de conciliación de las entidades que hacen parte del acuerdo?¿Los Comités de Conciliación del Ministerio y del Departamento aceptaron incluir dentro del acuerdo conciliatorio que la Fundación tendría un plazo de doce meses para ejecutar las actividades del…
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, dado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia contractual, conforme al artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Esta competencia se fundamenta en que la demanda se dirige contra una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios y que la pretensión supera los 500 SMLMV, lo que se ajusta a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Además, el contrato de obra celebrado por la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, y las resoluciones emitidas por la empresa se consideran actos contractuales de derecho privado. La aseguradora que expidió la póliza de garantía contractual para el contrato de obra también tiene legitimación en la causa por activa para demandar, ya que tiene un interés jurídico directo en la controversia. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para resolver recursos de apelación en casos de doble instancia y confirma la naturaleza privada de los actos contractuales de las empresas de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de obra que tuvo por objeto la construcción del acueducto y alcantarillado se rige de modo preferente por el derecho privado?¿A la aseguradora demandante le asiste un interés jurídico para demandar y se encuentra legitimada en la causa por activa…¿El juez de lo contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule…
¿Debe el juez de segunda instancia analizar los reparos del recurso de apelación que son genéricos y no controvierten concretamente las razones por las cuales el a quo desestimó los cargos de nulidad? No
El juez de segunda instancia limita su competencia funcional al examen de la providencia recurrida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante en el escrito de sustentación. En la sentencia proferida, el Consejo de Estado rechaza por genéricos los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la decisión del tribunal que desestimó los cargos de nulidad de actos administrativos contractuales, destacando que el artículo 320 y el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 exigen señalamientos precisos sobre las razones de inconformidad, sin que proceda un análisis oficioso de inconformidades abstractas sobre la ruptura del equilibrio contractual.síntesis automática
También resuelve:¿La alegada ruptura de la ecuación económica del contrato constituye una causa que exonere al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales?¿Pierde la entidad estatal contratante la competencia para declarar la caducidad del contrato cuando el contratista ha demandado previamente ante el juez del contrato el incumplimiento de la entidad…¿Puede el juez de lo contencioso administrativo estudiar el cargo de falta de competencia de la entidad que expidió el acto administrativo demandado…
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2024-12-03Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 25000233600020190081601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los testimonios solicitados por la entidad demandanda son pertinentes para determinar la legalidad de un acto de adjudicación? No
El contratista no puede solicitar testimonios adicionales para determinar la legalidad de un acto de adjudicación, ya que estos medios de prueba son impertinentes y vulneran el debido proceso al intentar agregar explicaciones que no están consignadas en el acto administrativo cuestionado. La entidad estatal es competente para expedir actos administrativos que gozan de presunción de certeza y legalidad, y el particular demandante debe demostrar que dichos actos están falsamente motivados o que violan disposiciones legales, sin que la administración pueda solicitar pruebas adicionales para fundamentar el acto administrativo. Esta regla reitera la importancia de controvertir el acto administrativo con las consideraciones jurídicas y fácticas ya establecidas, evitando la presentación de pruebas que busquen modificar o ampliar la motivación del acto original, lo que implica que los testimonios solicitados por la entidad demandada no son pertinentes en el proceso judicial.síntesis automática
Sentencia — Sentencia2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 11001032600020240004500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La ausencia de motivación afectó la totalidad de las resoluciones adoptadas en el laudo? Sí
El contratista puede anular un laudo arbitral cuando la decisión carece de fundamentación jurídica y los árbitros resuelven la controversia invocando principios generales del derecho sin relacionarlos con el caso concreto ni con la normativa contractual. En este caso, los árbitros declararon que el contrato era exigible y que el municipio había violado principios de buena fe y confianza legítima, pero no explicaron cómo estas violaciones afectaban la vigencia del contrato ni cómo se relacionaban con las disposiciones legales aplicables. Además, los árbitros no revocaron una medida cautelar que suspendía el procedimiento administrativo, a pesar de que la convocante había solicitado su suspensión. La Sala anuló el laudo por falta de motivación, ordenando que los árbitros reembolsen la segunda mitad de los honorarios recibidos, en conformidad con el artículo 48 del Estatuto Arbitral.síntesis automática
También resuelve:¿El laudo carece de fundamentación jurídica, razón por la cual se declarará la nulidad de la decisión arbitral?¿El laudo permite ver que carece de motivación jurídica y por ende incurre en la causal de fallo en conciencia?¿Los árbitros invadieron la órbita de la Administración Pública, se pronunciaron y adoptaron disposiciones sobre un procedimiento administrativo en curso?
¿En una situación de apelante único la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso? Sí
En una situación de apelante único, la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso, de modo que no puede revisar la providencia en la parte que no fue impugnada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita la competencia funcional del superior a los cargos esgrimidos en el recurso de alzada; la regla admite una excepción prevista en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, según la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada; y el silencio del inferior no impide que el superior se pronuncie sobre esos aspectos en los términos de la ley. Por ello, el examen de la segunda instancia se limita a lo impugnado, salvo esas excepciones legales. La providencia de primera instancia se confirma en lo que fue objeto del recurso.síntesis automática
También resuelve:¿Con las pruebas del expediente se acredita la nulidad de los actos administrativos demandados por el supuesto hecho de haberse desconocido el acuerdo de creación del consorcio?¿Los negocios jurídicos celebrados por el representante, dentro de las facultades conferidas para tal caso, producen los mismos efectos que si la actuación la hubiera realizado el representado…¿El mandato de representación otorgado por los integrantes del consorcio, se tiene que se estipuló que la representación del consorcio la tendrían, pluralmente los dos facultados?
CONCESIONES,JUEGOS DE AZAR,CONTRATO DE CONCESIÓN DE APUESTAS PERMANENTES,REGALÍAS,ACTOS ADMINISTRATIVOS,ACTIVIDAD CONTRACTUAL,ACTOS PREVIOS,INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS,CONTROL DE LEGALIDAD,EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD,INCUMPL – Diferencia,Incumplimiento contractual,Consejo de Estado,Ruptura,Sección Tercera,Hecho del príncipe,Potestad Ius variandi,Comportamiento antijurídico,Otorgamiento,Contrato,Acto administrativo,Tipo contractual,Constitución po – Mes: febrero – Año: 2014…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2026-08-24Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020230026801Controversias contractuales
¿El decreto de una medida cautelar, dentro de los procesos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, constituye un prejuzgamiento? No
El decreto de medidas cautelares en los procesos contencioso administrativos no constituye prejuzgamiento sobre el fondo de las pretensiones debatidas. El artículo 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo faculta al juez para adoptar medidas preventivas, conservativas o anticipativas que guarden relación directa con las súplicas de la demanda. En el asunto examinado, la parte actora solicitó la suspensión provisional de resoluciones administrativas que declararon el incumplimiento contractual e hicieron efectiva la cláusula penal. La Sala determinó que dichos actos conservan presunción de legalidad y sus efectos económicos no son susceptibles de medida cautelar negativa mientras permanezcan vigentes, por lo cual se confirmó la decisión de negar la suspensión solicitada.síntesis automática
También resuelve:¿Procede decretar la suspensión provisional de los actos administrativos demandados cuando, del análisis del acto, de las normas superiores invocadas y de las pruebas aportadas…¿Se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 231 del CPACA para decretar la suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones 182 del 4 de agosto de 2022 y 296 del 22 de noviembre…¿Es procedente suspender provisionalmente los actos administrativos que declararon el incumplimiento contractual e hicieron efectiva la cláusula penal, e impedir cautelarmente su cobro…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-11-18Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020170116201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Tribunal también erró al concluir que, en el presente caso, se había configurado la excepción de inepta demanda por falta de requisitos formales al no haberse demandado las resoluciones que liquidaron el contrato, ya que, esto correspondería a un defecto sustancial y, por lo tanto, debió ser analizado en la Sentencia? Sí
El contratista no puede ser declarado inepto por falta de requisitos formales al no demandar las resoluciones que liquidaron el contrato, ya que esta omisión no constituye un defecto formal sino sustancial, que debe ser analizado en la sentencia y no en el auto interlocutor. La entidad estatal no puede ampararse en el control de legalidad para declarar la ineptitud de la demanda en este caso, ya que la omisión no genera una nulidad en términos del artículo 133 del Código General del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala revoca la decisión del Tribunal y ordena continuar con el trámite del proceso, matizando la jurisprudencia existente sobre la configuración de la ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales.síntesis automática
También resuelve:¿La excepción previa de inepta demanda se configura por la ausencia de requisitos formales o por la indebida acumulación de pretensiones?
11001032600020210003700 de 20252025-09-19Rad. 11001032600020210003700
Por consiguiente, considerar que el juez contencioso no pueda pronunciarse sobre la legalidad del pliego de condiciones cuando haya finalizado el proceso de selección haría inane que el artículo 141 del CPACA regule la posibilidad de adelantar el medio de control jurisdiccional de nulidad simple contra los actos anteriores al contrato, por cuanto, obligaría a acudir al medio de control jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho una vez se haya proferido el acto de adjudicación o el acto de declaración de desierto del respectivo proceso de selección del contratista. Así las cosas, si el legislador hubiera pretendido atar la legalidad de los actos previos a las actuaciones posteriores a su expedición hubiera exigido eventualmente, demandar la nulidad del contrato cuando hubiera sido adjudicado y celebrado.
También resuelve:Nulidad de pliego de condiciones cuando el contrato ha sido adjudicado: Artículo 141 del CPACA, poder del juez contencioso de analizar la legalidad del acto de pliego de condiciones finalizado el proceso de selecciónControl de legalidad de los actos previos al contrato: celebración de contrato con ocasión contractual, actos proferidos, término de caducidad de los actos previos del contratoTérmino de constitución de personas jurídicas: Ley 80 de 1993 artículo 6, Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.5.2
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-07-18Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 05001233300020180198001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El procedimiento para el trámite de la conciliación judicial puede consistir en una audiencia con el objeto de escuchar a las partes y estructurar fórmulas de acercamiento entre ellas? Sí
El juez puede establecer un procedimiento para la conciliación judicial en ausencia de normas específicas, consistente en una audiencia para escuchar a las partes y estructurar fórmulas de acercamiento, siempre y cuando se respeten los principios de la Ley 2213 de 2022 y la intervención del Ministerio Público. Sin embargo, para que un acuerdo de conciliación judicial sea válido, debe contar con la participación de un tercero neutral y calificado, como el juez o el procurador, y no solo ser una manifestación de interés en conciliar, como lo fue el documento denominado “ACUERDO PRELIMINAR BASE DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN JUDICIAL”. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para la aprobación de un acuerdo de conciliación judicial, lo que implica que la mera intención de conciliar no es suficiente para que el acuerdo sea válido y obligatorio para las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Del documento suscrito se desprende que las partes únicamente consignaron una manifestación de interés en conciliar judicialmente las diferencias en el marco del proceso judicial de la referencia?
¿La Resolución 1658 del 26 de diciembre de 2011 constituyó un acto definitivo en el procedimiento administrativo sancionatorio? Sí
La Sala revocará la sentencia impugnada, pues advierte que el procedimiento administrativo sancionatorio iniciado bajo la Resolución 475 del 7 de mayo de 2010, fue decidido a través de la Resolución 1658 de diciembre de 2011 la que, como se pasa a demostrar, sí constituyó una decisión de fondo. A tal conclusión se arriba, al considerar: (i) Que el procedimiento administrativo concluye cuando se resuelven los recursos interpuestos. (ii) Que verificada la secuencia razonada y coherente de análisis del procedimiento administrativo adelantado, la Resolución 1658 de diciembre de 2011 resolvió el recurso de reposición contra la decisión de declarar la caducidad del contrato de concesión, la que, por su alcance y contenido exhibe que se trató de una decisión definitiva de tal actuación.
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2022-06-13Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020210021500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es deber del juez ejercer el control de legalidad del proceso y sanear los vicios que acarrean nulidades? Sí
Es deber del juez ejercer el control de legalidad del proceso y sanear los vicios que acarrean nulidades, conforme al artículo 207 del CPACA, y por ello debe declarar su falta de competencia cuando advierte que el asunto no le corresponde. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la falta de competencia se declara en orden al saneamiento del proceso, en aplicación de los artículos 16 y 138 del Código General del Proceso y del principio de improrrogabilidad de la competencia. La segunda es que la competencia para el recurso de anulación contra un laudo arbitral depende del factor orgánico: la sociedad de economía mixta no era considerada entidad pública, porque la participación estatal no superaba el 50% desde 2008, por lo que el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012, integrado con el artículo 104 del CPACA, no atribuye el asunto a la Sección Tercera. En consecuencia, la competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria, y el expediente se remite al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente la sección tercera del Consejo de Estado para conocer recurso de anulación contra laudo arbitral formulado por la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. – CORABASTOS S.A?¿Procede la declaratoria de falta de competencia en orden al saneamiento del proceso y en aplicación del principio de improrrogabilidad de la jurisdicción y de competencia?
Auto interlocutorio — Auto que rechaza solicitud de nulidad2025-10-01Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 63001233300020220005801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Tiene competencia esta Corporación para resolver mediante auto de ponente, la solicitud de nulidad procesal presentada por la parte demandante con posterioridad a la ejecutoria de la providencia que concedió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia? Sí
El Consejo de Estado tiene competencia para resolver mediante auto de ponente la solicitud de nulidad procesal presentada por la parte demandante después de la ejecutoria de la providencia que concedió el recurso de apelación, en virtud del control de legalidad previsto en el artículo 207 de la Ley 1437 de 2011. Asimismo, la causal de nulidad del numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso se configura cuando no se notifica debidamente el auto admisorio de la demanda a un litisconsorte necesario o a un sujeto con interés directo en el proceso, en armonía con el artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por otro lado, la solicitud de nulidad procesal no puede ser admitida cuando quien la presenta no ostenta la calidad de sujeto procesal ni se encuentra directamente afectado por la causal invocada, conforme al artículo 135 del Código General del Proceso, lo que implica que las solicitudes de nulidad presentadas por quien no tiene legitimación en la causa por activa deben ser rechazadas.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la causal de nulidad del numeral 8 del artículo 133 del CGP cuando no se notifica debidamente el auto admisorio de la demanda a un litisconsorte necesario o a un sujeto con interés…¿Puede ser admitida una solicitud de nulidad procesal presentada por quien no ostenta la calidad de sujeto procesal ni se encuentra directamente afectado por la causal invocada?¿Procede la remisión del expediente a solicitud de la Controlaría General de la República?
¿Los actos jurídicos adoptados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliaros en el desarrollo de su actividad contractual son actos administrativos? No
El contratista no puede expedir actos administrativos en el marco de su actividad contractual como empresa de servicios públicos domiciliarios, ya que estos actos no emanan de prerrogativas públicas ni del régimen legal aplicable, sino que se rigen por el derecho privado salvo disposición constitucional o legal en contrario. La entidad prestadora de servicios, en este caso Emsersopó, carece de competencia para proferir actos administrativos, y un contrato de seguro entre particulares no puede conferirle tales facultades. La Sala reitera la jurisprudencia que establece que los actos jurídicos adoptados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos, por lo que deben ser analizados bajo las normas del derecho común y las condiciones estipuladas en el contrato, sin someterse a los controles de legalidad aplicables a los actos administrativos. Esto implica que las condiciones generales de la póliza de seguro deben interpretarse conforme a la intención de las partes y el régimen legal aplicable, sin restar efecto a lo estipulado en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El pacto de facultades unilaterales por las partes del contrato estatal, en este caso, tendientes a declarar la ocurrencia material del riesgo amparado y a hacer efectiva la garantía…¿El seguro de cumplimiento es una modalidad o variante del seguro de daños que persigue garantizar la indemnización de los perjuicios que se puedan derivar de la inobservancia de las obligaciones que…¿Emsersopó siguió el procedimiento establecido en las condiciones generales de la póliza de cumplimiento, para hacer efectivo el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo y…
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de los procesos de controversias contractuales iniciados para demandar los actos mediante los cuales se da por terminado y se liquida de forma unilateral un contrato estatal? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de los procesos de controversias contractuales en que se demanda la nulidad de los actos mediante los cuales la entidad pública da por terminado y liquida unilateralmente un contrato estatal corresponde al Consejo de Estado, conforme al artículo 104 del CPACA y a la cuantía que fija el numeral 5 del artículo 152. Una razón es que el artículo 104 atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en actos, contratos y hechos sujetos al derecho administrativo en los que intervienen entidades públicas, y la demanda controvertía la terminación y las resoluciones de liquidación unilateral de un contrato interadministrativo. Otra razón es que la cuantía de las pretensiones superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que da vocación de doble instancia. En el caso, la parte actora reclamó el daño emergente y el lucro cesante derivados de la terminación y la liquidación unilateral, y la Sala modificó la decisión de primera instancia. Su consecuencia práctica es que la vía de controversias contractuales es la adecuada para impugnar la terminación y liquidación unilateral cuando la cuantía supera el umbral legal.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos que terminaron y liquidaron unilateralmente un contrato…¿La Asociación de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional constituye una persona jurídica sin ánimo de lucro de derecho público…¿El acuerdo de voluntades celebrado entre la Secretaría de Educación Distrital y la Red Alma Mater constituye un contrato estatal, que encuadra en la definición de un contrato interadministrativo?