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¿La Ley 1437 de 2011, al regular la competencia funcional del medio de control de repetición, derogó el criterio de conexidad previsto en la Ley 678 de 2001 e introdujo factores subjetivo y objetivo para determinar la competencia en única y doble instancia? Sí
El contratista puede ejercer el medio de control de repetición ante el Consejo de Estado, en única o doble instancia, conforme a la Ley 1437 de 2011, que derogó el criterio de conexidad previsto en la Ley 678 de 2001 y estableció factores subjetivos y objetivos para determinar la competencia, incluyendo la cuantía del asunto. La entidad estatal, en este caso, debe cumplir la condena impuesta en un proceso tramitado bajo el Decreto 01 de 1984 dentro del plazo de 18 meses desde la ejecutoria de la sentencia, y el término de caducidad para acudir ante el Consejo de Estado se inicia desde la fecha del pago o el vencimiento del plazo para cumplir la obligación. La Nación, a través del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, está legitimada en la causa por activa por ser la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de la condena. El recurso de apelación debe ser coherente y sustentado con argumentos específicos para ser admitido y analizado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿El Ejército Nacional debía cumplir la condena impuesta en el proceso tramitado bajo el Decreto 01 de 1984 dentro del plazo de 18 meses contados desde la ejecutoria de la sentencia…¿La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional está legitimada en la causa por activa, conforme al artículo 8 de la Ley 678 de 2001…¿El recurso de apelación, conforme al artículo 320 del Código General del Proceso (CGP), debe contener cargos concretos y debidamente sustentados que cuestionen las conclusiones de hecho y de derecho…
Auto interlocutorio — Auto que rechaza recurso de apelación2022-03-22Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020170220201ACCION CONTRACTUAL
¿Procede el estudio de la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad por parte del Juez de segunda instancia? Sí
El juez de segunda instancia no puede estudiar la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, ya que estas excepciones deben ser resueltas en la etapa de admisión de la demanda, conforme a la taxatividad establecida en el artículo 180 numeral 6 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 100 del Código General del Proceso. Esta regla implica que las excepciones previas y mixtas deben ser decididas en la audiencia inicial, mientras que las perentorias se resuelven en la etapa de decisión de fondo, previo agotamiento de la etapa probatoria. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre el trámite de las excepciones procesales y su resolución en las etapas adecuadas del proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de una persona que no es parte del contrato cuyo incumplimiento se pretende a través del medio de control de…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2024-05-30Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020140012100LEY 1437 REPETICION
¿La vinculación al proceso de la demandada exdirectora de la CAR Cundinamarca resulta necesaria para garantizar efectivamente su derecho del debido proceso y de defensa? Sí
AUTO QUE DECLARA NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE LA DEMANDA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA RELACIÓN JURÍDICO SUSTANCIAL ENTRE EL DENUNCIANTE Y EL DENUNCIADO…
También resuelve:¿La legitimación en la causa se define como la relación sustancial que debe existir entre las partes y el interés sustancial en la materia objeto del litigio?
Auto interlocutorio — Auto que decide sobre excepciones previas2022-02-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 11001032600020150004900LEY 1437 REPETICION
¿Procede la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva? Sí
La excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva no prospera cuando el demandado tiene legitimación de hecho, por haber sido vinculado como persona que obró dentro del proceso, y legitimación material, por la participación que se le atribuye en los hechos que dieron lugar a la condena. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la legitimación de hecho surge de la demanda y de su notificación, mientras que la material exige una relación real del demandado con la pretensión. La segunda es que, en el caso, la demandante atribuyó a la dirección del demandado la firma de la resolución que aceptó la renuncia de la servidora y de las resoluciones que ordenaron el reintegro y el pago de salarios, lo que acredita su legitimación. Por ello, la valoración de la conducta del demandado se hará en la sentencia, luego de analizar las pruebas. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el proceso continúa frente al demandado.síntesis automática
¿La legitimación en la causa refiere a la aptitud para ser parte en un proceso judicial concreto, y, por tanto, a la vinculación funcional o material que tienen los sujetos procesales frente a la situación fáctica y jurídica alegada en el mismo? Sí
La legitimación en la causa es la aptitud para ser parte en un proceso judicial concreto y se refiere a la posición que los sujetos procesales ocupan frente a la situación fáctica y jurídica alegada, de modo que quien formula pretensiones o las controvierte debe tener un interés legítimo en la declaración pedida. La regla se sostiene en que la legitimación está relacionada con el objeto mismo de la litis, pues es un elemento sustancial vinculado con la pretensión y un presupuesto fundamental para dictar la sentencia de fondo. Por ello, las peticiones solo pueden dirigirse contra quienes cuentan con un interés legítimo frente al derecho discutido, y su ausencia impide decidir el fondo. En el asunto, la Sala confirmó la sentencia con base en esa noción de legitimación. En la práctica, la falta de legitimación en la causa se examina como un presupuesto de la sentencia de fondo y no como una simple formalidad del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio de Turbo se encuentra legitimado en la causa por pasiva en la presente acción de controversias contractuales, al ser responsable solidario como beneficiario de la obra?¿Resulta procedente el análisis de los argumentos nuevos del demandante tendientes a imputar responsabilidad al ente territorial demandado por cuenta de un supuesto enriquecimiento sin causa…¿El municipio de Turbo se encuentra legitimado en la causa por pasiva en la presente acción de controversias contractuales, al estar representado por Fundacubo en la ejecución del contrato de obra…
¿Se demostró el vicio de consentimiento alegado, consistente en la coerción al contratista para que firmara la cesión de los contratos? No
Cuando el contratista alega un vicio del consentimiento por coacción de la entidad para suscribir la cesión de un contrato estatal, la presión debe acreditarse con prueba objetiva, pues la sola radicación de comunicaciones con advertencias no la configura. La regla se apoya en tres razones. Primera, la radicación de solicitudes de cesión con diferencia de minutos no demuestra la presión de la entidad, y de la ejecución del contrato resulta más bien la manifestación libre y espontánea de las partes. Segunda, las declaraciones de parte rendidas por los representantes del contratista no aportan criterio objetivo y provienen de la misma parte actora, por lo que no acreditan la fuerza o el constreñimiento alegados. Tercera, sin prueba del vicio, no existe sustento para invalidar la voluntad de las partes. En consecuencia, la providencia revoca la nulidad del acta de aceptación de las cesiones. El documento reitera las características del vicio del consentimiento que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿La unión temporal demandante carece de legitimación en la causa por activa, por haber cedido el contrato?¿La persona que ostenta la titularidad de la relación jurídica material es quien se encuentra habilitada para actuar procesalmente?
¿El medio de control de repetición es una herramienta de control de actuaciones manifiestamente contrarias al derecho? Sí
El contratista no puede utilizar el medio de control de repetición como herramienta sancionatoria frente a interpretaciones razonables de la norma, sino como mecanismo para controlar actuaciones manifiestamente contrarias al derecho, lo cual no se configura en el presente caso debido a la ausencia de pruebas que demuestren la culpa grave de los agentes estatales y la incertidumbre normativa existente al momento de la actuación administrativa. La entidad estatal puede acudir a este medio ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en única instancia para obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores públicos, siempre que se ajuste al régimen jurídico especial previsto en la Ley 678 de 2001, vigente en el momento de los hechos que dan origen al proceso. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la aplicación del medio de control de repetición, estableciendo criterios claros para su uso en casos de responsabilidad patrimonial de agentes estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta aplicable al proceso de repetición el régimen de responsabilidad patrimonial de los agentes estatales, previsto en la Ley 678 de 2001?¿El Consejo de Estado conoce en única instancia de la demanda de repetición formulada por el IDEAM en contra del representante legal de dicha entidad y varios de sus funcionarios de menor jerarquía?¿El término para presentar la demanda de repetición es de dos años contados desde el pago de la condena o desde el vencimiento del plazo para pagar la obligación?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes de las entidades del orden nacional? Sí
Las demandas de repetición interpuestas contra los representantes de las entidades del orden nacional se conocen en única instancia por el Consejo de Estado, y la caducidad de esa acción se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin aplicar el artículo 94 del Código General del Proceso. La regla se apoya en tres razones. Primera, el numeral 13 del artículo 149 del CPACA atribuye esa competencia cuando se demanda a representantes de entidades nacionales. Segunda, la universidad en cuyo nombre actuó el demandado tiene el carácter de ente universitario del orden nacional por el artículo 57 de la Ley 30 de 1992, la Ley 34 de 1976 y el acuerdo de su consejo superior. Tercera, el régimen de caducidad de la repetición está regulado de manera íntegra en el CPACA, por lo que no admite integración normativa en los términos del artículo 306. En consecuencia, la Subsección computa el término sin aplicar el artículo 94 del CGP. El documento reitera el criterio sobre la norma aplicable a la caducidad de la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La regulación normativa de la caducidad del medio de control de repetición en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de manera íntegra y expresa…¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición debe tenerse en cuenta la norma vigente al momento de los hechos…¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre quien expidió los actos administrativos que dieron lugar a la condena contra el Estado y que fueron declarados nulos en el proceso de nulidad y…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-02-21Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 25000233600020170089101LEY 1437 REPETICION
¿Los herederos de quien ostentó la condición de servidor público, que realizó las actuaciones que se califican de culposas o dolosas son los llamados a responder patrimonialmente por la condena impuesta a la entidad demandante? Sí
Los herederos de un exservidor público responden patrimonialmente por la condena impuesta a la entidad, siempre que se acredite su calidad de herederos y que se pruebe el elemento subjetivo de dolo o culpa grave de quien causó el daño. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la muerte no extingue las obligaciones patrimoniales, según el artículo 1625 del Código Civil, y la acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial. La segunda es que la calidad de herederos se acredita con los documentos que lo demuestren, como la escritura pública de protocolización de la sucesión y los registros civiles de nacimiento. En el caso concreto, la entidad accionante aportó la escritura de la sucesión de la exfuncionaria, en la que se reconocen como herederos a sus dos hijos sobrevivientes, por lo que estos están legitimados por pasiva. La condena a los herederos depende de la prueba de la conducta culposa o dolosa, que se valorará con las pruebas del proceso. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Los herederos de la exdirectora del ICETEX se encuentran legitimados por pasiva, puesto que la parte demandante aportó el documento que los reconoce como herederos?¿El Estado se encuentra en la capacidad de repetir contra sus agentes y de esta forma reintegrar al erario público el dinero pagado por concepto de una condena?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-09-30Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020150011001LEY 1437 REPETICION
¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición? No
El término de caducidad de la acción de repetición es de dos años, contados desde el día siguiente al pago total de la obligación por la entidad, según el literal l) del artículo 164 del CPACA y el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. Si el pago de la condena se realiza dentro del plazo legal para pagarla, que es de dieciocho meses en el régimen del Código Contencioso Administrativo o de diez meses en el del CPACA, el término se cuenta desde la fecha de pago. Si ese plazo vence sin el desembolso, el cómputo inicia en el vencimiento. Esta regla evita que la entidad controle a voluntad el inicio de la caducidad, porque el momento de la caducidad se fija por la ley y no por la fecha efectiva del pago. En el caso concreto el término de caducidad se contó con esas reglas y no se configuró, por lo que el recurso de apelación fue resuelto en el sentido de confirmar la decisión. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el cómputo depende del régimen de pago aplicable a la condena.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la excepción de cosa juzgada?¿Se configura la excepción de falta de legitimación en la causa?
Sentencia — Sentencia2025-10-24Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 11001032600020250010600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer la nulidad del laudo arbitral derivado del contrato de concesión 445 de 1994, celebrado por una entidad pública? Sí
El contencioso-administrativo tiene competencia para conocer la nulidad del laudo arbitral derivado del contrato de concesión 445 de 1994 celebrado por una entidad pública, conforme al inciso tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y el numeral 7 del artículo 104 del Código Procesal Contencioso Administrativo. El contrato incluyó un pacto arbitral que permitió al tribunal de la Cámara de Comercio de Bogotá conocer del asunto, y el recurso de anulación fue interpuesto en tiempo y forma, cumpliendo con el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012. Sin embargo, el recurso fue declarado infundado al no configurarse la causal del numeral 7 del artículo 41 de la misma ley, dado que el laudo se sustentó en el material probatorio y en el marco jurídico aplicable, sin apartarse de ellos de manera protuberante. Esta decisión reitera la limitada naturaleza del recurso de anulación y su carácter excepcional, restringiendo la revisión a las causales taxativas establecidas en la ley.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de concesión 445 de 1994 incluyó en la cláusula cuadragésima segunda un pacto arbitral que permitió al tribunal de la Cámara de Comercio de Bogotá conocer del asunto?¿El recurso de anulación contra el laudo arbitral fue interpuesto en tiempo, al haberse radicado el 11 de julio de 2025 dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación del auto de…¿El recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral que condenó a la ANI a restablecer el equilibrio económico del contrato de concesión 445 de 1994, modificado por el otrosí No. 10…
¿Se presentó de forma oportuna la demanda de controversias contractuales incoada para reclamar el incumplimiento contractual de la entidad contratante, al considerar que varias de sus decisiones unilaterales provocaron un desequilibrio contractual? Sí
La solicitud de conciliación extrajudicial suspende el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, y cuando la diligencia se suspende por inasistencia del convocado sin que se haga constar el agotamiento del trámite, este se entiende concluido al vencer el término de tres días de la suspensión, momento en que se reanuda el término restante. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 11 del Decreto 1716 de 2009 prevé la suspensión por tres días para que el convocado explique su inasistencia o para que la etapa se declare fallida, de modo que la falta de la certificación reglamentaria no impide tener por agotado el trámite. Segundo, cuando la solicitud se radica antes del vencimiento del término bienal, la demanda presentada dentro del término restante que se reanuda es oportuna. La providencia revoca la decisión de primera instancia; en la práctica, para computar la caducidad deben verificarse la fecha de radicación de la conciliación y la fecha en que culmina la suspensión de la diligencia.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad demandante se encuentra legitimada en la causa por activa en el presente asunto de controversias contractuales…¿Resulta procedente condenar en costas a las partes del proceso cuando la decisión adoptada da cuenta de la falta de un presupuesto procesal, esto es, de la falta de legitimación en la causa…
¿El Consejo de Estado es competente para resolver en segunda instancia la acción de repetición interpuesta por el DAS contra un funcionario suyo, cuya pretensión es el reembolso de lo pagado en virtud de una conciliación judicial? Sí
La segunda instancia de la acción de repetición corresponde al Consejo de Estado cuando el tribunal de primera instancia es el mismo que aprobó la conciliación judicial de la que surgió la obligación de pago de la entidad. La regla se apoya en tres razones. Primera, la jurisdicción contencioso administrativa conoce de los procesos de repetición según el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, y el artículo 7 inciso 1 de la Ley 678 de 2001 se aplica solo en sus aspectos procedimentales, porque los hechos de la condena son anteriores a esa ley. Segunda, el artículo 7 inciso 3 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del CCA atribuyen la competencia en segunda instancia cuando el tribunal que decidió en primera instancia aprobó la conciliación. Tercera, el juez de segunda instancia, aun siendo apelante único el demandante, debe pronunciarse de oficio sobre la acción procedente, la caducidad y la legitimación en la causa. En consecuencia, el asunto se resuelve en esta instancia. El documento reitera la jurisprudencia sobre la competencia en la acción de repetición que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad de la acción de repetición empezó a contar desde el día siguiente al pago de lo acordado en la conciliación judicial como monto de la indemnización de perjuicios a la familia…¿La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está legitimada en la causa por activa en virtud de la sucesión procesal del extinto DAS…¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva ante la falta de prueba del vínculo laboral entre el demandado y el DAS?
¿La resolución de adjudicación contractual proferida por el municipio de Bucaramanga se encuentra amparada con la presunción de legalidad? Sí
La resolución de adjudicación de un contrato de obra pública goza de presunción de legalidad, por lo que la pretensión de nulidad absoluta del contrato fundada en la invalidez de ese acto no prospera en el medio de control de controversias contractuales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, mientras el acto no sea anulado en el medio de control pertinente, conserva la presunción de legalidad que impide declarar prima facie la nulidad absoluta del contrato. Segunda, el medio de control de controversias contractuales no permite estudiar la validez de ese acto administrativo, de modo que la pretensión depende de una causal ajena a la invalidez del acto. Tercera, la nulidad absoluta del contrato hubiera podido examinarse si se hubiera fundado en una causal distinta a la del acto de adjudicación, lo que no ocurrió. La providencia confirma la sentencia de primera instancia. La consecuencia práctica es que, para impugnar la validez de un contrato a partir de la adjudicación, el demandante debe demandar el acto por la vía adecuada o fundar la nulidad en una causal propia del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿En el sub judice resulta procesalmente procedente estudiar la validez de la resolución de adjudicación?¿La pretensión principal de la demanda radica en la nulidad absoluta del contrato de obra pública?¿Se ejerció oportunamente el medio de control de controversias contractuales?
¿Se presenta falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que el demandado no participó en el procedimiento quirúrgico, posquirúrgico ni mucho menos en los trámites administrativos que tal procedimiento involucraba y por lo que se predica el daño que dio origen al proceso de reparación directa del que se derivó la condena por la que ahora se reclama con el medio de control de repetición? Sí
El contratista no tiene legitimación en la causa por pasiva en un medio de control de repetición, ya que no participó en el procedimiento quirúrgico ni en los trámites administrativos que dieron origen al daño que dio lugar a la condena en el proceso de reparación directa, y por tanto no puede ser responsable por la falta de defensa técnica que habría causado la condena. La falta de conexión entre la actuación del abogado y el daño que se pretende revertir, junto con la ausencia de una acción u omisión dolosa o gravemente culposa que cause un daño antijurídico, determina que no exista un vínculo inescindible que justifique la pretensión reversiva. Además, el Ministerio Público no tiene interés jurídico para impugnar la decisión de primera instancia cuando esta va dirigida a proteger los intereses patrimoniales de la parte actora, lo que transgrede los principios constitucionales de igualdad y debido proceso. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la necesidad de un vínculo directo entre la actuación del agente y el daño para establecer la responsabilidad del Estado y la legitimación en la causa en el medio de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Le asiste interés jurídico al Ministerio Público para impugnar la decisión de primera instancia, la cual va dirigida a proteger los intereses patrimoniales de la parte actora…¿La legitimación de hecho se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal…¿La repetición es una acción civil de carácter patrimonial, a través de la cual se promueve un juicio de responsabilidad frente a quien, por sus acciones u omisiones…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-05-11Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 52001233300020170045101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Previo a la sentencia, procedente declarar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, de ser así, Ecopetrol S.A. se encuentra legitimado en la causa por pasiva? Sí
La capacidad para comparecer al proceso de los consorcios y uniones temporales, según la unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera de 25 de septiembre de 2013, no impide que sus integrantes comparezcan individualmente, siempre que cumplan los requisitos legales, y por ello no se configura litisconsorcio necesario cuando el derecho de cada miembro es divisible. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la capacidad procesal de los consorcios es compatible con el derecho de sus integrantes a actuar por separado. La segunda es que las labores y derechos de cada miembro se fijan según los porcentajes de participación, lo que hace el elemento divisible. En el caso concreto, uno de los integrantes ejerció su derecho de acción individualmente, por lo que no se configuró litisconsorcio. La providencia también distingue la legitimación en la causa de hecho, que se define al trabarse la litis, y la material, que exige una relación real con la pretensión. El texto disponible no permite precisar la conclusión sobre la legitimación de la empresa demandada. El documento remite a la unificación citada en su nota de relatoría y no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas en el evento de apelación de autos en el proceso de lo contencioso administrativo?
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto, conforme al artículo 104 del CPACA, y el Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación, según lo dispuesto en los artículos 150 y 152 del mismo código, dado que la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias derivadas de un convenio interadministrativo en el que intervienen entidades públicas, y el Consejo de Estado resuelve la apelación contra la sentencia del tribunal cuando la cuantía de la demanda supera el límite del numeral 5 del artículo 152 del CPACA. La regla se apoya en el artículo 104 del CPACA, que atribuye la competencia por la naturaleza pública de las partes, y en los artículos 150 y 152 del mismo código, que fijan la competencia para la segunda instancia. Así, la doble instancia se activa por la cuantía de la demanda, medida a la fecha de su presentación. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, en controversias entre entidades públicas que superan la cuantía legal, el recurso de apelación contra la sentencia del tribunal debe tramitarse ante esta Corporación y no ante otro tribunal de la jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:¿Conforme al artículo 141 del CPACA, el medio de control idóneo para reclamar el incumplimiento y solicitar la liquidación judicial del convenio interadministrativo No. 2112 de 2013 es el de…¿El Invías y el municipio de San Pedro están legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, por ser partes del convenio interadministrativo objeto de la litis?¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, en contratos que requieren liquidación, se cuenta a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato…
PRINCIPAL / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / ERROR INEXCUSABLE / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBER DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ACTO DE RELIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / PAGO DEL AUXILIO DE CESANTÍAS / RECLAMACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ABONO A CRÉDITO HIPOTECARIO / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La reliquidación del auxilio de cesantías objeto del acuerdo conciliatorio extrajudicial que sustenta la pretensión de reembolso es atribuible a los demandados, a título de culpa grave, por el incumplimiento de la función de notificación de los actos administrativos de reconocimiento y liquidación del auxilio de cesantías, que presuntamente tenían a su cargo como directores, jefes y asesores de las áreas de recursos humanos y prestaciones sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores? No
En la acción de repetición, la culpa grave no se configura cuando la entidad no demuestra la omisión inexcusable de la función imputada al agente ni una relación causal clara entre esa omisión y el hecho que motivó la conciliación extrajudicial. La regla se apoya en dos razones. Primera, la omisión de expedir y notificar el acto de liquidación de cesantías no quedó probada como inexcusable para cada uno de los demandados, pues la entidad no acreditó el supuesto de hecho de la culpa grave imputada. Segunda, la convocante, como afiliada, tuvo conocimiento de las consignaciones anuales del auxilio en su cuenta individual, lo que impide atribuir a los agentes el pago reconocido en la conciliación. La providencia confirma la negativa de las pretensiones y no altera el régimen probatorio de la culpa grave. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe probar individualmente la conducta de cada demandado y su relación causal con el pago, sin trasladar al agente el costo de un acuerdo conciliatorio cuando falta esa prueba. Esa carga resulta especialmente exigente cuando el daño se atribuye a una omisión de notificación que la propia administración debía cumplir.síntesis automática
También resuelve:¿En los documentos allegados consta a cuál de los servidores o exservidor demandados le correspondía la función de reconocer el auxilio de cesantías y notificar el acto de reconocimiento?¿El pago asumido por el ente accionante con motivo de la reliquidación del auxilio de cesantías de la servidora devino por la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional?¿La legitimación en la causa se clasifica en procesal o de hecho, y material?
¿Es procedente unificar la jurisprudencia con el fin de indicar la capacidad procesal de los consorcios o uniones temporales como modalidad asociativa prevista por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, para comparecer como parte en juicios cuyo objeto está constituido por derechos o por intereses jurídicos de los cuales es o pudiere ser titular el consorcio respectivo Sí
El contratista, en calidad de consorcio o unión temporal, tiene capacidad procesal para comparecer como parte en juicios relacionados con derechos o intereses jurídicos que le conciernen, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993, lo cual implica que puede actuar en el proceso judicial por conducto de su representante legal, sin necesidad de que los integrantes actúen individualmente. Esta regla se establece para modificar la jurisprudencia anterior que limitaba la capacidad procesal de estos consorcios y uniones temporales, reconociendo ahora su legitimación ad processum en controversias contractuales y procedimientos administrativos de selección contractual. La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado cambia su posición anterior, permitiendo que los consorcios y uniones temporales puedan participar en procesos judiciales sin restricciones basadas en la falta de personalidad jurídica propia, lo que amplía sus posibilidades de defensa y acción en el marco del derecho administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato celebrado por una entidad del Estado y cuál es el régimen aplicable?¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la procedente para demandar la nulidad del acto administrativo que adjudicó el contrato de obra?¿Cómo se contabiliza el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar el acto administrativo de adjudicación?
¿Debe el juez de segunda instancia examinar, como cuestión previa e indispensable para resolver el recurso, la naturaleza jurídica de los actos emitidos en el trámite contractual —con el fin de determinar si estaban o no revestidos de presunción de definitividad y si su eventual validez o eficacia condiciona la posibilidad de estudiar las pretensiones del demandante— cuando dicho análisis resulta necesario para evitar que la decisión sea incompleta, incongruente o meramente formal, y para garantizar la tutela judicial efectiva? Sí
El juez de segunda instancia, aunque su competencia se circunscribe a los reproches del apelante, debe examinar de oficio las cuestiones necesarias para resolver la controversia, como los presupuestos procesales y los asuntos imperativos cuyo desconocimiento frustraría el acceso a la administración de justicia. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 328 del CGP limita el pronunciamiento a los argumentos del apelante, de modo que los aspectos no impugnados quedan revestidos de la presunción de acierto; el examen de oficio se impone respecto de normas imperativas y de presupuestos procesales, como la jurisdicción, la competencia, la oportunidad de la demanda y la legitimación; y la naturaleza jurídica de los actos del trámite contractual, incluida su presunción de definitividad, puede ser una cuestión previa indispensable para evitar una decisión incompleta o incongruente. Por ello, el análisis de esos actos se realiza cuando condiciona el estudio de las pretensiones. La providencia se modifica en lo que resulta de ese examen.síntesis automática
También resuelve:¿Cuándo las partes de un contrato regido por el derecho privado pactan expresamente una etapa de liquidación —incluyendo sus fases…¿Puede el contratista reclamar el reconocimiento de mayores costos por mayor permanencia en obra cuando previamente renunció expresamente a presentar reclamaciones futuras relacionadas con las…¿Debe declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio cuando éste no intervino en el contrato objeto de litigio ni existe imputación alguna en su contra?